¿Surgimiento de un nuevo derecho humano? Un análisis de la inclusión financiera (II)

Apoyo tecnológico como garantía de la inclusión financiera

Bajo este contexto, los teléfonos móviles, así como otras tecnologías de la información y comunicación (TIC’S) se han convertido en un método alternativo para propiciar el uso de los servicios bancarios; sin embargo, existe una gran desconfianza y resistencia en las zonas rurales del país para llevar a cabo este tipo de operaciones a través de los dispositivos móviles. Además, hay una falta de acceso a servicios básicos para operar estos dispositivos como la electricidad y/o la penetración deficiente de internet que es un gran obstáculo para la conectividad de los potenciales usuarios de servicios financieros que operan a través de las TIC’S (FinTech), lo que dificulta inexorablemente la adopción de servicios financieros a través de la banca móvil.

No obstante, la expansión de las TIC’S ha crecido de manera considerable en nuestro país. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2018 revela que el uso de dispositivos móviles y usuarios de internet ha aumentado debido a la Reforma en Telecomunicaciones[1]. Además, en virtud del abaratamiento de los teléfonos inteligentes (smartphones) 8 de cada 10 mexicanos se conectaron a internet a través de estos. Sin embargo, la conectividad es mucho mayor en zonas urbanas que en zonas rurales. Es por esto, que si se establece una política pública que promueva el uso y acceso de las TIC’s a través de infraestructura y educación digital, puede coadyuvar de manera transversal al acceso de servicios financieros básicos, es decir, empezar a incluir financieramente de manera real y no sólo formal a las personas que viven en zonas rurales y carecen de ambos servicios, ya que las infraestructuras tradicionales de los bancos no llegan a esas comunidades, por no ser negocio para los bancos tradicionales.

Para Ankit Sharma las personas comenzarán a utilizar los servicios financieros “si ven una ventaja real en el uso de las cuentas bancarias o si comprueban que pueden integrarlos de manera natural en su vida actual, al tiempo que resulten fáciles de entender y de usar”. Además, la inclusión financiera puede propiciar ciertos beneficios a través del uso de productos y servicios financieros como un mejor manejo de los recursos y acceso a productos financieros; una mayor resiliencia ante fluctuaciones de la economía y contribuye a la inclusión social de los individuos y de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME).

Por lo anterior, creo que la inclusión financiera puede brindar igualdad y otorgar mayor libertad a las y los mexicanos. Esto, entendido a la luz del liberalismo igualitario de John Rawls quien señala que para que haya una sociedad justa hay que cumplir dos principios, el primero, “cada persona ha de tener un derecho igual al más extenso sistema total de libertades básicas”, segundo, “las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de manera que sean para: mayor beneficio de los menos aventajados […] en condiciones de justa igualdad de oportunidades”. Para el doctor Rodolfo Vázquez, quien es uno de los mayores exponentes de la Filosofía y Teoría del Derecho en México y Latinoamérica, el primer principio asume que todo individuo, libre y racional organiza su plan de vida. Sin embargo, para hacer viable lo anterior, se requieren ciertos bienes primarios como derechos y libertades, oportunidades y poderes, ingresos y riquezas ya que éstos constituyen “las bases sociales de la dignidad”[2].

Por esto, hay que exigirle deberes positivos al Estado para que promueva la autodeterminación de los menos aventajados, con herramientas económicas como la inclusión financiera. Es decir, que la justa igualdad de oportunidades (a la luz de la inclusión financiera) pudiera darse a través de la implementación real y efectiva de la Legislación Financiera en Telecomunicaciones y la que detone el sector FinTech, para que más allá del altruismo y la beneficencia, sea utilizada la tecnología, la innovación y el sistema financiero para apoyar, sobre todo, a los grupos más vulnerables (mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, etc.)[3] y los que son excluidos por vivir en zonas rurales.

El viernes 28 de febrero de 2020 se publicó la Tesis aislada “ACCESO AL CRÉDITO FINANCIERO. CONSTITUYE UN DERECHO HUMANO, POR LO QUE EL ESTADO MEXICANO DEBE GARANTIZAR LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA OBTENERLO” en virtud del Amparo directo 507/2019 que resolvió un Tribunal Colegiado del Quinto Circuito (TCC). Considero desafortunada la tesis porque el problema jurídico no partió de la inclusión financiera en sí, sino de una disputa mercantil entre particulares, por un incumplimiento de un pagaré que contenía intereses a consideración del TCC que constituían usura. Por lo que me pareció incorrecto reconocer que el acceso al crédito es un derecho humano, ya que no está explícitamente tutelado en la CPEUM ni en los Tratados Internacionales que México forma parte y, a su vez, el razonamiento -a mi parecer- no fue exhaustivo ni motivado. No obstante, como hemos señalado, si el Estado mexicano promueve y garantiza la inclusión financiera (como el acceso al crédito) podría igualar las condiciones mínimas para que las personas logren una vida digna y de igualdad sustantiva a la luz del principio de dignidad humana.

Aunque debo reconocer que me alegra que se haya puesto el tema de la inclusión financiera en la mesa. Probablemente en un futuro no muy lejano, se abra el debate para ver si la garantía de la inclusión financiera debe ser constitucionalizada como derecho humano o no.

Ivan Say Chan. Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente analista político y constitucional.

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[1] En México hay 74.3 millones de usuarios de internet de seis años o más (65.8% de la población). No obstante, el análisis geográfico señala que el uso del internet es un fenómeno urbano, puesto que el 73.1% del total de la población urbana son usuarios de este servicio cuando sólo el 40.6% de la población está conectada en zonas rurales. Además, en virtud del abaratamiento de los teléfonos inteligentes (smartphones) en 2018, el 73.5% de la población de seis años o más utilizó el teléfono celular (69.6 millones) y de éstos, ocho de cada diez usuarios, contaban con un smartphone que les permitía conectarse a Internet.  INEGI, (2 de abril de 2019), COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 179/19 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/OtrTemEcon/ENDUTIH_2018.pdf

[2] Vázquez Cardozo, Rodolfo, Teorías contemporáneas de la justicia -Introducción y notas críticas, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2019. P.37

[3] Ibidem, p.42.

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