El nuevo papel del derecho internacional en el quehacer jurídico mexicano

Mucho se ha discutido sobre el cambio de paradigma que significó la reforma acontecida en 2011 al artículo 1º constitucional, el cual estableció las bases de un nuevo escenario en que el derecho privilegiaría en mayor medida la protección a los derechos humanos en nuestra legislación. Sin embargo, poco se ha reflexionado sobre el nuevo protagonismo que ha adquirido el derecho internacional dentro del derecho mexicano a partir de este nuevo modelo de justicia.

El cambio de la palabra otorgar a reconocer revolucionó en gran medida el modo en que se estructuraría el quehacer de la justicia mexicana así como la configuración del papel de abogados o jueces en este nuevo panorama. El efecto de cambiar una “simple” palabra significó una gran diferencia en la intención del legislador que alberga la redacción de nuestra norma constitucional.

Previo a la reforma, la Constitución en el artículo 1º rezaba que “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución…”; una redacción que daba entender que era el Estado quien concedía aquellos derechos que en realidad son inherentes a cualquier ser humano por el simple hecho de existir.

Posterior a la reforma de 2011, el texto constitucional enuncia que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte…”. De entrada, se hace evidente el cambio del término garantías por el de derechos humanos, la palabra individuo se sustituye por personas y con la palabra reconocer se determina que el Estado está aceptando que los derechos fundamentales le pertenecen a cualquier persona, sin que éste tenga la facultad de otorgarlos o negarlos.

Aunque es oportuno hacer énfasis en la importancia que han adquirido los derechos humanos a partir de este cambio, es relevante hacer un análisis sobre el papel que juega ahora el derecho internacional como una indispensable herramienta de nuestra legislación a partir de que se  incorpora en reconocimiento del goce de los derechos humanos recogidos en tratados internacionales, así como el hecho de que se  indica que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de acuerdo a lo que establece la  Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte.

Es importante aclarar que el derecho internacional no es una herramienta nueva, que apenas se esté insertando en el ejercicio del derecho mexicano, pero dicha disciplina ha adquirido hoy en día una dimensión mayor de la que no gozaba hace algunos años. La República mexicana como miembro activo dentro de la comunidad internacional ha celebrado tratados de distinta índole con una gran cantidad de países, por lo que México repercute en responsabilidad internacional cuando viola alguno de esos acuerdos teniendo que rendir cuentas ante la comunidad internacional.

Asimismo, hay que mencionar que gran parte de la esencia del derecho internacional consiste en regular las relaciones diplomáticas entre los Estados, así como cuestiones de territorio y acuerdos de economía o comercio. En sus orígenes, únicamente se contemplaba a los Estados como sujetos del derecho; sin embargo, con el tiempo se ha llegado a la conclusión que los individuos que habitan estos espacios son sujetos pasivos del derecho internacional público.

A pesar de la presencia del derecho internacional desde la configuración de la legislación mexicana, esta rama del derecho nunca había tenido la importancia que tiene hoy en día. Esto porque en primer lugar, la Constitución ahora obliga a abogados a no sólo utilizar las normas mexicanas al momento de llevar un caso, sino a también conocer los tratados y normas de índole internacional en materia de derechos humanos.

Del mismo modo, a partir de 2011 se apela al derecho internacional con el fin de ampliar la protección a las personas puesto que las normas relativas a derechos humanos no sólo se interpretarán conforme a lo que indican las leyes mexicanas, sino también sujeto a lo que establezcan los tratados internacionales de que México sea parte, teniendo éstos la misma jerarquía que las leyes mexicanas salvo cuando se contrapongan con una norma constitucional (que en caso de ser así, se tomará en cuenta lo que indica la Constitución mexicana).

Cobra mucho sentido lo anteriormente expuesto si traemos a colación el principio pro personae  que se encuentra garantizado en el mismo artículo 1º de la Constitución, el cual consiste en brindar la protección  más amplia al individuo en cuestión. Por ende, si un tratado internacional protege en mayor medida a la persona que la ley mexicana, se deberá aplicar lo que contempla el tratado salvo en el caso de que se contraponga a la Constitución (de ahí la polémica del arraigo que sigue siendo válido a pesar de que los tratados internacionales no lo avalen).

Las herramientas internacionales se vuelven entonces derecho nacional vigente de origen extranjero a partir del control de convencionalidad, procedimiento indispensable para controlar que las normas procedentes de derecho internacional no se contrapongan a la Constitución antes de ser adaptados a la legislación mexicana.

El nuevo papel que adquiere el derecho internacional en México a partir de estos cambios no es poca cosa, ya que no solo implica una apertura mayor por parte del país hacia la comunidad internacional, sino que además se busca proteger a los ciudadanos no sólo haciendo uso de las herramientas del derecho mexicano que a veces pueden ser deficientes en cuanto a derechos humanos y de ese modo se amplía ese resguardo valiéndose de jurisprudencias o tratados internacionales de modo que los derechos fundamentales se protejan hasta la última instancia, aunque existan factores que no fueron previamente contemplados en la legislación mexicana.

Así pues, el derecho internacional público en lo que respecta a derechos humanos se vuelve derecho mexicano al volverse un elemento indispensables para salvaguardar aquellos derechos que nuestra misma ley suprema establece como fundamentales y así lograr el estado de derecho armónico al que aspira cualquier nación.

Víctor López Velarde Santibanéz. Estudiante de la licenciatura en derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

¿Es suficiente la protección brindada a los defensores del medio ambiente?

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, conmemorado el pasado 5 de junio, es importante revalorar el papel de los defensores del derecho humano a un medio ambiente sano, sobre todo teniendo en cuenta las constantes amenazas, hostigamientos y actos de violencia que son perpetrados en su contra. Los cuales, en muchas ocasiones, no son prevenidos y sancionados de manera efectiva por parte del Estado.

En principio es necesario recordar que el derecho a participar en la protección del medio ambiente ha sido reconocido por la propia Asamblea General de las Naciones Unidas en el instrumento conocido como la Carta Mundial de la Naturaleza, documento en el que se precisó que toda persona “tendrá la oportunidad de participar, individual o colectivamente en la preparación de las decisiones que conciernan directamente a su medio ambiente, y cuando éste haya sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener una indemnización”.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que efectivamente son los defensores del medio ambiente las personas que principalmente llevan a cabo todas las denuncias y ejercen todos los remedios judiciales para mantener los recursos naturales libres de toda invasión perniciosa. Por tanto, dichos activistas son el principal blanco de inversionistas que actúan al amparo de tratados de libre comercio, ya que en la mayoría de los casos son las actividades extractivas de empresas extranjeras las que desencadenan el impacto ambiental no deseado.

De acuerdo con el Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas(1), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que en México, durante el período de 2006 a 2012, “habrían sido asesinados cuando menos 12 personas, que incluyen tanto funcionarios públicos como personas civiles, defensoras del derecho al medio ambiente”. Lo anterior pone de relieve la gravedad de la situación de los activistas, ya que incluso personal de la propia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente habría sido agredido por realizar sus funciones protectoras encomendadas por ley.

En este contexto, es importante tener en cuenta que el Estado no puede ser únicamente testigo ante esta problemática, sino que “está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”(2). Por tanto, hay que considerar que existe un deber por parte de las autoridades de prevenir las violaciones de los derechos humanos de los defensores del medio ambiente. En este sentido, si dichas violaciones se materializaran, podría estimarse que sería con la aquiescencia del Estado, toda vez que existe una obligación positiva por parte de éste de actuar para prevenir transgresiones de derechos humanos.

Ahora bien, es importante mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el hecho de que las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos no sean perseguidas y sancionadas con eficacia produce un efecto amedrentador o intimidatorio para los demás activistas que son testigos de dichos actos de violencia(3). Por tanto, es necesario destacar que la falta de una investigación robusta por parte del Estado para prevenir y sancionar las violaciones de los derechos humanos de los ambientalistas inhibe la denuncia de actos contrarios al medio ambiente por parte de otros protectores del ecosistema –lo cual, por cierto, debilita su presencia como actores en la preservación medioambiental.

Por otro lado, si bien se destaca la existencia de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2012, así como las medidas cautelares que pueden ser solicitadas a los organismos garantes del sistema interamericano, no hay que pasar por alto que dichas soluciones no han sido suficientes para proveer un verdadero sistema que proteja de manera efectiva a las personas defensoras del medio ambiente.

Finalmente, se menciona que representantes de Naciones Unidas manifestaron, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que mujeres y hombres son amenazados, detenidos ilegalmente, e incluso asesinados, simplemente por oponerse a la destrucción de los recursos naturales. En este contexto, para evitar violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras es necesario que el Estado provea un sistema efectivo que sancione todo tipo de agresiones contra ellas, pero sobre todo que prevenga activamente cualquier posible amenaza derivada de sus actividades protectoras del medio ambiente.

Héctor Ivar Hidalgo Flores. Abogado postulante en materia constitucional. Twitter: @_hector_hidalgo

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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1) Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos, 2011, pág. 141.

2) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Párr. 174.

3) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Párr. 153.

México y su inserción en el mundo: nuevo instrumento sobre jurisdicción internacional

El 1° de octubre de 2015 fue un día importante para México. Ese día se avanzó un paso más en la inserción de México en el mundo, ya que desde entonces está vigente en el país un nuevo instrumento jurídico en materia de jurisdicción internacional. Se trata del Convenio de La Haya del 30 de junio de 2005 sobre acuerdos de elección de foro, que consagra el principio de autonomía de la voluntad, en virtud del cual las partes de relaciones jurídicas transfronterizas pueden elegir a qué tribunal someter los litigios que hayan surgido o que puedan surgir entre ellas.

El texto, cuyo período de vigencia acaba de iniciar, es un tratado internacional de alcance universal, hoy por hoy vinculante para México y para todos los países de la Unión Europea, excepto Dinamarca. Cabe destacar que México fue el primer Estado en depositar el instrumento de adhesión, el 26 de septiembre de 2007. La Unión Europea, por su parte, suscribió el convenio el 1° de abril de 2009 y lo ratificó recientemente, el 11 de junio de 2015. Esto fue lo que permitió que el Convenio entrara en vigor, acontecimiento que tiene lugar transcurridos ya más de diez años desde su adopción en la XX Sesión Diplomática de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Otros países que también lo han firmado, aunque aún no lo han ratificado y por consiguiente todavía no se encuentran obligados por sus disposiciones son Estados Unidos de América (19 de enero de 2009) y Singapur (25 de marzo de 2015). Nos encontramos, entonces, en un momento clave para alentar la pronta ratificación por parte de dichos estados, así como la adhesión de nuevos países.

El convenio procura promover el comercio y las inversiones internacionales generando mayor seguridad jurídica, mediante el establecimiento de reglas uniformes concebidas para fortalecer la cooperación judicial. Tales reglas conciernen a la competencia judicial internacional directa para conocer y resolver un caso, así como a la indirecta para reconocer y ejecutar sentencias extranjeras que satisfagan ciertos requisitos mínimos.

En particular, para situaciones internacionales, el Convenio establece la validez de los acuerdos exclusivos de elección de foro (en materia civil y comercial) que designan los tribunales de un estado contratante. Se contempla una presunción de que todo acuerdo en este sentido se reputará exclusivo, excepto cuando las partes hayan dispuesto expresamente lo contrario. Asimismo, en cuanto a la validez formal de los acuerdos, se exige que sean documentados por escrito o por cualquier otro medio de comunicación que permita consultar posteriormente la información.

Los acuerdos exclusivos de elección de foro que entren en el ámbito de aplicación del convenio producirán efectos positivos (el tribunal elegido debe conocer y resolver el caso) y negativos (todo tribunal que no haya sido elegido debe, en principio, suspender el procedimiento o rechazar la demanda). Además, ya en la esfera de la competencia internacional indirecta, se establece que toda resolución dictada por el tribunal designado por las partes debe ser reconocida y ejecutada en los demás estados contratantes. Finalmente, se permite que los Estados que así lo deseen apliquen las normas sobre reconocimiento y ejecución a las resoluciones dictadas por tribunales de estados contratantes designados en acuerdos no exclusivos de elección de foro. Todas estas disposiciones contribuirán a reforzar la cooperación internacional entre los Estados contratantes. De ahí la importancia de procurar que se incremente el número de países vinculados por este instrumento.

En lo que atañe a las relaciones del convenio con otros tratados internacionales celebrados o a celebrarse entre estados contratantes y con normas de una Organización Regional de Integración Económica, se prevé que la interpretación del Convenio se haga de forma sea compatible con otros tratados. Se adopta, asimismo, una serie de soluciones específicas imbuidas por el espíritu de no afectación de la aplicación de otros instrumentos normativos que vinculen a los estados contratantes. En otros términos, se busca evitar la generación de conflictos normativos. Pueden considerarse aludidas ciertas normas vigentes en los países europeos o en México, como el Reglamento Bruselas I bis, Reglamento (UE) N° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (ver el artículo 25), la Convención interamericana sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras, La Paz, 24 de mayo de 1984 (ver el artículo 1, D) y la Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, Montevideo, 8 de mayo de 1979 (ver el artículo 2, d).

Es deseable que la entrada en vigor del Convenio de La Haya genere mayor certeza jurídica para quienes participan o deseen participar en el comercio internacional. Por ejemplo, piénsese en una operación transfronteriza entre una parte establecida en algún país europeo y otra en territorio mexicano, que incluyera un acuerdo de elección de los tribunales de México. Consideramos que el país ha dado un paso relevante al firmar y ratificar el Convenio y que a partir de ahora dicho paso podrá verse reflejado en la práctica de los particulares y de los tribunales. Con todo, es preciso ser prudentes en cuanto al tiempo que puede llevar que la comunidad jurídica realmente se apropie del convenio y lo utilice con frecuencia en el día a día. Para caminar en esa dirección creemos que todavía se necesita un importante esfuerzo de difusión del instrumento y sus ventajas, de modo de incentivar entre los contratantes vinculados con México la celebración de acuerdos de elección de foro y, entre los tribunales mexicanos, el respeto de dichos acuerdos y sus efectos.

María Mercedes Albornoz. Profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @mmalborn

* Este texto está basado en el post publicado por la autora en Cartas Blogatorias, blog de litigio internacional, el 19 de octubre de 2015.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

¿Cuál es, en realidad, la naturaleza jurídica del GIEI-Ayotzinapa?

Las lecciones aprendidas desde la dolorosa experiencia de Ayotzinapa son muchas y, sin embargo, pocas han llamado tanto la atención del debate nacional como la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En su informe, presentado ante la opinión pública el 6 de septiembre de 2015, el GIEI no sólo puso en entredicho la teoría del caso, propuesta en su momento por la Procuraduría General de la República, sino la forma misma en que las distintas instancias estatales habían desarrollado las investigaciones tanto de los hechos delictivos –como de la búsqueda y localización de los 43 estudiantes desaparecidos. El trabajo del GIEI develó, además, una insuficiencia (aparentemente sistémica) del Estado mexicano para responder a las necesidades y demandas de las víctimas, en tanto una función básica de protección y garantía de los derechos humanos de todas las personas.

Un día después de esta presentación pública, se desató un debate en la opinión pública en torno al contenido de este informe. Los extremos oscilaban entre opiniones marcadamente positivas, hasta alegatos sobre la violación de la soberanía nacional o llamados directos para que el GIEI abandonara el país. Más allá de la adscripción a una u otra postura, parecía claro que el debate sobre las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe comenzaba a ceder ante la atención generada por la figura misma del GIEI. En esta lógica, la importancia del mensaje pareció confundirse con la naturaleza del mensajero.

Para quienes desde hace décadas trabajamos directamente en temas internacionales, perecía claro que gran parte del asombro, confusión, inquietud, zozobra o crítica sobre el trabajo del GIEI se debía más a un desconocimiento sobre las bases jurídicas de su operación o el alcance de su mandato, antes que a un cuestionamiento fundando sobre el desarrollo de sus tareas. Lo anterior tampoco resultaba sorpresivo, considerando que la sociedad mexicana sigue estando poco familiarizada con el derecho internacional de los derechos humanos y con la práctica de sus mecanismos de monitoreo o cumplimiento. Es decir, existía una cierta normalidad en la polarización de las posiciones.

No obstante la explicación de las distintas reacciones, para cuando el GIEI presentó su informe, la opinión pública debería haber sabido con toda precisión que la creación de este grupo se derivó de la medida cautelar No. 409-14, otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en virtud de la Resolución 28/2014 del 3 de octubre de 2014.[1] En dicha resolución, la CIDH determinó que, en cumplimiento con la normativa internacional en la materia, los solicitantes de las medidas habían acreditado que existía una situación de gravedad y urgencia, ante el riesgo de daño irreparable a los derechos a la vida e integridad personal de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, así como de sus compañeros heridos durante los ataques perpetrados esa misma noche. De manera puntual, la CIDH requirió al Estado mexicano que adoptara todas las medidas necesarias para proteger los derechos de los beneficiarios de las medidas, lo cual implicaba también “determinar la situación y paradero de los 43 estudiantes.” En línea con la normativa y práctica internacionales, la CIDH solicitó al Estado acordar “las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes”, así como informar a la CIDH sobre el desarrollo de las investigaciones de los hechos que habían dado lugar a la medida.

De conformidad con su reglamento, la CIDH estaba facultada y obligada para dar seguimiento a las acciones adoptadas en implementación y cumplimiento de las medidas otorgadas.[2] No obstante lo anterior, es importante destacar que cualquier acción que se adoptara en este sentido debería ser acordada por las partes, es decir, por el Estado mexicano y los propios beneficiarios de las medias (o sus representantes). En este marco, según la práctica internacional de las medidas cautelares, las partes gozaban de un amplio margen para proponer y acordar las medidas de implementación y cumplimiento que consideraran más convenientes, siempre y cuando las mismas fueran adecuadas para la protección de los derechos indicados en las medidas de la CIDH.

En el caso particular de la medida cautelar No. 409/14, el diálogo entre las partes condujo a la eventual adopción de un acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional.[3] En tanto un acto jurídico internacional, derivado de un procedimiento de protección de derechos humanos, dicho acuerdo fue celebrado por y entre el Estado mexicano, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y los representantes de los beneficiarios de las medidas. En este acuerdo, las partes convinieron en la creación del (ahora famoso) GIEI, cuyo mandato estaría directamente vinculado con tres aspectos esenciales de la protección de los derechos humanos: (i) la búsqueda con vida de las personas desaparecidas; (ii) el análisis de las líneas de investigación criminal, y (iii) el análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos que motivaron las medidas cautelares. En corto, el GIEI se erigía como un mecanismo de asistencia técnica, solicitada por el propio Estado.

De manera destacada, el acuerdo in comento terminaba afirmando la independencia técnica y autonomía de gestión del GIEI, con respecto a todas las partes signatarias del mismo. Este punto es, sin duda, un elemento esencial para comprender la naturaleza jurídica del GIEI, el cual bajo ningún supuesto puede ser considerado como un órgano subordinado a la CIDH, o como parte de ésta. Como consecuencia, el trabajo del GIEI (al igual que el otorgamiento de la medida cautelar), no pueden considerarse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad del Estado mexicano por la violación de los derechos reconocidos en los tratados internacionales interamericanos. Las funciones de asistencia técnica del GIEI, de conformidad con el mandato conferido, están claramente diferenciadas de las facultades de la CIDH. Las cuales incluyen, entre otras, el otorgamiento y seguimiento de medidas cautelares, así como la eventual determinación de la responsabilidad internacional de un Estado, a través del procedimiento de peticiones individuales.

La distinción precisa entre la CIDH y el GIEI no niega, sin embargo, el origen internacional de éste último. Teniendo en mente las bases normativas para su creación, resulta evidente que el mandato del GIEI debe ser interpretado desde el mismo sistema jurídico en el que fue concebido, es decir, el derecho internacional de los derechos humanos. Este mismo marco debe servir de referencia para evaluar el desarrollo de la labor encomendada al grupo, la cual tiene como objetivo esencial la protección efectiva de los derechos de las personas (en este caso, los beneficiarios de las medidas). Con estas bases normativas, es claro que el GIEI está facultado (y obligado) para adoptar todas las medidas que, desde una perspectiva técnica, sean necesarias para cumplir con el mandato que las partes le han conferido. Los principios de independencia y autonomía de gestión que rigen su actuación implican, a su vez, una potestad para determinar o elegir qué medios resultan ser más idóneos para cumplir con los fines propuestos.

Como consecuencia de estas consideraciones, resulta importante no confundir el mandato del GIEI, en tanto un cuerpo de expertos independientes creado con base en un acto internacional, con el fundamento normativo que puede servir como sustento para su “habilitación” procesal en el derecho interno. En este sentido, el hecho que el acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica internacional establezca que el GIEI “estará facultado para actuar como coadyuvante en las investigaciones, así como para presentar las denuncias penales para la persecución del delito que corresponda ante las autoridades competentes, de conformidad con la normatividad mexicana vigente,” no puede interpretarse como una limitación a un mandato que es, a todas luces, más amplio que la institución de la coadyuvancia en el derecho interno. En otras palabras, una lectura restrictiva del mandato del GIEI, con base en el derecho mexicano, sería no solo contraria a la naturaleza misma del acto de creación del grupo, sino a los principios que rigen el propio sistema en el que se concibió (e, incluso, al principio pro persona, incorporado en nuestra Constitución).

En síntesis, el estudio detallado de las bases de creación y operación del GIEI revelan una normalidad internacional que, desgraciadamente, aún escapa a la normalidad del debate nacional. Las medidas cautelares, en tanto punto de origen de la creación del GIEI, siguen siendo (desafortunadamente) uno de los mecanismos más recurridos en la región. En este contexto, el Estado mexicano ha sido destinatario, en muchas ocasiones, de dichas medidas. El deber de su cumplimiento e implementación ha sido ratificado por la propia práctica de nuestro Estado, en línea con sus obligaciones en materia de derechos humanos, así como de los principios generales que rigen los tratados internacionales.

Pero más aún: incluso en la dimensión más excepcional de este proceso, i.e. la creación de un grupo de expertos independientes en el marco de la implementación de una medida cautelar, el GIEI también representa una de las prácticas más comunes en el derecho internacional de los derechos humanos. La asistencia técnica en esta materia, solicitada por el propio Estado, constituye una de las formas más efectivas para el fortalecimiento de las instituciones nacionales, como primeros obligados en la tutela de los derechos. Dicha asistencia puede tomar muchas formas, las cuales determinan también el grado de colaboración o coordinación que se establezca entre los mecanismos internacionales (casi siempre en forma de grupos de expertos independientes) y el Estado en cuestión. Sin embargo, en cualquiera de sus formas, la asistencia técnica siempre se sustenta en la convicción que un Estado capaz de proteger los derechos humanos, es la mejor vía para la realización de los mismos.

Sin duda alguna, esta es la lectura más adecuada del mandato y trabajo del GIEI. Antes de asombrarnos, entonces, por su normalidad internacional, aprovechemos la oportunidad que esta asistencia técnica nos brinda para (re)pensar cómo podemos fortalecer las instituciones de procuración y administración de justicia, así como de atención a las víctimas de gravísimas violaciones de derechos humanos que diariamente ocurren en nuestro país. Esto es su verdadero mandato y esta es nuestra verdadera misión.

Ximena Medellín Urquiaga. Profesora e investigadora asociada del CIDE. Experta en derecho interanacional de los derechos humanos. Twitter: @xmedellin

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[1] El texto íntegro de la Resolución 28/2014, Medida Cautelar 409-14, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede ser consultado aquí.

[2] Artículo 25.10 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Aprobado por la Comisión en su 137° período ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009; y modificado el 2 de septiembre de 2011 y en su 147º período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013, para su entrada en vigor el 1º de agosto de 2013.

[3] El nombre completo del acuerdo suscrito entre el Estado mexicano y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos es el Acuerdo para la Incorporación de la Asistencia Técnica Internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el  marco de las facultades de monitoreo que la CIDH ejercen sobre la situación de los derechos humanos en la región”. El Addendum por el cual se formaliza dicho acuerdo fue firmado por el Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, la Subsecretaria Lía Limón García y la Subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio, en representación del Estado mexicano, por Mario Patrón Sánchez, en representación de los beneficiarios de las medidas y por Emilio Álvarez Icaza, en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.