Los hijos del sistema penitenciario

Toda sociedad tiene aspectos que olvida e ignora, individuos que dejan de existir para los mismos. El sistema penitenciario ha sido un tema aislado de la agenda política. Las personas que viven en la sociedad desconocen cómo viven sus reclusos. Las cárceles surgen como una medida humanista para castigar los delitos cometidos en sociedad: su población era básicamente masculina. Con el pasar del tiempo, las mujeres adquieren un mayor rol en la sociedad y entran al sistema penitenciario. Este sistema requiere adaptarse a las condiciones de la mujer, por ejemplo, a la maternidad. A partir de ello, nace un nuevo desafío para el sistema penitenciario, que es crear una medida que garantice el principio del interés superior del menor a los hijos de las reclusas.

Para analizar el sistema penitenciario es necesario recordar que las personas privadas de su libertad no pierden su dignidad humana ni sus derechos; aunque varios derechos estén restringidos, el derecho a la familia y la libre determinación de la persona no son parte de aquel grupo. Por ello, en México es permitido que las madres que cumplen una condena dentro del sistema penitenciario mantengan bajo su cuidado a sus hijos por un periodo de cinco años once meses. Esta media está creada para no discriminar las diversas formas de concebir a una familia, para permitir que las mujeres mantengan la guardia y custodia de sus hijos sin importar su situación jurídica, y para garantizar que los menores de edad permanezcan con sus padres –aunque sea uno de ellos. De esta manera, el Estado busca garantizar el derecho-deber que existe entre los padres y sus hijos, aunque estén dentro de una cárcel.

Las madres de estos niños, es decir las reclusas, requieren de un trato especial debido a que las cárceles surgen para el género masculino que no considera las particularidades de la mujer.[1] Dentro de las recomendaciones internacionales se encuentran las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes “Reglas de Bangkok”. Estas reglas fueron creadas para otorgar lineamientos a los Estados sobre el correcto tratamiento de las mujeres y sus hijos. Las Reglas de Bangkok mencionan que las reclusas deben tener instalaciones apropiadas para ellas, artículos necesarios para satisfacer sus necesidades de higiene personal, servicios de atención médica y acceso a una alimentación apropiada. Además, como punto principal debe existir una perspectiva de género para poder garantizar los derechos a las mujeres y evitar tratos indebidos. Respecto a los niños, las reglas establecen que su permanencia en la cárcel debe estar sujeta al interés superior del menor; en el caso de que el niño permanezca con su madre es necesario garantizarle una buena alimentación, servicios de salud, espacios especiales para estar con su madre, entre otras cosas.

Los niños son un grupo vulnerable por su falta de madurez física y mental, ellos requieren de una mayor protección y cuidados especiales para poder desarrollarse sanamente. Todas las medidas y acciones entorno a los niños deben guiarse bajo el principio del interés superior del menor. Dicho principio es considerado como una norma en blanco que carece de criterios establecidos. En este sentido, el principio del interés superior del menor es un principio sujeto a las interpretaciones de los valores culturales y sociales que decidan los jueces.[2] En la jurisdicción mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto y lo ha definido como un concepto triple al ser: “un derecho sustantivo; un principio jurídico interpretativo fundamental; y una norma de procedimiento”.[3] La Corte busca establecer que el principio del interés superior del menor considere a los niños en aspectos relevantes para su vida como lo es la educación, la salud, la personalidad, el entorno familiar, la protección personal y las condiciones referentes a su vida como individuo. Con ello, dicho principio es casuístico y está sujeto a las particularidades de cada niño.

En la delegación Iztapalapa, Ciudad de México está ubicado el Centro Femenil de Reinserción Social (CERESO) Santa Martha Acatitla, inaugurado el 29 de marzo del 2004. Este CERRESO fue construido especialmente para mujeres y niños con una capacidad de 1,562 reclusas. En este lugar habitan desde el 2010 hasta principios del 2017, según información proporcionada por la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, un promedio de 101 niños (grafica 1). Aunque la cantidad de niños parezca minúscula en comparación con la capacidad del CERESO, la información es sumamente problemática puesto que las cárceles son lugares para reinsertar individuos que hayan cometido algún delito, no para que lo habiten y crezcan niños.

Gráfica 1. Niños en el Centro Femenil de Reinserción Social (Cereso) Santa Martha Acatitla

Sumado a esto, es necesario conocer cómo viven los reclusos en las cárceles mexicanas. Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha realizado diversos estudios que han terminado en recomendaciones al sistema penitenciario mexicano sobre las condiciones de vida de las reclusas y sus hijos dentro de las cárceles para mejorar la situación que viven estas personas. De todas las recomendaciones cabe señalar la Recomendación 106/1995 sobre la necesidad de supervisar la alimentación destinada a la población femenil; la Recomendación 3/2002 sobre la creación de espacios, instalaciones y programas en atención para las niñas y niños dentro del sistema penitenciario; la Recomendación 130/2014 sobre la destinación de atención médica a las internas y recién nacidos; la Recomendación 7/2016 sobre la capacitación del personal en los centros de reinserción social del país sobre salud, educación, equidad de género e interés superior del menor para poder garantizarles el respeto a sus derechos humanos.[1] Estas recomendaciones demuestran las carencias del sistema que tiene la obligación de proteger y cuidar a individuos ‘no aptos’ para la sociedad. La realidad es que el Estado realiza tratos denigrantes en condiciones inhumanas donde pretende que los individuos logren readaptarse a la sociedad.

En el caso de las mujeres privadas de su libertad, la CNDH México emitió el Informe Especial De La Comisión Nacional De Los Derechos Humanos Sobre Las Mujeres Internas En Los Centros De Reclusión De La República Mexicana en el 2013, donde estudio las condiciones y tratos que el Estado brindaba a las mujeres e hijos de éstas que vivían en las distintas cárceles del país. Las conclusiones del informe no son nada alentadores sobre la forma de vida de las reclusas, incluso demuestran el desinterés del Estado por estas personas. De manera general, el informe afirma que existía una trasgresión de los derechos fundamentales de mujeres, niñas y niños debido a las irregularidades en los servicios de atención médica, instalaciones, alimentación y personal técnico o de seguridad, así como en las actividades laborales, educativas y deportivas. Asimismo, en los centros de reinserción existía hacinamiento y sobrepoblación y, en aquellos centros de reinserción mixtos, no existía una apropiada separación entre hombres y mujeres. Por parte del personal se identificó la práctica de maltratos y actuaciones que carecían de perspectiva de género, además de no ser lugares aptos para el sano desarrollo de los niños.[2] Estas primeras conclusiones confirman que las cárceles mexicanas ignoran su obligación de proteger a las mujeres para ofrecerles un espacio donde sean capaces de reincorporarse a la sociedad. El resultado es que el Estado no acata su obligación de proteger y cuidar a las personas sentenciadas por algún delito, ni a los demás habitantes de las cárceles que merecen vivir una vida digna.

En el mismo informe fueron analizadas las condiciones de vida de las madres, las niñas y los niños que habitaban en algún centro de reinserción.[3] La CNDH descubrió que en ciertos casos los niños sobrepasaban la edad establecida para permanecer en la cárcel o que los niños eran retirados de sus madres. Dentro de los puntos que señala el informe fue descubierto que en la mayoría de los casos existía una inadecuada infraestructura, mobiliario y equipos para poder garantizar una estancia segura y digna. Uno de los problemas más recurrentes fue la falta de suministro de agua corriente para poder garantizar condiciones de higiene para las reclusas y los niños. Otro grave problema fue la insuficiencia alimenticia y la mala calidad de los mismos, además los niños carecían de dietas especiales o la administración de alimentos por parte del sistema penitenciario. De manera similar, en el aspecto de la salud, las reclusas carecían de un servicio apropiado, al existir carencias en el personal, en los equipos, en los instrumentos y en los medicamentos al ser insuficientes o inexistentes. En ciertos centros de reinserción no existían apoyos para las internas como servicios de guarderías o educación básica. Estos aspectos indispensables para poder llevar a cabo una vida digna no estaban siendo garantizados, lo cual llevaba a que los niños no vivieran en un espacio sano donde pudieran desarrollarse.

Ya han pasado ciertos años desde que fue publicado el informe, con lo cual es posible esperar que las condiciones mejoraran. No obstante, en el Informe Especial De La Comisión Nacional De Los Derechos Humanos Sobre Las Mujeres Internas En Los Centros De Reclusión De La República Mexicana del 2015, se presentan los mismos problemas y las mismas recomendaciones. De esta manera, los centros de reinserción social no ofrecen un trato digno a las reclusas, violentan sus derechos y no realizan acciones efectivas para corregir los problemas. Si el sistema no puede cuidar y proteger a los individuos con los que tiene una obligación directa y establecida, tampoco será capaz de hacerlo con los individuos con los que tiene una obligación más débil.

Retomando la idea principal sobre el principio del interés superior del menor, después de conocer toda esta información, cabe preguntarse cuál es la mejor medida para el niño: ¿vivir o no vivir en la cárcel con su madre’ Por un lado, responder que no debe vivir en la cárcel daría como resultado negar el derecho a la familia, a la libre determinación de la persona, el derecho del niño a preservar su identidad y las relaciones familiares, a no ser separado de sus padres contra la voluntad de los mismos, entre otros[4]

Si se responde, por otro lado, que sí deben vivir en la cárcel, aceptaríamos que vivan de manera indigna con muchas violaciones a sus derechos, aunque podrían vivir bajo el cuidado de su madre. Para crear una mayor complejidad al asunto también es necesario considerar la conformación familiar del niño, esto es, quiénes y cuántas personas pueden cuidar de él si uno o ambos padres viven en prisión, y en qué condiciones va a vivir el niño. Es necesario considerar todas las aristas de la vida del niño para poder responder apropiadamente sobre dónde debe vivir. Lo cierto, por lo tanto, es que no debe existir una regla general que sea capaz de determinar que es mejor para los niños; el análisis del interés superior del menor debe ser realizado de manera casuística, por una institución independiente del sistema penitenciario[5].

En conclusión, el sistema penitenciario mexicano es malo porque no garantiza los derechos fundamentales de los reclusos. Las cárceles se han convertido en lugares denigrantes e indignos donde los niños son forzados a vivir. El Estado falla en su obligación de cuidar a los niños que viven en prisión y discrimina su responsabilidad porque no otorga condiciones apropiadas para que puedan vivir sanamente con sus madres privadas de su libertad. El principio del interés superior del menor debe guiar a las autoridades para permitir que los niños logren desarrollarse y vivir en condiciones óptimas con todos sus derechos. En el caso de los niños que habitan en un centro de reinserción social, bajo las condiciones actuales, el Estado difícilmente podrá garantizarles un ambiente adecuado para su desarrollo. Con ello, queda por ver qué hará el sistema penitenciario por estos niños. No sólo por una cuestión de derechos y moral pública mínimo, sino también por los costos sociales que esto tiene a mediano y largo plazo.

Elizabeth V. Leyva. Estudiante de la licenciatura de derecho en la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, Informe Especial De La Comisión Nacional De Los Derechos Humanos Sobre Las Condiciones De Hijas E Hijos De Las Mujeres Privadas De La Libertad En Los Centros De Reclusión De La República Mexicana, consultado el 7 de junio del 2017, http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/InformeEspecial_20161125.pdf, 2-4

[2] Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, Informe Especial De La Comisión Nacional De Los Derechos Humanos Sobre Las Mujeres Internas En Los Centros De Reclusión De La República Mexicana, 2.

[3] Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, Informe Especial De La Comisión Nacional De Los Derechos Humanos Sobre Las Mujeres Internas En Los Centros De Reclusión De La República Mexicana, 5, 9, 12, 14, 17 y 18.

[4] Cabe señalar que los niños pueden salir de los centros de reinserción social cuando sus mamás decidan, pero está sujeto a que exista alguien en el exterior que pueda cuidarlos. En ciertos casos existirán personas en el exterior que puedan realizar este cuidado, mientras que en otros casos no existirán estas personas; el resultado es que los niños en ciertos momentos estén privados de su libertad.

[5] Requiere ser una institución independiente del sistema penitenciario porque este podría evadir la responsabilidad y los gastos o si la acepta podría no realizar acciones que pudieran crear gastos para la prisión.

[1] Dichas consideraciones no buscan fomentar una discriminación hacia los hombres, sino tomar acciones para poder garantizar los derechos de las mujeres en un ambiente que no había sido creado, de facto, para ellas.

[2] Tamar Pitch, Un Derecho para Dos: la construcción de género, sexo y sexualidad, (Madrid: Trotta, 2003), 152.

[3] Amparo en revisión 203/2016. Rosario Celine Becerril Alba y otro. 9 de noviembre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; se aparta de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo.

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