(Re)pensar el principio de la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento

Existe un principio jurídico absoluto que dice: “La ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento”[1]. Es una máxima que se ha utilizado durante siglos para recordar a los gobernados que, lo deseen o no, tanto su persona como su conducta siempre está bajo la lupa del derecho, regulada y normada aun y cuando no sepan cómo sucede esto, ni cuál es el contenido de las reglas que les están aplicando.

Para iniciar esta reflexión vayamos a un hecho histórico que nos habla de lo abstracto que puede resultar el derecho. Cuando Cristobal Colón llegó hasta las tierras del continente americano, colocó su estandarte y se dirigió a un cúmulo de personas que obviamente no entendían su idioma. Acto seguido, y probablemente ante el rostro estupefacto de la población, declaró, en nombre de su rey, que ahora esas tierras formaban parte de la corona española. Y, por ese motivo, todas las personas que ahí habitaban tendrían “el honor” de servir a la corona y pagar impuestos, o bien, si se negaban a profesar la fe cristiana, serían sometidas al régimen de esclavitud, lo que les reducía jurídicamente al estado de “objeto” del que se puede disponer.[2]

¿Cómo cumples algo que no entiendes ni conoces? ¿Cómo dotas de sentido a una norma que además de ser impuesta, nunca te fue compartida? ¿Cómo das fuerza social al derecho, si parte del sentido útil de éste surge, sí y solo sí, la persona a quien se aplica comprende los beneficios que hay en cumplir una norma?

Salvando las distancias, y con el pasar de los siglos, hoy podemos encontrar algunas similitudes en la forma en que se impone y reproduce el derecho en México. Diariamente se publican, modifican y derogan leyes, reglamentos, circulares, convenios, tratados y todo tipo de reglas jurídicas que son conocidas principalmente por quienes las llevan a cabo, pero no por la mayoría de la población. Esto es un gran problema que genera graves deficiencias e insuficiencias de las autoridades de todos los niveles y los ámbitos de gobierno para cumplir con su obligación de promover los derechos humanos y para garantizar el derecho de acceder a la información que tienen todas las personas.

Si hablamos de las actividades del Poder Judicial, cada sentencia le recuerda a los justiciables que “La ignorancia de la ley no les eximía de su cumplimiento”. Es ahí donde, previa traducción a un lenguaje coloquial por un experto en lenguaje jurídico, las personas son “informadas” de aquello que “debían saber” sobre sus derechos y cómo ejercerlos. Desafortunadamente, en muchos casos ya es tarde, pues ya se impusieron las sanciones, se pagaron servicios de abogacía, se hicieron condenas por costos procesales, se privó de libertad o se embargaron sus bienes.

 ¿Se puede exigir el cumplimiento de una ley que no se conoce?  

El argumento de las autoridades para sostener que así debe ser consiste en afirmar que las personas deben tener un alto sentido cívico, y, por tanto, deben interesarse en los asuntos del Estado. Trasladando así la obligación de “informarse” a los particulares, considerando que las leyes son parte de la información pública de oficio, es decir, información que se publica obligatoriamente (sin olvidar los serios cuestionamientos al medio utilizado para ello: internet).

Pero, ¿qué sucede con aquella información normativa que no se publica de oficio? Por ejemplo, en casi la mitad de las entidades federativas las sentencias emitidas por los tribunales no son públicas.

No hay que perder de vista que las sentencias son normas, normas individualizadas, porque en su contenido se interpretan las leyes, se les da sentido a sus términos. Entonces, si no se publican oficiosamente, tampoco podría reclamarse un incumplimiento, dado que la autoridad es la que controla ese tipo de información y la mantiene bajo resguardo. Sólo mediante la difusión de sentencias es posible garantizar que las personas no “ignoren” cómo se aplican las leyes al resolver un problema, lo que implica: identificar qué criterios están utilizando los juzgadores para interpretar el derecho, en qué sentido lo hacen, es decir, si hay una tendencia en la interpretación, o bien, si han decidido abandonar algún criterio y adoptar otro, mostrando las razones para ello.

¿Quién debe cumplir el principio: la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento?

La carga se ha impuesto durante siglos sólo a los gobernados, dando por sentado que son las únicas personas que incumplen. Pero, ¿qué sucede cuando las autoridades “ignoran” la ley? ¿Es válido eximirles de su cumplimiento? ¿Tienen la obligación de conocer el derecho? De hecho, ¿no sería más reprochable en su caso esa “ignorancia” si se considera que, conocer las normas es parte de su función?

Estas reflexiones vienen a raíz de lo que ha sucedido en el Poder Judicial con la reforma en materia de derechos humanos. Numerosas sentencias demuestran que, tanto en el ámbito federal como en el local, subsisten resistencias para modificar la forma de juzgar, se desconocen los tratados internacionales, la jurisprudencia internacional, o no se sabe cómo aplicarlos. Si bien, hay importantes esfuerzos de capacitación del personal, y en muchos casos también gratas experiencias al respecto, aun estamos lejos de consolidar la reforma de derechos humanos en la impartición de justicia.

“Es cuestión de tiempo”, señalan algunas autoridades, dando así una especie de “justificación” y aire esperanzador para la solución a estos problemas. Desde este lado de la trinchera podríamos conceder este permiso siempre y cuando fuera para todas las personas, porque hasta ahora no existe una sentencia en donde se le diga a la persona particular: “…sabemos que la ignorancia de la ley no le eximía de su cumplimiento, pero también sabemos que ya está empezando a enterarse en qué consiste la misma, qué le parece si le damos unos años para que se especialice, regresa y entonces sí le juzgamos, por el momento no va haber sanción porque entendemos que estas cosas son cuestión de tiempo.”

La ley se aplica con todo rigor para los justiciables, sin importar si la conocen o no; se imponen sanciones que en gran parte de los casos derivan precisamente de haber desconocido las normas jurídicas.  Justo sería, entonces, que también las autoridades que no conocen y no aplican el derecho que deberían conocer sean sancionadas, pues esta deficiencia impacta directamente en la calidad, eficacia y completitud de la justicia que imparten.

Si se mantiene la vigencia de este principio, -ya sea porque se considere que da estabilidad al sistema jurídico o simplemente porque “así ha sido siempre”, como muchas cosas en México-, al menos debe darse una lectura integral y no discriminatoria a su contenido, lo cual sería congruente con la Constitución y los tratados internacionales.

Por último, es importante señalar que esta reflexión hace referencia a las actividades del Poder Judicial; sin embargo, no olvidemos que se trata de un problema común a los otros poderes, y en general, al cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos en todo el país.

Dalia Berenice Fuentes Pérez. Abogada. Área Legal de Equis Justicia para las Mujeres.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Este principio se ha regulado en algunas normas como el Código Civil Federal, que plantea ciertas excepciones en su aplicación, aunque las mismas por su redacción, resulten subjetivas y discriminatorias: “Artículo  21. – La  ignorancia  de  las  leyes  no  excusa  su  cumplimiento;  pero  los  jueces  teniendo  en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación o su  miserable  situación  económica,  podrán,  si  está  de  acuerdo  el  Ministerio  Público,  eximirlos  de  las sanciones  en  que  hubieren  incurrido  por  la  falta  de  cumplimiento  de  la  ley  que  ignoraban,  o  de  ser posible,  concederles  un  plazo  para  que  la  cumplan;  siempre  que  no  se  trate  de  leyes  que  afecten directamente al interés público”. Código Civil Federal publicado en cuatro partes en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928.

[2] Cristóbal Colón, Diario de a bordo (Primer viaje), Barcelona, Red Ediciones S.L., 2016, pp. 25-26.

Derecho de réplica: un dictamen de ley violatorio de derechos humanos

El derecho de réplica se introdujo a la Constitución mexicana el 13 de noviembre de 2007, pero forma parte de nuestro marco jurídico al menos desde la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1981. Sin embargo, en perjuicio precisamente de la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno que protejan los derechos humanos, hasta ahora no sea ha logrado reglamentar la manera en que se garantizará el derecho a la honra y reputación a partir de la rectificación o respuesta de informaciones u opiniones agravantes en medios de comunicación.

Por lo que respecta a los plazos legislativos, la violación existe desde el 14 de diciembre de 2007 –límite establecido en el transitorio constitucional que introdujo este derecho. A pesar de que se han presentado varias iniciativas, ninguna ley en esta materia se ha aprobado hasta la fecha. Una de estas es la que se discutió y aprobó el día de ayer por las Comisiones de Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos del Senado. Este dictamen contiene varias disposiciones preocupantes, pero lo más alarmante es que irónicamente restringe el derecho que busca proteger –de rectificación o respuesta- porque ignora precisamente lo que implica “respuesta”, además de contener restricciones a la libertad de expresión.

En efecto, desde mi perspectiva, la gran deficiencia estructural de este dictamen de ley es que no hace una diferencia puntual entre rectificación y respuesta e, inclusive, utiliza estos términos de forma indistinta. Vale la pena recordar que el derecho de rectificación y el de respuesta entran en acción cuando colisionan dos derechos clave: el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la honra y reputación. Es decir, cuando una persona resulta afectada por información incorrecta y opiniones agravantes, a través de medios de difusión legalmente reglamentados, dirigidos al público en general, entonces, tiene la posibilidad de rectificar o responder a los dichos agravantes por el mismo medio de difusión “de lo cual es evidente que pueden deducirse otros [efectos], como los de que tal rectificación o respuesta se publique gratuitamente, lo antes posible y en lugar y con notoriedad equivalentes a los de la publicación causante del agravio, sin ‘coletillas’ que la desvirtúen etc.”[1]

Puede entreverse desde esta definición del derecho de réplica, que existen dos vertientes contenidas en el mismo: una se trata de rectificar, es decir corregir información inexacta o incompleta y la otra se dirige a la eventual respuesta frente opiniones que afecten la reputación y la honra de la persona aludida[2]. De esta forma, la respuesta o rectificación constituye una forma de reparar cualquier extralimitación de la libertad de expresión sin incurrir en censura previa (lo cual sería una violación grave a este último derecho). Lo anterior, vale subrayar, no es nuevo. De acuerdo con Alejandro Rosas, por ejemplo, en Francia la rectificación está legislada desde 1819 y la respuesta desde 1982.

El no diferenciar de manera adecuada entre rectificación y respuesta no sólo es grave conceptualmente, sino que implica a su vez que el dictamen de ley no incluya ningún procedimiento para darle cauce a la respuesta por opiniones –quizá porque el dictamen los considera como equivalentes. Todos los supuestos se basan en información y declaraciones de las que puede existir comprobación; es decir, sean susceptibles de rectificación. Esto deja desamparado el derecho al honor. Es decir, “el valor que los demás le asignan a la persona en cuestión en tanto se afecte la buena reputación o la buena fama de que goza una en el entorno social en el que le corresponde desenvolverse”[3].

Es claro que, para garantizar este derecho, no debe regresarse a las restricciones a la libertad de expresión que existían antes, como los delitos de difamación o calumnia. Pero para seguir protegiendo la honra y reputación de las personas sin restringir la libertad de expresión, debe existir una forma de replicar las opiniones que se han expresado y que afectan los derechos de las personas. El único artículo que podría interpretarse en este sentido es el artículo 10 del dictamen de ley, que habla sobre los requisitos para iniciar el procedimiento ante los sujetos obligados: los medios de comunicación. Sin embargo, el artículo 13 deja claro que no se permite que se inicie el procedimiento cuando comprenda juicios de valor u opiniones, lo cual evidencia que este dictamen de ley no distingue la diferencia medular entre rectificar y responder.

Otro problema que provoca esta falta de diferenciación, es que en el procedimiento judicial se exige que se presenten pruebas que “acrediten la existencia de la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación […] que demuestren la falsedad o inexactitud de la información publicada; o que demuestren el prejuicio que dicha información le hubiera ocasionado”[4]. Esto va en contra, de manera grave, de los derechos de las personas que han sido afectadas ya que, como ha señalado Sergio García Ramírez, “[e]n principio, la verdad o falsedad se predica sólo respecto a hechos. De allí́ que no puede ser sometida a requisitos de veracidad la prueba respecto de juicios de valor”[5].

Existe, a su vez, una norma particularmente preocupante por constituir una violación grave a la libertad de expresión. En efecto, uno de los escenarios en los que los sujetos obligados (los medios de comunicación) pueden negarse a publicar la réplica es cuando ésta resulte ofensiva, a pesar de que toda la jurisprudencia internacional (interamericana y europea) ha sido clara en que la libertad de expresión incluye expresiones chocantes que pudieran irritar o inquietar ya sea a los funcionarios públicos o cualquier sector de la población[6].

En ambos casos, se está vulnerando un derecho, el de rectificación o respuesta, al no incluir una garantía de respuesta; y el de libertad de expresión, por limitarla en el procedimiento judicial de rectificación. Por estas razones considero que este dictamen de ley no debe aprobarse por el pleno del Senado, aun cuando esto signifique continuar con la violación constitucional por la ausencia de regulación del derecho de réplica. Siempre es mejor esperar un poco más por una buena ley, a tener una ley que vulnere nuestros derechos.

Paulina Barrera Rosales. Egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, integrante del Colectivo CAUSA. Twitter: @noibaatwittear

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[1] CoIDH. Opinión Consultiva OC-7/86 Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 CADH) del 29 de agosto de 1986, solicitada por el Gobierno de Costa Rica. Voto concurrente del Juez Rodolfo Piza Escalante, párr. 37.

[2] Rosas, Alejandro. “¿Derecho de rectificación, derecho de respuesta o derecho de réplica?” en Derecho Comparado de la Información, julio-diciembre de 2011, p. 68. Disponible aquí.

[3] Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177. Voto Concurrente del Juez Diego García Sayán, párr. 16.

[4] Artículo 25 fracción VII del proyecto de ley.

[5] Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177. Voto Concurrente del Juez Sergio García Ramírez, párr.93.

[6] Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177. Voto Concurrente del Juez Sergio García Ramírez, párr.88; CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, OEA/ser.L/V/IICIDH/Rele/Inf.2/09. Publicado el 20 de diciembre de 2009, párr. 30-38.

El derecho de réplica y su desastrosa reglamentación

El derecho de réplica aparece en la Constitución (artículo 6º) desde 2007, pero su reglamentación ha sido un rotundo fracaso. Tras ocho años de demandas y exigencias para poder hacerlo efectivo, es claro que el afán de control de esta herramienta democrática y deliberativa por algunos medios de comunicación y el status quo (consideremos aquí, aceptando esta generalización, a políticos y gobernantes que caminan de la mano con medios como Televisa, TvAzteca y otros) ha empujado hacia el lado de la omisión, el vacío legal y la discrecionalidad que esto resulta a favor de los medios de comunicación, la obstrucción de su utilización para los ciudadanos y el capital político de los grupos políticos que pueden negociarla (principalmente partidos políticos y algunos legisladores en particular). El interés por este derecho es meramente discursivo, no una prioridad real de la clase política pasada ni en turno.

Sirva de ejemplo que, además de los años de omisión legislativa y tras la obligación (renovada) de reglamentar este derecho a raíz de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones (que establecía el plazo de 180 días para desarrollar la ley correspondiente), el Dictamen por el que se expide la ley reglamentaria del artículo 6º constitucional relativa al derecho de réplica se encuentra congelado desde diciembre de 2013 y que, misteriosamente, intentó ser aprobado fast track por iniciativa del PRI. Todo esto sin importar los pronunciamientos públicos, emitidos en su momento, en rechazo de ese dictamen, por especialistas como Irene Levy y por organizaciones de derechos humanos como Article19. Así, esta iniciativa es a todas luces regresiva y contraria a los objetivos democratizadores del derecho de réplica. Veamos.

El derecho de réplica es instrumentalmente democratizador por distintas razones. En su núcleo se encuentra la idea de posibilitar que la voz de las personas afectadas por la información incorrecta, falsa o utilizada de cierta forma por los medios de comunicación (principalmente) sea escuchada. Es un mecanismo para permitir a las personas dar su versión de la historia y, también, generar un diálogo comunicativo y así romper la difusión de información en una sola vía, que es muchas veces la lógica con la que funcionan estos medios. La posibilidad dialógica que encierra este derecho no sólo es importante para las personas que buscan replicar cierta información, sino que es benéfica también para el resto de la sociedad: la réplica permite abrir un debate para romper un monólogo y habilita a la sociedad a ser partícipe de ese debate de distintas formas. Finalmente, esta prerrogativa busca corregir un problema de asimetría de poder, desde donde los medios de comunicación normalmente actúan, para dar la posibilidad de responder a las personas en una posición de igualdad (en principio, en el mismo espacio, con la misma difusión y alcance y en las mismas condiciones).

Es, por ello, precisamente que el dictamen que está en proceso de aprobarse representa una amenaza para la libertad de expresión e información, pues reglamenta este derecho de manera contraria a lo que se esperaría –al menos si se comparte esta visión sobre el derecho de réplica. Destaco dos aspectos que son emblemáticos de los problemas de esta propuesta de reglamentación:*

a) El tiempo de resolución del procedimiento de réplica (arts. 8-37). En pocas palabras, si solicito la réplica de determinada información y el medio de comunicación se rehúsa, puede tomarme, en el mejor de los casos (si no apela a una decisión judicial), alrededor de 20 días (tomando en cuenta los dos tipos de procedimiento, el privado y el judicial). Lo cual se traduce en un procedimiento complejo, engorroso, donde obligan a la persona afectada a probar la falsedad de la información o el daño que ésta le causó (art. 25, Fr. VII).

Esto no sólo es inaceptable si pensamos en contextos político-electorales donde el daño a una campaña o candidata puede ser irreparable si no se corrige o contrasta la información en los muy pocos días siguientes a su difusión. También es terrible para el resto de las personas que, por alguna razón, puedan terminar siendo expuestos por un medio de comunicación, donde su imagen puede ser dañada y sufrir de criminalización, exclusión y rechazo. La inmediatez acá es indispensable.

b) El peso desproporcional a la información y su veracidad, y los medios como juez y parte. El dictamen limita la posibilidad de solicitar la réplica exclusivamente a la información y “en ningún caso, podrá comprender juicios de valor u opiniones» (art. 13), dando además la posibilidad a los sujetos obligados de rechazar la solicitud de réplica cuando ésta “no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, que sea inexacta o falsa y cuya difusión le ocasione un agravio”; la persona no tenga “interés jurídico” en la información; o cuando la información difundida sea “información oficial” (art. 19, Fr. III, V y VII).

Estas disposiciones omiten el hecho inescapable de que la difusión de información se acompaña cotidianamente con opiniones, cuestionamientos o interpretaciones de la misma, y que muchas veces pueden ser materia de réplica. No es, por decirlo así, neutral. Pero además deja a los medios juzgar cuando se trata de una y de otra, y hasta les da facultad para determinar situaciones jurídicas como el interés jurídico. Esta manera purista de separar la información de la comunicación en torno a ella es un error, pero también una trampa cuyo objetivo es darle más poder a los sujetos obligados y quitársela a las personas.

Desde mi perspectiva, el ejercicio de la réplica no debe convertirse en un litigio (mucho menos en uno tan abigarrado como el que plantea el dictamen), sino en un instrumento de diálogo y equilibrio entre las personas y los medios de comunicación; una vía para mejorar la información y el debate público en beneficio de la sociedad. ¿Qué pasaría si se hiciera un procedimiento pro réplica que diera preferencia a ésta frente a los medios? No es cierto que esto necesariamente llevaría a la autocensura, ni que obligaría a las personas a replicar por todo o limitaría la libertad de los comunicadores a expresarse. Es también posible que esto exija un mejor periodismo, producción y manejo de la información, que permita un debate más robusto sobre temas de interés público (que es a los que generalmente llegan estos casos) y, sobre todo, que asegure tener voz a quienes cotidianamente permanecen amordazados por el poder de los medios de comunicación. Ésta, desafortunadamente, no es nuestra historia.

Vladimir Chorny. Doctorante en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Investigador asistente en la Red en Defensa de los Derechos Digitales.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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* Hay ya distintos buenos análisis detallados al respecto, como el de Article19  y el de Irene Levy aquí y aquí.