Sobre un concepto (plural) de familia

Al estudiar derecho familiar suele abordarse el concepto de familia en un sentido formal para, a partir de ahí, bosquejar ciertas conclusiones sobre la adecuación de nuestra materia con las conceptualizaciones pertenecientes otras ciencias como la biología o la sociología, de manera que el estudio de la familia se ve sesgado por delimitaciones que en nada corresponden a nuestra ciencia.

Especialmente en el ámbito jurídico, los conceptos ejercen una determinación sobre la realidad, pues los actos de fuerza del poder público se fundan en las formalizaciones definitorias establecidas en los cuerpos normativos. Así, por ejemplo, si dentro de un ordenamiento legal encontramos a la familia definida de la siguiente manera: “La familia es una institución social, permanente, compuesta por un conjunto de personas unidas por el vínculo jurídico del matrimonio o por el concubinato; por el parentesco de consanguinidad, adopción o afinidad y se reconoce a la familia como el fundamento primordial de la sociedad y del Estado.”[1]

Enfrentaremos determinaciones sobre su constitución que vienen a establecer forzosamente exclusiones, en este caso aquellas familias que no puedan institucionalmente colocarse en alguno de los supuestos contemplados por la norma. Lo anterior implicara vicios de constitucionalidad que condicionaran la pertenencia de esta norma a todo el sistema.

En este sentido, la Suprema Corte ha sido especialmente sensible al establecer, en la tesis: P. XXI/2011,[2] que la protección constitucional a la familia se da como “realidad social” en todas sus formas y manifestaciones, evitando decantarse por un modelo especifico de familia. En este mismo orden de ideas, hay que tomar en cuenta que considerar a la familia como fundamento primordial de la sociedad y el Estado implica imponer a los ciudadanos un proyecto de vida especifico relacionado con la conformación de una familia bajo la concepción hegemónica, entrando en disonancia con el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Algo parecido es posible afirmar sobre las primeras líneas del citado concepto. Al considerar a la familia una institución, se niega la existencia jurídica de familiar no conformadas bajo las prescripciones legales, es decir, el tratamiento de la familia en el concepto no es de realidad social sino de institución legal.

No obstante, los avances que se han presentado en los criterios de la Suprema Corte, la problemática sigue presente, ¿cómo formular un concepto de familia dentro de las ciencias jurídicas, el cual no represente la inclinación a un modelo especifico de familia y que permanezca flexible ante cambios sociales? Responder a esto no permitirá prevenir situaciones bochornosas como las ocurridas a los legisladores jaliscienses, quienes no han sido capaces de proponer una definición de matrimonio que respete el principio de no discriminación contemplado constitucionalmente.[3]

El concepto constituye la simple aprehensión de las cosas, en materia jurídica el proceso de conceptualización si bien se apoya en diversas disciplinas cuando versa sobre cuestiones técnicas, es posible realizar una aprensión de las diversas manifestaciones normativas de cierta relación social prescrita jurídicamente, como lo es el caso de la familia. Este proceso de conceptualización propuesto pone la nota en las relaciones sociales establecidas entre sujetos específicos, en este caso los miembros de una familia, con especial énfasis en las facultades, derechos, obligaciones y restricciones de los mismos.

Hay que hacer hincapié en que no pretendemos hacer un concepto jurídicamente puro, sino proponerlo una concepción jurídica de la familia que permita su liberación respecto de las determinaciones jurídicas que niegan su desarrollo. Es decir, una conceptualización jurídica que pueda servir como garantía de protección de derechos fundamentales con independencia de la situación de esta familia como realidad social.

Relaciones sociales familiares

En la realidad social de una familia tenemos relaciones de carácter normativo que establecen vínculos formales de carácter no consensual entre personas, en las cuales si bien el factor biológico es relevante, no es determinante para su establecimiento. Este vínculo puede generarse por la vía del reconocimiento de hijo, la adopción, la afinidad, la procreación o el parentesco; a pesar de ese carácter no consensual, estas relaciones se caracterizan por instituirse en beneficio y protección de sus destinatarios además de ser de carácter permanente.

Por otra parte, tenemos relaciones de carácter constitutivo y consensual las cuales pueden requerir una celebración solemne para su establecimiento. Dichas uniones son resultado del amor[4] entre dos personas, así como pretensión de realizar una vida común. Finalmente, encontramos relaciones de carácter solidario, donde se integra sujetos no formalmente vinculados a la familia con la finalidad de acrecentar la vida digna de estos.

No pasa inadvertido que ciertos elementos pueden ser juzgados como una propuesta de modelo de familia, tales como relaciones constituidas en beneficio de los miembros y unión resultado del amor entre dos personas, sin embargo, consideramos que sortea la objeción al considerar su contenido como pretensiones de corrección válidas para que la norma una pueda alcanzar su plenitud conceptual[5].

Propuesta

Tomando en cuenta lo anterior, se propone el siguiente concepto: Se designa familia a un conjunto de personas unidas por vínculos de carácter permanente, constituidos en su beneficio de sus miembros mediante la unión de dos personas para llevar una vida común, la filiación, el parentesco o cualquier situación de facto por la cual pueda determinarse efectivamente que quedan integrados a esta; su desarrollo efectivo se encuentra tutelado por el Estado.

Defensa del nuevo concepto jurídico de familia

Buscamos con esto plantear un debate de fondo sobre la función que cumplen los materiales jurídicos en la vida de los ciudadanos. Muchas veces influidos por un sentido común imperante se reproducen prejuicios o visiones del mundo represivas. Al crear derecho bajo parámetros de emancipación y liberación los juristas podemos tomar un papel activo en las transformaciones sociales; abrir las puertas de las codificaciones para que el ciudadano lejos de verse amenazado por contenidos normativos que lo oprimen, comience a buscar en estos los instrumentos necesarios para transformar la realidad, encontrarse en un mundo que le sea más propio.

Como se dijo en un principio: en materia jurídica, las palabras determinan realidades. Un esclarecimiento en conceptos tan básicos como el de la familia, puede llevar a modificaciones normativas que mejoren la calidad de vida de aquellos con preferencias distintas, con entornos diversos y, de paso, ensanchar el catálogo de garantías que están disponibles para el resto de la ciudadanía.

Manuel Alejandro Ramírez Jiménez. Abogado por la Universidad de Guadalajara.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución. 

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[1] Articulo 2, Ley Para La Familia del Estado de Hidalgo, extraído de http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/118Ley%20para%20la%20Familia%20del%20Estado%20de%20Hidalgo%20Bis.pdf el 31 de Agosto 2019.

[2] MATRIMONIO. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO ALUDE A DICHA INSTITUCIÓN CIVIL NI REFIERE UN TIPO ESPECÍFICO DE FAMILIA, CON BASE EN EL CUAL PUEDA AFIRMARSE QUE ÉSTA SE CONSTITUYE EXCLUSIVAMENTE POR EL MATRIMONIO ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER.El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene diversos aspectos, entre los que se encuentran la igualdad ante la ley del hombre y la mujer; la protección a la familia, correspondiendo a la ley establecer lo relativo a su organización y desarrollo; y el derecho de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, en forma libre, responsable e informada; sin que tal protección constitucional aluda ni defina a la institución civil del matrimonio, por lo que deja esa atribución normativa al legislador ordinario. Esto es, la Constitución Federal no se refiere o limita a un tipo específico de familia como podría ser la nuclear -conformada por padre, madre e hijos- con base en la cual se pudiera afirmar que ésta se constituye exclusivamente por el matrimonio entre un hombre y una mujer y, mucho menos, que sólo se proteja a la familia que surge de dicha institución, toda vez que en un Estado democrático de derecho, en el que el respeto a la pluralidad es parte de su esencia, debe entenderse protegida constitucionalmente la familia como realidad social, a efecto de cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto realidad existente, alcanzando a dar cobertura a aquellas familias que se constituyan con el matrimonio; con uniones de hecho; con un padre o una madre e hijos; o bien, por cualquier otra forma que denote un vínculo similar. Acción de inconstitucionalidad 2/2010. Procurador General de la República. 16 de agosto de 2010. Mayoría de seis votos a favor del contenido del considerando quinto de la sentencia respectiva. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo. Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia no participaron en la votación de las consideraciones respectivas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número XXI/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once.

[3] El 26 de enero de 2016, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de Nación, en el resolutivo segundo de la sentencia dictada al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2015, declaró por vía de consecuencia la invalidez de la porción normativa del Código Civil para el Estado de Jalisco que define lo que se entiende por matrimonio, fue publicada en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 23 de abril de 2016 sec. IV

[4] No se utiliza la palabra amor como un recurso romántico, sino esencialmente normativo. Como se dijo, no buscamos un concepto puro sino liberador, por lo que su introducción, aunque se reconoce su contenido esencialmente moral, nos parece necesaria para establecer una distinción de las relaciones familiares constitutivas frente a otras de carácter civil.

[5] Seguimos la idea de Robert Alexy en el sentido de que el concepto de derecho implica necesariamente una pretensión de corrección de carácter moral.

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