Suicidio médicamente asistido: ¿puede un acto voluntario sujetarse a condiciones involuntarias?

El derecho a la vida es uno de los pilares fundamentales de las sociedades contemporáneas: si una sociedad se compone de sus integrantes y de la dirección y protección estatales parece totalmente sensato que la vida de sus elementos constitutivos sea protegida por sobre todas las cosas. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la persona a quien se busca proteger su vida a toda costa no la quiere?

Pese al innegable carácter fundamental del derecho a la vida, su ejercicio, y por ende su protección, no son independientes ni ajenos al ejercicio y protección de otros derechos. En tanto entes colectivos compuestos por individuos independientes, las sociedades modernas son un reflejo de sus ciudadanos: seres complejos con intereses en ocasiones dispares, con voluntad y decisiones propias, protegidas también por otros derechos como el de la libertad. Es precisamente en esta sinergia de intereses, derechos y voluntades en la que se insertan los debates acerca del papel estatal en la terminación de la vida, particularmente el relativo a los casos en que un individuo decide poner fin a su existencia y desea hacerlo con el apoyo de la expertise de un médico, también conocido como suicidio médicamente asistido.

Aunque la idea básica del suicidio médicamente asistido es simple —terminación de la vida de una persona por medio de ayuda médica[1]—, su concepto y ejecución plantean grandes debates morales y legales sobre su legitimidad. Toda vez que dicha figura presupone el apoyo estatal para la terminación anticipada de la vida —ya sea otorgando él mismo los medios para hacerlo mediante el servicio de salud pública, no penalizando que dicho acto se lleve a cabo en el ámbito privado, o ambos—, se coloca al Estado en la disyuntiva entre proteger el valor fundamental de la vida, por un lado, o la libertad, autonomía o cualesquiera otro derecho que respalde la toma de decisiones propias, por el otro. Sin embargo, como todos sabemos, ningún derecho es absoluto, por lo que el referido dilema no se reduce a prohibir o permitir el suicidio asistido, sino que muchas veces el juego de intereses involucrados lleva al Estado a establecer condiciones para la procedencia de tal asistencia, como el contar con determinada edad o sufrir algún tipo de enfermedad o condición física o emocional.

Pero incluso en esos casos en que parece darse mayor consideración al llamado “derecho a decidir”, ¿es válido establecer límites a este derecho a decidir? si el suicidio, por definición, es un acto enteramente voluntario y personal, ¿existen razones que justifiquen que este último se condicione a la ocurrencia de sucesos que están fueran del control (y por ende de la voluntad) de quien desea terminar con su vida?, o dicho de otra forma, ¿permitir que una persona decida libremente si seguir o no con su vida impacta en otros derechos de forma tal que deba condicionarse la procedencia del suicidio médicamente asistido?

Como se dijo, dada la naturaleza de la figura en cuestión, todas estas interrogantes requieren la existencia de un posicionamiento ético-jurídico respecto a la permisión absoluta o relativa del suicidio médicamente asistido, lo que obliga a responder cuál de los derecho o intereses en pugna pesa más, por qué motivo, en qué situaciones sucede y si ello alcanza a justificar el establecimiento de requisitos involuntarios de procedencia a un acto personalísimo como el referido.

Bajo este contexto, en las siguientes líneas se pretende abrir el debate ético-jurídico en torno a ese punto y responder las cuestiones planteadas mediante un posicionamiento a partir de un estudio crítico de caso: la sentencia Carter v. Canada, emitida por la Corte Suprema de Canadá en torno a la permisión o prohibición del suicidio médicamente asistido.

  1. Carter v. Canada[2]: hechos, planteamiento jurídico y argumentos de la Corte

Gloria Taylor fue diagnosticada con esclerosis lateral amórfica, una enfermedad neurodegenerativa progresiva cuyo resultado inminente es la muerte. Debido a ello, y motivada por el deseo de terminar sus días con dignidad, la señora Taylor —junto con otras personas con particular interés en el suicidio médicamente asistido— reclamó la inconstitucionalidad de las disposiciones del código criminal canadiense que prohibían la muerte asistida.

Llegado el asunto a la Corte Suprema de Canadá, la cuestión de derecho consistió en determinar si la prohibición de la muerte médicamente asistida —entendida como la circunstancia en la cual un médico, a petición del paciente, administra medicamentos con el fin de ocasionar la muerte de este último— prevista en el código criminal canadiense trasgrede los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la no discriminación.[3]

Respecto al derecho a la vida, el órgano jurisdiccional determinó que ese derecho únicamente implica el derecho a no morir, por lo que el mismo se ve comprometido en situaciones en las que el Estado impone la muerte o un riesgo alto de muerte en una persona. Además, se dijo que tal prerrogativa no implica una prohibición absoluta de la muerte asistida o que los individuos no pueden renunciar a su derecho a vivir, en virtud de que existen los derechos a la libertad y la seguridad, en los que se desenvuelven la autonomía y calidad de vida. Por ende, se concluyó que en ciertas circunstancias una persona puede decidir cómo terminar su vida y que en el caso la prohibición combatida afectaba el derecho a la vida porque orillaba a ciertos individuos a cometer suicidio de forma prematura por el temor de no poder hacerlo cuando el sufrimiento generado por una enfermedad padecida fuera intolerable.

En cuanto a la libertad y a la seguridad, la Corte Suprema recordó que la misma implica el poder de decidir autónomamente sobre la integridad personal y compromete la dignidad en casos de condiciones médicas graves e irreparables. Por ende, negar el derecho de solicitar asistencia médica para morir en esos casos interfiere con la habilidad de las personas para decidir sobre su propio cuerpo y, por ello, con la libertad, además de que compromete la seguridad de los involucrados al obligarlos a vivir una vida de sufrimiento.

Señalado lo anterior, el órgano jurisdiccional concluyó que, si bien la prohibición de la muerte asistida busca prevenir que personas vulnerables sean inducidas a cometer suicidio, tal previsión resulta sobreinclusiva, pues existen casos como el presente en que las personas que buscan terminar con su vida no son vulnerables, sino que toman tal decisión de forma consciente. Además, la Corte precisó que dichas transgresiones no encuentran justificación en el objetivo de proteger de la muerte a personas en estado de vulnerabilidad, pues la prohibición absoluta de la muerte asistida no es el medio menos intrusivo para alcanzar el fin perseguido por la norma, ya que es posible proteger a los individuos vulnerables sin negar el derecho de las personas a buscar una muerte asistida, siguiendo protocolos adecuados de información y consentimiento.

Así pues, la corte estimó innecesario un pronunciamiento sobre violaciones al derecho a la no discriminación y declaró la invalidez de la prohibición de muerte médicamente asistida para un adulto competente que (1) consiente claramente la terminación de su vida y (2) tiene una condición médica grave e irremediable que le ocasiona sufrimiento intolerable en sus condiciones.

  1. Estudio de los argumentos del caso y adopción de una postura

De los argumentos esgrimidos por la Corte Suprema de Canadá pueden hacerse las siguientes observaciones.

En primer término, resulta claro que para dicha autoridad el derecho a la vida no es absoluto ni irrenunciable. Se comparte tal consideración. En efecto, como se adelantó líneas arriba, por fundamental que sea, el derecho a la vida, como cualquier otro, no es absoluto. La complejidad de las necesidades y diferencias en el pensamiento humano hacen necesario reconocer y garantizar también otros derechos e intereses que en ocasiones pueden verse contrapuestos entre ellos. Este fenómeno es completamente natural en la vida y en el derecho como herramienta institucional, y exige la ponderación entre uno y otros intereses para tomar la decisión óptima, incluso desde el punto de vista ético.

Señalado lo anterior, también se comparte la consideración de la Corte respecto a que del derecho a la vida no se desprende la capacidad de decidir sobre el cuerpo propio o un “derecho a morir”. Los derechos son prerrogativas positivas a favor de las personas, que pueden ser utilizadas o no en ejercicio de otros derechos como el de la libertad y la autodeterminación, y esa posibilidad de ejercicio es la que debe garantizar el Estado, no la negativa a su ejercicio. Esto último, pues como se dijo, el poder de decisión se ve garantizado por otros derechos.

Ahora bien, independientemente de lo anterior, no se comparten las afirmaciones que se hacen en el sentido de que el derecho a la vida así entendido se afecta por la permisión del suicidio asistido en tanto puede obligar a ciertas personas a terminar con su vida de forma anticipada. Ello es así, pues una especulación sobre la posibilidad de morir como la propuesta no puede llevar a estimar que el Estado está vulnerando el derecho a la vida de sus gobernados. En efecto, por un lado, no puede asumirse que cualquier persona en situación de sufrimiento optará por quitarse la vida antes de volverse imposible y, por el otro, parece insostenible que una generalización de ese tipo basada en una posibilidad sea suficiente para declarar la invalidez de una norma de permisión absoluta.

Por otro lado, como se señala en la sentencia, si bien el derecho a la vida no otorga el derecho a terminarla, los derechos a la libertad y a la seguridad invocados por la Corte Suprema canadiense, aunados al derecho a la autodeterminación, a la privacidad y al libre desarrollo de la personalidad reconocidos en otras jurisdicciones, son suficientes para justificar la facultad de poner fin a la vida. En este sentido, resulta claro que una prohibición absoluta de la muerte médicamente asistida no solo es contraria a la autonomía y a la dignidad e integridad personal tratándose de situaciones de sufrimiento derivadas por una enfermedad irreversible, sino que falla totalmente en reconocer el valor relativo del derecho a la vida y los intereses de un sector valioso de la sociedad (aquellos que no quieren vivir, por cualquier motivo).

Así pues, como concluyó la Corte, una regulación como la estudiada deviene sobreinclusiva, nugatoria de otros derechos de forma injustificada y por lo mismo desproporcional. Como se establece en la sentencia, una legislación con requisitos bien definidos en la que la obtención del consentimiento informado sea garantizada es un medio para asegurar ambos intereses.

Ahora bien, aunque existe acuerdo con la decisión alcanzada en el sentido de permitir la muerte médicamente asistida para casos en que un adulto competente consiente claramente la terminación de su vida y tiene una condición médica grave e irremediable que le ocasiona sufrimiento intolerable en sus condiciones, se estima que tal determinación en torno a los alcances de la libertad en casos de suicidio médicamente asistido sigue siendo bastante limitada. Como se dijo, este tipo de problemas éticos requieren del balance adecuado entre los intereses en juego (protección de la vida y derecho a decidir sobre nuestros destinos) y el establecimiento de una regla que permita maximizar a ambos.

Sobre el tema, parece lógico pensar, en la línea de la Corte Suprema canadiense, que una permisión absoluta para que una persona elija las condiciones de su muerte sin necesidad de que exista sufrimiento físico o mental podría generar un escenario en el que la sociedad comenzara a devaluar la vida y a poner en riesgo de muerte a individuos en situación de vulnerabilidad, llegando al grado en que podrían morir anticipadamente simplemente por tener alguna discapacidad o ser seniles. En este sentido, pareciera prudente sostener que la única condición para morir de forma anticipada fuera el dolor insoportable, pues, como indica la lógica, nadie querría vivir así. Sin embargo, tales argumentos presentan dos fallas importantes.

En primer lugar, no hay que olvidar que permitir la muerte anticipada no es una obligación ni procede en todos los casos, sino que, en tanto busca garantizar la autonomía y la vida digna, depende siempre de un consentimiento informado. Así pues, es absolutamente posible (y lo prueban países como Suiza) que existan condiciones procedimentales que garanticen la ocurrencia de tales fenómenos únicamente en casos de consentimientos completamente informados y personalísimos, protegiendo entonces a los individuos vulnerables y el valor inherente a la vida.

Siendo esto así, en segundo lugar, es ilusorio pretender imponer una concepción única del sufrimiento a todas las personas, en la que sólo valga la pena morir cuando exista de por medio una enfermedad (ya no se diga grave), o asumir que aceptar distintas visiones sobre la vida terminarán por demeritar el valor inherente a la misma. Tomar esta vía invisibiliza a la población que simplemente está cansada, que tiene problemas de otra naturaleza, pero que por ser distintos no los vuelve menos válidos; negando de forma absoluta y paternalista su individualidad y autodeterminación, orillándolos entonces verdaderamente a vivir una vida en sufrimiento.[4]

En este sentido, toda vez que no existe un derecho a la vida absoluto, que no hay una ‘única verdad’ sobre las razones para vivir o morir, que los suicidios constituyen un hecho innegable en todas las sociedades, que corresponde al Estado proporcionar las soluciones para lidiar con los problemas y deseos de sus gobernados, y toda vez que es posible establecer mecanismos que garanticen un suicidio médicamente asistido únicamente como resultado de un proceso de toma de decisión consciente, absoluta e informada, agotando todas las posibles soluciones a la situación de quien quiera poner fin a su vida, protegiendo así a los individuos vulnerables, pareciera que no existe realmente una justificación ética-jurídica para sujetar la procedencia del suicidio médicamente asistido más allá de lo que, por naturaleza, exige la figura: la voluntad.

Anna Priscila Valencia Ortega. Licenciada en derecho por el CIDE y Maestrante en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional en la Universidad de Génova.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] C. De Miguel Sánchez, A. López Romero, Eutanasia y suicidio asistido: conceptos generales, situación legal en Europa, Oregón y Australia, in “Medicina Paliativa”, 13, 2006, p. 210.

[2] Carter v. Canada (Attorney General), 2015 SCC 5, [2015] 1 S.C.R. 331

[3] Cabe destacar que el estudio de fondo fue precedido por el análisis de dos cuestiones preliminares relativas a la procedencia del estudio de la cuestión planteada (i) en virtud de que ello implicaba la revisión de un precedente de la corte sobre el tema (stare decisis) y (ii) porque Canadá argumentó que la legislación sobre muerte asistida estaba fuera de la jurisdicción del Parlamento, por lo que la Corte no podía conocer del asunto. Sobre el tema, el referido órgano jurisdiccional declaró infundados los argumentos señalados y declaró la procedencia del estudio de fondo.

[4] En un sentido similar ver J. Varelius, Illness, Suffering, and Voluntary Euthanasia, in “Bioethics”, 21, 2007, pp. 75-83.

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