Los tratados internacionales en materia tributaria

El derecho internacional, sobre todo en materia de derechos humanos, ha adquirido un mayor protagonismo en el derecho nacional a raíz de la reforma del  2011, la cual abrió más el ordenamiento jurídico mexicano a instrumentos y mecanismos de origen internacional.

A partir de este nuevo paradigma, la lógica es que cuando se hace referencia al derecho nacional y al derecho internacional no se está hablando de ordenamientos diferentes. Sin embargo, aunque se podría indicar que la afirmación anterior funciona como una regla general, hay ciertos matices y  excepciones a la hora de aplicar derecho extranjero dentro del orden normativo vigente si es que se contraponen a la Constitución mexicana o se configuran alguno de los supuestos indicados en la Ley de Celebración de Tratados.

En efecto, los instrumentos que regulan la aplicación de tratados internacionales dentro del Estado mexicano son la Constitución (haciendo especial énfasis en el artículo 133) y la Ley sobre Celebración de Tratados, pero en materia financiera podemos citar también la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica (reglamentaria del artículo 93 constitucional), a la cual se le debe hacer poner atención al ser una ley de carácter especial en términos del derecho económico y financiero. En un segundo plano, podemos contemplar la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados celebrados entre Estados.

La Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica es relativamente nueva y bastante peculiar ya que reglamenta la facultad del Senado para requerir información a jefes de Estados o directores de departamentos administrativos que sean competentes en materia económica o comercio internacional. Esto para estar en condiciones de aprobar tratados internacionales de índole económica celebrados por el ejecutivo federal.

En la actualidad, hay dos principales modelos a nivel mundial  para celebrar tratados internacionales en materia tributaria: el de la ONU y el de la OCDE, ambos ofrecen la posibilidad a los Estados que lo suscriben de gravar impuestos tanto en el país donde se genera la fuente generadora de la renta como el lugar donde reside el sujeto que la obtuvo a modo de evitar la doble tributación, aunque en el de Naciones Unidas se le da prioridad a la fuente. Vale  la pena destacar que México es miembro de ambos modelos.

Los principios rectores en materia fiscal para elaborar tratados internacionales, evitando la doble tributación, con el propósito de facilitar el comercio son: principio de ahorro, principio de fuerza de atracción, principio de fuerza de origen, principio de residencia, principio de no discriminación, principio de asistencia en el cobro y principio de procedimiento amistoso.

Evidentemente, cada uno de los principios está encaminado a un fin; sin embargo, en general lo que buscan se reduce a facilitar las relaciones internacionales en materia comercial de modo que el tema de tributación o pago de impuestos no se convierta en un impedimento para que dichos negocios puedan realizarse óptimamente, eliminado la doble tributación para personas físicas o morales que tengan que celebrar transacciones financieras a nivel internacional.

Vale la pena destacar en este punto que la doble tributación ocurre cuando en un acto comercial celebrado entre sujetos de diferentes países, se gravan dos o más tributos pertenecientes a las naciones en que residen originalmente esos sujetos, lo cual a veces es un gran inconveniente o impedimento para que se desarrollen operaciones mercantiles en el plano mundial.

En el derecho internacional soslaya el escenario perfecto para que cada uno de los Estados ejerza su soberanía, pues recordemos que al momento de adherirse a un convenio internacional, dicho Estado está poniendo de manifiesto su voluntad política y los tratados en materia financiera no son la excepción. A través de estos tratados tributarios, los Estados externan su voluntad mediante cláusulas en las que se estipulan los alcances y límites a nivel interno o externo relativo a los ingresos generados dentro del espacio estatal.

En general, las cláusulas que contienen los convenios internacionales de esta naturaleza se pueden dividir en dos grandes grupos: aspectos generales e ingresos que tutelan. El primer grupo abarca los sujetos e impuestos comprendidos, el método de exención y de imputación (éste último es importante ya que define el procedimiento y lineamientos a seguir para evitar la doble tributación), la extensión territorial y la vigencia. En tanto que el segundo grupo reúne los ingresos directos que pueden ser desde rentas inmobiliarias hasta dividendos como también intereses y cánones o ingresos derivados que aplica para quienes prestan servicios personales dependientes o independientes. Evidentemente, el clausulado de dichos tratados debe sustentarse en los principios anteriormente citados.

Tanto en el régimen interno como en el internacional, los sujetos en materia tributaria se dividen en activos y pasivos. Aterrizándolo al terreno de los tratados, los activos serán los países que adhiriéndose a determinado acuerdo contractual, establecerán lineamientos para mantener tasas de retención semejantes a los de un Estado contratante o para liberar los ingresos generados del cumplimiento fiscal a través de la retención del gravamen. Por ende, los sujetos pasivos serán los actores físicos o morales que tienen su residencia en algún Estado contratante (o se encuentran ahí al momento de realizar la operación) viéndose beneficiados al generar ingresos en tal estado.

Los principales beneficiados de estos tratados son tanto los sujetos físicos como morales que al residir en el extranjero se les aplicará la ley interna del país en que tengan su residencia fiscal. Podemos así imaginar un escenario en el que un habitante de México podrá beneficiarse de un tratado internacional para evitar la doble tributación, cuando en otro país que sea parte del convenio tenga el estatus de residente extranjero y esté generado un ingreso.

Evidentemente, en México para gozar de estos beneficios se tiene que llevar a cabo un proceso el cual viene indicado en los artículo 4 y 5 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, los cuales establecen a grandes rasgos que para ser sujeto de los beneficios de un tratado para evitar la doble tributación, se debe acreditar ser residente del país que se trata (evidentemente un Estado contratante) y cumplir los requisitos que plantea el tratado como el propio Código Fiscal Federal, además de aplicar la misma protección a residentes mexicanos que hayan pagado impuestos en el extranjero a raíz de un ingreso fuera del país, beneficiando así  tanto a personas físicas como morales y establecimientos fijos.

Podemos identificar dentro de los tratos internacionales en materia fiscal que los principales objetivos son mantener un control universal del ingreso fiscal a nivel mundial, vigilando la actividad financiera de los sujetos pasivos, promover la equidad tributaria y equilibrar las tasas de retención. Lo cual se refiere básicamente a la voluntad de los estados por fijar tasas  de retención parecidas que se apliquen por igual a los estados que suscriben el pacto.

Así, a partir de esta lógica de los tratos internacionales de orden tributario y los beneficios que traen consigo para el comercio y las relaciones económicas a nivel mundial, comprendemos el por qué México ha celebrado diversos convenios de esta índole con diferentes países al rededor del mundo.

La razón de esta reciente necesidad de adherirse a convenios internacionales de derecho fiscal se debe al creciente desarrollo del comercio a nivel mundial y la gran cantidad de transacciones que traspasan  fronteras realizándose día con día. Podemos constituir que los pactos que ha ratificado México tienen como primer fin evitar la doble tributación e impedir la evasión fiscal en un escenario que podría dar a pie a ciertas coartadas para cometer fraude fiscal.

Aunque todos los principios son importantes al momento de elaborar un tratado, quizás los más relevantes o a los que más atención debemos poner son el principio de fuerza de origen y el de residencia. El primero se sustenta en la lógica de que los Estados poseen la facultad de gravar impuestos a extranjeros sobre ingresos derivados de actividades que surten efectos en su territorio, en tanto que el segundo se refiere a la discrecionalidad que poseen los Estados para decir gravar o no el impuesto dependiendo si el sujeto acredita o no el estatus de residente en el extranjero.

Los tratados para celebrar la doble tributación son cada vez más necesarios y aunque México es relativamente nuevo en el tema, ha procurado ganar terreno entendiendo que activar relaciones comerciales a nivel internacional tiene un positivo impacto en la economía interna y hace más atractiva a la inversión extranjera.

Adherirse a un pacto fiscal implica reducir fronteras y barreras en el mundo de los negocios ya que de este modo se tiene como resultado una reducción global de impuestos, lo que termina siendo gran aliciente debido a los diferentes criterios de imposición que tienen los Estados para cobrar impuestos y de este modo se pueden armonizar esos criterios.

De no existir estos convenios, podríamos visualizar un escenario en que un mismo individuo estaría sujeto a dos impuestos diferentes: uno en virtud de su nacionalidad y otro del país en que tiene residencia o genere ingresos, lo cual restaría incentivos para emprender este tipo y de negociaciones en la que también gana los estados.

Esto se ha ido solucionando desde disposiciones unilaterales de los propios Estados permitiendo deducir impuesto u otorgar exenciones por ingresos derivados del extranjero, pero eso no acaba con la doble tributación, siendo los tratados internacionales en materia fiscal la solución más óptima.

Una vez que se adhieren a un convenio, los países están tomando medidas bilaterales para terminar el problema ya que acuerdan reducir o pactar cierto gravamen para residentes de otro país de modo que se distribuya el impuesto entre ambos Estados sin que el sujeto tenga que pagar doble.

Víctor López Velarde Santibánez. Estudiante de la licenciatura en derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

(Visitado 38.609 veces, 2 visitas hoy)