El nuevo sistema penal y su inminente entrada en vigor: el desastre que viene

En el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, se incluyeron 22 recomendaciones respecto las omisiones y negligencias por parte del Estado mexicano frente a este trágico episodio. En este grupo de sugerencias, se subraya, entre otros aspectos, la necesidad de mejorar nuestro sistema de justicia. Un sistema que, a pesar de diversas reformas y ajustes, continúa sin satisfacer exigencias mínimas de un sistema de impartición de justicia democrático. Como mencionó el periódico The New York Times, en su editorial del 27 de abril de este año, sobre este informe del GIEI: «…imposible no interpretarlo como una acusación contra el sistema de justicia mexicano, corrupto y a menudo brutal».

Así, estas recomendaciones fluctúan entre disminuir la formalidad y burocracia, limitar la prueba testimonial, evitar violaciones de derechos humanos, realizar investigaciones puntuales… y demás propuestas encaminadas a garantizar el debido proceso y los derechos de las víctimas. Estas críticas resultan por demás pertinentes porque justo en los siguientes días concluirá el término para la implementación del proceso acusatorio adversarial o los llamados juicios orales en materia penal

En efecto, hay que recordar que el nuevo proceso penal es resultado de una reforma del año 2008, que modificó diferentes artículos constitucionales como el 14, 15, 16, 17, 18, 19 y el 20, siendo este último el de mayor relevancia ya que contiene la estructura de este proceso. En este sentido, esta reforma instaura un nuevo modelo policial, de sistema de seguridad pública y, por supuesto, un giro de corte acusatorio en el sistema procesal. Pero, ¿en qué consiste este proceso penal acusatorio? En breve, se trata de la implementación de nuevos principios procesales, tales como: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, así como principios generales como el esclarecimiento de los hechos, la presencia del juez en toda audiencia y una serie de  principios que intentan –al menos en términos constitucionales- construir un proceso garantista que asegure un mayor respeto a los derechos humanos tanto para el imputado como para la víctima, así como una forma de actuación sobre hechos posiblemente delictuosos y como se debe llevar ante autoridades jurisdiccionales. Un paradigma innovador frente al anterior sistema, que se caracterizaba por fallas no menores que resultaban en violaciones sistemáticas a varios derechos fundamentales. Pero esta reforma, vale subrayarlo, no entró en vigor de manera inmediata; al contrario, el órgano reformador de la Constitución estableció un plazo de ocho años para implementar este nuevo sistema a nivel nacional –mismo que concluye el 18 de junio de este año.

Ahora bien, sobre los desafíos de la transición del proceso inquisitorio al adversarial, recientemente el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), en su documento en el cual analiza los hallazgos del 2015 sobre esta reforma penal, encontró que a pesar del optimismo y los grandilocuentes discursos políticos que se vanaglorian del avance en la implementación de esta reforma, lo cierto es que faltan aproximadamente 11 años para que este sistema sea funcional a un nivel deseable y eficaz, a pesar de los ocho años para concretarlo y de los $ 3,510,092,861.60 millones que el gobierno federal ha gastado en apoyo a las entidades federativas para concretar esta transición penal en el periodo de 2010-2015). El CIDAC señala que ciertamente ninguna entidad logró, para la fecha de entrada en vigor de esta reforma, un sistema penal eficaz y conforme a los niveles deseados para garantizar un avance sustantivo. En abono a este hallazgo, el estudio del CIDAC recoge una cita del think thank Mexicana que puntualiza la «ausencia de política pública capaces de atender de atender integralmente las necesidades de coordinación institucional».

Sobre los actores con mayor rezago se encuentran las defensorías públicas, ya que existe un número muy bajo por cada 100 mil habitantes, ocasionando que en estados como Coahuila, un defensor público atienda 258 averiguaciones al año en promedio; otro problema que enfrentan es la baja asignación de recursos públicos. Sobre la capacitación, es entendible que ésta haya sido un eje central; sin embargo, aunque se designó la mayoría de los recursos a este rubro, aún faltan por capacitar 271 mil operadores, esto significa que el 83% continúa sin capacitación. Lo anterior resulta inquietante dada la cercanía para la fecha límite y el hecho de que exista un gran número de personas sin capacitación mínima

En el ámbito normativo tenemos una deficiencia en la armonización de las legislaciones estatales con la nacional, y en ciertas entidades se aprueban normas no del todo acordes con el nuevo proceso, propiciando obstáculos no menores en su implementación. Otra problemática es la cantidad de asuntos del fuero común que se encuentran en el sistema tradicional, ya que es mayor a los asuntos en el nuevo proceso. En el ámbito ciudadano, nos encontramos con el problema no menor de cultura de falta de denuncia; por ejemplo: en el 2014, no se denunciaron 92.8% de los delitos, en buena medida a la poca en la autoridad e instituciones o por considerar que la denuncia es una pérdida de tiempo. Esto debe ser atendido por los órganos encargados de esta transición penal, ya que la confianza ciudadana está estrechamente relacionada con la efectividad de las instituciones. Otros datos ejemplificativos: el Índice Global de Impunidad México, realizado por la Universidad de las Américas Puebla, ubica a nuestro país en el lugar 58 de 59 países evaluados con mayores índices de impunidad. El mismo estudio menciona que, en el 2014, de todos los delitos denunciados, únicamente en el 62.7% se inició una averiguación previa y de éstos en el 49.9% no hubo ninguna consecuencia jurídica y tan sólo en el 6.2% se consignó al delincuente. Otro indicador preocupante es el realizado por el World Justice Project, el cual sitúa a México en el lugar 79 de 102 países en el índice de Estado de derecho, que en términos comparativos nos coloca como el peor sistema de justicia penal de Latinoamérica.

Los anteriores indicadores, y varios más, evidencian los retos que implica la titánica tarea de modificar nuestro sistema de justicia penal. Y, por ello, resultan preocupantes estos datos porque estamos en pleno periodo de transición entre un sistema penal y otro. Sin embargo, también es cierto que finalmente estos datos también muestran ventanas de oportunidad para que las autoridades y organizaciones civiles construyan un mejor sistema de justicia penal que vaya de acuerdo a los estándares internacionales, pero sobre todo que reduzca las víctimas del sistema penal. Es claro que los cambios no son rápidos o inmediatos; no obstante, entre menos tiempo empleamos en esta transición, menor será el costo humano ante un sistema que continúa con graves deficiencias.

René Ramírez Benítez. Estudiante de la licenciatura en derecho de la Universidad Marista de Mérida.

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