Sistema Nacional Anticorrupción: ¿Dónde estamos? ¿Qué falta?

Pasan los meses y la corrupción continúa como tema central del debate público. En redes sociales y reuniones privadas es común que las pláticas y discusiones giren en torno al nuevo escándalo de la semana. Escándalos sin consecuencias, la impunidad como regla general.

Entre los partidos políticos, acusaciones van y vienen. Relojes, casas, viajes, contratos a amigos, entre otras anécdotas, son parte del debate electoral. Pocas ideas, pocas soluciones, sólo acusaciones y señalamientos. Las campañas parecen diseñadas para aumentar la frustración y el enojo de la sociedad.

Pero quizás era necesario un contexto como éste para poder discutir a fondo lo que se requiere en materia constitucional y legal para ponerle un freno a lo que parece un crecimiento de prácticas de corrupción en México.

Con menos discusión técnica de la deseable, y con una enorme presión de un gran número de organizaciones de la sociedad civil, hace pocos días el Congreso mexicano aprobó, finalmente, el Sistema Nacional Anticorrupción. Después de varios meses de discusión pública y algunos de debate legislativo, las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción fueron aprobadas.

El pasado martes 21 de abril de 2015, el Senado de la República votó a favor el “Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción”. La discusión del dictamen fue intensa. Más de 23 senadores intervinieron en la discusión parlamentaria. Numerosas reservas fueron presentadas. Al final, el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular. Fue remitido a los congresos estatales. Al día de hoy, vale mencionar, 22 entidades federativas ya aprobaron el proyecto de decreto. Lo cual significa que estamos, entonces, a la espera de que en los siguientes días se haga la declaratoria de reforma constitucional y, posteriormente, se promulgue ésta por el presidente de la República.

Pero, ¿qué aprobaron los diputados y senadores en este último proyecto de decreto? Aquí algunas de las cuestiones más relevantes:

  • El Congreso tendrá la facultad para expedir una nueva ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción;
  • Se aumentan y fortalecen las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación;
  • Se eliminan los principios de anualidad y posterioridad. Este punto es particularmente importante. La Auditoría Superior podrá realizar auditorías durante el ejercicio fiscal en turno y no tendrá que esperar a que el año fiscal concluya para poder realizar la auditoría. Esto le permitirá corregir prácticas indebidas de manera más rápida y realizar investigaciones de manera más oportuna;
  • La Auditoría podrá fiscalizar los recursos locales. Cabe señalar que también, dentro de estos recursos, se consideraron las participaciones federales, que solían ser recursos que las entidades federativas manejaban con un margen de discreción amplio y de los cuales no transparentaban prácticamente nada;
  • El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (algunos académicos y miembros de la sociedad civil pedían el nombre Tribunal de Cuentas, como se le nombra o conoce en otras partes del mundo), que podrá imponer las sanciones a funcionarios públicos por faltas administrativas graves, así como a los particulares que estén involucrados;
  • Se introduce en la Constitución la distinción entre responsabilidad administrativa grave y responsabilidad administrativa no grave. La primera será investigada por la Auditoría Superior y los órganos internos de control, quedando a cargo de la sanción el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la segunda será investigada y sancionada por los propios órganos internos de control;
  • El Senado de la República ratifica al titular de la Secretaría de la Función Pública;
  • Se le devuelven a la Secretaría de la Función Pública todas las facultades que se le habían retirado en noviembre de 2012, cuando en una iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados se planteó la desaparición de la SFP, pasando sus facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, se establecía que mientras no hubiese base constitucional y legal del órgano anticorrupción propuesto por Enrique Peña Nieto en campaña, la Secretaría de la Función Pública mantenía sus facultades. Bien, en esta nueva reforma constitucional, se le devuelven las facultades que le habían sido retiradas hace más de dos años.
  • A partir de la entrada en vigor de las reformas constitucionales, el Congreso de la Unión tiene un plazo de un año para aprobar la legislación secundaria correspondiente.

A nuestro parecer, estos son los rasgos más relevantes de la reforma constitucional recién aprobada por el Congreso. Sin embargo, sería un grave error suponer que ha habido una victoria definitiva en este sentido. Las reformas constitucionales han sido un avance fundamental y han establecido principios muy importantes para el desarrollo de una regulación seria en la materia, pero la batalla que aún falta por librar es la creación de las leyes secundarias que darán vida y viabilidad al nuevo Sistema.

Se trata de desarrollar por lo menos cinco paquetes legislativos en el corto y mediano plazo:

  1. Un Sistema de Órganos Autónomos que tenga una misión común, que compartan espacios, procesos, información y acciones, pero que a la vez tengan la capacidad de desarrollar y consolidar sus propias funciones;
  2. Un nuevo régimen de responsabilidades que establezca las hipótesis normativas de aquellos actos que desde ahora serán clasificados como ‘corrupción’, así como sus consecuencias jurídicas ;
  3. El conjunto de leyes orgánicas que dote de fuerza y capacidad a cada uno de los 4 órganos que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción;
  4. El conjunto de leyes que establezcan los procesos adecuados para cumplir con los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción;
  5. Una profunda revisión a diversas leyes que pueden complementar el Sistema Nacional Anticorrupción o pueden erosionarlo.

Estos cinco paquetes legislativos son cruciales, pero también es de vital importancia cuidar que otras leyes como la de Obra Pública o la de Adquisiciones o la de Transparencia sean modificadas para armonizarlas con este nuevo Sistema.

Es importante no quitar la mirada pública del Congreso en el próximo año; la misma presión de la sociedad civil que logró que los partidos políticos y el gobierno se sentaran a discutir una reforma que no querían discutir, debe ser ejercida.

Nuestra democracia se ha visto ensombrecida por la corrupción. La ciudadanía mexicana no se siente satisfecha[1] con la calidad de nuestra democracia. Existe la percepción de que la clase política llega al poder para servirse de él. Un primer paso que dio la clase política para recobrar la confianza pública es la aprobación de un proyecto de reforma constitucional que, en muchos aspectos, está a la altura de estándares internacionales. Es un paso que debemos reconocer pero no dejar de ver con escepticismo.

No tendremos una democracia más efectiva ni ciudadanos más satisfechos con ella si no combatimos con políticas de fondo la corrupción. Queda mucho por avanzar, pero ya se ha dado un paso en la dirección correcta. La sociedad civil tiene el reto de no dejar que se dé un paso en otra.

Max Káiser. Profesor de la licenciatura en Derecho del ITAM.

Juan I. Zavala G. Estudiante de la licenciatura en Derecho del ITAM.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Ver encuesta Latinbarómetro 2013.

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