Los vericuetos de la discusión jurídica respecto la interrupción del embarazo

En días pasados, el Congreso del estado de Nuevo León aprobó una reforma al artículo 1º de su Constitución local, con la cual ahora se “reconoce, protege y tutela a la vida que todo ser humano tiene, desde el momento de la concepción […]”. Lo anterior, con la motivación política y jurídica de restringir el acceso a derechos reproductivos y penalizar la interrupción del embarazo en dicha entidad y, particularmente, ello se dio en el marco del día internacional de la mujer. Nuevamente, el aborto llega al debate público nacional y es necesario repasar las sentencias, posicionamientos y principios que se han dictado por nuestra Suprema Corte, así como por otros tribunales constitucionales, porque de esta manera podemos vislumbrar el rumbo y futuro próximo, así como los retos de los colectivos en favor de la despenalización de la interrupción del embarazo.

2002 y 2008 son años donde nuestra Suprema Corte analizó por primera vez el tema, ello, en atención a malformaciones del producto y, posteriormente, involucrando el aspecto de la libre voluntad de la madre para optar por la interrupción del embarazo hasta la decimosegunda semana (Bergallo et. al., 2018)[1]. Así, en la acción de inconstitucionalidad 10/2000, el Pleno de la Suprema Corte determinó que de si a juicio de dos médicos existe razón para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan producir daños físicos o mentales al límite que puedan poner en riesgo su sobrevivencia –si se tiene el consentimiento de la madre-, existe una excusa absolutoria respecto el delito de aborto[2]. Como podemos apreciar, aquí la Suprema Corte resolvió el asunto utilizando ya un sistema de indicadores, dejando entrever una inclinación constitucional de ponderar la penalización del aborto y el acceso de los derechos reproductivos. Sin embargo, es hasta el 2008 cuando la Suprema Corte realiza un análisis mucho más amplio del tema. En dicha sentencia, los ministros de la Corte reconoce a las mujeres como sujetos de derechos, de acuerdo con una visión vinculada a los derechos humanos, y rescata (no tan directamente) una argumentación a favor de la autonomía corporal de las mujeres y su libertad reproductiva[3].

En un sentido diferente y desde una mirada internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la sentencia Artavia Muriilo y otras vs. Costa Rica, estructura y plasma una protección gradual de la vida prenatal que no es absoluta y permite en ciertos intervalos el ejercicio de ponderar una medida de interrupción del embarazo. Siguiendo en la arena internacional, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha podido discutir y analizar ampliamente el tema. La sentencia más relevante es Roe vs Wade de 1973, en la cual legaliza a nivel nacional la interrupción del embarazo hasta el segundo trimestre de embarazo, y reconoce que “el derecho constitucional  la privacidad es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir el embarazo”[4]. La Corte Suprema estadunidense ha llegado a su vez a determinar que las mujeres, a través de la posibilidad de controlar su vida reproductiva, han facilitado su participación en igualdad de condiciones en la vida social y económica[5] e, inclusive, el derecho constitucional de una mujer a elegir el aborto antes de la viabilidad.

Dentro de la dinámica jurídica y política, el avance para despenalizar el aborto ha sido gracias a los colectivos feministas y pro derechos sexuales y reproductivos, que han podido encontrar aliados políticos en lugares como la Ciudad de México. También las entidades federativas han reaccionado a las discusiones jurídicas en la Suprema Corte mexicana, reformando Constituciones locales para restringir en mayor medida y mantener una penalización del aborto. Un ejemplo de tal reacción a nivel, llegó a su vez a la Suprema Corte cuando ésta avaló una reforma local encaminada a la protección de la vida desde el momento de la fecundación en la Constitución del estado de Baja California Sur[6]. Se debe señalar que el litigio estratégico ha sido reacción de reformas penales y constitucionales para restringir o ampliar derechos de las mujeres[7]. Como podemos observar, el tema seguirá vigente por mucho tiempo más en la agenda de las cortes constitucionales del mundo y en las discusiones parlamentarias y legislativas. Sin embargo, como apunta Antonio Lazcano Araujo: “el aborto es un problema que debe ser visto como solución última y menos deseable”[8], un problema no ideológicas políticas, jurídicas o religiosas, sino desde una visión de derechos humanos y salud pública.

René Ramírez Benítez. Egresado de la licenciatura en derecho de la Universidad Marista de Mérida.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Bergallo Paola, Sierra Jaramillo Cristina Isabel et al, El aborto en América Latina, Estrategias Jurídicas para luchar por su legalización y enfrentar las resistencias conservadoras, (2018)

[2] Acción de Inconstitucionalidad 10/2000, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

[3] Acción de Inconstitucionalidad 146/2007, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

[4] Roe vs Wade, Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos (410 U.S 113 (1973))

[5] PlannedParenthood of Southeastern Pennsylvania vs Casey, Corte Suprema de los Estados Unidos, (1992).

[6] Acción de Inconstitucionalidad 11/2009, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

[7] Bergallo Paola, Sierra Jaramillo Cristina Isabel et al, El aborto en América Latina, Estrategias Jurídicas para luchar por su legalización y enfrentar las resistencias conservadoras, (2018)

[8] Araujo Lazcano Antonio, Tres Ensayos Darwinistas, El Colegio Nacional, (2016).

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