Pandemia, controversias mercantiles y derechos fundamentales: teoría de la imprevisión

Introducción

Al presentarse una alteración económica como la provocada por el COVID-19[1], es previsible que las circunstancias de las partes en los contratos mercantiles sean modificadas. Incluso con la posibilidad de que para una de las partes (deudora) se vuelva, si no imposible, el cumplimiento de la obligación pactada; sí de una dificultad o carga desmedida o desmesurada y que su cumplimiento pueda conducirla incluso a la ruina. Por lo que la relación contractual se tornaría en inequitativa y posiblemente abusiva. Debido a esto, cabrían, por lo menos, tres preguntas: ¿es jurídicamente razonable permitir que, como consecuencia de la crisis económica que ocasiona la pandemia, se generen abusos entre los contratantes? ¿Qué respuesta podría dar el sistema jurisdiccional al respecto? ¿Es válida una respuesta basada en dogmas del siglo XIX?

Derechos humanos y relaciones de derecho privado.

Constitucionalización del Derecho Civil.

La dicotomía tradicional entre derecho público y derecho privado se flexibiliza a la luz del nuevo enfoque garantista y de preponderancia de los derechos humanos.[2] Es a partir de la teoría garantista del Estado Constitucional y de Derecho, que se evoluciona hacía la constitucionalización del derecho privado[3] y a la consiguiente aplicación de derechos fundamentales a las relaciones de derecho civil o mercantil.

Esta nueva óptica provoca que la norma constitucional sea un filtro axiológico de la norma legal. Hecho que tiene el efecto de limitar axiomas del derecho privado como el de la autonomía de la voluntad.[4]

Así, el intérprete de la norma legal de derecho privado deberá de realizar un ejercicio de ponderación entre los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y la autonomía de la voluntad. Luis Roberto Barroso señala cuatro factores básicos para efectuar este ejercicio: “a) la igualdad o desigualdad material entre las partes(…); b) la manifiesta injusticia o falta de razonabilidad de un criterio(…); c) preferencia por valores existenciales frente a los patrimoniales(…), y d) riesgo para la dignidad de la persona humana“[5].

La reforma constitucional de 2011, el nuevo paradigma.

La reforma del 2011 a la Constitución General de la República, coloca a los derechos humanos como el eje central en la articulación del Estado.[6] En relación con la interpretación jurisdiccional, la referida reforma impone cuatro conceptos  fundamentales por los que se considera un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos:[7]

a) el principio pro-persona, que obliga a que la interpretación busque el mayor beneficio al ser humano[8],

b) el control de convencionalidad ex officio[9], que exige que todos los jueces, sin importar la materia o judicatura, realicen un examen de compatibilidad entre la norma local y los preceptos derivados de convenciones internacionales[10] además de preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior,[11] [12]

c) la integración del “bloque constitucional” que considera que las normas constitucionales y las normas de derechos humanos de fuente internacional se encuentran en un mismo nivel de jerarquía y comparten la calidad de ser parámetros para el control de la regularidad constitucional de la ley[13] y

d) la interpretación conforme[14], en virtud de la cual el juzgador está obligado a armonizar, en la aplicación en el caso concreto, a la norma legal interna con el bloque constitucional.[15]

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El apartado 3 del artículo 21 la Convención Americana sobre Derechos Humanos[16] (Pacto de San José), textualmente establece lo siguiente:

“Artículo 21: “Derecho a la Propiedad Privada […] 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley.”

Por tanto, por el Pacto de San José queda prohibida expresamente la explotación patrimonial entre las personas (la usura es una especie de ésta); por lo que, aun cuando el texto es genérico y, si se quiere, poco preciso al no definir qué podemos entender por explotación; válidamente podría entenderse que los estados miembros no deberán permitir que una persona obtenga, en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, una ganancia excesiva.[17] En este parámetro, los conceptos abuso y ganancia excesiva (desproporcionada o inequitativa) se aprecian como definitorios de una conducta de explotación patrimonial entre personas.

Pacta Sum Servanda.

La base fundamental de todos los contratos es su obligatoriedad y la posibilidad de hacerlos cumplir aún en contra de la voluntad del deudor.[18] Esta máxima, que rige a cualquier negocio contractual, es “Pacta Sum Servanda”. Por la que, con independencia de alguna consideración externa, las partes deben de dar estricto cumplimiento a lo acordado. Por lo que, en caso de no hacerlo, una autoridad jurisdiccional podrá coaccionarlas para que cumplan además de que deberán resarcir los daños y perjuicios que su incumplimiento hubiere ocasionado.[19]

Teoría de la Imprevisión.

La teoría de la imprevisión consiste en la consideración de que si en un negocio jurídico las condiciones externas fundamentales variaron o se alteraron a tal punto que dificulta gravemente el cumplimiento de lo pactado –tornándose excesivamente oneroso para alguno de los contratantes­–, el contrato puede modificarse por intervención de una autoridad para disminuir o variar las cargas de la parte deudora y volverlo más equilibrado y equitativo; o, bien,  declarar su terminación anticipada, sin que se considere que ésta sea culpa de alguno de los contratantes.[20] De acuerdo con esta teoría, la cláusula Rebus Sic Stantibus (mientras las cosas siguen igual)[21]se entiende implícita en los contratos, es decir, se debe de aplicar aún cuando no se contenga expresamente en el contrato.

Como se aprecia, hay un aparente conflicto entre la regla fundamental de la obligatoriedad y exigibilidad de los contratos representada en la máxima “Pacta Sum Servanda” y la fórmula “Rebus Sic Stantibus”. Mismo que, como apunta el desatacado civilista Joel Chirino, fue resuelta a favor de la primera en el siglo XIX.[22]

Elementos de la teoría de la imprevisión.

Doctrinalmente se considera que para que opere la teoría de la imprevisión, deben de reunirse los siguientes elementos:

  1. El acontecimiento que da origen al cambio de circunstancias debe ser:
    • a) extraordinario,
    • b) imprevisible,
    • c) incidir fundamentalmente y en forma grave al cumplimiento de la obligación,
    • d) general (no sólo privativo de alguno de los contratantes),
    • e) posterior a la celebración del contrato,
    • f) no imputable o atribuible a alguna de las partes.
  2. Los efectos deben de ser sobre prestaciones futuras.
  3. Sólo es aplicable a contratos onerosos.
  4. Algunos señalan que sólo es aplicable a los contratos de tracto sucesivo.
  5. El hecho no hace imposible el cumplimiento del objeto del contrato, sino que lo dificulta, encarece o lo vuelve oneroso, a grado tal, que generaría un daño enorme en el deudor de forma tal que desequilibraría dramáticamente la relación entre las partes.[23]

Complementariedad, más que contradicción

Dados estos requisitos de excepcionalidad, varios autores[24] coinciden en que no existe en realidad una contraposición indisoluble entre la Rebus Sic Stantibus y la Pacta Sum Servanda. Sino que la primera debe implementarse como una excepción de la segunda, por lo que resultan complementarias.[25]

 Ordenamiento jurídico mexicano (Legislación Mercantil).

En nuestra legislación mercantil no se contempla en forma expresa a la teoría de la imprevisión. En otras palabras, no está ni en el Código de Comercio ni en el Código Civil Federal como norma supletoria de la primera. Además, en las leyes mercantiles especiales, no existe una previsión que permita al juez disminuir la onerosidad de un contrato.

 Criterios judiciales.

Respecto al tratamiento jurisprudencial, nuestros tribunales han sostenido la inaplicabilidad de la teoría de la imprevisión en los órdenes jurídicos en los que no está expresamente regulada, como es el caso de la materia mercantil. Al considerar que, al no estar contemplada literalmente como caso de excepción, no puede aplicarse y opera la fórmula Pacta Sum Servanda. Resolución que provocaría que las estipulaciones y cláusulas pactadas por las partes deban cumplirse en los términos que estás establecieron.

Este criterio fue utilizado para establecer la jurisprudencia emitida por el Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, identificada con el número I.8o.C. J/14[26], que sostiene que el Código Civil del Distrito Federal –en aquel momento supletorio de la legislación mercantil– no adopta la teoría de la imprevisión sino que adopta, en forma genérica, la tesis pacta sunt servanda. Además, criterios similares han sido utilizados por los tribunales Segundo Colegiado en materia Civil del Primer Circuito[27] y Segundo Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito [28], e, incluso por la ya desaparecida Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.[29]

Contradicción de tesis 350/2013.

Aun cuando las determinaciones judiciales se han caracterizado por la aplicación de la máxima pacta sum servanda, en febrero de 2014, la Primera Sala de la Suprema Corte emitió una resolución que, si bien no versó sobre la aplicabilidad de la teoría de la imprevisión,  podría representar un giro copernicano en el tema.

Al resolverse la contradicción de tesis  350/2013[30], en una interpretación conforme entre el artículo 21 apartado 3 del Pacto de San José y el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Sala se apartó de criterios anteriores y resolvió que la prohibición de usura no sólo contempla a aquella que provenga de lesión[31] entendida como vicio de la voluntad. Sino que “comprende cualquier caso en el que una persona obtenga, en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo”[32] y que, de presentarse ésta, considera que el juez modifique el interés establecido en un título de crédito para ajustarlo sobre bases racionales y conforme a las condiciones económicas existentes. Resolución de la que se derivan las jurisprudencias 1ª 46/2014 y 1ª 47/2014[33].

De esta forma, aunque el precepto legal no lo señale así, la autonomía de la voluntad queda limitada al derecho fundamental de propiedad en su variante de prohibición de explotación patrimonial de otra persona. Así como se autoriza al juez para intervenir en sustitución de la voluntad de los participantes en el negocio jurídico.

La interpretación es conforme porque no declara la inconstitucionalidad del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sino que la armoniza con lo preceptuado por el Pacto de San José. Además de que permite que las partes fijen libremente el interés con la limitante referida de que éste no ocasione explotación.

En lo que respecta a la página 22 de la resolución de referencia, se considera que, cuando el juzgador resuelva que existe usura en el caso concreto, la autoridad competente está facultada para modificar la tasa de interés. Por lo que, aun cuando, quizás en forma deliberada, no se hace alusión a la Pacta Sum Servanda, ésta queda, por la aplicación de la norma convencional, limitada y supeditada al derecho humano de propiedad proyectado en la prohibición de usura.

Respecto al parámetro para considerar que se presenta un fenómeno de usura en las tasas de interés, se adopta un criterio subjetivo en virtud del cual el juzgador deberá de analizar las circunstancias del caso concreto a la luz de las condiciones económicas y financieras generales.[34] Pero tomando en cuenta criterios particulares de los contratantes y la operación, para determinar tanto la existencia de la usura como la modificación en la tasa.

Pacta Sum Servanda vs Rec Sibus Stantibus y bloque constitucional.

Podemos concluir que el apartado 3 del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es una norma prohibitiva de aplicación obligatoria para nuestros jueces. Misma que, como parte de la tutela al derecho fundamental a la propiedad, prohíbe expresamente la explotación patrimonial entre las personas[35].

Si bien la prohibición señalada podría considerarse ambigua, al no establecer una definición de explotación patrimonial, la resolución a la contradicción de tesis 350/2013 ejemplifica como esta situación no debe ser una limitante para su aplicación. Al contrario, posibilita que en la ponderación del caso se analicen distintas cuestiones particulares para así obtener una conclusión respecto de si existe abuso y, por tanto, explotación.

El Pacto de San José contempla a la usura como una especie de la explotación patrimonial y es el género lo que se prohíbe. La prohibición es para cualquier forma de explotación patrimonial y no la condiciona a que exista anuencia o conformidad de la parte que se encuentra en la situación de desventaja, tampoco condiciona la prohibición a que la explotación sea provocada por hechos futuros.

No obstante, existe un germen regresivo en el interior de los criterios de la propia Primera Sala, evidenciado en la resolución al amparo directo en revisión 5561/2015 –del que derivó la tesis aislada. CXXXI/2018 (10a.)[36] y que también fue empleado en la tesis 1a. CCCLI/2014– que supone que en el concepto de explotación al que se refiere el apartado 3 del artículo 21 del Pacto de San José debe mediar la afectación a la dignidad de las personas. Sin embargo, como hace notar el Ministro José Ramón Cossío[37] no existe razón para deducir que la explotación económica requiera del elemento daño a la dignidad; sino que son la desigualdad y el abuso, los elementos y notas distintivas.[38]

Interpretación conforme y análisis casuístico.

La aplicación de la teoría de la imprevisión, requeriría, por lo menos, de dos ejercicios interpretativos:

a) análisis casuístico, para determinar si se presentan los supuestos tanto para considerar que existe abuso y desequilibrio desproporcionado que puede clasificarse como explotación patrimonial como la presencia de los elementos para la aplicación de la teoría de la imprevisión como consecuencia de un hecho imprevisible como la pandemia.

b) Interpretación conforme[39] de los artículos 78 del Código de Comercio y 1796 del Código Civil Federal para armonizarlos con la prohibición establecida en el artículo 21 apartado 3 del Pacto de San José para que, mediante la aplicación de la teoría de la imprevisión, se impida la explotación de uno de los contratantes hacía otro.

 Corolario.

Es común escuchar  que la crisis económica actual sólo es comparable con la de inicios de los años treinta; sin embargo, el panorama jurídico ha evolucionado radicalmente desde aquel entonces. En un Estado Constitucional y de Derecho, los jueces tienen la obligación de resolver las controversias atendiendo a principios constitucionales y al sistema de protección a los derechos humano. El nuevo paradigma de control constitucional supone y constriñe ejercicios imaginativos e innovadores en la interpretación de las normas. El esfuerzo de integración y de armonización de preceptos exige creatividad para impedir que se genere explotación entre partes contratantes y, aunque se trate de un negocio mercantil, la respuesta no puede basarse en paradigmas del siglo XIX .

Jaime Araiza Hernández. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Abogado litigante en materias Civil y Mercantil. Ha sido profesor de Derecho Procesal Civil y de Teoría del Proceso en la propia  Facultad de Derecho de la UNAM por mas de 18 años.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] La contracción del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del 2020 fue del 18.7 %, según publicación del Inegi. www.inegi.org.mx/temas/pibo/.

[2] Barroso, Luis Roberto; Neoconstitucionalismo y la Constitucionalización del Derecho, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008; p.p.6-17, 38.

[3] Ferrajoli,  Luigi, Sobre los Derechos Fundamentales, Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Número 15, Julio Diciembre 2006, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, p. 116

[4] Barroso, Luis Roberto, Op cit, pp.39-39.

[5] Idem. p.p.44-45.

[6] Diario Oficial de la Federación, 10 de junio de 2011, Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[7] Carbonell Sánchez Miguel, Salazar Ugalde Pedro, coordinadores, La Reforma Constitucional de Derechos Humanos, Nuevo paradigma, México, D.F., UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011,

[8] Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Décima Época, Primera Sala, Jurisprudencia, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Tesis: 1a./J. 107/2012 (10a.), Página: 799, rubro: “PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.”

[9] Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Época: Décima Época, Primera Sala, Jurisprudencia, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Tesis: 1a./J. 18/2012 (10a.), Página: 420, rubro:  “CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011).”

[10] Ferrer MacGregor, Eduardo, Interpretación conforme y control difuso de la Convencionalidad, El Nuevo Paradigma para el Juez Mexicano,  La Reforma Constitucional de Derechos Humanos, Nuevo paradigma, México, D.F., UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, p.340.

[11] Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la tesis P. LXVIII/2011 (9a.), Décima Época, registro: 160526, libro III, diciembre de 2011, tomo 1, página 551,  rubro: “PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.“.

[12]  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 163300, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, página 646, rubro: “PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN .

[13]  Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 20/2014 (10a.), Página: 202, Rubro: “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.”

[14] Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época,  Primera Sala, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Tesis: 1a./J. 37/2017 (10a.), Página: 239 Rubro: “INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.”

[15] Ferrer MacGregor, Op Cit. P. 443

[16] Diario Oficial de la Federación, 7 de mayo de 1981, Decreto de Promulgación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969

[17] “Explotar” definido por la Real Academía Española de la Lengua, en su tercera acepción:“3. tr. Utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las cualidades de otra persona”. https://dle.rae.es/explotar#7WpRoFa.

[18] Artículo 1796 del Código Civil Federal: “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley.”.

Artículo 78 del Código de Comercio: “En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados.”

[19] Borja Soriano, Manuel, Teoría General de las Obligaciones, Editorial Porrúa, México, 1991, p.p. 276-287.

[20]  Rojina Villegas, Rafael, “Compendio de Derecho Civil, III , Teoría General de las Obligaciones, 2.Modificaciones al Principio de Obligatoriedad, Teoría de la imprevisión”, Editorial Porrúa, México, 1998.

Rocher Gómez, Rafael M, “La inmutabilidad de las convenciones y la teoría de imprevisión”, Revista de Derecho Privado, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, número 6, septiembre diciembre 1991.

[21] Castañeda Rivas, María Leoba, “La imprevisión en los contratos: la cláusula rebus sic stantibus como excepción al principio pacta sum servanda”, Revista de la Facultad de Derecho, UNAM, 2012, número 258, p.p. 204-206

[22] Chirino Castillo Joel, Teoría de la Imprevisión, Conmemoración de los 80 años de vigencia del Código Civil / coordinadores Jorge Alfredo Domínguez Martínez, José Antonio Sánchez Barroso, México : UNAM, Facultad de Derecho, Colegio de Profesores de Derecho Civil, 2012, p.p. 319-324.

[23] Alvarado Hernández, Arturo, “Aplicación de la Cláusula rebus sic stantibus en el derecho positivo mexicano”. Número 17, 1995.

Estrada Avilés, Jorge Carlos, “Rebus sic Stantibus”, Revista de Derecho Notarial Mexicano, número 109, 1996.

Castañeda Rivas, María Leoba, “La imprevisión en los contratos: la cláusula rebus sic stantibus como excepción al principio pacta sum servanda”, Revista de la Facultad de Derecho, UNAM, 2012, número 258.

[24] Ibidem.

[25] Rico Álvarez, Fausto; Garza Bandala Patricio, “Teoría de imprevisión”, Revista Mexicana de Derecho, número 12, México 2010.

[26] Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, Tesis: I.8o.C. J/14 , Página: 951, Rubro: “CONTRATOS. LOS LEGALMENTE CELEBRADOS DEBEN SER FIELMENTE CUMPLIDOS, NO OBSTANTE QUE SOBREVENGAN ACONTECIMIENTOS FUTUROS IMPREVISIBLES QUE PUDIERAN ALTERAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE PRIVABAN AL CONCERTARSE AQUÉLLA.” OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

[27] Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Novena Época, Tesis: III.2o.C.12 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, septiembre 1998, página 1149.

[28] Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Novena Época, Tesis III.2o.C.13 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, México, septiembre de 1998, página 1217.

[29] Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época , Registro: 240782, Volumen 139-144, Cuarta Parte, Página: 29, Rubro: CONTRATOS, INAPLICABILIDAD DE LA Teoría DE LA Imprevisión EN LOS.”

[30] Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito.

[31] Código Civil  del Distrito Federal: “Artículo 17.- Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro; obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, más el pago de los correspondientes daños y perjuicios. El derecho concedido en este artículo dura un año.”

[32] Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Engrose de la Resolución de la Contradicción de Tesis 430/2013, p.19.

[33] Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,  Décima Época Primera Sala, Jurisprudencia, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I , Tesis: 1a./J. 46/2014 (10a.), Página: 400, rubro: “PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,  Décima Época, Primera Sala, Jurisprudencia, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Tesis: 1a./J. 47/2014 (10a.), Página: 402, Rubro: PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.

[34] Ibidem p.25

[35] Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, Tesis: 1a. CXCIII/2015 (10a.), Página: 586, rubro: “EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE. CONCEPTO.”

[36] Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, 1a. CXXXI/2018 (10a.), Libro 58, septiembre de 2018, Tomo I, Página: 848, rubro: “USURA. NO SE CONFIGURA CUANDO EL PACTO DE LA PENA CONVENCIONAL QUE SE ESTIMA EXCESIVA DERIVA DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.”

[37] Resolución amparo directo en revisión 5561/2015, p.p.

[38] Cossio Díaz, José Ramón, Voto particular formulado en el amparo directo en revisión 2534/2014, Consulta electrónica, P. 3 numeral 16. “Por tanto, si la prohibición de toda forma de explotación del hombre por el hombre está dada en la Convención en el contexto de la protección al derecho de propiedad privada, necesariamente se encuentra inserta en el ámbito patrimonial y/o económico de las personas, que es puramente material y al cual no es inmanente ni imprescindible lo relativo a la dignidad de las personas. Es decir, debe entenderse con esa expresión la referencia a relaciones o negocios jurídicos donde los beneficios económicos que recibe cada una de las partes son marcadamente desiguales o desproporcionados, de modo que constituyan un abuso de una frente a la otra”

[39] Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Tesis: 1a. CCCLI/2014 (10a.), Página: 615, rubro:  PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRO PERSONA. SON APLICABLES A LOS JUICIOS CIVILES.”,

 

 

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