(In)justicia cotidiana para José: un diagnóstico para combatirla II/II

Después del estudio elaborado por el CIDE, a petición del presidente de la República, sobre los diversos problemas que giran alrededor de la justicia cotidiana, vino una segunda etapa de este proyecto. Se trató de un conjunto de mesas temáticas, organizadas ahora por el gobierno federal: Diálogos por la justicia cotidiana, cuyo objetivo principal fue elaborar diagnósticos conjuntos, entre académicos y funcionarios públicos, e ir perfilando soluciones a los problemas hallados. El siguiente paso, aún pendiente, es que el presidente de la República presente ante el Congreso de la Unión estas soluciones ya traducidas en iniciativas de ley o, inclusive, de reforma constitucional. A continuación, la segunda parte del texto que explica, en breve, a partir de un caso y personaje ficticio, los puntos principales de estos Diálogos por la justicia cotidiana*.   

José sospechó que estaba siendo representado por un abogado de dudosas cualidades académicas, profesionales, técnicas y éticas.[1] Al proporcionar servicios jurídicos de mala calidad, puso en riesgo el patrimonio, derechos e incluso la persona de José, fuere por desconocimiento, negligencia o conducta dolosa.

El abogado se formó rodeado de problemas relacionados con la calidad académica de las escuelas y de los servicios jurídicos, los cuales dificultan el acceso a la justicia, provocan desconfianza generalizada hacia el sistema de impartición y generan incentivos a malas prácticas profesionales.

En cuanto a la calidad de la enseñanza del derecho, se constata un aumento en la cantidad de instituciones que lo imparten, no así en la calidad de lo impartido. Los criterios para otorgar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) son dispares; los planes de estudio y requisitos de titulación, heterogéneos, algunos demasiado flexibles para obtenerlo. Los criterios para actualizar planes de estudio no son uniformes. Existe personal docente que no satisface perfiles adecuados, por ejemplo, al estar desactualizado sobre el mismo conocimiento que imparte.

Existe insuficiente contacto profesional durante la carrera, lo que provoca disparidad en la calidad de conocimientos de los egresados, que algunos no logren conciliar la distancia entre teoría y práctica, y que no estén suficientemente preparados para resolver los problemas que se presentan en la realidad. La información sobre cédulas expedidas y abogados practicantes es deficiente; los datos son escasos y poco útiles para el control ético y eventual sanción de los profesionistas.

El abogado, que prolongó el juicio innecesariamente, cobró altos honorarios y no transparentó el uso de los recursos que José le proporcionó, se formó en una institución que no puso suficiente énfasis en el componente ético de su actividad ni sobre la relevancia social del abogado en un estado democrático de derecho.

No existe un estándar ético general para la profesión que incluya, entre otras, la obligación ética para abogados y operadores de mantenerse actualizado en el conocimiento del derecho, o el impedimento para llevar asuntos sobre los que no se tiene capacidad.

El abogado, aprovechando la ignorancia de José, decidió extender el litigio y acudir al juicio de amparo.[2] Su propósito era utilizarlo como “tercera instancia”, “doble apelación”, o como juicio de casación en contra de la resolución, en éste caso, cuasi-judicial.[3] El uso continuo y reiterado desvirtúa su carácter de medio extraordinario de control constitucional.

El representante legal quería “llevarse todo” por la vía del amparo. Incluso a sabiendas de que la probabilidad de ganar era baja. Buscaba prolongar juicios y así aumentar su percepción económica. La reiterada promoción, incluso sobre un mismo asunto, es incentivada por la falta de confianza en las instancias locales y la percepción de que la impartición de justicia suele ser mejor y más eficiente a nivel federal, entre otras causas.

En México, “se ha generado una cultura jurídica procesalista”,[4] que acostumbra priorizar el estudio de las formalidades procedimentales (análisis exhaustivo de las causales de improcedencia) sobre la resolución del fondo. Esta serie de restricciones evitan que el juez —quien además suele tomar una postura pasiva y formalista—, en el ámbito de su competencia, ejerza su función de control constitucional en defensa de los derechos humanos.

José ignoraba que el amparo es el procedimiento constitucional protector de sus derechos por antonomasia, jurídicamente al alcance de todos por igual. Como la mayoría de mexicanos, desconocía su objeto y posibilidades. El acceso a la justicia constitucional resulta prácticamente excepcional para los sectores aún más vulnerables. Algunos problemas tratan de ser resueltos por ésta vía, sin ser la idónea. Otros, que podrían ser allí resueltos, ni siquiera son planteados. La asesoría jurídica para tramitarlo, sobre todo la gratuita, es escasa. Sólo aquellos que cuenten con recursos suficientes pueden defenderse.

Como sabemos, José sí pudo instar la acción de la justicia federal. Ahí se dio cuenta del excesivo formalismo y tecnicismo de la ley y sus procedimientos (incluyendo el lingüístico), incluso para abogados expertos. Como había experimentado ya en otros procesos, observó que la práctica del amparo revela demasiados trámites engorrosos, y que es inflexible, formalista, burocrática, costosa, lenta y poco eficiente. La continua promoción de amparos y recursos, aunada a la falta de especialización de los órganos jurisdiccionales, aumenta las cargas de trabajo y provoca ineficiencias e ineficacia.

Después de varios años de litigio, José obtuvo la protección de la Unión. Creyó haber vencido al patrón, pero constató las deficiencias y la dificultad para cumplimentar y ejecutar la sentencia. La resolución resultó incongruente con lo planteado e insuficiente respecto a lo pretendido, rebuscada, excesivamente formal y técnica. La determinación de los efectos no fue clara, lo que amplió el margen de discrecionalidad de la autoridad responsable y dejó a su voluntad el tiempo y forma de cumplimiento, que fue deficiente. La reglamentación y sanciones vigentes, no la disuadieron de repetir el acto reclamado.

Para José, el amparo había revelado sus limitaciones como instrumento de preservación y reparación integral y progresiva de los derechos humanos. En su caso, como en muchos otros, no se cumplió el objetivo de ser un recurso judicial rápido, sencillo y efectivamente protector.

Las mismas autoridades legislativas e impartidoras de justicia constitucional han complicado el escenario para las personas. La reforma de junio de 2011, diversificó, amplió y complejizó el catálogo de fuentes interpretativas y de derechos humanos, y ha provocado la polarización de posturas entre los juzgadores (demasiado formalismo o demasiado garantismo), mermando la seguridad jurídica. Aunque existen mecanismos para resolverla, como la contradicción de tesis, su trámite es largo y sus efectos no son aplicables a los casos concretos que la suscitaron.

La falta de cobertura generalizada de la justicia constitucional, el limitado uso de los MASC, entre otros factores, elevan los costos de transacción para la promoción de recursos y la continuación de los juicios. La exacerbada carga de trabajo de la justicia federal dificulta satisfacer el derecho a la impartición de justicia pronta, completa, imparcial, e incluso gratuita. La normal consumación de violaciones a derechos humanos abona a la falta de confianza generalizada en el sistema.

Al igual que muchos mexicanos, José ha encontrado demasiados obstáculos para hacer de la justicia algo tangible. Esto nos lleva a indagar sobre las causas generales de las deficiencias que se desprenden de la organización y funcionamiento de los poderes judiciales.[5]

Además de la percepción de corrupción, desigualdad y lentitud,[6] se desconfía de la independencia de los poderes judiciales, tanto de sus jueces como del personal. Se percibe su vulnerabilidad política (principalmente frente a los gobernadores) y financiera. Las medidas para asegurar la autonomía jurídica y fáctica y la capacitación de operadores, han sido dispares e insuficientes.

El servicio de impartición de justicia tiene una cobertura deficiente a nivel local y nacional, lo que se agrava en localidades alejadas y en conflictos de menor cuantía. Las condiciones físicas y materiales son inadecuadas para proporcionarlo de forma eficaz y eficiente. La reticencia a la transparencia ha impedido el desarrollo de mecanismos homogéneos para supervisar y controlar la labor de los juzgados y los recursos que administran.

Existen asimetrías en cuanto al número y complejidad de asuntos que conocen los poderes judiciales, según su nivel y materia;[7] sobre los recursos humanos, materiales, financieros y salarios poseídos; y en la aplicación de prácticas innovadoras de gestión y administración de casos. Aún falta difundir e implementar sistemas de gestión profesionales apoyados en tecnologías de la información.

La calidad del gobierno judicial es insuficiente. No todos los estados cuentan con consejos de la judicatura, y no todos son independientes. La carrera judicial aún no opera de forma homogénea ni completa a nivel nacional, por lo que es urgente garantizar procesos de formación, profesionalización, ingreso y ascenso confiables, transparentes e imparciales. Es necesario separar las tareas administrativas de las jurisdiccionales, establecer mecanismos eficientes de control y supervisión de la estructura institucional y prevenir prácticas clientelistas.

Este déficit básico del Estado mexicano impacta de forma negativa en la legitimidad de los órganos jurisdiccionales y cuasi-jurisdiccionales, así como en la efectividad de sus decisiones. Los costos sociales y económicos se reflejan en el distanciamiento ciudadano, e incluso en las de decisiones de inversionistas.

Ahora bien, si la adecuada impartición de justicia es una obligación de todo el Estado mexicano, el Poder Ejecutivo debe velar por una política en materia de justicia,[8] a pesar de no corresponderle directamente la administración del poder judicial.

Aún no existe un mecanismo formal o instancia encargada de institucionalizar el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de una política pública integral en la materia, que coordine y evalúe los esfuerzos entre todos los órdenes de gobierno, entre dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que tienen a su cargo funciones de justicia, y entre ésta y los poderes judiciales federal y locales.

Las normas son complejas y numerosas. Según datos recabados por la Secretaría de Gobernación, existen alrededor de 150,000 ordenamientos vigentes a nivel nacional: 57,120 a nivel federal y 45,373 en los estados.[9] El marco jurídico es poco accesible para la mayoría de la ciudadanía. Su revisión y sistematización, muy complejas.

La técnica legislativa es deficiente, caracterizada por el lenguaje técnico, no incluyente y de fraseo complejo. Muchas leyes se crean prescindiendo de la perspectiva de derechos humanos y/o desconociendo el bloque de constitucionalidad. El fenómeno se exacerba al no existir contenidos mínimos u homologados para su diseño en ciertas materias, procedimientos o instituciones.

El enfoque excesivamente formalista prioriza la creación de numerosas normas, en detrimento de su claridad y sencillez. Hay demasiados creadores y la jerarquía normativa es incierta, sobre todo en los peldaños más bajos de la “pirámide”. Existen leyes referidas a intereses particulares, omisiones legislativas y legislación ad hoc para reaccionar a determinados eventos. Al no haber claridad respecto a cuándo deben ser modificadas, no se respeta el principio de rigidez.

Las dificultades para conocer los textos normativos son principalmente tecnológicas, lingüísticas y económicas. No existen mecanismos idóneos para compilar y difundir nuevos ordenamientos, sobre todo a nivel municipal. Al igual que la información y asesoría sobre trámites, servicios y procedimientos, aquéllos se concentran en plataformas tecnológicas a las cuales no todos los mexicanos tienen acceso.

Las disparidades sustanciales entre legislaciones locales crean grados diferenciados de protección y garantía de los derechos. Algunos ordenamientos generan dispersión competencial innecesaria, duplicidad de funciones y diversidad de criterios. Todo lo cual complica trámites y disminuye la eficacia en la acción gubernamental. Y si bien existen órganos como la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, su alcance de gestión es limitado. Por ello, es necesario modificar el enfoque actual de producción de nuevas normas y procurar la eficacia en la aplicación de las existentes.

Las deficiencias del sistema de impartición de justicia y de los órganos directa e indirectamente encargados de proveerla, provocan costos sociales y económicos elevados que afectan el patrimonio y bienestar de las personas. Los obstáculos para acceder a la justicia exacerban la brecha de desigualdad y profundizan la desconfianza en las instituciones de procuración y administración de justicia. En última instancia, impiden o retrasan la democratización de la sociedad y el desarrollo humano, social y cultural.

Los problemas transversales identificados pueden resumirse en: 1) multiplicidad, complejidad y heterogeneidad normativa, 2) procesos poco ágiles, inflexibles, muy formalistas y costosos, 3) difícil ejecución de las sentencias, 4) barreras lingüísticas, geográficas, culturales y económicas, 5) ineficiente asignación, administración y gasto de los recursos, 6) insuficiente y dispar capacidad técnica y ética de los servidores públicos al no existir cultura de servicio público y legalidad, 7) disparidad de recursos humanos, tecnológicos y financieros entre estados, poderes y órdenes de gobierno, 8) disparidad de sueldos y prestaciones que genera disparidad de incentivos, 9) incompleta armonización de normas nacionales, estatales y municipales con la Constitución y los instrumentos internacionales vinculantes para el Estado mexicano.

La fundada falta de confianza en las instituciones que procesan conflictos ha alimentado una cultura que parece favorecer mecanismos de autotutela, en detrimento de la autocomposición amistosa y la heterocomposición imparcial. El déficit educativo del país provoca carencia de información sobre la cultura de los derechos, sus alcances, beneficios y vías para hacerlos valer.

El Estado mexicano, en su relación con las personas, no está cumpliendo cabalmente las condiciones básicas que se desprenden de los artículos 1°, 14 y 17 constitucionales. Al ignorar o inaplicar estándares de igualdad sustantiva, la desigualdad de facto se traduce en desigualdad de iure. Gran parte de la ciudadanía se encuentra en la inseguridad jurídica (niños, adolescentes, indígenas, mujeres, trabajadores) y no hay servicios a su alcance para remediarla.

A problemáticas generales, corresponden propuestas transversales, como: homologar registros públicos y armonizar la legislación respecto a materias o instituciones que proporcionen medios idóneos, necesarios y proporcionales para el respeto, promoción, garantía y protección de los derechos; simplificar los procesos, el lenguaje –que también deberá ser inclusivo–, y garantizar la eficacia y prontitud en la ejecución de sentencias.

La difusión e implementación de los MASC debe ser masiva (garantizando a la vez el derecho a la información) para así reducir cargas de trabajo, despresurizar el sistema y procurar justicia pronta y expedita en conflictos cotidianos. La capacitación de recursos humanos sobre la importancia social de su función, enfoques de igualdad sustantiva, trato racional y sensible de las controversias que llegue a conocer, y la mejora de la atención inicial o en ventanilla, son fundamentales. Es ahí donde sucede el contacto concreto y personalizado.

Las herramientas tecnológicas ofrecen soluciones viables y novedosas para entablar una comunicación más directa y oportuna con los ciudadanos e implementar mejores prácticas de gestión administrativa de causas, archivos, notificaciones, recursos financieros, actas de registro civil o de propiedad, etc. Además, el uso adecuado de sistemas automatizados facilitaría la fiscalización, la rendición de cuentas, y posiblemente, la atribución de responsabilidades.

La tecnología serviría para unificar y homologar registros, procesar juicios en línea, concentrar todos los ordenamientos vigentes, crear y ampliar bases de datos y con ellos elaborar índices e indicadores que identifiquen causas o factores de fenómenos que demandan atención, como la urgente prevención y erradicación de la violencia escolar –y de todo tipo-. A los órganos les facilitaría allegarse de información confiable y útil para identificar progresos, retrocesos y áreas de oportunidad.

Por último, la calidad de la enseñanza del derecho y de los estándares éticos de los abogados podría mejorar a través de mecanismos como el establecimiento de requisitos educativos mínimos, la colegiación voluntaria, programas de evaluación y autoevaluación, otorgamiento de reconocimientos a instituciones de educación superior que acrediten procesos de evaluación externa, entre otros.

Conclusión

Para lograr la “resolución o atención ágil, efectiva, servicial y humana de los distintos conflictos que viven las personas en su vida cotidiana”,[10] sería útil adoptar un enfoque sistémico y considerar que todos los sectores (público, privado y social) y una multiplicidad de actores (familias, profesores, administración pública, jueces, legisladores, abogados, peritos, ONGs) debemos participar en la construcción de las condiciones de posibilidad de la justicia.

Se han dado algunos avances, pero insuficientes por su especificidad.[11] La satisfacción de los derechos, más que pronunciamientos, necesita recursos. En consecuencia, para transitar de una idea de justicia a su praxis y transformar las propuestas en acciones, se debe incentivar la transparencia, disuadir la corrupción y asignar recursos a los órganos procuradores e impartidores de justicia con base en criterios imparciales, objetivos, racionales y técnicos.

En un contexto de escasez y bajo crecimiento económico, la observancia del artículo 134 de la Constitución es inexcusable. La homologación legislativa es plausible, siempre que respete el federalismo y la soberanía de los estados, y éstos a su vez adecuen su normativa a los parámetros convencionales y constitucionales.

Al igual que “estado de derecho” o “democracia”, “justicia” es un concepto teórico y abstracto, un ideal regulativo que sólo adquirirá vigencia y concreción cuando se normalice en las prácticas cotidianas. Así como José, millones de mexicanos necesitan conocerla, palparla, y de manera pronta.

Gustavo Eduardo Marín Hernández. Egresado de la carrera de Derecho del ITAM.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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* Este texto es un resumen, a partir de un caso ficticio, de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, Diagnósticos conjuntos y soluciones (2016) (en adelante, “Diálogos”), convocados por el gobierno federal, el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Más de 200 personas de 26 instituciones de diversos sectores se reunieron desde noviembre de 2015 hasta enero de 2016, dando como resultado éste diagnóstico y proponiendo 87 medidas que requieren políticas públicas, 49 medidas requieren reformas legales, y 10 medidas, constitucionales. Consultado el 13 de abril de 2016 y disponible en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/79028/Di_logos_Justicia_Cotidiana.pdf

[1] Mesa 4, “Mejora de la enseñanza y del ejercicio del derecho”, Diálogos, pp. 89-112.

[2] Mesa 8, “Resolución del fondo del conflicto y amparo”, Diálogos, pp. 209-228.

[3] “Alrededor del 74% de los amparos (directos e indirectos) que se ingresaron en 2015, están ligados a procedimientos judiciales, ya sea por violaciones intraprocesales o en contra del dictado de la sentencia”, Diálogos, p. 212.

[4] Op. cit., p. 221.

[5] Mesa 7, Diálogos, pp. 161-208.

[6] Según la Encuesta Nacional de Justicia, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, tomo: Justicia, Fix-Fierro, Héctor et al (eds.), Área de Investigación Aplicada y Opinión, IIJ-UNAM, México, 2015, los principales problemas de la impartición de justicia en México son: corrupción – 70,3%, injusticia – 42,9%, hay desigualdad – 29,5%, procesos tardados – 17,5%, tráfico de influencias – 16,5%, etc.; Diálogos, p. 175.

[7] Cifras de 2015 muestran que en el fuero común, de los 1,806,400 asuntos en primera instancia, el 25.9% es materia civil, 25.8% mercantil, 37.6% familiar y sólo 9.15% penal. En segunda instancia, la materia familiar atiende 46.2% de asuntos, civil 22.4% y penal 22.1%; Diálogos, pp. 164-166.

[8] Mesa 9, Diálogos, pp. 229-302.

[9] Op. cit., pp. 272.

[10] Diálogos, p. 290.

[11] Por ejemplo, algunas sentencias paradigmáticas de la Suprema Corte, el Libro Blanco de la Reforma Judicial y el Modelo de Sentencias de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral.

El arraigo y el galimatías de su constitucionalidad

El 9 de abril de 2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia conoció del amparo directo en revisión 1250/2012, bajo la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En la discusión se debatió la constitucionalidad de la figura del arraigo contenida en el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. Al inicio de esta sesión, se retomó una discusión vertida anteriormente, respecto a si el arraigo tenía efectos más allá de la privación de la libertad. Con seis votos, la SCJN sostuvo que el arraigo sí tiene efectos más allá de la privación de la libertad, por lo que el mismo se podía reclamar a través de un amparo directo.

Una vez resuelta esta cuestión de procedencia, los ministros iniciaron con la discusión de fondo. Gutiérrez Ortiz Mena, como ponente del asunto, comenzó afirmando que el arraigo era una figura compatible con la Constitución en tanto era una excepción explícita en el texto constitucional a la libertad personal. Bajo este orden de ideas, Ortiz Mena sostuvo que la habilitación legislativa era estrictamente para el orden federal y no habilitaba a las legislaturas de las entidades federativas para regular la figura del arraigo. Después de reiterar nuevamente la constitucionalidad del arraigo, el mismo ministro afirmó que en tanto una restricción, la norma constitucional en cuestión debía ser interpretada de la forma más limitada posible, a fin de evitar posibles arbitrariedades.

Por su parte, el ministro Cossío Díaz arguyó que el arraigo era un mecanismo que privaba de la liberta a una persona fuera de proceso, sin que aquélla hubiere sido acusada formalmente. En este sentido, el arraigo no debía considerarse como una medida cautelar, siendo que su verdadero objetivo era el auxilio a la actividad investigadora y que la medida afectaba claramente a un cúmulo de derechos. Cossío determinó que si bien el arraigo era una restricción constitucional, ésta resultaba inaceptable en una sociedad democrática al ser contraria también a los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Postura interesante es la adoptada por el ministro Zaldívar, al decir que todas las reformas constitucionales tienen que interpretarse armónicamente y a la luz del principio pro persona. En razón de este criterio, para Zaldívar si la norma resulta incompatible con un sistema democrático constitucional de derechos, la consecuencia tenía que ser anular el artículo.

En un análisis global de las posturas de los distintos ministros, es evidente que el criterio prevaleciente es de naturaleza formal, independientemente de si el derecho se reconoce o la restricción se establece en la Constitución o en un tratado internacional. La fórmula es simple: si hay restricción constitucional entonces el debate termina y se aplica en el caso concreto.

Ahora, si bien es cierto que el criterio vertido en la sentencia 293/2011 es válido en tanto fue emitido por nuestro tribunal constitucional, es sano para un Estado democrático proponer criterios novedosos respecto a la interpretación de las restricciones constitucionales. Tal es el caso del ministro Zaldivar, al analizar las restricciones constitucionales no sólo a la luz de los criterios formales sino también materiales contenidos en un régimen democrático.

En una posición diametralmente opuesta, se encuentra la opinión del ministro Medina Mora, pues, a su juicio, el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales no sólo es constitucional si no que también es convencional. Con fundamento en los artículos 7, inciso 2, y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al establecerse el arraigo como una restricción de rango constitucional y ser aplicada sólo en ciertos supuestos, cumplía con el test de convencional derivado del análisis de los artículos en cita.

Dicha interpretación resulta interesante pues propone que toda limitación al estar en nivel constitucional y ser aplicada en ciertos casos, en su mayoría considerados como excepcionales, cumple con el test de convencionalidad. Esto amplía considerablemente la capacidad que tiene el constituyente de emitir restricciones constitucionales, las cuales bajo esta óptica también resultan ser convencionales.

Esta posición puede ser objeto de un debate importante. Sin embargo, la misma resulta ser al menos parcialmente correcta, en el sentido que al estar dicha restricción en rango constitucional es válida. La aseveración anterior encuentra sustento en la opinión emitida por el ministro Aguilar, quien destacó que no es la mejor restricción que se pudo implementar pero al tener rango constitucional y al ser racionalizada y justificada para casos excepcionales, como lo es delincuencia organizada, era válida en tanto fuese aplicada para tratar estos casos excepcionales.

Casi un año antes de la resolución de este amparo, se discutió también en el Pleno de la Corte otro asunto relacionado con el arraigo. En efecto, en febrero de 2014, la Suprema Corte conoció la acción de inconstitucionalidad 29/2012. En la cual, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alegó la inconstitucionalidad del artículo 291 de la legislación penal del estado de Aguascalientes, por ser violatorio de los artículos 11, 16 y 73 fracción XXI de la Constitución.

Dicho artículo 291 del código penal de Aguascalientes dicta que las autoridades pueden imponer el arraigo por delitos graves del fuero común. Lo anterior, en relación con las demás disposiciones locales, implicaría que alguien pudiera ser arraigado inclusive por atentados a la estética urbana o aborto culposo, entre otros delitos. Esto, en opinión de la CNDH se contraponía al artículo 16 constitucional que dicta que el arraigo solo podrá ser impuesto en materia de delincuencia organizada.

En la misma medida, se alegó que la legislación hidrocálida violaba el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución que estable que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de delincuencia organizada. El Congreso de Aguascalientes defendió su posición argumentando que dicha restricción competencial solo sería exigible una vez concluida la transición al sistema penal acusatorio. Sin embargo, el Pleno de la Corte concluyó que la reforma del sistema penal no podía ser entendida como una habilitación para que, en tanto el nuevo sistema de justicia entrara vigor en toda la República, se pudiera permitir a las legislaturas locales expedir nuevas normas secundarias para regular la figura del arraigo.

Al igual que en el amparo directo en revisión 1250/2012, la Suprema Corte analizó el conflicto constitucional, planteado por la CNDH, desde un punto de vista meramente formal. El máximo tribunal aceptó la inconstitucionalidad de la norma sin siquiera analizar el concepto de arraigo preventivo. Con estas bases, la Corte afirmó la inconstitucionalidad al declarar que el arraigo al considerar que, como dicta el artículo 16 constitucional, el mismo solo podría ser ejercido en materia de delincuencia organizada. Desde una perspectiva meramente competencial, las legislaturas locales tendrían ya inhabilitada la facultad para legislar en la materia, ante la facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

Esto no implica, vale subrayar, la inconstitucionalidad material del arraigo como figura jurídica. Es decir, la Corte votó en contra de la legislación de Aguascalientes por invasión de competencias del Congreso local, así como por emplear el arraigo en contra delitos graves del orden común. Sin embargo, este criterio no resultó ser un precedente relevante para analizar la constitucionalidad de una norma de arraigo emitida por el Congreso federal, según se ha expuesto previamente.

¿Con qué nos deja, entonces, la Suprema Corte? El análisis conjunto de estas dos decisiones deja claro que el arraigo es ciertamente una restricción cuestionable pero que al ser elevada constitucionalmente debe considerarse válida para los casos señalados, tales como delincuencia organizada. Para una mayoría de los ministros, la figura del arraigo cuenta con suficientes condiciones constitucionales para ser una limitación al derecho de la libertad personal que cumple con los estándares mínimos de protección de los derechos humanos.  La única reserva a la validez del arraigo como restricción expresa al derecho de libertad es que, aparte de aplicarse sólo en casos excepcionales, se eleve el estándar de fundamentación y motivación para poder emplear tal medida en alguna persona.

Raúl Archundia Pavón, Francisco Díaz Plata y Germán Macías Salas. Estudiantes de la licenciatura en Derecho del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

¿Qué sigue? ¿Mariguana medicinal para empresas farmacéuticas?

En los próximos días, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia abordará el estudio del amparo en revisión 547/2014, cuyo proyecto de resolución es público. Este caso[1] fue promovido por una empresa farmacéutica que solicitó a la COFEPRIS una autorización para la investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos a base de cannabis sativa, así como del “THC”. Misma que le fue negada con apoyo en diversos artículos de la Ley General de Salud. Ante esta negativa, presentó una demanda de amparo. La juez federal, que conoció del asunto, decidió negar la protección bajo el argumento de que la farmacéutica al ser una persona moral no es titular de derechos humanos. En respuesta, la farmacéutica en cuestión presentó un recurso de revisión mientras que la Secretaría de Salud presentó una revisión adhesiva para apoyar lo resuelto por la jueza.

El caso llegó a la Primera Sala de Suprema Corte; no obstante, debido a la relevancia del tema a discutir, el ministro Gutiérrez Ortíz Mena solicitó que se enviase al Pleno donde discuten y votan los 11 ministros que integran a la Corte.

Ahora bien, el proyecto de sentencia se divide en dos apartados. En el primero, se estudian las razones por las que se negó la protección a la empresa, además de analizar si la empresa puede tener derechos y, en su caso, cuáles estarían involucrados en el tema. Por su parte, en el segundo, se revisan las normas de la Constitución y de tratados relacionadas con el derecho a la salud, para luego a partir de este marco normativo escudriñar las disposiciones legales cuestionadas.

En principio el proyecto apoya a la jueza en el sentido de que las personas jurídicas o morales (empresas y demás) no gozan de los derechos humanos a la identidad personal, el libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación individual y a la libertad personal que corresponderían a una persona física (individuo). La propuesta se apoya en lo resuelto en la contradicción de tesis 360/20113. En la cual la Suprema Corte decidió que, conforme al principio pro persona, ciertos derechos humanos son aplicables a las personas morales, ya que el juicio de amparo no está vedado para éstas, siempre y cuando esos derechos sean afines a la lógica de las personas físicas o morales[2].

En segundo lugar, el proyecto aborda de manera muy atinada el carácter complejo, institucional y transversal del derecho a la salud. ¿Qué significa esto? Pues que alcanzar el más alto bienestar físico, mental o psíquico de salud no debe relacionarse con un punto de vista vertical, sino más bien con la participación horizontal de diversos actores –públicos y privados- a quienes impacta la regulación de salud y, por tanto, cada uno de los involucrados pueden tener derechos pero también cargas y obligaciones. En este sentido, si una empresa ofrece un tratamiento verificado por la autoridad sanitaria nacional e internacional y, de ello, se desprende una actividad comercial, es claro que esa actividad debe ser eficaz y alcanzar los resultados para los cuales se encuentra desarrollada, autorizada y goza de reconocimiento por parte del foro médico y científico.

El proyecto del amparo en revisión 547/2014 reconoce que la empresa tiene incidencia en el derecho a la salud de terceros, no sólo porque le afecten los artículos de la Ley General de Salud, sino que también podría llevar a cabo investigaciones y desarrollar los medicamentos a base de Cannabis o THC para personas que lo requieran. Sin embargo, el proyecto reconoce que la empresa pudo alegar violación a la libertad de comercio pero escogió plantear una violación al derecho a la salud, tanto por su ámbito de actividad como las posibilidades de ofrecer medicamentos a terceros que lo requieran. Lo cual ofrece la imagen de que la empresa buscara proteger indirectamente el derecho a la salud, cuando en el fondo existe un fin de lucro, pues el resultado final de sus eventuales investigaciones médicas no será una labor de altruismo sino de comercio.

La propuesta estudia los artículos a través de una técnica llamada examen de proporcionalidad cuyo objetivo es determinar que cierta restricción a un derecho sea legal, legítima y adecuada. Así, el proyecto arriba a la conclusión de que el Congreso de la Unión se extralimitó al establecer una prohibición absoluta de la marihuana y del THC al considerarlas sustancias de escaso valor terapéutico. Para ello, el proyecto se apoya en información médica sobre los posibles beneficios para declarar la inconstitucionalidad de los artículos impugnados –sin considerar, vale señalar, otras posturas científicas respecto la eventual dependencia que general el consumo de derivados de la cannabis[3].

Una omisión no menor del proyecto es que no define una posición clara frente las diversas obligaciones internacionales que el Estado mexicano ha asumido en materia de estupefacientes. En efecto, el Estado mexicano forma parte del llamado Sistema Internacional de Control de Drogas, el cual se integra por una serie de tratados que vinculan a nuestro país. Por ejemplo, la Convención Única sobre Estupefacientes menciona que se deberán adoptar medidas legislativas y administrativas que puedan ser necesarias para limitar exclusivamente la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos. Inclusive, de manera concreta, el artículo 49, numeral 2 inciso f), de esta Convención reconoce que el uso de la cannabis para fines que no sean médicos y científicos deberá cesar lo antes posible. Lo cual significa, que en sentido contrario, sí admitiría la posibilidad del uso médico-terapéutico.

Aunado a esto, el Relator Especial sobre la Tortura de las ONU ha señalado que la falta de acceso a tratamientos contra el dolor y analgésicos a base de opioides para los pacientes que los necesitan, podría constituir un trato cruel, inhumano y/o degradante[4]. Esta perspectiva es interesante porque colocaría a los Estados ante una responsabilidad internacional frente a una omisión convencional. Es decir, la lógica no debería ser el prohibicionismo, sino la apertura con fines médicos o científicos puesto que las personas que enfrentan una enfermedad o padecimiento y que utilicen un medicamento –a base de THC, por ejemplo- sufrirían en su integridad personal por un “no hacer” o una prohibición total a cargo del Estado.

No sabemos qué resultará de la discusión entre los ministros de la Corte y si llegaremos hasta estos puntos. Lo cierto es que ante una posible concesión del amparo, vale la pena esbozar algunos efectos más allá de los jurídicos. Tan solo un ejemplo: si sólo se beneficiara de momento a esta empresa farmacéutica, ésta gozaría de una ventaja comparativa respecto de la venta de productos medicinales derivados del Cannabis y/o THC, lo cual equivaldría a que la sentencia abriría un nuevo mercado y, al mismo tiempo, dotaría a esta empresa de una posición monopólica en éste –pues, de momento, sólo ella estaría autorizada para investigar, desarrollar, patentar, producir y comercializar los referidos medicamentos y tratamientos con THC.

Este y otros supuestos más que pueden surgir en la decisión de este asunto ponen en evidencia algo no menor: más allá de lo que resuelva la Corte, y de la opinión que tengamos de su sentencia, urge que se involucren otras instituciones del Estado mexicano con mayores herramientas para trazar una política pública para regular de manera adecuada el uso médico y científico de los estupefacientes.

Miguel Ángel Antemate Mendoza. Defensor de derechos humanos por la UNAM.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su autor y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Este caso se diferencia del AR 237/2014, pues en aquel se realizó el estudio de la Cannabis con fines lúdicos o terapéuticos a cargo de la Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

[2] Jurisprudencia: P/ 1/2015 de rubro: “PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES DE LAS PERSONAS MORALES.”

[3] Por ejemplo: los trabajos del Comité de Expertos sobre la Dependencia a las Drogas de la OMS, quienes se encargan de evaluar las propiedades de dependencia y potencial daño de las sustancias psicoactivas incluso en el contexto de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961.

[4] United Nations, Human Rights Council, A/HRC/10/44, 14 January 2009.

Breve historia del matrimonio gay y sus batallas judiciales en México

En semanas pasadas, el matrimonio gay ha sido objeto de artículos, editoriales, porras y condenas. La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos respecto al derecho de las parejas gay de contraer matrimonio, así como la publicación de tres jurisprudencias de nuestra Corte en el mismo sentido, han iniciado un nuevo proceso de enfrentamiento ideológico y un intercambio de puntos de vista jurídicos. Sin embargo, al menos en nuestro país, el matrimonio igualitario no es cosa nueva. Por ello, me interesa relatar brevemente cuál ha sido el camino que éste ha transitado en nuestro Tribunal constitucional.

Todo empezó en agosto de 2010, cuando el Pleno de la Suprema Corte estudió la constitucionalidad de las reformas legislativas al código civil del Distrito Federal que expandieron el derecho a contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo. Aquella sentencia, correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 2/2010, fue favorable a los intereses del movimiento LGBTTIQ, ya que la Corte, de forma inteligente y progresista, sostuvo que el matrimonio gay era perfectamente respetuoso del artículo 4º constitucional, mismo que prevé la obligación del Estado de proteger a las familias.

Sin embargo, en el caso del Distrito Federal, sólo se analizó una medida legislativa progresista, quedando pendiente por estudiar la constitucionalidad de las medidas restrictivas, contenidas en las constituciones y los códigos civiles locales.

Los primeros asuntos, relativos al código civil del estado de Oaxaca, fueron resueltos por la Primera Sala de la Suprema Corte en 2012.[1] En los tres asuntos de los cuales conoció la Corte, los quejosos (parejas gay) presentaron solicitud de matrimonio ante el registro civil, el cual les negó tal posibilidad al estar aquél configurado normativamente como la unión de “un hombre y una mujer” y para la “perpetuación de la especie”.

Dichos asuntos constituyen piezas fundamentales para entender la doctrina constitucional que la Suprema Corte ha venido tejiendo en relación con el matrimonio igualitario. En esas decisiones, la Sala dio la razón a las parejas, afirmando que el artículo 143 del código civil local constituía una medida legislativa discriminatoria. Con base en la preferencia sexual de las personas, dijo la Sala, la norma lograba la exclusión arbitraria de las parejas gay del acceso a la institución matrimonial. Para ello, la Corte consideró adecuado realizar un análisis de escrutinio estricto de la medida (strict scrutiny). Adicionalmente, la Corte reconoció que el límite impuesto al matrimonio gay era consecuencia de una larga historia de acoso y discriminación.[2]

En esos casos, la Primera Sala decidió hacer una “interpretación conforme” del artículo del código civil de Oaxaca. Sin embargo, al revisitar el caso en 2014, la Sala prefirió hacer a un lado dicha técnica para calificar, de forma lisa y llana, “inconstitucional” a la norma excluyente.[3] En un mensaje particularmente fuerte, la Primera Sala sostuvo que la respuesta del Poder Judicial de la Federación frente a la discriminación, era la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma, buscando así disuadir al legislador a cambiarla y generar un cambio de conducta en la sociedad.

También en 2014, la Primera Sala conoció de los primeros amparos promovidos por personas que, sin haber solicitado formalmente contraer matrimonio ante el registro civil, consideraban que el matrimonio exclusivamente heterosexual les perjudicaba al discriminarles en tanto se asumían homosexuales;[4] aducían, pues, tener interés legítimo para acudir ante la justicia constitucional mexicana. La Sala les dio la razón, considerando que las leyes “contribuyen a la construcción del significado social en una comunidad” y el mensaje homofóbico de la norma que define el matrimonio como la unión entre “un hombre y una mujer” generaba un mensaje de exclusión y estigmatización.

A partir de los casos anteriores, la Primera Sala de la Suprema Corte estuvo en aptitud de analizar las normas civiles “tradicionales” de los estados de Baja California, [5] Sinaloa[6] y el Estado de México.[7] Dichos amparos en revisión permitieron a la Primera Sala publicar, el pasado viernes 19 de junio, tres tesis jurisprudenciales, obligatorias para todos los órganos del Poder Judicial federal. La primera de dichas jurisprudencias dispone que son inconstitucionales las leyes de cualquier entidad federativa que establezcan que: (i) la finalidad de matrimonio es la procreación; o (ii) lo definan como la unión de un hombre y una mujer.[8] La segunda tesis establece que la libertad configurativa del legislador para regular el estado civil de las personas está limitado por las normas constitucionales.[9] Finalmente, la tercera, dispone que no hay razón constitucional válida para excluir a las parejas gay del matrimonio.[10]

¿Qué significan las jurisprudencias publicadas? A mi juicio la publicación de las mismas implica que el matrimonio igualitario ha sido suficientemente analizado en la Suprema Corte, sin que ésta estime necesario volver al debate. Además, las jurisprudencias implican que, gracias a la doctrina constitucional desarrollada por la Sala, todos los juicios de amparo promovidos en contra de normas que definen el matrimonio de forma tradicional serán resueltos de forma favorable al matrimonio igualitario.

Julio Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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[1] Amparos en revisión 581/2012, 457/2012 y 567/2012, todos resueltos el cinco de diciembre de dos mil doce.

[2] Incluso, dijo la Sala, dicha discriminación guarda una analogía a la que en otro momento sufrieron las parejas interraciales. Muy similares consideraciones sostuvo la Suprema Corte estadounidense en Obergefell v. Hodges. Aquí un texto de mi autoría que analiza esta sentencia: La Corte Suprema estadounidense y el matrimonio gay. Análisis de sentencia, publicada el 30 de junio de 2015.

[3] Amparo en revisión 152/2013 (Oaxaca), resuelto el veintitrés de abril de dos mil catorce.

[4] Amparo en revisión 152/2013 (Oaxaca), resuelto el veintitrés de abril de dos mil catorce; amparo en revisión 615/2014 (Colima), resuelto el cuatro de junio de dos mil catorce;  amparo en revisión 704/2014 (Colima), resuelto el dieciocho de marzo de dos mil quince; amparo en revisión 735/2014 (Colima), resuelto el dieciocho de marzo de dos mil quince.

[5] Amparo en revisión 122/2014.

[6] Amparos en revisión 263/2014 y 483/2014.

[7] Amparo en revisión 591/2014.

[8] 1a./J. 43/2015 (10a.) Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 19 de junio de 2015 09:30 h.

[9] 1a./J. 45/2015 (10a.) Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 19 de junio de 2015 09:30 h

[10] 1a./J. 46/2015 (10a.) Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 19 de junio de 2015 09:30 h