(Re)pensar la dogmática jurídica

La genealogía convencional de la dogmática jurídica se extiende hasta sus raíces medievales: el ius civile (derecho civil) de los glosadores.[1] Sin embargo, como la mayoría de las genealogías convencionales, ésta sólo cuenta parte de la historia. El ius civile de los glosadores, un antecedente de la dogmática jurídica moderna, reconocido y estudiado desde hace tiempo, aportó un modelo de inquisición normativa que –por razones que explico en el capítulo 1– denomino el “modelo de la revelación”. Este modelo es el que corresponde a la descripción de la dogmática jurídica que nos ofrece Tamayo. Una mirada atenta, sin embargo, pone en evidencia que el modelo de la revelación no agota ni las suposiciones subyacentes, ni los métodos que se despliegan en la dogmática jurídica contemporánea. Existe otro modelo de inquisición normativa que le da forma a la dogmática jurídica y que también encuentra sus raíces en el pensamiento medieval: en la teología moral de Tomás de Aquino. A este segundo modelo, lo denomino el “modelo de la creación”. La diferencia clave entre ambos modelos se encuentra en su enfoque: el de la revelación se concentra en los textos normativos a los que se les atribuye autoridad incontestable; y, el de la creación, en la “naturaleza” de las cosas, articulada en doctrinas jurídicas.

La versión simplista de la relación convencional de la historia del pensamiento jurídico mexicano diría algo así: el resurgimiento en el norte de Italia del derecho romano imperial a fines del siglo XI, produjo una clase de juristas académicos profesionales que, a través de las universidades, se extendió por toda Europa y, después, a América. Durante los subsecuentes ocho siglos, estos juristas desarrollaron una disciplina académica para estudiar el derecho, el ius civile, inspirado directamente por la jurisprudencia romana. En el siglo XIX, la Ilustración se manifestó en el campo del derecho mediante la elaboración de códigos, los cuales sistematizaron y actualizaron las costumbres jurídicas y el trabajo doctrinal de los siglos anteriores, y substituyeron así a los textos jurídicos del tardío Imperio romano como objeto de estudio. Esta substitución fue resultado del movimiento conocido como “codificación”, que surgió en la Francia revolucionaria, se extendió por toda Europa y alcanzó a una América Latina en proceso de construcción con particular vigor. En torno a estos códigos (paradigmáticamente, el Código Civil francés) se desarrollaron diferentes corrientes de interpretación (destacan la francesa, obsesionada con los textos; y, más tarde, la alemana, obsesionada con la historia) que contribuyeron a formar la práctica contemporánea conocida como dogmática jurídica –una disciplina común y compartida en los países de “derecho romano−canónico”–. México, entre ellos, se puso al corriente con la codificación al cierre del siglo XIX y desarrolló su propia doctrina para explicar la legislación específicamente nacional a lo largo del XX.

A esta genealogía contrapongo una narrativa mucho menos secular y mucho menos lineal. En primer lugar, procuro contribuir a la genealogía convencional subrayando la dimensión religiosa de la obra de los glosadores. Sostengo que su trabajo compartía características y supuestos con otra ciencia medieval, que gozaba de mayor autoridad: la teología (dogmática). En segundo lugar, subrayo la importancia metodológica e institucional del derecho canónico, la disciplina medieval que –de la misma forma que el derecho civil estudiaba textos romanos– estudiaba los textos jurídicos autoritativos de la Iglesia católica. Es precisamente por el enorme peso que el derecho canónico y, sobre todo, la teología dogmática tuvieron en la construcción de éste modelo de inquisición normativa, que le denomino “de la revelación”.

Pero quizá el argumento más importante es que la dogmática jurídica contemporánea proviene de dos modelos de inquisición normativa, no de uno. A partir del siglo XVI se desarrolló un modelo alternativo y complementario de inquisición normativa –el modelo de la creación– a partir de la teología moral. Los orígenes de este modelo se encuentran en la obra de Tomás de Aquino, sobre la que se construyó después la llamada Escuela de Salamanca. Ambos modelos fueron trasplantados a las Américas con la colonización española en el siglo XVI. Del siglo XVI al XIX, cada uno de estos dos modelos se desarrolló en un entorno académico distinto, y cada uno fue desplegado por grupos sociales distintos, aunque relacionados. Estas tradiciones paralelas se colapsaron una con la otra durante el siglo XIX con la llegada de la codificación y la secularización: la teología moral y el derecho canónico fueron marginados después de la separación del Estado y la Iglesia a mediados del siglo XIX, lo que permitió a los civilistas ocupar todos los espacios profesionales del gremio jurídico. Sin embargo, en lo que parece un giro irónico del destino, la emulación de la codificación europea en la segunda mitad de ese mismo siglo, entrelazó la disciplina jurídica emanada del modelo de la revelación, para entonces pretendidamente secular, con los vestigios de la teología moral: los códigos europeos importados a México habían absorbido las doctrinas desarrolladas por la teología moral utilizando el modelo de la creación.[2] Cuando las doctrinas forjadas usando el modelo de la creación fueron incorporadas a los textos que usaban los juristas decimonónicos, los dos modelos (creación y revelación) se entrelazaron íntimamente, ya que el estudio de textos conforme al modelo de la revelación requería ahora del conocimiento y del uso de un aparato doctrinal desarrollado bajo el modelo de la creación. Para principios del siglo XX, los dos modelos se habían fusionado con calzador: sin producir una síntesis real y a la vez sin posibilidad real de separarse.

[…]

Dominando el trasfondo de este trabajo se encuentra la idea de “un modelo conceptual del orden” expuesta por Paul Kahn (1992: 211−212). En las páginas del texto Legitimacy and History, Kahn explica un modelo conceptual del orden como “un patrón organizador del pensamiento” y lo ubica en “algún lugar entre lo que Thomas Kuhn denomina paradigma y lo que Michel Foucault denomina un episteme”. Entiende a estos dos “respondiendo a la observación fundamental de que los parámetros dentro de los cuales se organiza y explica la experiencia cambian a través del tiempo”, lo que nos lleva a la idea de que “para hablar de la historia del conocimiento, se necesitan modelos a gran escala con los cuales medir semejanza y diferencia”. Su modelo conceptual del orden también “responde a esta misma necesidad”.Sin embargo, Kahn toma distancia de Foucault o Kuhn y coloca su idea de modelos conceptuales del orden “más cerca de la idea kantiana de la categoría”, en cuanto “no comparten el carácter contingente” del paradigma o del episteme, que “no puede separarse del patrón del ejercicio histórico en el que están insertos”.

[Los modelos conceptuales del orden] son marcos de pensamiento disponibles constantemente. Dan forma a la experiencia ordinaria antes de ofrecer una estructura para la explicación teórica. Los modelos mismos no dependen de la experiencia histórica; la hacen posible. Por consiguiente, no le pertenecen a, ni son producto de, la teoría esotérica. No dependen de avances en las ciencias ni en la teoría del conocimiento. […] Los modelos […] están enraizados en los lugares comunes de la vida diaria. La teoría enriquece a estos modelos al construir sobre sus parámetros y al explicar cómo es que operan en ciertos contextos (Kahn, 1992: 211−212).

Aunque los modelos conceptuales del orden hacen posible la experiencia, no sus resultados, me interesa mucho la práctica histórica en la que se incrusta el pensamiento jurídico. Por ende, dedico una parte considerable de cada capítulo para intentar entender el contexto en el que vivieron y laboraron los juristas que estudio. De hecho, creo que los resultados sustantivos de las inquisiciones normativas normalmente responden precisamente al contexto social y político de los juristas, y no son el resultado de su metodología o de su modelo conceptual del orden (los mejores ejemplos de ello se encuentran quizá en el capítulo 2). Sin embargo, también creo que el pensamiento jurídico se ha desarrollado así para separar las dimensiones social y política de su forma de entender el mundo, de sus preocupaciones sustantivas. Para entender el pensamiento jurídico en sus propios términos, el modelo conceptual del orden de Kahn es más apropiado que, por ejemplo, el paradigma de Kuhn. Además, como lo muestra la obra del propio Kahn, entender el modelo conceptual del orden que informa el pensamiento jurídico no nos impide entender, simultáneamente, al contexto en que se desarrolla ese pensamiento jurídico. Presentar el contexto social, institucional y político de los juristas, y, a la vez, examinar su obra en sus propios términos, nos permite entender tanto el contexto en el que el pensamiento jurídico se desarrolla, como el modelo conceptual del orden a través del cual se desarrolla. Resulta más útil yuxtaponerlos para entender uno a la luz del otro, y no tratar de entender uno en función del otro.

Como a Kahn, me interesa la formulación del pensamiento que da forma a la experiencia al “definir las preguntas acerca del fenómeno, y demarcar […] los límites de lo que puede considerarse como una respuesta” (Kahn, 1992: 212). Me interesan porque “[…] los términos dentro de los que se da el desacuerdo los establecen las similitudes subyacentes” (Ibíd.). La investigación que dio pie a este libro surgió precisamente de uno de estos desacuerdos: ¿qué significa el papel de “tribunal constitucional” para la Suprema Corte de México a principios del siglo XXI? Preguntas como ésta exigen respuestas cuando nuestra judicatura está en pleno proceso de despertar de un sueño centenario. De hecho, creo que México enfrenta ya preguntas más profundas acerca de su idea de lo que es el derecho y de la función de instituciones jurídicas en el futuro inmediato. Construiremos respuestas para tales preguntas a través de un modelo conceptual del orden. Si hemos de forjar las mejores respuestas posibles, debemos entender claramente las limitaciones bajo las cuales operamos. Más que nada, espero con éste texto contribuir a entender nuestras limitaciones, con la esperanza de que, quizá, entendiéndolas podamos construir respuestas más útiles dentro de ellas y, en un descuido, superar alguna.

Aquí el resto del libro coeditado por el Fondo de Cultura Económica y UNIANDES.

Alejandro Madrazo Lajous. Profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Véase: Margadant, 1986; y, Tamayo, 1998. Los glosadores fueron juristas, profesionalmente entrenados, del medievo tardío. Desarrollaron dos disciplinas gemelas, que se distinguían principalmente por los textos jurídicos específicos de los que se ocupaban: el ius civilis o derecho civil, estudiaba el derecho romano del Imperio tardío; y, el ius canonici o derecho canónico estudiaba los textos jurídicos de autoridad de la Iglesia católica. En el capítulo 1 se describe su desarrollo institucional así como las “ciencias jurídicas” que practicaron. Los estudios convencionales de historia del pensamiento jurídico, tienden a enfatizar al derecho civil más que al derecho canónico. Ambos derechos constituyeron lo que se conocía como el ius commune o derecho común.

[2] Gordley (1991) rastreó sistemáticamente los orígenes de las doctrinas del contrato plasmadas en los códigos del siglo XIX hasta las doctrinas de los teólogos del siglo XVI español. Más tarde hizo lo propio con el grueso del derecho privado (Gordley, 2006). Más adelante sostengo que esas doctrinas del derecho privado, una vez incorporadas al derecho civil, sirvieron como prototipo para el desarrollo de otras áreas del derecho, como el administrativo. Así, el modelo de creación ha permeado amplias porciones de los textos legislativos, por imitación.

Antropología jurídica: origen y futuro

Si bien diversos autores han señalado la estrecha relación que el derecho y la antropología han tenido desde sus inicios (Krotz 2002; Chenaut y Sierra 2002; De la Peña 2002; Silva 2000), es importante destacar que la antropología jurídica, como subdisciplina específica, está encargada del análisis sociocultural de los fenómenos jurídicos. Para lo cual parte de la noción del derecho como un elemento cultural inserto en contextos sociales, políticos, económicos e históricos específicos (Krotz, 2002). Como tal, una de sus principales tareas ha sido generar un conocimiento profundo de la ley en la vida cotidiana (Nader, 2002).

Tomando Latinoamérica como escenario, en este espacio queremos apenas referir de forma muy breve algunos aspectos importantes en el desarrollo que nuestra subdisciplina ha tenido en México y Brasil, considerando que ambos países se han convertido en referentes obligados respecto a estudios sobre la relación entre el derecho y la cultura; el primero en ámbitos indígenas y, el segundo, principalmente, en espacios urbanos.

Pues bien, en el caso de México, los principales antecedentes directos de nuestra subdisciplina se encuentran en las investigaciones realizadas por Laura Nader entre los años de 1950-1960 y Jane Collier entre las décadas de 1960 y 1970 en el sur de nuestro país.[1] Estudios que desde sus inicios marcaron la importancia de comprender el uso que los actores sociales hacen de las diferentes instancias legales instauradas socialmente para resolver disputas, mismas que están directamente relacionadas con los procesos históricos, económicos y políticos tanto de los individuos, como de los grupos implicados.

Como Chenaut y Sierra (1992) refieren, otro momento importante fue la reunión convocada por Rodolfo Stavenhagen en 1987, a partir de la cual se conformó un equipo comprometido con la importante tarea de aportar investigaciones comparativas entre el derecho nacional y el indígena, en un contexto en el cual se hacía cada vez más evidente la necesidad de reconocer a los Estados latinoamericanos de forma pluriétnica y multinacional. En este sentido, desde este momento el interés central de la antropología jurídica en México, ha girado principalmente en torno a conceptos tales como el pluralismo jurídico, la autonomía y la interlegalidad, entre otros.

La situación de nuestra subdisciplina en Brasil, por otro lado, ha ido a la inversa; esto es, ha estado enfocada a la reflexión antropológica en torno al derecho en espacios urbanos principalmente. En este sentido, como señalan Roberto Kant de Lima (2008, 2012) y Luis Roberto Cardoso de Oliveira (2008), la antropología del derecho -forma como los especialistas denominan a nuestra subdisciplina en estas latitudes- está enfocada a plantear un extrañamiento de lo familiar; es decir, la «exotización» de las instancias jurídicas propias de la sociedad del antropólogo.

Al respecto, si bien los trabajos pioneros de Roberto Kant de Lima se sitúan en 1975, el mismo autor señala las dificultades que la institucionalización de la subdisciplina en la antropología brasileña, considerando que esta únicamente se alcanzó en la reunión de la Asociación Brasileña de Antropología (ABA) en 1996, dentro del grupo de trabajo denominado «O oficio  da Justiça”  (Lima, 2012).  Sin embargo, a partir de este momento la antropología del derecho se ha desarrollado exponencialmente, logrando situarse como una de las áreas más importantes en dicho país y generando importantes núcleos de investigación.[2]

Al respecto Jaqueline Sinhoretto (2011) señala que en el caso brasileiro, la subdisciplina de antropología del derecho ha construido su perspectiva a partir de la noción de campo estatal de administración de justicia, el cual retoma el concepto de campo jurídico de Bourdieu (2007), al mismo tiempo que se contrapone a la noción de Estado como organización homogénea. Tal cuestión, de acuerdo con la autora, permite comprender la existencia de diferentes instituciones estatales y su participación en la administración de conflictos y; a partir de ahí, estudiar la manera como cada una de ellas actúa de acuerdo con sus lógicas y rituales, con los cuales producen efectos de equidad y jerarquización muy diferente entre sí. Asimismo, Sinhoretto destaca que la perspectiva brasileira de estudios del campo estatal de administración de conflictos está basada en una forma particular de abordar un conjunto de complejos elementos interrelacionados desde una visión antropológica.[3]

Cabe destacar asimismo, que desde el año pasado el surgimiento del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho (FLAD) marca el interés de países como México, Brasil y Argentina de impulsar el desarrollo de estudios desde la antropología del derecho en América Latina, tomando cuatro ejes principalmente: a) funcionamiento de burocracias estatales en los sistemas judiciales, penitenciarios, policiales y ministeriales; b) prácticas y modalidades de intervención de las fuerzas de seguridad sobre grupos y colectivos sociales; c) formas de acción política, ciudadanía, legalidades, legitimidades de diversas organizaciones sociales que demandan justicia y/o promueven la ampliación de derechos; así como, d) nuevas propuestas teóricas y/o metodológicas respecto al trabajo socioantropológico para el estudio de fenómenos sociojurídicos en ámbitos urbanos.

Como podemos observar, la trayectoria de la subdisciplina en México y Brasil ha estado enmarcada por inquietudes y temáticas muy diferentes; sin embargo, en ambos países ha logrado consolidar grupos de investigación y debates de suma importancia, a partir del interés en la reflexión antropológica acerca de la relación entre el derecho, la sociedad y la cultura en contextos diversos.

Irene Juárez Ortiz. CIESAS-DF/ FLAD México.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Respecto a Laura Nader destaca la obra titulada Ideología armónica. Justicia y control en un pueblo de la montaña zapoteca, en donde narra que su interés por estudiar el derecho zapoteco de forma más sistemática surgió en el contexto del posgrado que realizó en la Universidad de Harvard, a partir del cual se vinculó a diferentes proyectos relacionados y obtuvo diferentes financiamientos (Véase Nader, 1998). En el caso de Jane Collier, la investigación acerca del derecho zinacanteco inició en 1963, del cual se derivó una de sus principales obras titulada El derecho zinacanteco. Procesos de disputar en un pueblo indígena de Chiapas (Véase Collier, 1995), realizada de igual forma a partir de financiamientos obtenidos principalmente de Harvard.

[2] Entre los cuales destacan: Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos (INCT-InEAC); Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas da Universidade Federal Fluminense (NUFEP/UFF); Grupo de Pesquisa CIRS- Cultura, Identidade e Representações simbólicas, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte;  Laboratório de Estudos da Cidadania, Administração de Conflitos e Justiça, do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília (CAJU/DAN/UnB); entre otros.

[3] De acuerdo con Sinhoretto esto se refieren a: a) la incorporación del análisis del uso de la informalidad y de técnicas no judiciales de administración de conflictos por las instituciones estatales; b) el planteamiento de que las prácticas informales ilegales o no, que tienen referencia a leyes escritas, no son defectos de aplicación del derecho o fallas de la implementación de la ley por parte de los profesionales, sino que son parte no negociable de rituales de administración de conflictos que están en disputa en el interior del campo; c) la consideración de que la división del trabajo de campo debe incluir más allá de las profesiones y posiciones clásicamente vistas como jurídicas (juez, jurista, abogado, promotor) otras posiciones que reproducen claramente el habitus jurídico, como aquellas subalternas (policías subalternos, notarios, conciliadores, mediadores, técnicos y peritos); d) el privilegio de los papeles y posiciones asumidos en los rituales por los mismos agentes estatales y sus representantes y por las partes en conflicto, por lo que se debe buscar comprender las relaciones establecidas entre ellos, las equidades y las jerarquías producidas, la producción y circulación de verdades y la negociación de significados de las leyes, normas, valores y derechos; e) el énfasis en investigar los rituales de la resolución prestando atención en la manera como encarnan los valores y crean efectos de producción, reproducción y modificación de relaciones de poder y verifican, en la práctica cotidiana de esos rituales, para mostrarlos como espacios de disputa de los dos monopolios estatales: el uso legítimo de la violencia física y el derecho a decir qué es el derecho; f) la noción de que las instituciones estatales no son ciegas ni neutrales, por el contrario, recurren al uso de las divisiones sociales como son las raciales, de género, culturales y religiosas; con lo cual reservan un tratamiento diferenciado para tipos de conflicto y tipos de individuos conforme a la posición que éstos ocupan en la jerarquía de valores, personas, cosas y lugares (Sinhoretto, 2011:25-30).

Referencias

CARDOSO DE OLIVEIRA, LUIS ROBERTO. (2008). “O Ofício do Antropólogo, ou Como Desvendar Evidências Simbólicas”.Anuário Antropológico/2006, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, pp. 9-30.

CHENAUT, VICTORIA Y MARÍA TERESA SIERRA. (1992). «El campo de investigación de la antropología jurídica». En Nueva Antropología, Vol. XIII, No. 43, México.

Collier, Jane. (1995). El derecho zinacanteco. Procesos de disputar en un pueblo indígena de Chiapas. UNICACH/CIESAS, México.

De LA PEÑA, Guillermo. (2002). «Costumbre, ley y procesos judiciales en la antropología clásica: apuntes introductorios«. En Esteban Krotz, Antropología jurídica: perspectivas socioculturales en el estudio del derecho, Barcelona/México D.F., Anthropos Editoria/UAM-Iztapalapa, México.

Kant de Lima, R. (2012) “Antropologia Jurídica”. ”. In A. C. de Souza Lima (org.) Antropologia e Direito: temas antropológicos para estudos jurídicos. Brasília: ABA; Blumenau:Nova Letra; Rio de Janeiro: LACED/Museu Nacional

_____________ (2008) “Por uma Antropologia do Direito, no Brasil”, in Ensaios de Antropologia e Direito. Lumen Júris Editora: Rio de Janeiro.

Krotz, Esteban. (2002). “Sociedades, conflicto, cultura y derecho desde una perspectiva antropológica”. En Esteban Krotz, Antropología jurídica: perspectivas socioculturales en el estudio del derecho, Barcelona/México D.F., Anthropos Editoria/UAM-Iztapalapa, México.

Nader, Laura. (1998). Ideología armónica. Justicia y control en un pueblo de la montaña zapoteca, Instituto Oaxaqueño de las Culturas, Fondo estatal para la Cultura y las Artes, CIESAS, México.

____________ (2002). “Moving On-comprehending anthropologies of law» En June Starr, Practicing ethnography in law, Palgrave Mcmillan.

Sierra, Teresa y Chenaut Victoria. (2002). “Los debates recientes y actuales en la antropología jurídica: las corrientes anglosajonas”. En Esteban Krotz, Antropología jurídica: perspectivas socioculturales en el estudio del derecho, Barcelona/México D.F., Anthropos Editoria/UAM-Iztapalapa, México. Pp.133-170.

Sinhoretto, Jacqueline. (2011). «Antropologia política e jurídica: Problemas de investigación e intervencion pública en perspectiva comparada», En Roberto Kant de Lima, Lucía Eilbaum e Lenin Pires (organizadores), Burocracias, derechos y conflictos. Pesquisas comparadas en antropologia do dereito. Garamond. Pp. 25-40.

SILVA SANTIESTEBAN, FERNANDO. (2000). Introducción a la antropología jurídica. Universidad de Lima, Perú

¿Es el TPP un instrumento adecuado para enfrentar a China en el comercio mundial?

El 5 de octubre de este año concluyeron las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio (TPP por su siglas en inglés) para pasar a la etapa de aprobación interna en cada unos de los países miembros del mismo. El TPP es un proyecto de integración comercial en la región Asia-Pacífico que integra doce países: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México[1], Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam[2].

Las áreas que abarca el TPP incluyen aspectos relacionados con acceso a mercados, reglas de origen, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, competencia, compras públicas, servicios, inversiones, comercio electrónico, telecomunicaciones, entrada temporal, servicios financieros, propiedad intelectual, medio ambiente, laboral y cooperación. Adicionalmente, se han incorporado los denominados temas horizontales que incluyen coherencia regulatoria, competitividad y desarrollo para las pequeñas y medianas empresas. Cabe señalar que existe una capítulo sobre transparencia y anticorrupción el cual establece obligaciones para transparentar toda la normatividad y las regulaciones relevantes que pudieran afectar el libre comercio o el flujo de inversiones. Asimismo, existen  medidas para identificar y gestionar conflictos de interés y se pretenden establecer códigos de conducta para funcionarios públicos[3].

La región que cubre el TPP abarca un mercado de 800 millones de personas y representa el 40% del Producto Interno Bruto mundial. Las ganancias netas se estiman en 295 billones de dólares al año de acuerdo con el Peterson Institute for International Economics[4], con un impacto mayor en países con menor desarrollo. Este Acuerdo se generó como respuesta a la expansión comercial de China y al crecimiento que tuvo su economía en la última década, llegando a tener tasas de crecimiento cercanas al 10%. Actualmente, China ha tenido una desaceleración económica, en 2014 tuvo una tasa de crecimiento del 7.4%  y para 2015 se prevé una tasa de crecimiento del 6.7%, a pesar de esto, las inversiones continúan creciendo en el sector industrial y manufacturero.[5]

La competencia de los países por tener acceso a mercados con tasas arancelarias preferentes e incentivos para atraer inversiones ha generado una fragmentación en el comercio internacional. Así observamos que existen Tratados de Libre Comercio, Acuerdos regionales de complementación económica, Tratados bilaterales de Inversión, mercados comunes, uniones aduaneras, etc. En este contexto, México no ha sido la excepción, en 1986 ingresó al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés), en 1990 firmó el Acuerdo de Complementación Económica con Chile y en 1991 iniciaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte[6].

La experiencia en las negociaciones comerciales para México no es nueva. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, México cuenta con una red de 11 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs)[7], 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)[8].
Además, México participa en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI.

En el momento en que entre en vigor el TPP se prevé la reducción a tasa cero de aranceles en aproximadamente 18,000 productos. Sin embargo, este esquema ya está rebasado, la verdadera apuesta consiste en generar cadenas de suministro para la producción de bienes y servicios, promover la innovación y la competitividad en industrias como la de telecomunicaciones, la farmacéutica, la automotriz, la agrícola e incluye medidas para apoyar al desarrollo de la pequeña y mediana industria. Se calcula que para el 2025 el TPP habrá incrementado el 1% el PIB mundial.

Para el caso de México, según cifras de la Secretaría de Economía, el TPP significaría un crecimiento en las exportaciones de 170 mil millones de dólares en los 5 años posteriores a su entrada en vigor. Sin embargo, tal como ya lo anunció el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría esto no se verá reflejado si México no genera estructuras propias para la competitividad y la productividad. En otras palabras, si México no fortalece su mercado interno y no se vuelve más competitivo, será muy difícil obtener los beneficios antes mencionados.

Para los defensores del libre comercio, el TPP promete tener mejor acceso de bienes a estos mercados, acceso preferente a proveedores de servicios lo cual generaría un aumento en la productividad de los Estados miembros, atraería mayor inversión, generaría más empleos, y mejoraría las condiciones de vida y de bienestar de su población.

Para los opositores del TPP, este Acuerdo no es un Acuerdo de libre comercio es un arreglo en diferentes áreas de comercio en los que se aseguran los intereses de los países más poderosos[9]. Podemos observar que existe una oposición en diferentes países. Por ejemplo, en Japón los productores de arroz y los representantes de la industria automotriz se manifiestan en contra de este Acuerdo. En Nueva Zelanda, los productores de lácteos y productos cárnicos también se oponen al TPP. Además, existe una preocupación generalizada de organizaciones ambientales, laborales y de los partidos políticos sobre la posible reducción de los estándares ambientales, la disminución de salarios y el posible incremento en el desempleo debido a la oferta de mano de obra más barata. Estos temas no son nuevos en el debate de la apertura comercial global y han sido utilizados como slogan de campañas políticas en México y Estados Unidos, por poner un ejemplo.

Otro motivo de debate es el relacionado con la industria farmacéutica, debido a que se prevén mayores plazos en la vigencia de las patentes para ciertos medicamentos con el argumento de que se promueve la investigación. Sin embargo, existe el riesgo de que, al extenderse la vigencia de las patentes, se limite la liberalización de las mismas teniendo un efecto negativo en el consumidor[10].

Finalmente, la ratificación del TPP en Estados Unidos llega en un momento en donde se perfilan los candidatos a la presidencia. La precandidata demócrata, Hillary Clinton se manifestó contraria al TPP por la pérdidas de empleos, la posible disminución en los salarios y porque pone en riesgo la seguridad nacional. La línea de argumentación de los republicanos va en el mismo sentido. Estas posturas parecen ser más electorales que económicas y ya han sido utilizadas por ambos partidos. La aprobación del TPP por parte de Estados Unidos es en gran medida el éxito o el fracaso del mismo. Lo único cierto es que la idea de generar contrapesos en el mercado global depende de la capacidad de crear este bloque regional. Ante la desaceleración de la economía China, ésta no está cruzada de brazos y busca alianzas en Asia. México, cruza los dedos para que este proyecto fluya. A ver qué dice la historia.

Jimena Moreno. Coordinadora de la licenciatura en derecho del CIDE y profesora asociada de la División de Estudios Jurídicos. Twitter: @jimenacide

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[1] México ingresó de manera formal a la negociación del TPP en octubre de 2012. En 2011, bajo la administración del presidente Calderón, fue cuando México manifestó su interés de formar parte de dicha negociación.

[2] Es importante señalar que en 2005 Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur habían negociado el Acuerdo de Asociación Económica, conocido como P4, con base en la cláusula evolutiva de este Acuerdo, empezaron a incorporarse y Australia, Estados Unidos, Malasia, Perú y Vietnam. En el 2012, se sumaron Canadá y México y, en el año 2013, Japón.

[3] Información disponible en la página de la Secretaría de Economía.

[4] Información disponible en www.iie.com

[5] Con datos del Banco Mundial. Global Economic Prospects, 2015.

[6] En 1989 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos. Este Tratado sirvió de referente para las negociaciones con México.

[7] Países con los que México ha firmado Tratados de Libre Comercio a) Multilaterales: Estados Unidos y Canadá – Colombia y Venezuela, Unión Europea, Irlanda, Liechtenstein, Noruega y Suiza, Guatemala, Honduras y El Salvador. Bilaterales: Costa Rica, Chile, Israel, Nicaragua, Costa Rica, Uruguay, Japón, Perú y Panamá.

[8] Panamá, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Cuba, Brasil y el MERCOSUR.

[9] Stiglitz E. Joseph, Hersh S. Adams. The Trans-Pacific- Free-Trade Charade. Project-syndicate.org. Oct 2, 2015.

[10] Es importante señalar que el texto completo del TPP no está disponible, sólo hay versiones generales en la páginas de la Secretaría de Economía.

México y su inserción en el mundo: nuevo instrumento sobre jurisdicción internacional

El 1° de octubre de 2015 fue un día importante para México. Ese día se avanzó un paso más en la inserción de México en el mundo, ya que desde entonces está vigente en el país un nuevo instrumento jurídico en materia de jurisdicción internacional. Se trata del Convenio de La Haya del 30 de junio de 2005 sobre acuerdos de elección de foro, que consagra el principio de autonomía de la voluntad, en virtud del cual las partes de relaciones jurídicas transfronterizas pueden elegir a qué tribunal someter los litigios que hayan surgido o que puedan surgir entre ellas.

El texto, cuyo período de vigencia acaba de iniciar, es un tratado internacional de alcance universal, hoy por hoy vinculante para México y para todos los países de la Unión Europea, excepto Dinamarca. Cabe destacar que México fue el primer Estado en depositar el instrumento de adhesión, el 26 de septiembre de 2007. La Unión Europea, por su parte, suscribió el convenio el 1° de abril de 2009 y lo ratificó recientemente, el 11 de junio de 2015. Esto fue lo que permitió que el Convenio entrara en vigor, acontecimiento que tiene lugar transcurridos ya más de diez años desde su adopción en la XX Sesión Diplomática de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Otros países que también lo han firmado, aunque aún no lo han ratificado y por consiguiente todavía no se encuentran obligados por sus disposiciones son Estados Unidos de América (19 de enero de 2009) y Singapur (25 de marzo de 2015). Nos encontramos, entonces, en un momento clave para alentar la pronta ratificación por parte de dichos estados, así como la adhesión de nuevos países.

El convenio procura promover el comercio y las inversiones internacionales generando mayor seguridad jurídica, mediante el establecimiento de reglas uniformes concebidas para fortalecer la cooperación judicial. Tales reglas conciernen a la competencia judicial internacional directa para conocer y resolver un caso, así como a la indirecta para reconocer y ejecutar sentencias extranjeras que satisfagan ciertos requisitos mínimos.

En particular, para situaciones internacionales, el Convenio establece la validez de los acuerdos exclusivos de elección de foro (en materia civil y comercial) que designan los tribunales de un estado contratante. Se contempla una presunción de que todo acuerdo en este sentido se reputará exclusivo, excepto cuando las partes hayan dispuesto expresamente lo contrario. Asimismo, en cuanto a la validez formal de los acuerdos, se exige que sean documentados por escrito o por cualquier otro medio de comunicación que permita consultar posteriormente la información.

Los acuerdos exclusivos de elección de foro que entren en el ámbito de aplicación del convenio producirán efectos positivos (el tribunal elegido debe conocer y resolver el caso) y negativos (todo tribunal que no haya sido elegido debe, en principio, suspender el procedimiento o rechazar la demanda). Además, ya en la esfera de la competencia internacional indirecta, se establece que toda resolución dictada por el tribunal designado por las partes debe ser reconocida y ejecutada en los demás estados contratantes. Finalmente, se permite que los Estados que así lo deseen apliquen las normas sobre reconocimiento y ejecución a las resoluciones dictadas por tribunales de estados contratantes designados en acuerdos no exclusivos de elección de foro. Todas estas disposiciones contribuirán a reforzar la cooperación internacional entre los Estados contratantes. De ahí la importancia de procurar que se incremente el número de países vinculados por este instrumento.

En lo que atañe a las relaciones del convenio con otros tratados internacionales celebrados o a celebrarse entre estados contratantes y con normas de una Organización Regional de Integración Económica, se prevé que la interpretación del Convenio se haga de forma sea compatible con otros tratados. Se adopta, asimismo, una serie de soluciones específicas imbuidas por el espíritu de no afectación de la aplicación de otros instrumentos normativos que vinculen a los estados contratantes. En otros términos, se busca evitar la generación de conflictos normativos. Pueden considerarse aludidas ciertas normas vigentes en los países europeos o en México, como el Reglamento Bruselas I bis, Reglamento (UE) N° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (ver el artículo 25), la Convención interamericana sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras, La Paz, 24 de mayo de 1984 (ver el artículo 1, D) y la Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, Montevideo, 8 de mayo de 1979 (ver el artículo 2, d).

Es deseable que la entrada en vigor del Convenio de La Haya genere mayor certeza jurídica para quienes participan o deseen participar en el comercio internacional. Por ejemplo, piénsese en una operación transfronteriza entre una parte establecida en algún país europeo y otra en territorio mexicano, que incluyera un acuerdo de elección de los tribunales de México. Consideramos que el país ha dado un paso relevante al firmar y ratificar el Convenio y que a partir de ahora dicho paso podrá verse reflejado en la práctica de los particulares y de los tribunales. Con todo, es preciso ser prudentes en cuanto al tiempo que puede llevar que la comunidad jurídica realmente se apropie del convenio y lo utilice con frecuencia en el día a día. Para caminar en esa dirección creemos que todavía se necesita un importante esfuerzo de difusión del instrumento y sus ventajas, de modo de incentivar entre los contratantes vinculados con México la celebración de acuerdos de elección de foro y, entre los tribunales mexicanos, el respeto de dichos acuerdos y sus efectos.

María Mercedes Albornoz. Profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @mmalborn

* Este texto está basado en el post publicado por la autora en Cartas Blogatorias, blog de litigio internacional, el 19 de octubre de 2015.

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