Militarización y constitucionalidad en México

La inconstitucionalidad en primer plano de la presencia de los militares en las calles, supuso la primera de muchas otras violaciones al texto constitucional que se darían en el poder legislativo. Un dictamen que violaba contundentemente decisiones políticas fundamentales[1] del Estado mexicano, tales como el carácter civil de la seguridad pública, el pacto federal, la extensión de un estado de excepción que hemos llamado status subitis, etc., quedaron atrás después de una declaratoria de constitucionalidad por parte del Senado de la República al aprobar la reforma que creó la guardia nacional.[2]

El dar por hecho que una reforma constitucional, es decir, una modificación al texto constitucional por el simple hecho de ser resultado del procedimiento dictado en la Constitución, es ya constitucional –esto es, acorde con el contenido constitucional-, es uno de los grandes absurdos jurídicos del pensamiento jurídico mexicano. Peor aún que nuestro órgano encargado del control de la constitucionalidad se haya restringido la facultad de revisar la armonía entre reformas constitucionales y la Constitución.

En la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1000492, de septiembre de 2011, se estableció lo siguiente: “el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución no es susceptible de control jurisdiccional, ya que lo encuentra en sí mismo; esto es, la función que realizan el Congreso de la Unión, al acordar las modificaciones, las Legislaturas Estatales al aprobarlas”[3]. Lo anterior es una de las grandes pifias de nuestro sistema constitucional; disminuye la importancia de nuestro órgano constitucional de mayor jerarquía y dejar el control de la constitucionalidad a los legisladores en las reformas constitucionales.

Al aprobar la reforma constitucional para la creación de la guardia nacional, se demostró la fragilidad de nuestra Constitución al no poder protegerse debido a la falta de cláusulas pétreas explícitas[4]. En efecto, al no estar facultado nuestro tribunal constitucional para ejercer control de la constitucionalidad, los legisladores pueden aprobar reformas a la Constitución a sabiendas de su inconstitucionalidad. Sin que prácticamente haya un medio de control para combatir tal tipo de reformas ni por actores estatales ni por parte de los particulares.[5]

A pesar de la responsabilidad de los jueces mexicanos de realizar control difuso de la convencionalidad, al ser el Estado mexicano miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el desconocimiento e inclusive el desinterés, provoca que los litigios se limiten al ordenamiento jurídico nacional y a sus órganos que como ya se mencionó, quedan rebasados en la realidad.

Esto último es relevante, pues, justo la reforma al texto constitucional respecto la guardia nacional, además de ser inconstitucional, es inconvencional. Basta revisar diversas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en donde México fue parte demandada por ejecuciones que perpetraron las fuerzas armadas realizando tareas de seguridad pública, para tener suficientes elementos para tal juicio. Vale señalar que adicionalmente, desde 2015, la Suprema Corte aceptó el efecto vinculante de las resoluciones de la CoIDH, sin necesidad de que México sea parte, como lo demuestra la siguiente tesis: “Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”[6].

El caso que describe mejor lo que nos dice la jurisprudencia de la CoIDH es el Caso Alvarado Espinoza en el cual de manera contundente se resolvió la inconvencionalidad de la militarización de la seguridad pública, a menos que: “respondan a criterios de estricta excepcionalidad para enfrentar situaciones de criminalidad o violencia interna, dado que el entrenamiento que reciben las fuerzas militares está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales[7]. De tal manera que nuestro legisladores hicieron caso omiso a lo que nos indica la jurisprudencia vinculante de la CoIDH, aun cuando no ha sido la primera vez que a México se le ha condenado por desaparición forzada o ejecuciones extra judiciales derivadas de la presencia de la fuerza militar. Lo cual resultó en una reforma constitucional contraria a varios aspectos estructurales del mismo texto constitucional y de los precedentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Diego Enrique Uribe Bustamante. Abogado por la Universidad Autónoma del Estado de México.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución. 

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[1] Como define Carl Schmitt en su Teoría Constitucional a la Constitución.

[2] El Senado no realiza control de la constitucionalidad al declarar la “constitucionalidad” de una reforma, sólo por seguir el procedimiento que señala el artículo 135 constitucional,

[3] Tesis 1000492. 178. Pleno. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 4. Controversias constitucionales Primera Parte – SCJN , Pág. 4714.

[4] Es evidente que existen cláusulas pétreas implícitas o decisiones políticas fundamentales implícitas en la CPEUM, tal es el caso del artículo 40 constitucional que indica la forma de gobierno y tipo de Estado o el artículo 21 constitucional relativo al carácter civil de la seguridad pública, pero resulta diáfano para el legislador ignorar dichas cláusulas y violar la Constitución.

[5] La única vía para combatir una norma inconstitucional, es la accion de inconstitucionalidad, cuyos posibles promoventes se limitan a ciertas instituciones como CNDH, ayuntamientos  o cierto porcentaje de legisladores federales pero como tal, la reforma constitucional no puede ser combatida por ningún recurso.

[6] Tesis 2006225. P./J. 21/2014 (10a.). Pleno. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Pág. 204.

[7] Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2018).CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO ALVARADO ESPINOZA Y OTROS VS. MÉXICO SENTENCIA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. San José, Costa Rica: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_370_esp.pdf

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