Neutralizar a la Suprema Corte sin desaparecerla

Ricardo Monreal, coordinador de bancada de los legisladores de MORENA en la Cámara de Senadores, difundió una iniciativa de reforma constitucional en materia de integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tal documento, se propone elevar de 11 a 16 ministros, así como crear una tercera sala especializada en materia anticorrupción. La reforma me parece un desatino, por dos razones:

1) Es la desnaturalización de la función de Corte, toda vez que en una porción normativa que se propone, indica que se encargará esta tercera sala de “controversias y juicios de amparo” en materia de corrupción. Tal aseveración, que introduce grandes interrogantes, no indica si por controversias se refiere a aquellas reglamentadas por el artículo 105, fracción I, de la Constitución o, en su defecto, a algo más extenso que podría de inicio, representar un retroceso, ya que la finalidad de la reforma de 2011 en materia de amparo y del Poder Judicial, terminó por reservar una tarea muy particular a la Corte, pues las cuestiones de legalidad son responsabilidad de tribunales colegiados de circuito. A la luz de la expresión “controversias” posibilitaría que esa tercera sala sería un tribunal de pleno derecho ya que expresamente indica “sustanciará”.

En este orden de ideas, no es por una inercia que me opongo a este cambio, sino por los efectos que traería, ya que, envuelta como un compromiso para combatir la corrupción, en realidad, estructura un grupo de ministros en esa Sala que ejecutarían una función exoneradora. Es decir, que podrán anular o disipar cargos en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos y los particulares relacionados con hechos de corrupción. Es difícil pensar otra cosa, cuando ya contamos con un muy bien definido modelo procesal anticorrupción, con órganos internos de control, la competencia del tribunal de justicia administrativa para faltas graves, así como la posibilidad de debatir su validez.

2) Por otra parte, los ministros que conformen esta tercera sala también integrarán pleno, el cual aumentará de 11 a 16 miembros. Aquí es donde aparece mi mayor oposición a la iniciativa, ya que aumentaría a ocho, por lo menos, los ministros nominados por el presidente López Obrador durante su gestión. No es difícil imaginar que se impulsarían candidatos incondicionales de la actual administración, a juzgar de los procesos de designación de los dos más recientes jueces constitucionales, así como de los consejeros de la Comisión Reguladora de Energía, en donde se destaca el apetito de imposición de candidatos y dudo que pase distinto con los nuevos cinco ministros.

Tal vez la mayor preocupación se concentre, al estudiar la validez de normas generales. La iniciativa establece que, para declarar la invalidez de las leyes, ya no se precisará de ocho votos del pleno como indica el texto vigente, sino de 11. Por lo que atendiendo a las matemáticas que ya refería, solamente habrá nueve ministros -y ocho, en dos años- no designados por la administración de López Obrador. Lo cual dificultaría que las leyes impulsadas por el presidente y los legisladores de MORENA, en caso de ser impugnadas, se lograran expulsar del sistema jurídico mexicano.

El planteamiento se confirma con el número par que serían los 16 miembros de la Suprema Cote. Por lógica en los órganos colegiados se ha procurado que su número sea impar, para que en la votación se evite el escenario de empate. ¿Qué pasaría, entonces, si estos 16 ministros en cierta votación quedan empatados? Este detalle no está resuelto en la mencionada iniciativa del senador Monreal. Vale mencionar, además, que esta propuesta de aumentar de 11 a 16 el número de ministros de la Suprema Corte no es congruente con la política supuestamente de austeridad en la burocracia, pues, cinco nuevos ministros implican cinco nuevas ponencias -equipo de apoyo-, con la inevitablemente consecuencia de elevar los gastos de manera considerable.

En otras palabras, se neutraliza la función de contrapeso -que no de oposición- que constitucionalmente y, por nuestro bien, le fue asignada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin el acto alarmante de decretar la extinción de este órgano. Iniciativas de reforma constitucional, como la que recién presentó el líder de MORENA en el Senado, Ricardo Monreal, se parecen mucho a las del México de siempre: configuradoras de un sistema político y jurídico condescendiente con el presidente de la República.

Eduardo González Chávez. Eduardo González Chávez. Egresado de la licenciatura en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con experiencia profesional en la dictaminación de las tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte y, actualmente, colabora en el Instituto Mexicano para la Evaluación de la Disciplina Financiera.  Twitter: @Eduarlet6526

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