Suprema Corte, cannabis y salud

La cannabis sativa (marihuana) es una de las plantas cuyas propiedades generan una fuerte discusión respecto a su consumo tanto en nuestro país como en el mundo. Ya sea desde un uso recreativo, médico o en rituales, la comúnmente llamada marihuana, ha ocasionado debates desde perspectivas jurídicas, políticas, médicas y sociales. Sin embargo, como escribe Juan Ramón de la Fuente: “La marihuana es quizá el producto más conocido y también el más controvertido, pues dentro del imaginario social su consumo como droga (más allá de sus bases químicas, potencialmente dañinas para la salud) está ligado a un estigma que identifica a sus usuarios con la enfermedad y la delincuencia”.[1] Y es, en este sentido, libre de preconcepciones que aluden a una catástrofe de salud debido a una asociación a la violencia o adicciones, donde debemos ubicar el análisis y discusión a favor de una política pública en materia de salud que tome en cuenta las distintas visiones médicas y científicas con perspectiva de derechos humanos.

Así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): el Estado está obligado a garantizar el derecho a la protección de la salud desde dos dimensiones; una, individual que se traduce en la atención específica de la salud y bienestar de una persona y; otra, la social en donde se encuentran las “acciones necesarias para alcanzar ese fin, como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud que afecten al conglomerado social”[2]. En ese tenor, podemos encontrar estos mecanismos de política en materia de salud, que pretende colocarse como un método de tratamiento médico como otros existentes.

Lo anterior viene a colación y a manera de introducción, ya que hace unas semanas, la SCJN resolvió el amparo en revisión 57/2019, la cual es una sentencia que va a situarse como de las más relevantes en los últimos años y marca un episodio importante respecto al uso medicinal de la marihuana en México. El caso se trata de una familia cuyo hijo necesitaba urgentemente un tratamiento médico basado en aceite de cannabidiol (CBD) ya que posee a un diagnóstico de epilepsia isquémica cerebral que ocasiona una resistencia a los medicamentos y, por lo tanto, ataques epilépticos sistemáticos y dolorosos que menoscaban su calidad de vida. Sin embargo, en el Congreso federal, el 20 de junio de 2017, entró en vigor una reforma a la Ley General de Salud (LGS) que permite que productos derivados de la marihuana puedan ser usados y comercializados bajo ciertos requisitos con fines médicos, pero el legislativo fue omiso al vencer el plazo de 180 días para emitir una legislación que facilite y permita las modificaciones hechas a la LGS.

La sentencia en innovadora en muchos sentidos ya que encuentra que en los efectos de la sentencia una omisión de las autoridades, como la Secretaria de Salud y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por no emitir reglamentos y normatividad que permita este tipo de medicamentos. De acuerdo con la SCJN ello atenta contra el derecho a la salud y, en concreto, se trata de una violación a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, por lo que fija un plazo de 90 días para su cumplimiento. En dicha sentencia, la SCJN sostiene que “el Estado tiene la obligación de asegurar el más alto nivel posible de salud de las personas”[3] y, además, “destaca que el interés superior de la niñez (en este caso), no se limita a escucharlo en su calidad de paciente y brindar la atención médica que requiera, también implica la asignación de recursos suficientes y la creación de políticas públicas para otorgar servicios médicos de la mejor calidad para su bienestar y desarrollo integral, pues de no existir esas medidas, el ejercicio del derecho se encontraría limitado”[4]. Ello resulta interesante, al observar que nuestra SCJN ahora tiene una percepción y labor más cercana y concreta a la hora de establecer directrices y principios en temas de políticas públicas específicas. En el desarrollo jurisprudencial mexicano, empezaron a posicionarse sentencias que favorecían la libre determinación de las personas, y concluían que “una concepción robusta de la libertad personal que rechaza por igual tanto al paternalismo injustificado como al perfeccionismo estatal”[…] “La conclusión a la que se llega es que la política prohibicionista sobre el consumo de la marihuana vulnera el derecho a decidir responsablemente si se desea consumir una sustancia que evidentemente causa algunas afectaciones en la salud”[5].

Como podemos observar, esta sentencia tiene el mismo ánimo que las emitidas desde noviembre del 2015, en donde la Primera Sala de la SCJN determinó que el uso recreativo de la marihuana “encuentra cobertura en el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y que su prohibición absoluta es inconstitucional”[6]. Es claro que estamos viendo un tema sumamente imperativo para nuestro sistema de salud y los tratamientos alternativos de diversas patologías y, como tema pendiente, la sentencia no es clara respecto a la generación y distribución de esta planta, por lo cual todavía tenemos mucho que analizar, en palabras de Schopenhauer “la salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada” y, en ese tenor, las autoridades políticas y jurídicas deben entender los nuevos fenómenos en materia de salud.

René Ramírez Benítez. Egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Marista de Mérida.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución. 

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[1] Fuente, Juan Ramón de la (coord.) Marihuana y salud/coordinador Juan Ramón de la Fuente, Dení Álvarez Icaza, Rodolfo Rodríguez Carranza, Luciana Ramos Lira, Oscar Prospero García, Francisco Mesa Ríos, Gady Zabicky Sirot, Mario Melgar Adalid; presentación de Enrique Ruelas Barajas—México: FCE, UNAM, FM, ANM, 2015

[2] Tesis de jurisprudencia 8/2019. Aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el trece de febrero de dos mil diecinueve.

[3] Amparo en Revisión 57/2019 emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

[4] Amparo en Revisión 57/2019 emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

[5] Zaldívar Arturo, Bárcena Arturo e Ibarra Ana María (noviembre, 2015) Suprema Corte, marihuana y derechos humanos, Revista Nexos, sustraído del sitio: https://www.nexos.com.mx/?p=27006

[6] Zaldívar Arturo, Bárcena Arturo e Ibarra Ana María (noviembre, 2015) Suprema Corte, marihuana y derechos humanos, Revista Nexos, sustraído del sitio: https://www.nexos.com.mx/?p=27006

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