Reducción salarial al Poder Judicial de la Federación, ¿buena idea?

Una de las propuestas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, es la reducción de los salarios a miles de servidores públicos, de tal forma que ningun funcionario público pueda obtener un ingreso mayor que el percibe el presidente de la República. La incertidumbre es fuerte en varias dependencias. A nivel federal todos los órganos constitucionales autónomos y los poderes constitucionales están en la mira. ¿Es posible generalizar?

Mucho ha sido comentado en medios y redes sociales, pero poco ha sido escrito sobre las funciones constitucionales y legales del servicio público, la responsabilidad, la calidad del trabajo o del grado de especialización necesario para realizar estos trabajos, así como la “proporción” con el salario obtenido. Por lo tanto analicemos brevemente qué tan riesgoso es reducir el salario y demás remuneraciones a los servidores públicos que trabajan en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Para el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alrededor de 48 mil servidores públicos integran al PJF[1] en sus 892 órganos jurisdiccionales. El 85% de estos trabajadores son servidores públicos de “funciones sustantivas”. Se trata de ministros, magistrados, y jueces federales además de los secretarios, actuarios, oficiales judiciales o profesionales operativos y técnicos que participan en cada una de las etapas de un juicio constitucional. Es decir, todo el proceso desde la demanda hasta la sentencia y la difusión de ésta. Se trata de una “cadena productiva pública” cuyos resultados son sentencias que resuelven conflictos entre particulares y autoridades en donde entran en juego los derechos humanos de mexicanos y extranjeros.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación[2] para el ejercicio fiscal de 2018, el PJF obtuvo un presupuesto de 71,366,389,337 millones de pesos. Sin embargo, no todo ese dinero va destinado al pago de remuneraciones[3] y estas representan menos del 1.5% del presupuesto total en términos absolutos, el cual es de más de 5.2 billones de pesos (5,279,667,000,000). Con estos datos uno de los primeros argumentos sobre el supuesto ahorro cae por su propio peso, pues el estándar internacional de calidad de la justicia es del 2%. En ese sentido, poco se estaría ahorrando en comparación con los probables efectos adversos que podrían presentarse. Incluso, cuando se compara con otros países, la SCJN resuelve más casos que otros países como Estados Unidos[4] o Brasil[5] con el doble o el triple de la población de México. Entonces, ¿cuál es la carga de trabajo que enfrenta el PJF? En 2017, la SCJN resolvió 16,986 asuntos de 17,044 que ingresaron. De manera similar el Tribunal Electoral resolvió 9,544 asuntos y los Tribunales Colegiados y los Jueces de Distrito resolvieron un total de: 1,050,833 asuntos, por un millón de nuevos casos y recursos que ingresan cada año.[6]

Lejos de disminuir el gasto público para el poder judicial, éste debería mantenerse estable. Esto debido a México necesita de instituciones que consoliden el Estado de derecho, y la protección que brinda el PJF muchas veces significa la última garantía de acceso a la justicia. Ahora bien, si este tampoco es un argumento suficiente para atemperar las voces favorables por una reducción salarial en el poder judicial, ¿qué otro argumento se podría esgrimir? La respuesta se encuentra en sus funciones. El PJF es un poder que se debe mantener neutral de los vaivenes políticos. Su naturaleza es la de resolver problemas de terceros con intereses contrapuestos y las características que enmarcan su trabajo son los principios de independencia e imparcialidad. El primero significa que los jueces no serán objeto de presiones, chantajes, sobornos o amenazas internas o externas. El segundo implica que las razones para resolver tienen que apoyarse en argumentos jurídicos, sin decantarse previamente sobre alguna de las partes en conflicto. Es más, existe toda una teoría histórica de esto, a grado tal que se explica el uso de togas negras como símbolo de sobriedad, igualdad e imparcialidad. Esto es así, porque los tribunales no resuelven lo que quieren en nombre del pueblo, sino lo que hacen en nombre de la ley y la Constitución.[7]

Si los juzgadores obtienen una remuneración adecuada, es lógico que se encuentren “blindados” contra actos de soborno o de coacción. De esta manera se garantiza que el acceso a la justicia sea llevada a cabo únicamente por razones objetivas y no por intereses subjetivos. Por ejemplo, pensemos en un crédito fiscal inmenso que una empresa mexicana o extranjera se niegue a pagar o quiera disminuirlo: la empresa contratará a un despacho jurídico para ahorrar millones de pesos; por otro lado, la autoridad deseará el cobro de tal crédito sin arbitrariedad o ilegalidad, por lo que ambos intereses acabarán en los tribunales federales mexicanos. Si una de las partes sabe que el servicio público se encuentra pauperizado, ¿qué evitaría la tentativa de ofrecer al juez una parte de sus ganancias para garantizar el resultado favorable?, ¿el contra-argumento sería la vocación de servir al país y a la justicia?, ¿acaso son los servidores públicos máquinas sin proyectos de vida personales y profesionales?

Si lo dicho hasta aquí no es suficiente, debe recordarse que la independencia judicial también es salvaguardada con los recursos presupuestales adecuados[8]. Tal ha sido la posición de ciertas instituciones internacionales que[9], por ejemplo, como la Relatora para la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, ha recomendado a México que:

El Poder Judicial y de la administración de justicia deberían contar con un presupuesto autónomo, adecuado y suficiente para su efectivo funcionamiento, y (…)  considerarse y aprobarse las diversas iniciativas y propuestas sometidas a la consideración de diversos Congresos que plantean que un porcentaje no inferior al 2% de los presupuestos federal y estatal sea asignado a los poderes judiciales.[10]

Para los especialistas también hay argumentos puros y duros, pues la Constitución dispone que el presupuesto del PJF es autónomo y debe garantizarse por el Congreso de la Unión, entonces, ¿qué sucede si, por un lado, el artículo 127, fracción II[11], constitucional establece que nadie debe tener una remuneración mayor que el presidente de la República y, por otra parte, en el artículo 100, último párrafo[12], dispone que la SCJN y el PJF pueden elaborar su propio presupuesto para el proyecto del Presupuesto de Egresos? ¿Se sabe que el artículo 94, párrafo décimo primero[13], establece que la remuneración de los juzgadores no puede disminuirse durante su encargo? ¿Cómo resolver la contradicción entre estos preceptos de la Constitución? ¿A través de una interpretación armónica y sistemática que evite la subordinación entre órganos originarios del Estado[14]?

Aún más, los precedentes en el sistema interamericano de derechos humanos permiten concluir que los ataques hacia la independencia de los poderes judiciales, normalmente terminan en responsabilidad internacional del Estado en cuestión, pues la independencia consiste en: “… evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial…”.[15]

Asimismo, una reducción al presupuesto que afecte a los salarios y percepciones de sus integrantes requiere de un análisis muy serio sobre los supuestos beneficios y las enormes desventajas que acarrearía, incluyendo una menor recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con lo cual el ahorro pretendido se traducirá en pérdidas de ingresos para el Estado Mexicano. Visto así, las declaraciones del ministro presidente Luis María Aguilar Morales, que tanto molestaron a algunos medios, se apoyan en razones plausibles, pues los juzgadores no gozan de privilegios.

Miguel Ángel Antemate Mendoza.  Defensor de Derechos Humanos por la UNAM.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2018. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, INEGI, México, 6 de Julio de 2018. Puede consultarse en la siguiente liga: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/censosgobierno/federal/cnijf/2018/doc/resultado_2018.pdf

[2] Cfr.: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2017. Puede consultarse en la siguiente liga: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506080&fecha=29/11/2017

[3] Al cierre de 2017, se reportaron 50 mil 401 computadoras para toda la estructura del PJF, a lo cual deben sumarse los insumos utilizados como papelería y el mantenimiento de los 892 órganos jurisdiccionales. Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, óp. cit., p. 14.

[4] La Corte Suprema de Estados Unidos recibe entre 7 mil y 8 mil peticiones de “Writ of Certiorari” cada periodo, pero sólo acepta 80. Véase: https://www.supremecourt.gov/about/faq_general.aspx

[5] En 2017, el Supremo Tribunal Federal de Brasil resolvió 12,896 decisiones colegiadas, puede consultarse en: http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=estatistica

[6] Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, óp. cit., p. 19, 24 y 30.

[7] Rabasa Emilio, “La Constitución y la Dictadura”, Estudio sobre la organización política de México, 5ta, Edición, Porrúa, 1976, página: 188.

[8] VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, mayo de 2001; “Artículo 6. Condiciones materiales de la independencia. El Estado garantizará la independencia económica del Poder Judicial, mediante la asignación del presupuesto adecuado para cubrir sus necesidades y a través del desembolso oportuno de las partidas presupuestarias.”

[9] Naciones Unidas, CCPR/C/GC/32, Comité de Derechos Humanos, Observación General 32, “El Derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia”, 23 de agosto de 2007, párrafo 19.

[10] Naciones Unidas, A/HRC/17/30/Add.3, Consejo de Derechos Humanos, “Informe de la Relatora Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados”, Misión a México, 18 de abril de 2011, párrafo 94.

[11] “Art. 127.- (…)

[12] “Art. 100.- (…)

La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente.”

[13] “Art. 94.- (…)

La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.”

[14] Puede citarse de forma análoga el criterio jurisprudencial: P./J. 80/2004, de rubro: “DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.”

[15] Entre otros: Ecuador, Perú y Venezuela, véase: Corte IDH, Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, párrafo 188.

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15 comentarios en “Reducción salarial al Poder Judicial de la Federación, ¿buena idea?

  1. Los jueces federales no son corruptos ni maiceados como se hizo mención en campaña, muchos funcionarios del PJF tienen jornadas de trabajo que superan las 12 horas; reducir su salario sí afectaría a la impartición de justicia de México, la independencia esta en entredicho no sólo con sobornos, en México hay jueces amenazados por la delincuencia y ya han muerto, el último en el Estado de México. Felicitaciones por el texto.

    1. Excelente comentario; nadie ve esos “detalles”.. los funcionarios del PJF no tienen fuero!! Pueden ser objeto de cualquier tipo de responsabilidad (penal, administrativa/disciplinaria, laboral, civil) y además, tienen que enfrentar los peligros propios de la labor jurisdiccional si a una de las partes no le gusta el resultado o incluso si no ceden a presiones.

  2. Lo sorprendente es que los trabajadores del poder judicial federal se están quedando callados y los periodistas y nuevos intelectuales orgánicos todos los días salen a criticar al consejo de la judicatura y a la corte.

  3. Creo que los únicos afectados con esas reducciones, son los niveles medios y bajos del PJF, (Tribunales y juzgados), lo cual debe de considerarse.

  4. Pues las cargas excesivas, son para los niveles bajos y medios (tribunales y juzgados), debe evitarse la afectación a esos niveles.

    1. No es del todo exacta tu apreciación mi estimada Rubí; soy mando medio y efectivamente las cargas de trabajo son muy pesadas, pero no puedo dejar de reconocer que mi titular, magistrado, tiene cargas más intensas que, por cierto, en su caso, desempeña con un profesionalismo y entrega que hacen que el salario que percibe sea completamente justificado y merecido.

  5. No se estaría nada mal que el CJF aplique examenes de confianza a los juzgadores. El que es honesto, así gane un peso menos que el presidente nunca se corrompera, por otro lado, hay titulares que se dan a conocer por 12 mil pesos aprox por el apoyo de alimentos, recolectando mes con mes facturas de alimentos del personal adscrito para así cobrar el cheque.

    1. EXACTAMENTE PERO NO SON 12000 DOCE MIL MENSUALES SON 17000 MAS 6000 DE VALES DE GASOLINA CHOFER Y MUCHAS MAS PRESTACIONES APARTE DEL SUELDO DE 60000 A LA QUINCENA MAS LOS BONO DE MAS DE 200000 PESOS CADA CUATRO MESES

      1. Es una pena que no nos informemos primero y juzguemos lo que otros perciben, pero muy pocos pueden presumir de poder realizar ese trabajo y llevarlo a cabo bajo presión de tiempo y resultados, porque contrario a lo que muchos piensan el poder judicial esta sometido a vigilancia y rendición de cuentas, comenzando por los titulares, cuya preparación, actualización y conocimientos están al servicio del pueblo. Les pagamos mas a las actrices y cantantes de televisa por tenernos enviciados y distraídos pero por eso no protestamos, por que tendríamos que ser mas listos.

  6. Creo que el problema aquí radica en la generalización que se hace sobre el Poder Judicial de la Federación, estoy de acuerdo en que deben quitarse prestaciones y privilegios que tienen los altos mandos del PJF, pero el grueso de los trabajadores que son mandos medios y personal operativo, NO deben ser afectados, pues no debe perderse de vista que son miles de trabajadores los que se ubican en estos supuestos, y no hay razón para que paguen los abusos de la minoría que encabeza ese poder.

  7. Tengo un padre que hoy en día es secretario de acuedos del Poder Judicial de la Federación y mis recuerdos a los 13 años o más pequeña  respecto a su trabajo es que salía muy tarde, que no podía ir a mis graduaciónes, que no llegaba a mis cumpleaños o lo veía hasta el día siguiente, recuerdo ir algunos días a su trabajo y ver un montón de expedientes en su escritorio y casi siempre llevaba trabajo a casa, ahora soy más grande y admiro el trabajo que el y todo su equipo hacen, ahora solo lo veo la mitad del sábado y la mitad del domingo por motivo que lo trasladaron a otro estado, veo sus ojos cansados de tanto leer y acordar, y es una de las personas más honestas que conozco,  solo me queda admirar su sabiduria, paciencia, honestidad y amabilidad, y todas las personas que se atreven a decir que no se merecen esas prestaciones o que son corruptos los trabajadores del poder judicial de la federación es por qué no conocen su trabajo de forma directa lo que es tener un padre, madre , hermana, hermano, amigo, amiga etc Trabajando en el PJF.
    Es mi humilde punto de vista.

  8. debería el candidato electo revisar el financiamiento injustificado que del erario publico se otorga a los partidos políticos, esos si es un gasto innecesario porque actualmente los partidos tienen diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores que pueden aportar una cuota para las acciones políticas que deban realizar los partidos, pues de lo contrario se alienta a los políticos a seguir formando partidos para beneficio propio, o dígame que producen los partidos paz social, ni siquiera en las cámaras, seguido se insultan y hacen disparates, porque nadie propone que se deje de financiarlos, pues hay miles de mexicanos que quisieramos tener un negocio financiado por el gobierno, pues que suave no…..

  9. Muy caro le va a resultar al pueblo de México su ignorancia en apoyar y disminuir los salarios del PJF. En un país sediento de justicia se atenta contra la única institución que garantiza de forma efectiva la tutela de los derechos fundamentales en la sociedad.

  10. Soy servidor público con más de 30 años de antigüedad y soy un convencido de que tener un gobierno eficiente es una condición para el desarrollo del país. He sido testigo y en ocasiones víctima de políticas y decisiones encaminadas a elevar la efectividad del servicio público algunas de ellas con relativo éxito y otras fracasos rotundos. Mi conclusión es que para tener un servicio público realmente efectivo, se requiere un plan de desarrollo integral de lo que ahora se conoce como «talento humano», lo que implica entre otros aspectos un adecuado sistema de remuneraciones, prestaciones y construcción de ambientes de trabajo sanos y colaborativos. La decisión del Presidente electo de reducir salarios, es una medida aislada que no asegura ese incremento en la eficiencia y que eventualmente puede derivar en que muchos empleados competentes y comprometidos opten por salir del servicio público y que se incorpore a otros que carezcan de las competencias y habilidades necesarias pero que estén dispuestos a emplearse por salarios poco competitivos. En el fondo parece que esta medida como otras que está tomando el nuevo gobierno son una simulación y no una verdadera estrategia para mejorar u obtener beneficios reales y permanentes.

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