Los blogs jurídicos en México, un balance

Entre 1920 y 1922, Franz Kafka compartió a Milena Jesenská, no solo su miedo y preocupación por la impersonalidad que generaban los profundos cambios en las nuevas formas como se comunicaban las personas, sino, y sobre todo, su aversión a esa extraña actividad de escribirse cartas. Kafka dijo:

¿De dónde habrá surgido la idea de que las personas podían comunicarse mediante cartas? Se puede pensar en una persona distante, se puede aferrar a una persona cercana, todo lo demás queda más allá de las fuerzas humanas.

Escribir cartas, significa desnudarse ante los fantasmas que lo esperan ansiosamente. Los besos por escrito no llegan a su destino, se los beben los fantasmas por el camino… La humanidad lo percibe y lucha por evitarlo; y para eliminar lo fantasmal entre las personas y lograr una comunicación natural, que es la paz de las almas, ha inventado el ferrocarril, el automóvil, el aeroplano, pero ya no sirven, son evidentemente descubrimientos hechos en el momento del desastre, el bando opuesto es tanto más calmo y poderoso, después del correo inventó el telégrafo, el teléfono, la telegrafía sin hilos.

…Las personas casi nunca me han traicionado, pero las cartas siempre…

En dichas líneas, el escritor que mejor ha precisado narraciones sobre el abrumador funcionamiento del derecho y la justicia, manifiesta los riesgos de la artificialidad, la falta de seriedad, e incluso la falsedad en la transmisión de palabras para comunicar ideas.

Desde el pasado, el miedo y los riesgos por las novedosas formas de transmitir mensajes y por acceder a la información han estado presentes en nuestro entorno… Ante las vertiginosas transformaciones tecnológicas, el Derecho parecería que siempre llega tarde a su cita con la sociedad, pues cuando más se le necesita para proporcionar certeza, la insuficiencia de sus formas queda en evidencia ante la premura del contexto.

Y es que la globalización ha provocado la fusión de realidades en todos los ámbitos que trastoca el Derecho. Entre algunas de sus diferentes derivaciones, se encuentra la adecuación de las estructuras tradicionales no solo de acceder a las fuentes de información, sino también en lo que respecta a su producción.

Aunado a dicho contexto de interdependencia, el uso de distintas estrategias comunicacionales y simbólicas por parte de los operadores jurídicos ha creado barreras que antes que generar conocimiento y hacerlo accesible, se enfoca en oscurecer un potencial diálogo transversal. Cuando la inmensa cantidad de ordenamientos están redactados con más tecnicismos que palabras llanas, al momento en que las resoluciones judiciales siguen las mínimas reglas de sintaxis (evitando cualquier indicio de brevedad), y la doctrina científica se construye pensando no en el público en general sino en los propios juristas (sin mencionar la cuestión de lo costoso que resulta obtener ciertos recursos bibliográficos), el acceso al Derecho ya no solo resulta poco estimulante desde un plano intelectual, sino también algo poco democrático.

El desarrollo divulgativo del Derecho a través de los blogs, ha encontrado una metodología tan creativa como divergente para su promoción, sirviendo como instrumento de crítica versátil (que permite la construcción de un conocimiento más democrático y accesible para todos), pero, a la vez, conllevando riesgos que perturban esquemas tradicionales y modifican una cierta concepción sobre el trabajo jurídico.

Estos riesgos cobran relevancia en territorio mexicano, ya que si bien es cierto que el fenómeno de los blogs se encuentra globalizado y la existencia de un importante número de blogs jurídicos en Hispanoamérica sirve para afirmar lo dicho, también lo es que en México ha tardado en madurar. Las razones serían varias, sin embargo, la gran cantidad de escuelas de Derecho que existen en el país (con sus profundad desigualdades en cuestiones económicas y cualitativas), a la par de una añeja casta de juristas renuente a facilitar el uso de nuevas tecnologías, podrían dar algunas luces sobre dicho rezago.

A pesar de que cada vez existen más nuevos medios informativos mexicanos encargados de realizar periodismo de investigación en temas jurídicos, o que organizaciones no gubernamentales abren espacios para compartir opiniones legales, el fenómeno de los blogs jurídicos como tal (en comparación con otras latitudes, y teniendo en consideración el número de abogados en el país), no ha terminado de echar raíces en México.

De ahí que, a continuación y de manera descriptiva, se ofrece una lista, sin aspiraciones limitativas, sobre algunos de los principales miedos y riesgos que suelen utilizarse como excusas al momento de abordar el tema de los blogs jurídicos.

  1. Antes de actuar, piénsalo dos veces” – Irreflexividad
    • La hiperdocumentación a la que la sociedad está expuesta, provoca que, de forma casi instantánea, se tenga una rápida opinión sobre lo que ocurre. Así el contenido de los blogs, por aprovechar la coyuntura del momento, contrasta con otros dilatados y reflexivos procesos de escritura, como los artículos académicos.
  1. Lo pasado, pasado” – Cronología inversa
    • A pesar de diferentes funciones y modalidades formales y estéticas en el diseño de un blog, casi de manera irremediable, su formato está articulado a través de un orden cronológico inverso, donde el contenido que se presenta no es el mejor, o el más pertinente, sino el último que se publica.
  1. Más vale pájaro en mano que ciento volando” – Desinformación
    • La anarquía que impera en Internet resulta un arma de doble filo, pues por un lado generaliza las posibilidades de cualquier persona para publicar lo que piensa, mientras que, por el otro, ante tantas opciones la confusión y la sensación de incomprensión puede llegar a saturar.
  1. Los libros electrónicos no huelen a libro” – Desconfianza
  • El simple hecho de que una publicación jurídica se encuentre respaldada por un comité editorial, o por un conocido sello bibliográfico, puede que de entrada otorgue confianza y seriedad en comparación con la individualidad que implica un blog.
  1. A lo hecho, pecho” – Irresponsabilidad
    • No por que los blogs sean espacios alternativos, o exentos de formalidades, significa que gocen de un trato diferenciado al momento de hacer público su contenido. Las opiniones ahí vertidas, al igual que en cualquier otro ámbito, encuentran repercusiones y, por ende, tienen limitaciones y pueden ser materia de la normatividad aplicable.

Ahora bien, resulta pertinente mencionar que esta lista no implica fuertes impedimentos para desarrollar un blog, pues, en gran medida, el buen funcionamiento del mismo dependerá de la prudencia, la creatividad, la constancia, y la continua comunicación del administrador con sus lectores. Así, estos riesgos suelen atenuarse al ponderar algunas de sus mayores potencialidades:

  1. Democratización
  • La retroalimentación de los blogs, y su horizontalidad, a través de las secciones de comentarios y el contacto directo, fomenta espacios de diálogo transversales, donde el autor abandona su trinchera para resolver dudas sobre sus publicaciones e incluso defenderlas.
  1. Paridad socio-comunicativa flexible
  • Los blogs de abogados son un tipo de comunicación especializada en un contexto informal, de ahí que las posibilidades que otorga un contexto como el de los blog jurídicos parece ser uno de los mejores ventajas para fomentar un entendimiento lingüístico igualitario.
  1. Prontitud
  • La naturaleza de los blogs no aspira al tradicional análisis intelectual que exige el campo académico, ni se contrapone con el mismo. En todo caso, lo que se publica en estos espacios contará con posibilidades para, eventualmente, desarrollarse.
  1. Líderes de opinión pública
  • La rápida toma de postura respecto a lo que acontece genera un impacto transversal en sociedad. Así, los vínculos que se pueden generar con otras personas, provoca la identificación de ciertos temas con los autores, posibilitando la utilización de estos como foros de denuncia, como espacios alternativos de organización colectiva.
  1. Sencillez operacional
  • Crear un nuevo blog es un proceso fácil, que no requiere ningún nivel elevado de manejo de las nuevas tecnologías. Lo amigable que pueden ser las distintas plataformas para desarrollar un blog es un aliciente importante que promueve la idea de simplicidad en el campo jurídico.

A pesar de que el tema de los blogs no se puede decir que sea el tema del momento, o quizá uno de los más nuevos dentro del impacto que tiene la tecnología en el campo jurídico, la importancia de su estudio radica en ampliar las posibilidades para fomentar otras maneras de socializar el Derecho más allá de los juristas y en tratar de conciliar a las futuras generaciones de abogados y las condiciones que se despliegan.

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Twitter: @garza_onofre

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

El derecho en tiempos de Internet y redes sociales

La tecnología nos rebasa día con día y aunque hace unos ayeres veíamos como algo disparatado el tener que legislar simples y aparentemente «inofensivos» medios de entretenimiento como las redes sociales, hoy en día el derecho parece estar unos pasas atrás cuando se pretende regular la actividad que transcurre en un espacio como Internet en que confluye una gran cantidad de información e interactúan miles de personas sujetas además a distintas legislaciones.

Hace algunos años, cuando Internet apenas había sido liberado al sector comercial y sólo unos cuantos podían acceder al atractivo sistema, la iniciativa privada consideró que la medida más importante para que la red prosperara y se volviera atractiva para las consumidores era garantizar la intervención mínima (o nula) del Estado en la mayor medida posible. Hoy en día pareciera que dicho principio se ha hecho a un lado ante la insistencia de ciertos sectores por regular los contenidos vertidos en el espacio cibernético provocando censura y vigilando a aquellos usuarios que publican contenidos que «perturban» el orden público.

Aunque cada país tiene sus respectivas leyes para regular la actividad cibernética que transcurre en su territorio, existen algunos tratados y principios internacionales (como los Principios de Manilia) que establecen ciertos estándares mínimos, uno de ellos es la imposibilidad de sancionar a los intermediarios por contenido publicado por tercero. Por intermediarios se entiende a aquellas empresas proveedoras de servicios como Google o Facebook que aunque comparten contenido y permiten buscarlo, no lo editan ni lo crean, sólo lo difunden. De ahí que se considere absurdo el que tengan responsabilidad cuando algún usuario propague contenido ilícito en estas plataformas al no ser ellos autores de tal material –aunque sí pueden ser sancionados si la autoridad pertinente les solicita retirar un contenido específico y no lo hacen.

Tal principio es un buen punto de partida cuando se habla de regular Internet pues es una manera para proteger el derecho a la libertad de expresión, pero paulatinamente algunos Estados han establecidos leyes que hasta cierto punto regulan esta actividad en redes teniendo en cuenta el masivo alcance que puede tener una publicación en la Web.

Hasta cierto punto es lógico que en países como Alemania exista una tolerancia mínima a ciertas expresiones dado que la historia de este país, pero en otras naciones como Egipto o Venezuela, las regulaciones han llegado a suspender el uso de estos medios de comunicación restringiendo la libertad de las personas de manifestarse en contra de su gobierno y de acceder a información de interés colectivo. La misma sociedad se ha dado cuenta que es a través de medios como Facebook, Twitter o YouTube donde la información circula sin ser maquillada por los medios tradicionales y, por ello, no pocos gobiernos han buscado intervenir para que sean regulados.

Otro gran debate en lo que se refiere a legislar en cuanto la actividad en Internet en realidad tiene una gran implicación, pues obliga a que se pondere entre proteger distintos derechos humanos de suma importancia: el derecho de libertad de expresión y de acceso a la información o el derecho a la privacidad y al honor. Esto se refiere a responder el interrogante de qué tanto una persona tiene derecho a que se proteja su intimidad en contrapeso a que al garantizar el acceso a la información se tenga acceso a la vida íntima o, cuando menos, o datos privados de un individuo. Está claro que para funcionarios públicos su derecho a la intimidad queda algo limitado, pero qué sucedería con los particulares en el mismo supuesto. El balance o equilibrio no es sencillo

Un aspecto también relevante se refiere a regular la libertad de expresión en Internet respecto los discursos de odio, algo que puede resultar positivo cuando tomamos en cuenta que las redes sociales son plataformas tan masivas en que se pueden difundir sin control mensajes discriminatorios hacia grupos vulnerables como las mujeres o los homosexuales. Aunque espacios como Facebook y Twitter han implementado medidas para denunciar este tipo de actividades, se trata de políticas de empresas privados. Por ello, algunos países han desarrollado leyes que prohíben este tipo de discurso en dichos espacios, caso destacable el de Francia que tiene la intención de implementar una ley que sancione a espacios cibernético que alberguen contenido xenofóbico.

Claro que en caso de que se implementen ese tipo de leyes es necesario que sean redactados de un modo que tampoco afecten la libertad de expresión, pues después de todo cualquiera tiene derecho a manifestar su oposición a ciertas prácticas sin ser sancionado al respecto. De acuerdo a la doctrina el discurso de odio tiene lugar únicamente cuando se da forma masiva, existe una incitación pública a cometer un delito hacía una minoría e incluso algunos autores manifiestan que debe materializarse una consecuencia. Por ende, no debería entrar en ese supuesto la manifestación o reproche hacia el gobierno en redes dado que sería una manera de censurar una de las vías más óptimas de ejercer el derecho a la libertad de expresión de los usuarios.

Pasando a otra situación de gran relevancia actual, uno de los grandes temas protagonistas cuando se aborda el tema de legislación digital es el derecho al olvido, íntimamente relacionado con el derecho a la privacidad y al honor. En una era en que cualquiera puede ser “googleado” o “wikipediado”, es natural que muchas veces nos topemos con información que pueda significar una mancha en la reputación de un individuo o que incluso implique un daño a la imagen pública de ésta.

Aunque en México la Ley Federal de Protección de Datos Personales indica a grandes rasgos que cada individuo puede ratificar u oponerse a los datos sobre su persona en posesión de los particulares, la situación se complica cuando tomamos en cuenta que servidores como Google responden a una legislación diferente, por lo tanto: ¿qué procede cuando un usuario quiere oponerse a la información que encuentra sobre su persona en ese servidor? En síntesis el derecho al olvido consiste en que una persona pueda suprimir información de su pasado que dañe su imagen hoy día; podríamos poner por ejemplo una foto comprometedora que es irrelevante con su actuar cotidiano, pero que afecta su reputación al ser una de las primeras imágenes que aparecen cuando se busca su nombre en un servidor.

Claro que ahí el tema no es sencillo y de botepronto saltan varias preguntas: ¿Suprimir esa información implica una violación al derecho de acceso a la información? ¿Es relevante para el interés colectivo que se tenga un registro de todo el expediente de una persona? ¿Se debe privilegiar el derecho a la privacidad y a la intimidad por encima del acceso a la información? En personas que ejercen cargos públicos queda un poco más claro que hay un interés público en conocer su pasado, pero persiste el debate sobre qué tanto se estaría aplicando censura si se suprime información de particulares. ¿Es necesario saber si un dentista tuvo algún adeudo con el banco para determinar qué tan capaz es o no en su desempeño profesional? ¿Es indispensable conocer si algún educador fue multado por conducir en estado de ebriedad en sus años de juventud?

En materia penal la situación se vuelve algo todavía más complicada, pues aunque el Estado debería garantizar la reinserción de un ex convicto a la sociedad después de cumplir su condena, esto se complica cuando al momento de escribir el nombre de esa persona en un buscador, lo más probable es que éste arroje resultados sobre su historial delictivo, lo que nos lleva a ponderar entre sí es más relevante proteger el derecho al olvido (y con ello al honor) de esa persona o si es más importante garantizar el acceso a la información de la sociedad para conocer sobre los antecedentes de un ex convicto que ya pagó una pena.

Así como el término «habeus corpus» hace referencia a resguardar la libertad personal frente a cualquier arbitrariedad a la hora de llevar a cabo un arresto, el recientemente acuñado término «habeus data» hace alusión a que el individuo sea como el «policía» de la información relativa a su persona que circule por la red, además de excluir cualquier injerencia que haga alusión a su vida privada. Aquí, por supuesto, se presenta el problema de que la gente muchas veces acepta los términos y condiciones de las redes sociales sin entender el alcance que puede tener compartir información personal en plataformas que responden muchas veces a legislaciones diferentes.

Así, y después de este esbozo de algunos de los principales debates respecto el derecho frente las nuevas tecnologías de la información, sin duda alguna, Internet y las redes sociales son una experiencia maravillosa que nos ha permitido romper barreras de comunicación en todo el mundo; sin embargo, han traído consigo distintos acertijos regulatorios que representan un reto no menor para el derecho para preservar los valores de las democracias contemporáneas.

Víctor López Velarde Santibánez. Estudiante de la licenciatura en derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

Antropología jurídica: origen y futuro

Si bien diversos autores han señalado la estrecha relación que el derecho y la antropología han tenido desde sus inicios (Krotz 2002; Chenaut y Sierra 2002; De la Peña 2002; Silva 2000), es importante destacar que la antropología jurídica, como subdisciplina específica, está encargada del análisis sociocultural de los fenómenos jurídicos. Para lo cual parte de la noción del derecho como un elemento cultural inserto en contextos sociales, políticos, económicos e históricos específicos (Krotz, 2002). Como tal, una de sus principales tareas ha sido generar un conocimiento profundo de la ley en la vida cotidiana (Nader, 2002).

Tomando Latinoamérica como escenario, en este espacio queremos apenas referir de forma muy breve algunos aspectos importantes en el desarrollo que nuestra subdisciplina ha tenido en México y Brasil, considerando que ambos países se han convertido en referentes obligados respecto a estudios sobre la relación entre el derecho y la cultura; el primero en ámbitos indígenas y, el segundo, principalmente, en espacios urbanos.

Pues bien, en el caso de México, los principales antecedentes directos de nuestra subdisciplina se encuentran en las investigaciones realizadas por Laura Nader entre los años de 1950-1960 y Jane Collier entre las décadas de 1960 y 1970 en el sur de nuestro país.[1] Estudios que desde sus inicios marcaron la importancia de comprender el uso que los actores sociales hacen de las diferentes instancias legales instauradas socialmente para resolver disputas, mismas que están directamente relacionadas con los procesos históricos, económicos y políticos tanto de los individuos, como de los grupos implicados.

Como Chenaut y Sierra (1992) refieren, otro momento importante fue la reunión convocada por Rodolfo Stavenhagen en 1987, a partir de la cual se conformó un equipo comprometido con la importante tarea de aportar investigaciones comparativas entre el derecho nacional y el indígena, en un contexto en el cual se hacía cada vez más evidente la necesidad de reconocer a los Estados latinoamericanos de forma pluriétnica y multinacional. En este sentido, desde este momento el interés central de la antropología jurídica en México, ha girado principalmente en torno a conceptos tales como el pluralismo jurídico, la autonomía y la interlegalidad, entre otros.

La situación de nuestra subdisciplina en Brasil, por otro lado, ha ido a la inversa; esto es, ha estado enfocada a la reflexión antropológica en torno al derecho en espacios urbanos principalmente. En este sentido, como señalan Roberto Kant de Lima (2008, 2012) y Luis Roberto Cardoso de Oliveira (2008), la antropología del derecho -forma como los especialistas denominan a nuestra subdisciplina en estas latitudes- está enfocada a plantear un extrañamiento de lo familiar; es decir, la «exotización» de las instancias jurídicas propias de la sociedad del antropólogo.

Al respecto, si bien los trabajos pioneros de Roberto Kant de Lima se sitúan en 1975, el mismo autor señala las dificultades que la institucionalización de la subdisciplina en la antropología brasileña, considerando que esta únicamente se alcanzó en la reunión de la Asociación Brasileña de Antropología (ABA) en 1996, dentro del grupo de trabajo denominado «O oficio  da Justiça”  (Lima, 2012).  Sin embargo, a partir de este momento la antropología del derecho se ha desarrollado exponencialmente, logrando situarse como una de las áreas más importantes en dicho país y generando importantes núcleos de investigación.[2]

Al respecto Jaqueline Sinhoretto (2011) señala que en el caso brasileiro, la subdisciplina de antropología del derecho ha construido su perspectiva a partir de la noción de campo estatal de administración de justicia, el cual retoma el concepto de campo jurídico de Bourdieu (2007), al mismo tiempo que se contrapone a la noción de Estado como organización homogénea. Tal cuestión, de acuerdo con la autora, permite comprender la existencia de diferentes instituciones estatales y su participación en la administración de conflictos y; a partir de ahí, estudiar la manera como cada una de ellas actúa de acuerdo con sus lógicas y rituales, con los cuales producen efectos de equidad y jerarquización muy diferente entre sí. Asimismo, Sinhoretto destaca que la perspectiva brasileira de estudios del campo estatal de administración de conflictos está basada en una forma particular de abordar un conjunto de complejos elementos interrelacionados desde una visión antropológica.[3]

Cabe destacar asimismo, que desde el año pasado el surgimiento del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho (FLAD) marca el interés de países como México, Brasil y Argentina de impulsar el desarrollo de estudios desde la antropología del derecho en América Latina, tomando cuatro ejes principalmente: a) funcionamiento de burocracias estatales en los sistemas judiciales, penitenciarios, policiales y ministeriales; b) prácticas y modalidades de intervención de las fuerzas de seguridad sobre grupos y colectivos sociales; c) formas de acción política, ciudadanía, legalidades, legitimidades de diversas organizaciones sociales que demandan justicia y/o promueven la ampliación de derechos; así como, d) nuevas propuestas teóricas y/o metodológicas respecto al trabajo socioantropológico para el estudio de fenómenos sociojurídicos en ámbitos urbanos.

Como podemos observar, la trayectoria de la subdisciplina en México y Brasil ha estado enmarcada por inquietudes y temáticas muy diferentes; sin embargo, en ambos países ha logrado consolidar grupos de investigación y debates de suma importancia, a partir del interés en la reflexión antropológica acerca de la relación entre el derecho, la sociedad y la cultura en contextos diversos.

Irene Juárez Ortiz. CIESAS-DF/ FLAD México.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Respecto a Laura Nader destaca la obra titulada Ideología armónica. Justicia y control en un pueblo de la montaña zapoteca, en donde narra que su interés por estudiar el derecho zapoteco de forma más sistemática surgió en el contexto del posgrado que realizó en la Universidad de Harvard, a partir del cual se vinculó a diferentes proyectos relacionados y obtuvo diferentes financiamientos (Véase Nader, 1998). En el caso de Jane Collier, la investigación acerca del derecho zinacanteco inició en 1963, del cual se derivó una de sus principales obras titulada El derecho zinacanteco. Procesos de disputar en un pueblo indígena de Chiapas (Véase Collier, 1995), realizada de igual forma a partir de financiamientos obtenidos principalmente de Harvard.

[2] Entre los cuales destacan: Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos (INCT-InEAC); Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas da Universidade Federal Fluminense (NUFEP/UFF); Grupo de Pesquisa CIRS- Cultura, Identidade e Representações simbólicas, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte;  Laboratório de Estudos da Cidadania, Administração de Conflitos e Justiça, do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília (CAJU/DAN/UnB); entre otros.

[3] De acuerdo con Sinhoretto esto se refieren a: a) la incorporación del análisis del uso de la informalidad y de técnicas no judiciales de administración de conflictos por las instituciones estatales; b) el planteamiento de que las prácticas informales ilegales o no, que tienen referencia a leyes escritas, no son defectos de aplicación del derecho o fallas de la implementación de la ley por parte de los profesionales, sino que son parte no negociable de rituales de administración de conflictos que están en disputa en el interior del campo; c) la consideración de que la división del trabajo de campo debe incluir más allá de las profesiones y posiciones clásicamente vistas como jurídicas (juez, jurista, abogado, promotor) otras posiciones que reproducen claramente el habitus jurídico, como aquellas subalternas (policías subalternos, notarios, conciliadores, mediadores, técnicos y peritos); d) el privilegio de los papeles y posiciones asumidos en los rituales por los mismos agentes estatales y sus representantes y por las partes en conflicto, por lo que se debe buscar comprender las relaciones establecidas entre ellos, las equidades y las jerarquías producidas, la producción y circulación de verdades y la negociación de significados de las leyes, normas, valores y derechos; e) el énfasis en investigar los rituales de la resolución prestando atención en la manera como encarnan los valores y crean efectos de producción, reproducción y modificación de relaciones de poder y verifican, en la práctica cotidiana de esos rituales, para mostrarlos como espacios de disputa de los dos monopolios estatales: el uso legítimo de la violencia física y el derecho a decir qué es el derecho; f) la noción de que las instituciones estatales no son ciegas ni neutrales, por el contrario, recurren al uso de las divisiones sociales como son las raciales, de género, culturales y religiosas; con lo cual reservan un tratamiento diferenciado para tipos de conflicto y tipos de individuos conforme a la posición que éstos ocupan en la jerarquía de valores, personas, cosas y lugares (Sinhoretto, 2011:25-30).

Referencias

CARDOSO DE OLIVEIRA, LUIS ROBERTO. (2008). “O Ofício do Antropólogo, ou Como Desvendar Evidências Simbólicas”.Anuário Antropológico/2006, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, pp. 9-30.

CHENAUT, VICTORIA Y MARÍA TERESA SIERRA. (1992). «El campo de investigación de la antropología jurídica». En Nueva Antropología, Vol. XIII, No. 43, México.

Collier, Jane. (1995). El derecho zinacanteco. Procesos de disputar en un pueblo indígena de Chiapas. UNICACH/CIESAS, México.

De LA PEÑA, Guillermo. (2002). «Costumbre, ley y procesos judiciales en la antropología clásica: apuntes introductorios«. En Esteban Krotz, Antropología jurídica: perspectivas socioculturales en el estudio del derecho, Barcelona/México D.F., Anthropos Editoria/UAM-Iztapalapa, México.

Kant de Lima, R. (2012) “Antropologia Jurídica”. ”. In A. C. de Souza Lima (org.) Antropologia e Direito: temas antropológicos para estudos jurídicos. Brasília: ABA; Blumenau:Nova Letra; Rio de Janeiro: LACED/Museu Nacional

_____________ (2008) “Por uma Antropologia do Direito, no Brasil”, in Ensaios de Antropologia e Direito. Lumen Júris Editora: Rio de Janeiro.

Krotz, Esteban. (2002). “Sociedades, conflicto, cultura y derecho desde una perspectiva antropológica”. En Esteban Krotz, Antropología jurídica: perspectivas socioculturales en el estudio del derecho, Barcelona/México D.F., Anthropos Editoria/UAM-Iztapalapa, México.

Nader, Laura. (1998). Ideología armónica. Justicia y control en un pueblo de la montaña zapoteca, Instituto Oaxaqueño de las Culturas, Fondo estatal para la Cultura y las Artes, CIESAS, México.

____________ (2002). “Moving On-comprehending anthropologies of law» En June Starr, Practicing ethnography in law, Palgrave Mcmillan.

Sierra, Teresa y Chenaut Victoria. (2002). “Los debates recientes y actuales en la antropología jurídica: las corrientes anglosajonas”. En Esteban Krotz, Antropología jurídica: perspectivas socioculturales en el estudio del derecho, Barcelona/México D.F., Anthropos Editoria/UAM-Iztapalapa, México. Pp.133-170.

Sinhoretto, Jacqueline. (2011). «Antropologia política e jurídica: Problemas de investigación e intervencion pública en perspectiva comparada», En Roberto Kant de Lima, Lucía Eilbaum e Lenin Pires (organizadores), Burocracias, derechos y conflictos. Pesquisas comparadas en antropologia do dereito. Garamond. Pp. 25-40.

SILVA SANTIESTEBAN, FERNANDO. (2000). Introducción a la antropología jurídica. Universidad de Lima, Perú

La opresión que no cuenta o la resistencia a los derechos de los animales

Hace algunas semanas, me encontraba en una reunión organizada con motivo de la celebración del cumpleaños de una amiga de la universidad. Salí al balcón, donde se encontraban otros invitados congregados, algunos fumando, otros conversando. Entonces, me integré a la charla, que pronto se convirtió en un debate. Se trataba del movimiento social dedicado a exigir el respeto y la defensa de los derechos de los animales. Comenzamos a hablar del abuso tan espeluznante que sufren los perros y gatos callejeros, sobre todo en las periferias y comunidades más pobres de la Cuidad de México (dónde abundan). Los partícipes del debate se escalofriaban ante las escenas que se contaban, como parte de este abuso. En ese momento -y como buena promotora de un Estado y una sociedad responsable ante todos quienes la integran, incluyendo a los animales- lamenté la manera en que actúa el gobierno mexicano –sobre todo, aquellas en donde gobierna “la izquierda”[1]– en torno al problema de la sobrepoblación canina y felina y, en muchos sentidos, a la protección de los animales.

Mencioné que siendo éste un problema de salud pública, además, el gobierno se limita a enviar a las perreras o antirrábicos a atrapar, de la manera más violenta e indigna, a los animales que se encuentran en situación de calle. A patadas, múltiples golpes, jaloneos e insultos suben a los perros (en su mayoría) al camión para llevarlos a los centros de control canino y fauna nociva, su nombre oficial. En general, todo esto se lleva a cabo a plena luz del día y a la vista de niñas y niños.

Asimismo, comenté a los invitados de la fiesta que participaban en el diálogo, lo mucho que me indigna que en esto gasten recursos públicos y no en campañas masivas de esterilización. A saber que la mayoría de las campañas que sí se organizan, son realizadas por diversas asociaciones comprometidas con el tema, así como por los habitantes de las zonas más desfavorecidas, por lo menos, de esta Ciudad. Como consecuencia de mi comentario, uno de los interlocutores saltó en desacuerdo y afirmó que el bienestar de los animales era mucho menos relevante que las necesidades humanas. Siguió diciendo que, primero teníamos que ver por nuestra especie y, una vez, completamente cubiertas nuestras necesidades, podríamos entonces preocuparnos por un animal.

La anterior, es una aseveración a la que están acostumbrados escuchar los activistas que defienden la idea de que los animales tienen derechos que se deben de respetar y proteger. Mi principal reacción ante ella es preguntarme lo siguiente: ¿qué justifica que los humanos sientan una superioridad incuestionable frente a las demás especies conscientes que comparten este planeta con nosotros? ¿Estos prejuicios se basan en el pensamiento de que las personas sufrimos más? Si es así, ¿qué hacemos frente a los estudios científicos que nos dicen que los animales no humanos, como los cerdos, las vacas y los perros (entre otros), tienen la inteligencia y consciencia de sí mismos de una niña o niño de dos a tres años? ¿Por ende, si un ser humano nacido tiene menores capacidades, implica que es meritorio de una menor protección de sus derechos? Si esto fuera así, el marco de los derechos humanos desprotegería a los niños, a los adolescentes y a las personas que sufren de alguna discapacidad mental o física. Sería una verdadera aberración.

Lo cierto es que el movimiento abolicionista de los derechos de los animales implica, invariablemente, un sacrificio en los hábitos más normalizados -en su mayoría mundanos- de los humanos. Es decir, los costos al beneficio propio son altos. El movimiento abolicionista y, por ende, el reconocimiento de los derechos de los animales, requiere que los dejemos de reducir como sirvientes de nuestra diversión, de nuestros placeres culinarios, de nuestra vestimenta, entre muchos otros. Los seres humanos hemos pasado los últimos siglos luchando por nuestros derechos, por la igualdad, por la justicia social y nos resistimos a reconocer que no nos encontramos solos en este planeta. Que lo compartimos con especies capaces de sufrir a causa de nuestras acciones.

En un artículo reciente, Mauricio García Villegas conmemora el trabajo de Michel de Montaigne, el gran pensador del renacimiento francés.[2] Montaigne decía “que los humanos no somos superiores a los animales y que la idea de evadirnos de la condición animal es un orgullo estúpido y terco”.[3] En este sentido, García Villegas cuestiona la supuesta superioridad del ser humano al resto de los animales en virtud de la destrucción que, como especie, hemos causado al planeta. Pues dice, si el ser humano fuera tan inteligente y capaz, ya habría reconocido la existencia de una hermandad con el reino animal. No sólo como una convicción moral necesaria, sino como una forma de prevenir la constante destrucción del planeta. García Villegas recuerda los motivos que Montaigne expresó detrás de la frase mencionada: los esfuerzos del humano por distinguirse como ser superior reflejan y profundizan la enorme desigualdad que prevalece entre nuestra misma especie.

La raza, el género, la nacionalidad y la clase socioeconómica –entre otras– son algunas de las principales fuentes de desigualdad que nacen a partir de esta creencia de que algunos deben gozar de alguna posición privilegiada. Los intereses de los que son superiores deben prevalecer, con motivo de cualquiera que sea la característica “sobresaliente” que poseen –como ser blancos, varones, de cierta nacionalidad y de un estrato socioeconómico elevado–, mientras que otros deben servirlos y cumplir con funciones construidas por aquellos en poder, que denigran y despojan de voluntad y capacidad a cualquiera que posee una característica arbitraria, menos valorada.

¿Por qué algunos están tan convencidos que el sufrimiento, maltrato y destrucción de los animales no tiene relevancia, o bien, es secundario a las exigencias humanas? En una de sus obras, la destacada feminista, Angela Harris, hace un análisis brillante sobre la conexión que existe entre el razonamiento racista y el especismo que somete a los animales no humanos como inferiores a las personas. Harris explica que olvidamos que los arreglos sociales que hoy subestimamos como naturales, normales y necesarios, han sido construidos histórica y socialmente. Los propietarios de los esclavos algún día pensaron que las personas negras superarían la separación de sus hijos, ya que no tenían la misma capacidad de sentir que los blancos. De esta forma, Harris urge que los grupos identitarios que fueron creados por prácticas represivas –como las personas negras– y los grupos dedicados a su defensa, se encuentren entre aquellos a quienes importa, con particular pasión, erradicar las formas de opresión que existen, sin importar contra quién o qué se dirigen.

Por su parte, Rodríguez Garavito finaliza un artículo[4] sobre la falta de atención de las corrientes ideológicas de izquierda a los problemas que atañen a los animales, con una conversación que tuvo con el filósofo canadiense, Will Kymlicka. Los animales son “los grandes huérfanos de la izquierda”, dijo Kymlicka a Rodríguez Garavito. Sin embargo, me atrevo a reformular las palabras de este brillante filósofo para incorporar la actitud que he presenciado por parte de grupos defensores de los derechos humanos, de aquellos que proclaman la igualdad y la justicia. En particular, me parece que los animales son los grandes huérfanos del movimiento por la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. Jeremy Bentham reconocía la compasión como un atributo necesario de todos los seres humanos, no como miembros de grupos sociales específicos –o de alguna especie–, sino como entes con almas. Ojalá que pronto los grupos de la sociedad civil y de la academia dedicados a los derechos humanos logren derribar las fronteras obsoletas que nos hacen pensar que somos superiores.

Jimena Suárez Ibarrola. Maestra en Derecho por la Universidad de California, Berkeley. Es especialista en derechos humanos y, actualmente, es investigadora en el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Twitter: @jimesuarezst

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Recomiendo leer a César Rodríguez Garavito, Los animales y la Izquierda, El Espectador, octubre 17 de 2014, disponible en: <http://www.dejusticia.org/#!/actividad/2345>

[2] Mauricio García Villegas, Montaigne, 5 siglos después, El Espectador, Abril 18 de 2015,disponle en: <http://www.dejusticia.org/#!/actividad/2573>

[3] Idem.

[4] Op. cit. 1

Constitución y escuela judicial

En la Constitución se prevé en el orden federal una institución y un sistema para el nombramiento de los juzgadores. Desde 1995, en el artículo 97 se dispone que los magistrados de circuito y los jueces de distrito “serán nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo con los requisitos y procedimientos que establezca la ley”. En el 100, se dice que “La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia”.

Ahora bien, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación —el ordenamiento al que se refieren los dos preceptos constitucionales— establece desde su inicio de vigencia, también en 1995, un sistema de oposiciones dirigido más bien a controlar si los aspirantes al cargo poseen ciertos conocimientos técnico-jurídicos, si saben cuál es el derecho vigente en tal o cual materia y si han repasado a conciencia los repertorios jurisprudenciales.

La idea subyacente a la Ley Orgánica está claramente anclada en esa parte de la tradición jurídica romano-canónica que ve en el juez al funcionario estatal que domina la técnica de la aplicación del derecho en la solución de controversias jurídicas, gracias a los conocimientos acumulados mediante la práctica en las diversas jerarquías del aparato de justicia. En ese sentido, se dice que el juez, para llegar a serlo, tiene que seguir una “carrera” dentro de la judicatura después de concluidos sus estudios universitarios. La función de juzgar es percibida como el resultado del entrenamiento en juzgados y tribunales, y se estima que es la meta de la carrera. Dentro de tal visión, ese conjunto de conocimientos constituye la esencia de la acción de juzgar y, por tanto, quien los tiene, el juez, es propiamente un “profesor”, un “profesional”, alguien que ejerce una profesión.

En este sentido, los concursos de los que habla la Ley parecieran estar hechos para certificar ese conocimiento: un cuestionario (preguntas de opción múltiple sobre temas legales y jurisprudenciales), la solución de casos prácticos (propiamente, redactar un par de proyectos de sentencia) y un examen oral (a mi modo de ver con preguntas sobre temas más propios de la licenciatura: qué son las excepciones procesales, cuáles son las que permite la legislación mercantil, qué requisitos debe colmar cada una para prosperar, etcétera).

Los resultados de estas evaluaciones más la suma de otros aspectos a los que se llama “factores de desempeño” o “méritos” —antigüedad, cursos, categorías del escalafón, ausencia de notas desfavorables en el expediente personal— constituyen dicha certificación y quien alcanza el puntaje asciende a juez (nótese que quedan fuera del examen dos rasgos importantísimos del perfil de un juez: no se mide su capacidad gerencial como jefe de oficina ni se constatan al menos dos rasgos de carácter necesarios: 1) la templanza, como la disposición de ánimo para usar con moderación el extraordinario poder del que será investido, a la vez que la certeza de que las leyes de responsabilidad no son los únicos y ni siquiera los más importantes límites de sus poderes, y 2) la prudencia como la aptitud de deliberar —incluso y sobre todo consigo mismo— “cuando ninguna demostración es posible o suficiente”, “cuando es necesario desear no sólo el buen fin, sino los buenos medios que llevan a él” (André Comté-Sponville, Pequeño tratado de las grandes virtudes).

Pero hoy en día, a diferencia de 1995, la Constitución, en el primero de sus artículos, también habla del deber de toda autoridad —y los jueces eso son— de conocer el derecho de los derechos, si cabe la frase, y de ejercer sus poderes con base en principios y valores —jurídicamente hablando— en temas que exceden los que tradicionalmente llegaban al ámbito judicial y que afectan a menores de edad, personas con orientación sexual distinta, personas con discapacidad, migrantes, minorías étnicas, consumidores. Esto supone, como bien lo han hecho ver muchos, un desafío permanente a las competencias argumentativas de los juzgadores.

Sí, han de saber derecho y contar con experiencia en los tribunales y juzgados, pero ahora, precisamente por el mandato del artículo 1º constitucional, también deben ser filósofos y políticos —permítanseme estos adjetivos a falta de una mejor palabra, pero quiero decir hombres y mujeres capaces de debatir en la vida pública asuntos morales y políticos desde la perspectiva del jurista. Y parece que un sistema de oposiciones como el que establece y regula la Ley Orgánica no sirve a ese propósito.

La Ley, sin embargo, podría ser vista con imaginación y altura de miras, y desde esa perspectiva, interpretarse en un sentido mejor, acorde con el artículo primero constitucional. Incluso sin necesidad de acudir al expediente de la reforma legislativa, pienso, es posible construir un buen argumento para dar cauce nuevo al sistema de oposiciones, y ese es el de la escuela judicial como formadora de jueces, en la que en cursos más o menos prolongados, se constate en quien aspira a ser designado juez la capacidad técnico-jurídica, al tiempo que se le dan herramientas para interpretar el mundo, se promueve la discusión ética y se le prepara gerencialmente para hacerse cargo de una oficina judicial.

No obstante, el intérprete natural del sistema de normas que regulan la carrera judicial y los concursos de oposición no ha logrado consensuar una idea semejante. Esto es grave.

Aunque al Consejo de la Judicatura Federal se atribuyen otras muchas competencias (la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, exceptuando a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral), ninguna es tan importante, ninguna puede ser tan importante como la de designación de magistrados de circuito y jueces de distrito. Si el Poder Judicial significa el poder de juzgar, de resolver litigios, y éste es propio de los jueces, ¿qué más valioso puede haber para el Consejo que cuidar que la designación de éstos se dé en condiciones idóneas?

Con base en las dos disposiciones constitucionales a que ya me referí, el Consejo, en 20 años de existencia, ha designado a un número sumamente amplio de magistrados y jueces y al hacerlo, con desigual fortuna, ha ensayado múltiples procedimientos. Este año lleva abiertas ya un sinnúmero de convocatorias para aspirar al cargo de juez federal.

¿Se ha hecho bien, institucionalmente hablando, en esta materia? No, no se ha hecho bien.

Primero, porque en estos 20 años el Consejo sigue sin encontrar el método adecuado para hacerse de nuevos juzgadores, a grado tal que ha llegado a declarar desiertos varios concursos. Y lo ha intentado todo en un número de convocatorias del que ya hasta perdimos la cuenta: evaluar méritos (aunque sin un baremo claro), practicar exámenes psicométricos (sumamente cuestionados, hasta por quienes los diseñaron), fijar requisitos adicionales a los de ley (pero inconsistentemente, pues a veces fija unos que luego quita para poner otros o para mezclarlos), establecer modalidades cambiantes de un concurso a otro en el tipo y la forma de los exámenes (con desconcierto para todos), imponer cursos previos a la designación (pero no ajustados a los tiempos pedidos por los especialistas en formación), restringir el acceso a la inscripción al concurso sobre bases no claramente justificadas (lo que inconforma a muchos, que deciden pelear en sede judicial), aumentar o disminuir el mínimo de calificación aprobatoria… ¿Qué ha producido lo anterior?

Si bien nos fijamos y si somos sinceros, pese a tantos virajes, los jueces que tenemos son los mismos que se hubieran tenido con una examen psicológico más o menos, con un requisito de antigüedad de cinco años o de tres, con un examen de 50 reactivos o de 100, con preguntar jurisprudencias en materia común o de todas las materias, con un caso práctico de veinte hojas, con una examen oral con preguntas abiertas o con temarios previos. Se ha desperdiciado tiempo en minucias, en problemas menores, no fundamentales.

Nada. Ningún cambio. Hoy por hoy la única certidumbre que nos acompaña es que tenemos el mismo tipo de juez desde hace 20 años: se ha constatado que los códigos y el Semanario son parte de sus lecturas, que es capaz de hacer proyectos de sentencia con rapidez y cierto grado de argumentación y que no enmudece ante un auditorio de tres sinodales. No se ha resuelto, sin embargo, cómo encontrar evidencia de sus adornos morales ni se sabe qué piensa acerca del amplio debate público de las sociedades democráticas. Tampoco se ve si tiene para sí la capacidad de gobernar un juzgado.

Segundo, el Consejo de la Judicatura ha entendido que la escuela judicial puede servir para la capacitación de puestos secundarios (actuarios, secretarios) y para la actualización permanente; tal vez para el perfeccionamiento de algunas habilidades para mejor diligenciar en la práctica judicial. Últimamente, a mi entender, ha cometido un despropósito, al dar al Instituto la función de capacitación técnico-administrativa, propia del Consejo y de sus órganos auxiliares (cursos de capacitación en cómputo, por ejemplo) Pero hasta allí ha querido que llegue el Instituto de la Judicatura Federal. O hasta allí ha visto sus posibilidades.

Y yo veo este Instituto y sé que lo que hace lo hace bien. No puede dejar de convocarnos a lo que constituye su tarea actual. Pero intuyo, con tantos otros colegas, que es capaz de hacer más y que para ello sólo es necesario que un grupo de siete mujeres y hombres —un grupo aún nuevo— se convenzan, como estamos convencidos muchos, de que la escuela judicial formadora de jueces es la vía para hacer la Constitución en lo que atañe a nuestro tema; que es la herramienta sin usar.

Por último, no hay que olvidar que los grupos y los colectivos tienen un tiempo, en el cual o cumplen su cometido a cabalidad o de pronto ven que los años han pasado sin demostrar que se aplicaron diligentemente a conseguir los fines para cuya consecución fueron creados. En lo que hace al nombramiento de los jueces, no permitamos que el futuro nos condene por la inacción o por la veleidad de nuestros designios o por nuestra incapacidad de trabajar, y duro, en lo esencial y no en lo superfluo. Es tiempo de la escuela judicial.

Miguel Bonilla López. Juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

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