La minoría de las minorías o los derechos de las mujeres indígenas

Sean mujeres pertenecientes a pueblos nativos americanos[1], a comunidades de migrantes musulmanes en Europa o en Estados Unidos[2], o bien, aquellas que forman parte de las “unidad[es] social[es], económica[s] y culturale[s]”[3] que constituyen poblaciones indígenas en nuestro país, existe una conocida tensión entre sus derechos y aquellos otorgados a sus grupos, también denominados derechos colectivos o culturales. No obstante y, casi de manera general, las mujeres que integran dichas minorías representan miembros de segunda clase, cuya posición se encuentra determinada y subordinada a estructuras y prácticas tradicionales de carácter patriarcal predominantes en estas comunidades. Ellas son las minorías de los grupos minoritarios. Su función social es secundaria a la que poseen los hombres, a quienes, tradicionalmente, deben servir sexualmente y en el ámbito doméstico.[4]

La esencia del reconocimiento de los derechos de las minorías culturales y étnicas –los pueblos indígenas en México- nace de la desventaja que padecen las personas que se distinguen de las prácticas culturales, del lenguaje y de las normas impuestas por las mayorías.[5] La garantía y protección jurídica de la autonomía y de la libre determinación de las minorías culturales, étnicas, raciales o religiosas, son la columna vertebral de los derechos colectivos. El ordenamiento jurídico mexicano reconoce a los pueblos indígenas en el artículo segundo constitucional, mediante la reforma constitucional publicada el 14 de agosto de 2001 en el Diario Oficial de la Federación. El apartado A del artículo en cuestión otorga una serie de derechos, entre los que se encuentran el derecho a “decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural” y a “elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno[…]”[6] Cabe mencionar, por cierto, que apenas el pasado viernes se publicó en el Diario Oficial a la Federación una reforma a la fracción III, del apartado A, del artículo 2o constitucional para quedar de la siguiente manera: «Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.»

Ahora bien, garantizar y respetar el ejercicio de las costumbres, las tradiciones y las creencias de los pueblos indígenas en México, sin duda representa un avance en los derechos humanos de las personas indígenas en nuestro país.[7] Sin embargo, resulta igual de relevante tomar en cuenta las relaciones de poder diferenciadas que existen dentro de estos grupos, entre los que se encuentra una desigualdad de género, mencionada con anterioridad. Contrario a la descripción integrada por el segundo constitucional, la “cultura” y, como parte de ella, los usos y costumbres, no son siempre valores unificados que han sido delimitados de acuerdo a las preferencias y al consentimiento de todos los miembros de una comunidad. Desde una perspectiva constructivista, la cultura se concibe como un marco conceptual que puede formarse y reformarse por las palabras y las acciones de los miembros que la practican.[8]

La (re)construcción social de la identidad, basada en distintas categorías, no es limitativa de los grupos minoritarios, en este caso, de los pueblos indígenas. La membresía a toda  cultura y/o grupo social se basa y se reconoce, a través de atributos que son públicos y fáciles de reconocer para otros.[9] En este sentido, la visión más esencialista de la cultura –ya sea en su defensa o como una crítica a ella, traducida en el escepticismo de los derechos culturales- no ha sabido reconocer que el andamiaje jurídico que incorpora el reconocimiento de estos derechos en la Constitución, arriesga perpetuar y naturalizar la exclusión y pobreza en la que viven los indígenas.

Aunque el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el artículo segundo constitucional nace como una manifestación en contra de la indiferencia y la opresión histórica del Estado[10], no se ha aleja suficientemente de una expresión de invisibilidad y depravación generalizadas. En este sentido, el arreglo institucional que facilita la autonomía y la libre determinación de estos pueblos basada en sus normas y tradiciones, se construye de una imagen estática de las culturas indígenas e insiste que esa es la versión que persiste a través del tiempo.[11] Esta visión de la cultura indígena no solo la comparten el Estado y sus instituciones, sino también otros sectores de la sociedad. Como dice Sally Engle Merry, en ocasiones, la cultura es romantizada e idealizada como una oposición a la globalización, encontrada en lo distintivo y en lo local.[12] Por otro lado, se encuentra un marco universal de los derechos humanos que defiende las ideas de autonomía individual, igualdad, libertad de decidir y secularismo.[13] Las últimas pueden encontrar obstáculos en comunidades que buscan defender su identidad ante un grupo que los ha dominado y discriminado, con base, precisamente, en las creencias y tradiciones que componen esa identidad.

Sin embargo, la defensa y promoción de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres en la población indígena debe alejarse de una postura universalista, por un lado, en la que los activistas y defensores de derechos humanos evangelizan a los “opresores de las mujeres”, y de una posición relativista de la cultura, que instaura una idea antitética de las tradiciones indígenas a los derechos de las mujeres, asentada en las raíces y en el pasado de un pueblo. Las tensiones deben tomarse como una proceso de intercambio entre las normas locales y globales.[14] Detrás de la propia historia de los derechos humanos subyacen luchas, pugnas y negociaciones en la que diversas voces, intereses y necesidades reclaman ser reconocidas ante distintos grupos de poder.

Asimismo, la cultura dominante en México, personificada por el Estado, ha creado un marco normativo plagado de leyes que discriminan directa o indirectamente por razones de género. Un marco jurídico estatal que no siempre es justo, ha moldeado y continúa informando las prácticas culturales que se han acomodado en la maquinaria institucional[15], como parte de la reforma constitucional al artículo segundo. Se trata de una aceptación práctica de los usos y costumbres indígenas que es injusta para las mujeres y sujetan sus necesidades a las de una jerarquía compuesta, casi en su totalidad, por hombres. En este sentido, los derechos de las mujeres indígenas son igualmente violados por un Estado que es omiso ante sus necesidades y la marginación en la que viven, mismas que se reproducen a causa de una insuficiente presencia institucional. Como resultado, las prácticas culturales deben analizarse desde el contexto en que se viven. La pésima o, en ocasiones, inexistente atención y protección institucional, ha propiciado un manejo más restrictivo y autoritario al interior de los grupos minoritarios.[16]

En suma, es erróneo sostener que cuando se avanzan los derechos colectivos o culturales de las comunidades indígenas, retroceden los derechos de las mujeres que pertenecen a ellas. La anterior afirmación sataniza a una cultura e infiere que se requiere salvar a las mujeres de los efectos represivos que surgen de los derechos colectivos.[17] La demanda por los derechos de las mujeres y la promoción de la igualdad de género en las comunidades étnicas alrededor del país, forma parte de un esfuerzo y una lucha colectivas –que atañe a todos los géneros- en contra de la discriminación, la invisibilidad, la exclusión y la pobreza.

Jimena Suárez Ibarrola. Maestra en Derecho por la Universidad de California, Berkeley. Es especialista en derechos humanos y, actualmente, es investigadora en el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

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[1] Ver Ayelet Shachar, Multicultural Jurisdictions: Cultural Differences and Women’s Rights, Cambridge University Press (2001).

[2] Ver Susan Moller Okin, Feminism and Multiculturalism: Some Tensions, Ethics 108: 661-84 (1998).

[3] México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), publicada en el Diario Oficial de la Federación el  5 de febrero de 1917, artículo 2, párrafo tercero.

[4] Ver Susan Moller Okin, Is multiculturalism bad for women?, Princeton University Press (1999).

[5] Will Kymlicka, Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship. Oxford: Oxford University Press (2001)

[6] CPEUM op. cit. 4.

[7] Estos derechos son consagrados por instrumentos internacionales ratificados por México, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 27) y el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo.

[8] Sarah Song, Majority Norms, Multiculturalism, and Gender Equality, 99 American Political Science Review 4: 473-489 (2005).

[9] Idem.

[10] Los debates legislativos que se dieron en torno al artículo segundo constitucional hicieron hincapié en la “sistemática explotación económica que data de la Colonia” de la que han sido víctimas los indígenas. Ver Decreto por se aprueba el diverso por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1o., se reforma el artículo 2o., se deroga el párrafo primero del artículo 4o.; y se adicionan un sexto párrafo al artículo 18, y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, disponible aquí.

[11] Este argumento lo derive del ejemplo de Jeremy Waldron en Idem.

[12] Sally Engle Merry, Human Rights and Gender Violence (2006) en Philip Alston and Ryan Goodman, International Human Rights (the successor to International Human Rights in Context),1st ed. 2012), pp. 539.

[13] Idem.

[14] Idem.

[15] Song op. cit. 8, pp. 475.

[16] Cabe mencionar que el 40 % de la totalidad de las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas de México son analfabetas. Ver Federico Navarrete Linares, Los pueblos Indígenas de Mexico (Pueblos Indígenas del Mexico Contemporáneo), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 1st. ed.  (2008).

[17] Merry op. cit. 13.