¿Y por qué queremos casarnos? Matrimonio igualitario e igualdad de derechos

En México, los movimientos por los derechos del colectivo LGBTTTI[1] han logrado visibilizar la diversidad existente sobre identidad y orientación sexual y, sobre todo, lograron poner el foco público sobre las diferentes formas de discriminación que sufren, incluso las violaciones a sus derechos que provienen de las propias leyes.

El matrimonio es sólo una de las tantas formas de discriminación formal sobre las que se ha exigido una revisión legislativa y una adecuación para garantizar el ejercicio de este derecho en condiciones de igualdad y no discriminación.

El matrimonio como instrumento legal otorga derechos y prestaciones a la pareja y a la familia.  Algunos derechos civiles que reconoce el matrimonio no están presentes en otro tipo de relaciones jurídicas, como concubinato o sociedad de convivencia. Entre ellos están el derecho a la reproducción asistida como pareja, los derechos alimentarios sin condicionamientos (que incluye la pensión alimenticia en caso de separación), seguridad sobre los bienes familiares y, lo más importante, incluye prestaciones de seguridad social, derechos hereditarios directos (sin condicionamientos).

La “sociedad de convivencia”[2] en la Ciudad de México sí aclara que es un acto jurídico entre dos personas físicas de diferente o del mismo sexo”. Sin embargo, no contempla los mismos derechos que el matrimonio. Si por tu orientación sexual no puedes ejercer el derecho del matrimonio, ni los derechos como pareja que esta institución otorga, estas sufriendo discriminación por parte de las autoridades del Estado.

Para superar estos actos de discriminación, en 2009 se reformó el código civil del Distrito Federal para redefinir al matrimonio como “…la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida…”. Dejábamos atrás la retrógrada idea del matrimonio como unión de un hombre y una mujer. Al año siguiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló la inexistencia de un argumento jurídico y constitucional que pudiera sustentar negarle este derecho a las parejas del mismo sexo[3]. Y, en 2015, declaró mediante una tesis de jurisprudencia que los ordenamientos legales locales o federales que contengan la procreación como finalidad del matrimonio, o definan a éste como la unión entre un hombre y una mujer, vulneran los principios de igualdad y no discriminación.

Por su parte, durante este arco de tiempo, en 2011 se incorporó en la Constitución federal (con la reforma de derechos humanos) por vez primera las “preferencias sexuales” como categoría prohibida de discriminación, protegiendo así los derechos de todas las personas, independientemente de cuál sea su orientación o identidad sexual. Se esperaba que esta reforma generara cambios en todos ordenamientos jurídicos de los estados de la República, para que las parejas del mismo sexo pudieran ejercer su derecho al matrimonio. Así, según la SCJN, la Constitución protege a la familia en todas sus formas[4] y sostiene que no existe razón constitucional para no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo[5].

Pero las reformas que se esperaban en los ordenamientos jurídicos de los estados no se produjeron.  Contrario a los criterios interpretativos de la SCJN y de estándares internacionales, aún estamos en presencia de ordenamientos jurídicos que contemplan esta retrógrada idea del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer cuyo fin es la reproducción humana, la procreación o preservación de la especie.

Una revisión a las legislaciones de norte a sur del país nos muestra varios ejemplos de normas que están vulnerando directa y explícitamente  los principios de igualdad y no discriminación[6] :

  • Yucatán: “…unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer, (…) generar la reproducción humana”[7]
  • Morelos: “…unión voluntaria y libre de un hombre y una mujer (…) procreación de hijos (…) Cualquier condición contraria a estas finalidades se tendrá por no puesta.”[8]
  • Sonora: “…unión legítima de un hombre y una mujer, con el propósito expreso de integrar una familia”[9]
  • San Luis Potosí: “…es la unión legal entre un hombre y una mujer, (…) con la finalidad de proporcionarse ayuda mutua, fidelidad y perpetuar la especie, formando una familia[10]
  • Puebla: “… es un contrato civil por el cual un solo hombre y una sola mujer, se unen en sociedad para perpetuar la especie (…)”[11]
  • Jalisco: “ …un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia”[12]
  • Hidalgo: “…una institución social y permanente por la cual se establece la unión jurídica de un solo hombre y una sola mujer, (…) que originan el nacimiento y estabilidad de una familia”[13]

En este contexto, el pasado 17 de mayo, el Ejecutivo Federal firmó una serie de iniciativas, para hacer frente a estas manifestaciones tan explicitas de discriminación y para garantizar en todo el país el respeto a un matrimonio sin discriminación. Las iniciativas incluyen reformar el artículo 4 constitucional, reformar el código civil federal y derogar o modificar todas las normas que tengan contenido discriminatorio.

Aún nos queda un largo camino, pues, a pesar de los avances normativos, la discriminación contra los colectivos LGBTTTI, como causa de procesos culturales, históricos y sociales, sigue presente.

Luis Fernando Villanueva Ayala. Área Legal de Equis Justicia para las Mujeres.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

________________________

[1] Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, trans-género, travestis e intersexuales. El colectivo LGBTTTI inició conformado por lesbianas y homosexuales, posteriormente se sumaron personas bisexuales y trans-género, y después se incluyeron transexuales, travestis e intersexuales.

[2] Art. 2 Ley de Sociedad de Convivencia para el DF

[3] SCJN. Acción de Inconstitucionalidad 2/2010. Promovente: Procurador General de la República. Matrimonios entre personas del mismo sexo. Consultable aquí. (Última consulta 17 de julio de 2014).

[4] Tesis jurisprudencial 1ª./J.85/2015[4].

[5] SCJN. Tesis: 1ª./J. 46/2015 (10a.)

[6] La normativa en cuestión vulnera los artículos 1, 2, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 12 de la Constitución Política del Estado de Yucatán;[6] 1.1, 2, 17, 24, y 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

[7] Código de Familia para el Estado de Yucatán

[8] Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.

[9] Código de Familia para el Estado de Sonora

[10] Código Familiar (art. 15) del Estado San Luis de Potosí.

[11] Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla (art. 294).

[12] Código Civil para el Estado de Jalisco ( art. 258)

[13] Código Familiar para el Estado de Hidalgo ( art. 11)

El proceso constituyente para la Ciudad de México. Una crítica

Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto donde se declaran reformadas y derogadas ciertas disposiciones de nuestra Constitución, mismas que vienen a transformar la estructura jurídica y política de la capital de nuestro país.

Resulta importante adelantar que con la reforma no se ha erigido el estado número 32 de la República mexicana. Es decir, la Ciudad de México no cuenta todavía con la autonomía constitucional que caracteriza a las entidades federativas en un sistema federal. De ahí que, sin dejar de reconocer que cuenta con aspectos positivos, en el presente texto se pretende analizar y formular una crítica a la reforma política capitalina, específicamente en lo concerniente a los despropósitos del procedimiento que se seguirá para la instauración de una Constitución local, así como lo relacionado con el carácter sui generis de la Ciudad de México y la ausencia de autonomía constitucional.

El proceso constituyente

Los artículos transitorios de esta reforma política prevén la creación de una Constitución local para la Ciudad de México, la cual se encargará de redactar un órgano colegiado especial. Dicha asamblea ha sido severamente criticada debido a que la integrarán no solo un número reducido de representantes de la población capitalina, sino también individuos elegidos por el Jefe de Gobierno, la Cámara de Diputados, el Senado y el presidente de la República –quienes seguramente propondrán, deliberarán y votarán bajo la lógica de sus intereses partidistas[1].

Vale mencionar aquí que un concepto formal del poder constituyente o constituyente originario depurado de incrustaciones ideológicas se define —de acuerdo con el jurista italiano Riccardo Guastini— por su oposición a la de “poder constituido”. Es decir, todo poder “legal”, conferido y regulado por normas positivas vigentes; de tal manera, que por “constituyente” se entiende un poder excepcional encargado de instaurar una Constitución[2].

El jurista español Luis Sánchez Agesta establece que el titular del constituyente originario no es quien desea serlo ni quien se considera legitimado para serlo, sino quien puede. Esto es, el que está en la condición de tomar una decisión eficaz y emitir una norma fundamental vinculante[3]. Bajo esta idea, el poder constituyente podría presidirse por un monarca, un dictador, una oligarquía o por el pueblo. Si nos sujetamos a la primera noción tendremos que la asamblea prevista en la reforma política es un poder constituyente por tratarse de un órgano de carácter excepcional que de él emanará una Ley Fundamental; si acudimos a la segunda, es un poder constituyente porque no importa quién es su titular sino sus condiciones de emitir un documento vinculante y eficaz.

En contraposición con las concepciones hasta ahora expuestas, la teoría democrática nos ofrece una noción ideológica del constituyente originario donde el sujeto titular del mismo sí juega un papel fundamental. Bajo esta perspectiva, el constitucionalista mexicano Jaime Cárdenas Gracia define al poder constituyente como “una fuerza, poder o autoridad política que tiene la posibilidad en situaciones concretas, para crear, garantizar o eliminar una Constitución … En condiciones democráticas el titular o sujeto del poder constituyente es el pueblo.”[4]

Ahora bien, el concepto pueblo no debe agotarse en la representación política, mediante la cual solo algunos toman decisiones por otros. En la actualidad, desde la perspectiva democrática, “el pueblo debe comprender a la mayoría de los individuos que representan los diversos sectores sociales e ideológicos desde una sociedad y que están comprometidos con una idea de transformación y de inauguración de un nuevo régimen político, económico y social”[5]. Este último concepto es el que es defendido en la actualidad por el constitucionalismo democrático. Sin embargo, esta noción lamentablemente contrasta con la situación de la Ciudad de México, pues no es el pueblo quien decidirá su futuro sino un grupo privilegiado de políticos.

Ausencia de autonomía constitucional

Bajo la óptica del modelo federal, el que la Ciudad de México obtenga una Ley fundamental local implica el nacimiento de un estado miembro de la Unión. Sin embargo, la teoría constitucional nos lleva a concluir que no ha nacido una nueva entidad federativa. A continuación se explicará por qué. La autonomía constitucional es una nota característica del Estado federal. Dicha autonomía consiste en la facultad que tienen las entidades federativas (estados) para darse su propia Constitución y reformarla[6]. Si una unidad organizada de individuos no cuenta con autonomía constitucional, entonces, no se trata de un estado o entidad federativa. Al respecto la Constitución mexicana establece que:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

El texto constitucional menciona el concepto “soberanía” debido a un error de los constituyentes de 1917. Es evidente que los estados no pueden ser soberanos dentro de un régimen federal. Más bien, lo que se quiso decir es que de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución los estados son autónomos y se sujetan al contenido del pacto federal. Es este último artículo el fundamento de la autonomía constitucional que permite a las entidades federativas emitir su propia Ley Fundamental.

La Constitución de la Ciudad de México será redactada por actores ajenos a la misma: lo que significa —si somos fieles a lo anteriormente mencionado— que sus habitantes no ejercerán la autonomía constitucional mencionada. En consecuencia, la Ciudad de México no será, en sentido estricto, un estado de la unión. Contará con un documento, pero no emanado autónomamente ni mediante un poder constituyente democrático.

Es importante aclarar que la doctrina del sistema federal no distingue entre estado y entidad federativa pues, de conformidad con ella, son absolutamente lo mismo. Si no se es un estado de la unión, tampoco se es una entidad federativa. No obstante, en este sentido, la reforma política viene a complicar más el escenario al establecer en la Constitución federal que la Ciudad de México es una entidad federativa (artículo 122) y, a su vez, que no es un estado miembro de la unión (artículo 44). A esta contradicción solo podemos dar la siguiente explicación: el desconocimiento de nuestros legisladores sobre la dogmática constitucional relativa al sistema federal.[7].

¿Es entonces la Ciudad de México un estado o entidad federativa? La respuesta a dicha interrogante no puede ser encontrada en la Constitución federal, sino en la teoría del sistema federal. Así, debido a la interferencia de poderes constituidos en el proceso constituyente, la Ciudad de México no tendrá una Constitución emanada mediante el ejercicio de su autonomía. Por lo tanto, por carecer de autonomía constitucional, la Ciudad de México no es estado ni es entidad federativa. Para respaldar esta idea recordemos algunos puntos del decreto de la reforma política que merman la autonomía constitucional.

  1. La convocatoria para conformar la Asamblea Constituyente de la capital mexicana fue regulada por el poder revisor de la Constitución[8]; parte del contenido que habrá de tener la Constitución local ya está redactado por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.
  2. Los poderes constituidos elegirán al 40% de los constituyentes en detrimento de la autodeterminación capitalina.
  3. De conformidad con el transitorio séptimo de la reforma política: “Es facultad exclusiva del Jefe de Gobierno del Distrito Federal elaborar y remitir el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, que será discutido, en su caso modificado, adicionado, y votado por la Asamblea Constituyente, sin limitación alguna de materia”. Sin justificación alguna se faculta al Jefe de Gobierno de presentar un borrador de la Constitución que luego será revisado por la “Asamblea Constituyente”.
  4. El transitorio octavo de la misma dice: “Aprobada y expedida la Constitución Política de la Ciudad de México, no podrá ser vetada por ninguna autoridad y será remitida de inmediato para que, sin más trámite, se publique en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal”. Circunstancia que impide a la ciudadanía de la capital ratificar por medio de un referéndum el contenido de su Ley Fundamental, como ha sucedió en procesos constituyentes recientes de otros países.

Lo correcto habría sido que el poder revisor se hubiese limitado a declarar en la Constitución la existencia de un nuevo estado de la República mexicana, dejando a las autoridades de la Ciudad de México coordinar todo lo relativo a la Asamblea Constituyente, misma que se habría de conformar por los miembros elegidos a través del voto de los capitalinos, excluyendo de dicha selección a los poderes constituidos (tanto federales como locales). Por ello, no se puede concluir más que la ciudadanía capitalina no ejercerá autonomía constitucional alguna; por lo tanto, no emitirá su propia Constitución local, lo que significa que no se conformará un nuevo estado o entidad federativa. Aunado a ello, de acuerdo a la teoría política y democrática, no existirá un poder constituyente sino una asamblea extra ordine encargada de mantener el carácter sui generis de la Ciudad de México.

Iván Jair Estrada Acero. Estudiante de la licenciatura en derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

_________________________

[1] Para mayor precisión el Constituyente Originario será conformado por 100 miembros: 60 electos a través del voto directo de los capitalinos (asignados bajo el principio de representación proporcional); 14 miembros elegidos por la Cámara de Diputados; 14 por el Senado; 6 directamente por el Jefe de Gobierno; y los 6 restantes por el Presidente de la República.

[2] Guastini, R. ed., (2001). Estudios de teoría constitucional. 1st ed. Ciudad de México: Miguel Carbonell, pp.40-41.

[3] Sanchez, Luis. “Principios de teoría política”. Madrid, Editorial Nacional, 1979, pp. 364-366.

[4] Austidillo, C., & Córdova, L. Coord. (2016). Reforma y control de la Constitución (1st ed., pp. 39-40). Ciudad de México: Miguel López Ruiz y Erick Raúl Chávez Sánchez. Recuperado de: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2955/4.pdf.

[5] Serna de la Raza, J. (2009). Procesos constituyentes contemporáneos en América Latina. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pp.170-171.

[6] Carpizo, J. and Madrazo, J. (1991). Derecho constitucional. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, p.99.

[7] El legislador democrático es aquel que conforma el órgano constituido denominado poder revisor de la Constitución. En la teoría constitucional se le distingue del legislador ordinario, quien es miembro del Poder Legislativo.

[8] Nos referimos al poder regulado en el artículo 135 de la Constitución Política, mismo que no debe ser confundido con el Poder Constituyente. Mientras que el poder revisor es a su vez un poder constituido; el Constituyente es un acontecimiento extra-jurídico, fáctico y provisional.

Breve historia del matrimonio gay y sus batallas judiciales en México

En semanas pasadas, el matrimonio gay ha sido objeto de artículos, editoriales, porras y condenas. La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos respecto al derecho de las parejas gay de contraer matrimonio, así como la publicación de tres jurisprudencias de nuestra Corte en el mismo sentido, han iniciado un nuevo proceso de enfrentamiento ideológico y un intercambio de puntos de vista jurídicos. Sin embargo, al menos en nuestro país, el matrimonio igualitario no es cosa nueva. Por ello, me interesa relatar brevemente cuál ha sido el camino que éste ha transitado en nuestro Tribunal constitucional.

Todo empezó en agosto de 2010, cuando el Pleno de la Suprema Corte estudió la constitucionalidad de las reformas legislativas al código civil del Distrito Federal que expandieron el derecho a contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo. Aquella sentencia, correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 2/2010, fue favorable a los intereses del movimiento LGBTTIQ, ya que la Corte, de forma inteligente y progresista, sostuvo que el matrimonio gay era perfectamente respetuoso del artículo 4º constitucional, mismo que prevé la obligación del Estado de proteger a las familias.

Sin embargo, en el caso del Distrito Federal, sólo se analizó una medida legislativa progresista, quedando pendiente por estudiar la constitucionalidad de las medidas restrictivas, contenidas en las constituciones y los códigos civiles locales.

Los primeros asuntos, relativos al código civil del estado de Oaxaca, fueron resueltos por la Primera Sala de la Suprema Corte en 2012.[1] En los tres asuntos de los cuales conoció la Corte, los quejosos (parejas gay) presentaron solicitud de matrimonio ante el registro civil, el cual les negó tal posibilidad al estar aquél configurado normativamente como la unión de “un hombre y una mujer” y para la “perpetuación de la especie”.

Dichos asuntos constituyen piezas fundamentales para entender la doctrina constitucional que la Suprema Corte ha venido tejiendo en relación con el matrimonio igualitario. En esas decisiones, la Sala dio la razón a las parejas, afirmando que el artículo 143 del código civil local constituía una medida legislativa discriminatoria. Con base en la preferencia sexual de las personas, dijo la Sala, la norma lograba la exclusión arbitraria de las parejas gay del acceso a la institución matrimonial. Para ello, la Corte consideró adecuado realizar un análisis de escrutinio estricto de la medida (strict scrutiny). Adicionalmente, la Corte reconoció que el límite impuesto al matrimonio gay era consecuencia de una larga historia de acoso y discriminación.[2]

En esos casos, la Primera Sala decidió hacer una “interpretación conforme” del artículo del código civil de Oaxaca. Sin embargo, al revisitar el caso en 2014, la Sala prefirió hacer a un lado dicha técnica para calificar, de forma lisa y llana, “inconstitucional” a la norma excluyente.[3] En un mensaje particularmente fuerte, la Primera Sala sostuvo que la respuesta del Poder Judicial de la Federación frente a la discriminación, era la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma, buscando así disuadir al legislador a cambiarla y generar un cambio de conducta en la sociedad.

También en 2014, la Primera Sala conoció de los primeros amparos promovidos por personas que, sin haber solicitado formalmente contraer matrimonio ante el registro civil, consideraban que el matrimonio exclusivamente heterosexual les perjudicaba al discriminarles en tanto se asumían homosexuales;[4] aducían, pues, tener interés legítimo para acudir ante la justicia constitucional mexicana. La Sala les dio la razón, considerando que las leyes “contribuyen a la construcción del significado social en una comunidad” y el mensaje homofóbico de la norma que define el matrimonio como la unión entre “un hombre y una mujer” generaba un mensaje de exclusión y estigmatización.

A partir de los casos anteriores, la Primera Sala de la Suprema Corte estuvo en aptitud de analizar las normas civiles “tradicionales” de los estados de Baja California, [5] Sinaloa[6] y el Estado de México.[7] Dichos amparos en revisión permitieron a la Primera Sala publicar, el pasado viernes 19 de junio, tres tesis jurisprudenciales, obligatorias para todos los órganos del Poder Judicial federal. La primera de dichas jurisprudencias dispone que son inconstitucionales las leyes de cualquier entidad federativa que establezcan que: (i) la finalidad de matrimonio es la procreación; o (ii) lo definan como la unión de un hombre y una mujer.[8] La segunda tesis establece que la libertad configurativa del legislador para regular el estado civil de las personas está limitado por las normas constitucionales.[9] Finalmente, la tercera, dispone que no hay razón constitucional válida para excluir a las parejas gay del matrimonio.[10]

¿Qué significan las jurisprudencias publicadas? A mi juicio la publicación de las mismas implica que el matrimonio igualitario ha sido suficientemente analizado en la Suprema Corte, sin que ésta estime necesario volver al debate. Además, las jurisprudencias implican que, gracias a la doctrina constitucional desarrollada por la Sala, todos los juicios de amparo promovidos en contra de normas que definen el matrimonio de forma tradicional serán resueltos de forma favorable al matrimonio igualitario.

Julio Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

_______________

[1] Amparos en revisión 581/2012, 457/2012 y 567/2012, todos resueltos el cinco de diciembre de dos mil doce.

[2] Incluso, dijo la Sala, dicha discriminación guarda una analogía a la que en otro momento sufrieron las parejas interraciales. Muy similares consideraciones sostuvo la Suprema Corte estadounidense en Obergefell v. Hodges. Aquí un texto de mi autoría que analiza esta sentencia: La Corte Suprema estadounidense y el matrimonio gay. Análisis de sentencia, publicada el 30 de junio de 2015.

[3] Amparo en revisión 152/2013 (Oaxaca), resuelto el veintitrés de abril de dos mil catorce.

[4] Amparo en revisión 152/2013 (Oaxaca), resuelto el veintitrés de abril de dos mil catorce; amparo en revisión 615/2014 (Colima), resuelto el cuatro de junio de dos mil catorce;  amparo en revisión 704/2014 (Colima), resuelto el dieciocho de marzo de dos mil quince; amparo en revisión 735/2014 (Colima), resuelto el dieciocho de marzo de dos mil quince.

[5] Amparo en revisión 122/2014.

[6] Amparos en revisión 263/2014 y 483/2014.

[7] Amparo en revisión 591/2014.

[8] 1a./J. 43/2015 (10a.) Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 19 de junio de 2015 09:30 h.

[9] 1a./J. 45/2015 (10a.) Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 19 de junio de 2015 09:30 h

[10] 1a./J. 46/2015 (10a.) Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 19 de junio de 2015 09:30 h

Acceso universal para animales de asistencia, un paso hacia la no discriminación

El pasado 25 de mayo, Miguel Ángel Mancera presentó una iniciativa que modificaría la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Protección a los Animales del D.F. para garantizar el acceso de animales de asistencia a cualquier establecimiento mercantil, espacios y servicios públicos.[1]

Lamentablemente, hasta el día de hoy, tal iniciativa no se encuentra en la Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sin embargo, para entender mejor la importancia de una propuesta sobre el tema y despejar dudas sobre la presencia de animales en espacios en los que generalmente no está permitida, es necesario comprender tres aspectos: ¿Cuáles son los animales de asistencia? ¿Qué derechos se buscan garantizar? ¿De qué manera se ha regulado está figura en otros países?

¿Cuáles son los animales de asistencia?  

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, en su sección sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, define a los animales de asistencia como  “perros que son entrenados individualmente para trabajar o realizar tareas por personas con discapacidad. Los ejemplos de dichas tareas incluyen guiar a personas con discapacidad visual, alertar a personas con discapacidad auditiva, mover una silla de ruedas, advertir y proteger de y durante un ataque epiléptico, recordar a una persona que presente enfermedad mental cuando debe tomar un medicamento o calmar en caso de ataques de ansiedad a quien presenta síndrome post traumático”.[2]

Es probable que en esta lista el ejemplo más identificable sea el perro de apoyo a personas con discapacidad o debilidad visual, pero queda claro que las posibilidades son amplias. Los perros de asistencia no son mascotas, son animales entrenados con un objetivo específico y para cumplirlo es necesario que permanezcan con la persona a la que apoyan. Sin ningún tipo de impedimento para realizar su función, por ejemplo: colocar un bozal al perro podría evitar que actúe ante una emergencia.

¿Qué derechos se buscan garantizar?

Las personas con discapacidad tienen derecho a una “plena inclusión en la sociedad para que puedan desarrollarse en condiciones de igualdad y dignidad”, lo cual está establecido en el artículo 1º constitucional que prohíbe la discriminación, el derecho a la salud contenido en el artículo 4º también de la Constitución, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación y leyes federales y locales.

En el Distrito Federal viven 483,045 personas con discapacidad,[3] parte fundamental de la inclusión consiste en garantizar su accesibilidad a cualquier espacio y actividad con los elementos de apoyo que requiera, entre ellos un perro de asistencia.

¿De qué manera se ha regulado está figura en otros países?  

En la Comunidad de Madrid en España estableció, el 10 de marzo de 2015, la Ley de Acceso al Entorno de Personas con Discapacidad que Precisan el Acompañamiento de Perros de Asistencia, en la cual se establece la clasificación de los perros de asistencia según el fin de su entrenamiento, su reconocimiento, suspensión e incluso la pérdida de su estatus como animal de asistencia o de su vinculación con la persona a la que apoyaba, los centros y profesionales de adiestramiento y; por último, las obligaciones de las personas usuarias y el régimen de sanciones.[4]

En este caso la misma ley suma reglas y sanciones para los proveedores de servicios o responsables de establecimientos que impidan el libre acceso de personas con perros de asistencia, a diferencia de la propuesta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal que implica la reforma de la Ley de Establecimientos Mercantiles. Ello es atribuible a la forma en que está conformado el sistema normativo, y es notable que cubra las circunstancias de acceso que deberán cumplirse, así como todo lo referente al animal de asistencia y su relación con el usuario.

Otro ejemplo es la normatividad estadounidense. El Departamento de Justicia publicó en septiembre de 2010 el resultado de la revisión de las regulaciones para la implementación de la Ley de Americanos con Discapacidades (Americans with Disabilities Act-ADA)[5] en las que aclaró puntos sobre los animales de servicio, entre los que incluyó que:

  • Sólo reconocen a los perros como animales de asistencia.
  • Son perros de asistencia aquellos entrenados para apoyar a una persona con discapacidad.
  • Es obligatorio su acceso a todos los lugares en los que el acceso es público.

La ley excluye a aquellos perros que sólo se utilicen como apoyo emocional, no excluye una interpretación más amplia de “animal de asistencia” bajo otras leyes, indica ejemplos de lugares donde no se permite el acceso (Ej. Un quirófano) y que el animal deberá estar en control con el uso de cualquier dispositivo que no comprometa su función.

Es destacable el hecho de que la ley explícitamente permita sólo dos preguntas ante la duda del responsable o prestador de servicio: 1) si el perro está entrenado para asistir debido a una discapacidad, y 2) cuál es el trabajo para el que fue entrenado. Además establece que las alergias no serán razón suficiente para impedir su acceso y deberán garantizar que tanto el usuario como el perro de asistencia sean ubicados en un punto diferente al de la persona alérgica siempre que sea posible.

Fui especialmente explicita con los puntos relevantes de la norma estadounidense porque es peculiar, no por su contenido sino por su implementación, pues opera obligatoriamente en aerolíneas y aeropuertos mexicanos con rutas hacia y desde  Estados Unidos de acuerdo a la “Ley de Accesibilidad en el Transporte Aéreo (ACAA, 49 U.S.C. 41705) que prohíbe la discriminación por aerolíneas estadounidenses y extranjeras que se base en la discapacidad física o mental. El Departamento de Transporte, 10 de junio (DOT), a la hora de interpretar e implementar la Ley ACAA, emitió un reglamento (14 CFR Parte 382) en 1990 estableciendo las normas de servicios que deben brindar las aerolíneas estadounidenses a personas con discapacidades [que] será enmendado para incluir a las aerolíneas extranjeras.”[6]

El hecho de que ya existan espacios en el país en los que opere el acceso a animales de compañía indica que incluir estas medidas en nuestro sistema normativo es tan necesario como viable.

Celebro que haya una iniciativa en favor del acceso universal a establecimientos y servicios públicos, será necesario vigilar de cerca que su contenido, discusión y eventual aprobación tengan un resultado óptimo para garantizar los derechos de todas aquellas personas que necesiten el apoyo de un animal de asistencia.

Nabila Delgado. Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

_________________

[1] Presenta Jefe de Gobierno reforma a ley relativa a perros de asistencia en CDMX, Boletines, NotiCDMX, 8 de junio de 2105.

[2] How “Service Animal” Is Defined, ADA Requirements, U.S Department of Justice, 9 de junio de 2015.

[3] Censo de Población y Vivienda 2010 en Monografias por la no discriminación. Personas con discapacidad, COPRED, 9 de junio de 2014.

[4] Para acceder al texto íntegro de la ley refiérase a Leyes sobre perros de asistencia en comunidades autónomas, Madrid.

[5] ADA Requirements. Service Animals., U.S Department of Justice.

[6] Quejas que alegan un tratamiento discriminatorio contra viajeros discapacitados en virtud de la Ley de Accesibilidad en el Transporte Aéreo (Air Carrier Access Act, o ACAA, por sus siglas en inglés) y 14 CFR Parte 382. Protección y asesoramiento para pasajeros aéreos e implementación reglamentaria, Departamento de Transporte de Estados Unidos, 10 de junio de 2015.