¿”Reubicación” o desalojo?: Los peligros de desalojos forzosos por el tren maya

Si bien el Proyecto denominado “Tren Maya” (en adelante “PTM”) ha recibido una indudable atención mediática y académica desde que fue anunciado, quizá uno de sus impactos que no ha recibido la atención merecida ha sido el proceso de “reubicación” de las personas que habitan en barrios y comunidades que se encuentran sobre lo que sería el paso de la vía ferroviaria. Las autoridades han indicado que ese proceso será realizado con absoluto apego a los derechos humanos. Es ahí cuando surge ineludible la pregunta de si, en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, es lícito reubicar a las personas por un proyecto como el PTM. Lo anterior añadiendo la preocupación de si ese proceso de reubicación no daría lugar a desalojos forzosos.

El contexto en el que se plantean las “reubicaciones”

Antes de exponer los puntos para responder esa pregunta, considero importante contextualizar la situación. Existe ya una vía del tren que conecta los estados de Campeche y Yucatán con el resto del país, la cual será utilizada para el PTM. En este sentido, hay comunidades y colonias que se encuentran ya sobre la vía ferroviaria existente. Del mismo modo, hay otras que, si bien no se encuentran ya sobre los márgenes de algún riel, lo estarían próximamente dado que se encuentran en la ruta aún por construir para completar los entre 1,460 kilómetros y 1,525 kilómetros[1]que abarcaría el proyecto. Para efectos de este artículo me centraré en el caso de las colonias y las comunidades que ya se encuentran sobre los rieles existentes.

Muchos de esos núcleos de población existen desde antes de la construcción del llamado Ferrocarril del Sureste en 1935[2]e incluso antes de la concesión para la construcción de un ferrocarril que conectaría a la Península de Yucatán con el resto del país en 1899, durante el Porfiriato.[3]Ejemplo de estos asentamientos son las colonias Santa Lucía, Camino Real y La Ermita en la ciudad de San Francisco de Campeche,[4]las cuales son zonas consolidadas a tan solo unas cuadras del Malecón, la principal avenida de la capital campechana. Las tres colonias son barrios consolidados que cuentan con todos los servicios públicos y reconocimiento por parte de las autoridades.

Tanto las autoridades encargadas del PTM como las personas habitantes de Santa Lucía, Camino Real y La Ermita coinciden en que el paso recurrente de los trenes de carga que transitan actualmente representa un riesgo para las familias. También coinciden en que ese riesgo aumentará con el inicio de operaciones del PTM. Sin embargo, las partes difieren en cuál es la solución a este problema: si reubicar a la gente o reubicar la trayectoria del tren. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR)ofrece como solución “reubicar” a la población de los rieles ya existentes para que éstas sean usadas para el PTM.[5]Por su parte, grupos vecinales de las colonias afectadas se oponen argumentando que la vía del tren es la que debe ser relocalizada.[6]

Las reubicaciones y los desalojos forzosos en el derecho internacional

Si bien el derecho internacional contempla ciertos casos en los cuales es lícito que los Estados trasladen a núcleos de población de un lugar a otro, esto se da en casos excepcionales y en contextos muy diferentes al de la construcción del PTM. Verbigracia, si bien en lo últimos años se ha ido construyendo el concepto de “relocalización planificada” bajo la autoridad del Estado, ésta es solo permitida en casos de desastres y cambio ambiental, incluido el calentamiento global.[7]Asimismo, el concepto de “reasentamiento” se ha utilizado en contextos de refugiados[8]y de desplazamientos forzados internos.[9]

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo ha desarrollado el concepto de “reasentamiento involuntario” en el marco de proyectos de desarrollo. Más allá de las controversias que ese concepto ha generado en diversos sectores, su aplicación se centra únicamente en los proyectos en los que participa dicho organismo internacional y está supeditado a los casos en los que ese reasentamiento es inevitable para el proyecto, no existiendo más alternativas disponibles.[10]

De ahí que, a pesar de que las autoridades encargadas del PTM llamen al proceso una “relocalización” o “reubicación” de conformidad con el derecho internacional, no existen elementos para justificar su realización. En cambio, sí hay razones para temer que desemboque en episodios de desalojo forzoso. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante “Comité DESC”) –órgano compuesto de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-[11]ha definido los desalojos forzososcomo “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”.[12]

Tanto en el derecho comparado,[13]como en el derecho internacional,[14]podemos encontrar que, en términos generales, existe un consenso que señala que los elementos mínimos para constituir un desalojo forzoso serían: i) hacer salir; ii) a personas, familias y/o comunidades; iii) de forma permanente o provisional; iv) de sus hogares y/o las tierras que ocupan; y v) sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles acceso a ellos.

En el presente caso, las autoridades están realizando un proceso cuyo objetivo es hacer salir de forma permanente de sus hogares y tierras a las personas de comunidades y colonias que se encuentran en la delta ferroviaria, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole, ni permitirles acceso a ellos. Se afirma lo anterior considerando que actualmente las autoridades encargadas del PTM se encuentran en esas colonias realizando un censo vecinal para iniciar la “reubicación” de las personas.[15]Esto, a pesar de que el acuerdo publicado por la Secretaría de Salud del 31 de marzo suspende, entre otros, “todos los censos y encuestas a realizarse en el territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física (cara a cara) entre las mismas”.[16]

En conclusión, el derecho internacional no pareciera avalar el traslado involuntario de barrios y comunidades enteras para la construcción de un megaproyecto. Sobre todo, cuando esa relocalización resulta desproporcionada y no es estrictamente necesaria. Bajo esta lógica, existe el temor de que el proceso de construcción del PTM genere desalojos forzosos e incluso desplazamiento forzados internos. Lo anterior podría ocurrir atendiendo a la resistencia de muchas vecinas y vecinos a abandonar las zonas que históricamente han habitado como familias. Si bien, se contemplan indemnizaciones y otorgar alternativas de vivienda; muchas personas de estas colonias y comunidades no están aceptando las ofertas. Además de que estos procesos destruirán tejidos comunitarios y vecinales que se han forjado a lo largo del tiempo. Además, cuando se piensa que la ruta del PTM pudiese desviarse unos cuantos kilómetros para pasar por las afueras de la ciudad de San Francisco de Campeche y no en medio de ésta, sin que los fines y objetivos del megaproyecto se vean comprometidos, se evidencia que no existe causa de absoluta necesidad.

Por más que se le quiera llamar un proceso de “reubicación” o “relocalización”, el peligro real está en que se generen desalojos forzosos, los cuales son una grave violación al derecho a la vivienda y a la integridad personal de las personas, razón por la cual han sido expresamente prohibidos por el derecho internacional. Ante todo, en un contexto de pandemia y de medidas de distanciamiento social, en medio del cual las posibilidades de que las personas afectadas puedan acceder a la justicia se ven aún más limitadas.

 

Carlos Luis Escoffié Duarte. Director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Twitter: @kalycho

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1]Gobierno Federal. Información oficial proporcionada en el portal oficial del Proyecto “Tren Maya”, disponible a través del enlace digital: http://www.trenmaya.gob.mx/

[2]León Méndez, Miriam Edith; “Avecindados y forasteros: Los inmigrantes en Campeche”, Revista Universidad de México, Número 623, Mayo 2003, Universidad Nacional Autónoma de México, pág. 60. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/historico/10659.pdf.

[3]Véase: Gantús, Fausta; “Ferrocarril campechano 1900-1913”, Gobierno del Estado de Campeche/Universidad Autónoma de Campeche/Instituto de Cultura de Campeche, Serie Historia, Palo de tinte y Campeche, 1996.  Alcalá Ferráez, Carlos. “Cambios demográficos en el estado de Campeche (México). Conflictos, desarrollo y economía, 1846-1910”, Revista de Historia Regional y Local ISSN: 2145-132X [vol 10, No. 20] Julio – diciembre de 2018, pág. 148. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.scielo.org.co/pdf/histo/v10n20/2145-132X-histo-10-20-00134.pdf.Gantús, Fausta.“El discurso político en Campeche (1905-1919): del Porfiriato al constitucionalismo”, Revista Mexicana del Caribe, vol. VIII, núm. 16, 2003, Universidad de Quintana Roo, pág. 50. Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.redalyc.org/pdf/128/12801602.pdf.

[4]ONU-Hábitat.“Campeche – Diagnóstico de población a lo largo de las vías del tren”, 30 de marzo de 2020. Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.onuhabitat.org.mx/index.php/campeche-diagnostico-de-poblacion-a-lo-largo-de-las-vias-del-tren.El Sur Campeche.“Inminente, reacomodo de familias de la Ermita: RAA”, 17 de diciembre de 20190. Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.elsur.mx/inminente-reacomodo-de-familias-de-la-ermita-raa/.Novedades Campeche.“Plantean reubicar a más de 200 familias por Tren Maya”, 21 de agosto de 2010. Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.novedadescampeche.com.mx/estado/campeche/plantean-reubicar-a-mas-de-200-familias-por-tren-maya/.

[5]ONU.“ONU Hábitat México y FONATUR firman convenio de colaboración para el Tren Maya”, 21 de mayo de 2019. Nota de prensa disponible en el portal oficial de la ONU México a través del enlace: http://www.onu.org.mx/onu-habitat-mexico-y-fonatur-firman-convenio-de-colaboracion-para-el-tren-maya/.ONU-Hábitat.“Fonatur y ONU-Habitat firman acuerdo de colaboración”, 21 de mayo de 2019. Nota de prensa disponible en el portal oficial de la ONU-Hábitat México a través del enlace: https://onuhabitat.org.mx/index.php/fonatur-y-onu-habitat-firman-acuerdo-de-colaboracion.

[6]La Jornada Maya.“Campechanos exigen información del Tren Maya; temen ser reubicados”, 28 de agosto de 2019. Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.lajornadamaya.mx/2019-08-28/Campechanos-exigen-informacion-del-Tren-Maya–temen-ser-reubicados.Tribuna Campeche.“No a reubicación por el Tren Maya”, 29 de agosto de 2019. Disponible en formato digital a través del enlace: https://tribunacampeche.com/local/2019/08/29/no-a-reubicacion-por-el-tren-maya/.La Jornada Maya.“Familias de Campeche rechazan reubicación por Tren Maya”, 8 de septiembre de 2019. Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.lajornadamaya.mx/2019-09-08/Familias-de-Campeche-rechazan-reubicacion-por-Tren-Maya.La Jornada Maya.“Aún con propuestas, vecinos de barrios de Campeche no cederán al Tren Maya”, 22 de enero de 2020. Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-22/Aun-con-propuestas–vecinos-de-barrios-de-Campeche-no-cederan-al-Tren-Maya.La Jornada Maya.“Incertidumbre de campechanos ante reubicación por Tren Maya”, 11 de septiembre de 2019. Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.lajornadamaya.mx/2019-09-11/Incertidumbre-de-campechanos-ante-reubicacion-por-Tren-Maya.Yucatán A La Mano. “Campechanos se oponen a ser reubicados por Tren Maya”, 25 de noviembre de 2019. Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.yucatanalamano.com/campechanos-se-oponen-a-ser-reubicados-por-tren-maya/.Tribuna Campeche. “Difícil que familiar acepten reubicación por el Tren Maya”, 31 de agosto de 2018. Disponible en formato digital a través del enlace: https://tribunacampeche.com/local/2019/08/31/dificil-que-familias-acepten-reubicacion-por-el-tren-maya/.

[7]ACNUR. “Caja de Herramientas: Relocalizaciones Planificadas para proteger a las personas de los desastres y el cambio ambiental”, 2017, pág. 6. Disponible en formato digital a través del enlace: https://environmentalmigration.iom.int/sites/default/files/Planned%20Relocations%20Toolbox%20-%20Spanish%20Version.pdf. UNHCR. “Guía sobre protección de personas por medio de la relocalización planificada ante desastres y cambio ambiental (“Guía sobre Relocalización Planificada”), 7 de octubre de 2015, págs. 4 y 5. Disponible en formato digital a través del enlace: https://environmentalmigration.iom.int/sites/default/files/Guidance%20on%20Planned%20Relocations%20-%20Spanish.pdf.

[8]ACNUR. “Manuel de reasentamiento”, julio de 1997, pág. 10. Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8947.pdf.

[9]ONU. “Principios Rectores de los desplazamientos internos”, E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998, principio 7 apartados 3.b y 3.d, principio 15 apartado d, principio 28, principio 29 y principio 30. Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.acnur.org/prot/prot_despl/5bff2c864/principios-rectores-de-los-desplazamientos-internos.html. ONU. “Principios Básicos y Directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo”, A/HRC/4/18, puntos 16, 37, 43, 44, 56, 59, 63, 65 y 68. Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_sp.pdf.

[10]BID. “Reasentamiento involuntario”, información disponible en el portal oficial del Banco Interamericano de Desarrollo a través del enlace: https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reasentamiento-involuntario.

[11]ONU, Oficina del alto comisionado, órganos de derechos humanos. Disponible en:  https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx

[12]ONU, Comité DESC, Observación general n. 7: El derecho de una vivienda adecuada, 16° periodo de sesiones 1998, párr. 3. Disponible en formato digital a través del enlace: https://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN7. Corte IDH, Voto concurrente del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Caso Vereda La Esperanza vs. Colombia, 31 de Agosto de 2017, párr. 57. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/votos/vsc_ferrer_341_esp.docx

[13]Véase. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-740/12, Sentencia T-314/12. Es importante destacar también que hay muchas fuentes del derecho comparado que han identificado las obligaciones estatales en materia de desalojos forzosos, pero sin dar una definición del concepto. Al respecto véase: Corte Suprema de la India, Olga Tellis & Ors. V. Bombay Municipal Corporation & Ors. Etc., 10 de julio de 1985, [Y.V. Chandrachud, C.J., S. Murtaza Fazal Ali, V.D. Tulzapurkar, 0. Chinnappa Reddy And A. Varadarajan, Jj.]

[14]  Véase: ONU, Comité DESC, Observación general n. 7: El derecho de una vivienda adecuada, 16° periodo de sesiones 1998. Comité DESC, Comunicación 05/2015, E/C.12/61/D/5/2015, 21 de julio de 2017. Comité DESC, Comunicación 02/2014, I.D.G. c. España, E/C.12/55/D/2/2014, 13 de octubre de 2015. Es importante destacar también que hay muchas fuentes del derecho internacional que han identificado las obligaciones estatales en materia de desalojos forzosos, pero sin dar una definición del concepto. Al respecto véase: Corte Europea de Derechos Humanos. Case of Beard v. the United Kingdom (Application no. 24882/94) Judgment, Strasbourg, 18 January 2001. Case Of Larkos V. Cyprus, (application no. 29515/95), Judgment, Strasbourg, 18 February 1999. Case Of Dulaş V. Turkey, (Application no. 25801/94), Judgment, Strasbourg, 30 January 2001. ONU. Comité de Derechos Humanos, Dictamen aprobado por el Comité a tenos del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo respecto de la comunicación núm. 2171/2012, CCPR/C/120/D/2171/2012, 20 de agosto de 2017. Corte IDH, Voto concurrente del juez Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot Caso Vereda la Esperanza vs. Colombia, 31 de Agosto de 2017, párr. 57. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/votos/vsc_ferrer_341_esp.docx. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-075/12, 15 de Febrero de 2012. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-075-12.htm#_ftnref36.Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-314/12, 30 de abril de 2012. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/T-314-12.htm. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-740/12, 25 de septiembre de 2012. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-740-12.htm.Véase: ONU, Consejo económico y social, Comité DESC, Comunicación núm. 2/2014. E/C.12/55/D/2/2014. Disponible en formato digital a través del enlace:   http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW36EoEi7EOEMjhrd2lLGz7PSSzQkipKXGkGzN%2FScMF4bf9yoMw1T%2B3k6oUunMktDPFb6P%2F9vVIxQxP%2BIu7p%2F7KKactNmnVy8RPUj%2BzApQuW5PDc%2BO3N3OUs%2Bcj2FdY6NuQ%3D%3D. ONU, Comisión de Derechos Humanos, Informe analítico compilado por el Secretario General de conformidad con la resolución 1993/77 de la Comisión, 7 de Diciembre de 1993, 50° periodo de sesiones, Párr. 11. E/CN.4/1994/20  Disponible en formato digital a través del enlace: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/858/98/PDF/G9385898.pdf?OpenElement.Véase: Corte Constitucional de Sudáfrica, Caso CCT 37/11, 11 de agosto 2011, párr.18. [2011] ZACC 33. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2011/33.html

[15]ONU-Hábitat. “Campeche – Diagnóstico de población a lo largo de las vías del tren”, 30 de marzo de 2020. Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.onuhabitat.org.mx/index.php/campeche-diagnostico-de-poblacion-a-lo-largo-de-las-vias-del-tren.

[16]Secretaría de Salud.“ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020. Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020.

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