Retos en la reparación a graves violaciones de derechos humanos. Lecciones del caso colombiano

Un punto de partida importante para implementar un programa de reparaciones, es tener claro el concepto de reparación. Lamentablemente, a pesar de la abundante producción investigativa y evidencias prácticas que existen al respecto, algunos académicos, entes legislativos, gobiernos, organismos internacionales e incluso organizaciones no gubernamentales, continúan desdibujándolo y, de esta forma, enviando un mensaje erróneo a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos.

Las dimensiones de la reparación

Existen diferencias entre la reparación como derecho, entendido como la facultad genérica de exigir y en la correlativa obligación estatal de reparar la violación de un derecho; y las reparaciones como objeto de ese derecho, es decir, como mecanismo a través del cual el Estado intenta subsanar las consecuencias que produjeron las violaciones a los derechos humanos. Así, la primera acepción es fundamentalmente jurídica y, en un sentido amplio, se refiere al derecho de la víctima, a obtener una compensación que elimine o reduzca en la mayor medida posible, las consecuencias de un daño o perjuicio sufrido como consecuencia de una violación específica. Este tipo de reparación está asociado particularmente a fallos judiciales y en lo referente a las violaciones a derechos humanos, su alcance abarca cinco medidas, a saber: restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. Desde esta perspectiva, se busca una reparación proporcional al daño.

Por su parte, la segunda acepción se refiere a los programas de medidas reparadoras con cobertura masiva en escenarios de violaciones a los derechos humanos. En este marco, el término es utilizado en un sentido más limitado: aquí las reparaciones intentan proporcionar beneficios directos a las víctimas y supervivientes y, a diferencia de la primera acepción, no se conciben como una compensación en proporción al daño, sino como programas cuyo propósito es reconocer y dignificar a las víctimas como sujetos de derechos. De ahí que los programas de reparaciones se deban entender como un proyecto político basado en derechos (en el derecho a la reparación) y como una expresión de un mensaje inclusivo que se manifiesta de manera concreta, en términos materiales, simbólicos, individuales y colectivos.

En esa línea, los programas de reparaciones en el marco de violaciones de derechos humanos no deberían diseñarse con base en la estructura de la reparación judicial (como sucedió con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de Colombia), debido a que se corre el riesgo de crear programas complejos y basados en medidas con un enorme alcance que difícilmente se logran cumplir. Fallando, de esta manera, en la posibilidad de implementar reparaciones adecuadas, concretas y efectivas; al igual que generando frustración en un alto número de víctimas.

Lecciones del caso colombiano

Existen tres aspectos relevantes de las reparaciones que podrían configurarse como aprendizajes del caso colombiano.

  1. Complejidad: entre más complejo sea el programa, mayor dificultad tendrá para ser implementado. Los programas de reparaciones con espíritu mesiánico, que intentan otorgar numerosos beneficios con un amplio alcance, estarán casi condenados al fracaso. Esto no significa que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos no puedan ejercer la integralidad de sus derechos, sino que un mecanismo de reparación no podrá garantizar lo que el Estado previamente no ha podido hacer. En Colombia, la complejidad de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la intrincada estructura institucional que se creó para implementarla, y la falta de una planeación estratégica gubernamental para su puesta en marcha, entre otros factores, hizo de esta norma un proyecto casi inabarcable.
  2. Implementación estructurada: las medidas de reparación no pueden ser entendidas como la entrega de un beneficio particular o como simples acciones fragmentadas. Estas deberán otorgarse en el marco de un proceso integral, para tener un impacto positivo y sentido reparador. Evidentemente, por razones materiales, no podrían ser permanentes. Por ello, es fundamental el compromiso de entidades públicas y privadas que garanticen su sostenibilidad. En Colombia, el proceso de reparación dista de ser integral. La indemnización, entendida como la entrega de una suma de dinero, sigue siendo la medida que tiene mayor cobertura, mientras que el resto se han implementado de manera parcial. Las necesidades de las víctimas siguen sin ser atendidas. El diseño de un programa con medidas concretas podría haber facilitado su ejecución, focalizando recursos para brindar mayor cobertura y procesos efectivos.
  3. Claridad del mensaje reparador: el Estado debe enviar un mensaje claro y no prometer lo que no puede cumplir. La reparación no podrá garantizar todos los derechos que han sido vulnerados históricamente, por lo que no debería adjudicársele a las reparaciones una responsabilidad de tal magnitud. En Colombia, retórica ambiciosa como “reparación transformadora” y “reconstrucción del proyecto de vida” no debió utilizarse a menos de que se hubiera materializado en procesos que condujeran a ese resultado. Hay que evitar, pues, “embellecer” el lenguaje de las reparaciones. Más que víctimas, los destinatarios son titulares de derechos, y la relación que se pretende reconstruir entre el Estado y sus ciudadanos debe estar basada en la verdad, seriedad y legitimidad.

En definitiva, para que un programa de reparaciones pueda tener un impacto en la vida de las personas, deberá responder a medidas concretas con estándares y alcances realistas. De la misma forma, deberá existir una fuerte coordinación entre las medidas comprendidas en los programas de reparaciones y entre éstas y los demás programas del Estado. Las reparaciones también deberán tender a garantizar una participación efectiva de las víctimas. Finalmente, las reparaciones siempre deberán llevar consigo un mensaje de dignidad, reconocimiento e inclusión de las víctimas y, a su vez, ser extendido a toda la sociedad.

Sinthya Rubio Escolar. Candidata a doctora en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. Consultora en temas de Justicia Transicional y Construcción de Paz.

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