Igualdad de género en guarderías del IMSS: logros y retos

El amparo 59/2016, presentado ante la segunda sala de la SCJN, el 29 de junio de 2016 —disponible aquí— tuvo como ponente a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Los quejosos eran dos padres de familia, quienes actuaron a nombre de ellos mimos y, en representación de su hijo menor, demandando acceso al servicio de guarderías del IMSS en Naucalpan, Estado de México. El cual les había sido negado debido a que la legislación contempla que es un servicio de beneficio exclusivo para mujeres trabajadoras; por ello, las autoridades responsables fueron el Congreso de la Unión, el presidente de la República y el IMSS.

La parte central de los actos reclamados por parte de los quejosos son los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social —que pueden ser consultados aquí; en esencia, ambos artículos apuntan que el servicio de guarderías que presta el IMSS es exclusivo para las mujeres trabajadoras aseguradas y, por excepción, corresponde también a los hombres viudos, divorciados o que ejerzan la custodia de sus hijos u otro menor, por resolución judicial.

La ponencia de la ministra Luna Romas reconoce que la ley hace una clara distinción entre hombres y mujeres; asimismo, considera que esta distinción es injustificada y discriminatoria, ya que de acuerdo con el artículo 4o de la Constitución, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Para que hombre y mujer sean tratados equitativamente, es necesario que ambos gocen, en su calidad de trabajadores asegurados, de los mismos servicios de la seguridad social conforme a lo previsto en el artículo 123, Apartado A, fracción XXIX (que es posible consultar aquí), entre otros, el servicio de guardería. La discriminación planteada por esta norma restringe derechos laborales a los hombres por su condición de hombres, violentando lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 1o de la Constitución mexicana:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Considerando los argumentos anteriores, la ponencia propuso conceder el  amparo a los quejosos y, en consecuencia, solicitarle al Departamento de Guarderías de la Delegación del Estado de México Poniente del IMSS a emitir una nueva resolución que otorgue el servicio de guardería a los quejosos “…tomando en cuenta que es un hecho notorio que se trata de una prestación cuya demanda ordinariamente rebasa la capacidad de atención directa de dicho Instituto, éste deberá tramitar su petición conforme al grado de preferencia que tengan los quejosos frente a otros solicitantes anteriores a ellos, fundando y motivando el tiempo de espera que, en su caso, tenga que posiblemente demorar el ingreso del menor por encontrarse cubierto el cupo de la guardería que le corresponda”.

La resolución fue aprobada con el voto de cuatro ministros de la Segunda Sala (Eduardo Medina Mora, Javier Laynez Potisek, Margarita Luna Ramos y el presidente Alberto Pérez Dayán). El ministro José Fernando Franco González Salas votó en contra. En torno a este amparo, el ministro Javier Laynez emitió un voto concurrente. El argumento central de este ministro es que si bien la propuesta incluida en la Ley del Seguro Social intento ser una acción positiva —entendida como aquella que tenga como finalidad evitar que se siga dando la discriminación sistemática o revertir los efectos de marginación de un grupo social relevante (Tesis 1a. XLII/2014 10a.)— la normativa resulta discriminativa tanto para los hombres como para las mujeres: directa para los hombres, al negarles acceso a un servicio de seguridad social al que tiene derecho e; indirecta para las mujeres, puesto que la norma pretende reproducir los roles de género, al considerar que es responsabilidad exclusiva de ellas el cuidado de los menores.

Para poner en contexto esta discusión, vale arrojar algunos datos relevantes. Por ejemplo, el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 2014-2015 del IMSS apunta que en 1970, 16.4% de las mujeres participaban en la economía nacional; mientras que para 2013, este porcentaje se elevó a 43.6%. Por otra parte, existe una relación inversa entre el número de horas promedio trabajadas por las mujeres y el número de hijos: las mujeres sin hijos dedican 40 horas semanales para trabajar, esta cifra desciende ligeramente a 38.2 horas con uno o dos hijos y llega hasta 36.2 para mujeres entre tres y cinco hijos.

Para 2013, existían mil 416 guarderías con capacidad de atender a 236 mil 749 menores y con 203 mil 180 niños y niñas inscritos; adicionalmente, hay 18 mil 372 solicitudes pendientes. Redefiniendo, la ocupación de las guarderías es de 85.8% y la demanda no atendida representa 8.3%. La incompatibilidad de estas cifras es explicable por una inadecuada distribución de salas de atención; resulta ser un problema geográfico.

Una de las posibles consecuencias de la sentencia de la Segunda Sala de la SCJN es que todos los hombres derechohabientes del IMSS podrán ahora ampararse para tener acceso al servicio de estancias infantiles. Con esto en mente, resulta ilustrador mencionar que las guarderías públicas atienden el cuidado del 2.9% de los menores de cinco años en el país, mientras que las guarderías privadas atienden a 1.1%; un 22% de los menores de cinco años son cuidados por algún familiar, vecino o persona cercana; finalmente, tres de cada cuatro (74% del total) menores son cuidados por sus madres. Un último dato relevante a considerar es la dimensión presupuestal: para 2014, las guarderías obtuvieron ingresos por poco menos de 17 mil millones de pesos (mpd) y ejercieron gastos por 16 mil 530 mdp. El seguro de guarderías obtuvo un resultado financiero de 385 millones de pesos como superávit.

A manera de conclusión, considero que existen dos elementos particularmente relevantes de esta sentencia. Uno es el presupuestal, pues para atender a los padres, sería necesario asignar recursos adicionales, ya que el programa es apenas superavitario por 0.19% de su gasto. El segundo está en la capacitación del personal para atender, pues hay que recordar que a partir de la tragedia en guardería ABC surgió una importante discusión pública sobre la seguridad de los menores; para cumplir con requerimientos mínimos de atención y seguridad para los menores, el IMSS cerró 173 estancias de 2009 a la fecha. Derivado de lo anterior, de expandir el servicio de guarderías es inevitable pensar en la problemática que enfrentaría la administración pública para contar con el personal y la infraestructura necesaria.

Los efectos del amparo, que aplican únicamente para los quejosos y no aplicados para el resto de la población, abren la posibilidad de que otros padres trabajadores —por repetir el fraseo de la Ley de Seguro Social— puedan llevar a sus hijos menores de cinco años al servicio de guarderías; sin embargo, necesitan antes ampararse y ello representa costos en tiempo y en recursos para las familias. En tanto, si bien el superávit obtenido por el servicio durante 2014 sugiere que es posible ampliar la cobertura, es importante considerar que los ingresos por cuotas obrero-patronales no aumentaran, mientras que sus gastos pueden incrementarse sensiblemente.

Con estos dos aspectos en mente, sostengo que la sentencia plantea retos no menores al IMSS, tales como capacitar más personal, resolver las inconsistencias entre demanda y oferta por región geográfica y diseñar un nuevo esquema presupuestal que cubra a hombres y mujeres. Finalmente, una vez superada la limitación de la ley, puede ser posible repensar la política pública de guarderías —diseñada como un apoyo para incorporar a las mujeres a la economía— para establecer desde los reglamentos un nuevo ordenamiento de preferencia para brindar el servicio que sea constitucional, pero capaz de atender a una población determinada.

Ricardo Alvarado. Estudiante de la maestría en administración y políticas públicas del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

El Centro de Justicia para Mujeres Pachuca, Hidalgo: elementos para buenas prácticas

Cuando se trata de analizar políticas públicas, pareciera que se ha vuelto un asunto de usos y costumbres, la tendencia de la sociedad civil organizada –o al menos de un sector de ella- a privilegiar por encima de cualquier otro elemento, los aspectos más deficientes y negativos de cualquier iniciativa. De hecho y de alguna manera, esa es justamente una de nuestras funciones; misma que generalmente cumplimos a cabalidad. Sin embargo, también hemos aprendido a dominar un lenguaje políticamente correcto, con el fin de hacernos escuchar y desenvolvernos en un ámbito de interlocución institucional, en nuestra calidad de analistas serias y profesionales.

Y es justamente esta profesionalización, la que nos ha llevado también a reconocer los aciertos y las fortalezas de los programas y las políticas públicas, cuando existen y son evidentes. No sólo como una forma de retroalimentar nuestra esperanza en que los cambios son posibles, sino también como un mecanismo para la defensa de aquellos logros que nosotras mismas, como organizaciones y como movimiento, hemos contribuido a alcanzar. Esto último, sin dejar que reconocer que regularmente encontramos, más deficiencias que aciertos. Es por ello que, cuando una iniciativa funciona, no la reconocemos como parte de un estándar, sino como una buena práctica.

De acuerdo con el Women´s Human Rights Institute, para que una ley o política pública sobre derechos humanos de las mujeres sea considerada como buena práctica, debe poseer, entre otras, las siguientes características: a) generar un alto impacto, b) ser sostenible, c) integrar un enfoque interseccional; d) ser transferible a otros contextos; e) ser participativa (involucrando a múltiples actores clave); f) contar con mecanismos suficientes de implementación (recursos, protocolos y procedimientos, mecanismos de evaluación, revisión o modificación); g) enmarcarse en una disposición constitucional sobre igualdad y/o dentro de una estrategia o política nacional de igualdad de género; h) fundamentarse en el marco internacional de derechos humanos de las mujeres y los principios de la CEDAW sobre igualdad sustantiva, no discriminación y obligación de los Estados y; finalmente, i) originarse en la obligación de los Estados de cumplir con todas las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

Desde esta perspectiva, el marco jurídico nacional en la materia –aún con algunos vacíos- se ha robustecido de tal manera que prácticamente todas las políticas públicas –al menos en el discurso-, cumplen con los requisitos normativos necesarios para considerarse buenas prácticas.

El reto está entonces en la implementación tanto de las leyes como de las políticas públicas. Y, lamentablemente, el principal obstáculo a la hora de implementar sigue siendo la falta de voluntad política para traducir los compromisos en acciones concretas, haciendo uso de todos los recursos disponibles para canalizarlos hacia un fin estratégico.

Pongamos como ejemplo, el caso de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM); creados en 2010 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) como respuesta a las recomendaciones dirigidas al Estado mexicano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Expertas de la Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), como un modelo integral de servicios de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia con el objetivo de reducir los obstáculos que enfrentan.

Los CJM tienen como objetivo general contribuir a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, por medio de servicios integrales como el acceso a la justicia, la atención psicológica y médica, bolsa de trabajo y empoderamiento económico, albergues temporales, estancia infantil y servicios educativos para niños.

Operan bajo un modelo que busca cambiar el enfoque de las políticas púbicas llevándolo de lo punitivo a lo preventivo, logrando la articulación de una red de colaboración multidisciplinaria que ofrece en un mismo lugar servicios que llevan a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Dichos servicios están enfocados en las necesidades de las mujeres, cambiando la atención rígida que tradicionalmente se ofrecía, por una que contempla como herramienta indispensable el acompañamiento completo, sensibilizado y flexible de la atención y prevención de la violencia. Asimismo, se busca crear un ambiente seguro, confiable, agradable y cómodo que evite la revictimización de las usuarias.

En total, la CONAVIM ha otorgado más de 189.7 millones de pesos para la construcción y el fortalecimiento de los Centros de Justicia de las Mujeres. Según la página oficial de la CONAVIM, actualmente operan 27 Centros de Justicia para las Mujeres en 19 entidades federativas; sin embargo, hace un par de meses, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público anunció un ajuste presupuestal para el segundo semestre del presente año, con lo que se redujo el presupuesto de CONAVIM (rubro 04 Gobierno) por más de 62 millones de pesos. Entre las más afectadas se encuentran la Ciudad de México, Baja California y Morelos, con recortes por más de 5.5 millones de pesos cada una.

Lo anterior impactó directamente a los CJM, que operan mediante un modelo que concentra servicios multi-agenciales para brindar atención integral, articulando programas y recursos existentes en un dialogo colaborativo entre sectores e instituciones que difícilmente se reúnen en otros espacios, contribuyendo al aprovechamiento de otros programas de los diferentes ámbitos de gobierno e incluso haciendo más eficiente el gasto público.

Desde 2003, Equis Justicia para las Mujeres ha trabajado con estos Centros, con el fin de conocer su desempeño detectar buenas prácticas y fortalecer su desempeño. Recientemente, como resultado de este trabajo, tuvimos oportunidad de visitar por segunda vez el CJM en Pachuca, Hidalgo, y pudimos constatar los efectos de la fortaleza institucional y el apoyo sostenido que recibe del gobierno del estado, además de la eficiente inversión de los recursos que ha recibido de la federación desde su apertura en 2014.[1]

El 8 de marzo de 2012, el gobernador de Hidalgo emitió el decreto que crea el Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo, organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es coordinar, articular y vincular interinstitucionalmente a las áreas de procuración de justicia, seguridad pública, salud, educación, desarrollo social, desarrollo económico y otras instituciones[2]. Esto con el objetivo de brindar servicios interdisciplinarios, integrales y especializados a mujeres víctimas de violencia de género y, en su caso, a sus hijos menores de edad mediante la atención, asistencia y protección con perspectiva de género, a través de 13 dependencias del gobierno del estado y del gobierno federal, concentradas en sus instalaciones[3].

El CJM de Hidalgo busca ofrecer un servicio sistemático, secuencial,[4] interdisciplinario e interinstitucional,[5] a través de sus áreas de trabajo: empoderamiento y fortalecimiento; atención jurídica; atención a la salud; y área psicológica. Además, el Centro en Pachuca, ha logrado implementar un sistema integral de información como eje fundamental y apoyo en la toma de decisiones; este sistema es alimentado con datos de todas las áreas que brindan servicios en el Centro, para evaluar el volumen y la calidad de la atención, a partir de indicadores de gestión.[6]

Los altos estándares en la infraestructura, el equipamiento, la operación y el personal del Centro,[7] se verifican en la atención que se brinda a las mujeres e hijos. Durante la visita que hicimos hace relativamente poco tiempo, pudimos constatar no solo la calidez y la interseccionalidad con que se prestan los servicios; cumpliendo debidamente los criterios de accesibilidad, disponibilidad, admisibilidad, calidad reconocidos en diversos instrumentos internacionales; logrando que las obligaciones de promoción, protección, respecto y garantía de los derechos humanos, se materialicen a través de políticas públicas con perspectiva de género. El reto de la administración actual será sostener este nivel de fortalecimiento institucional.

Tania Escalante. Coordinadora de Políticas Públicas, Equis Justicia para las Mujeres.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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Referencias 

Pública, S. E. del S. N. de S. (2012). Modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres. Guía Metodológica. Ciudad de México

[1] Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, Página oficial: http://justiciamujeres.hidalgo.gob.mx/?p=450

[2] Poder Ejecutivo de Hidalgo (8 de marzo de 2012), Decreto que crea el Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo, Art. 1. Disponible en: http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo3086.pdf

[3] El Secretario de Gobierno,. 
Secretario de Finanzas y Administración, Secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, Secretario de Educación Pública, Secretario de Salud, Procurador General de Justicia, Secretario de Seguridad Pública,  Secretario de Desarrollo Social, Coordinador General Jurídico  Directora General del Sistema DIF Hidalgo,  Directora General del Instituto Hidalguense de las Mujeres. 
Presidente Municipal y una representante de la Organización de la Sociedad Civil denominada “Grupo de Mujeres de Pachuca, Cihuatl A.C.” 
 Coordinadora General del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo (2014), Manual Operativo (Validado con Oficio No. SFA/STCISCMRDE/537/2015 de fecha 06 de octubre de 2015). Disponible en: http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CJMujeres/manualorg.pdf

[4] Las fases secuenciales son: detección, 
atención, 
toma de información,
 interpretación e inteligencia, 
protección, medición, seguimiento y mejora.

[5] Manual Operativo del CJM de Hidalgo, Apartado 3.5.

[6] Manual Operativo del CJM de Hidalgo, Apartado 3.9.

[7] Alrededor de un centenar de personas

El mundo de Sofía o el abuso del derecho penal para abordar problemas sociales

Sofía, una joven mexicana, vive en prisión con su hijo, quién padece parálisis cerebral. Está cumpliendo una condena de 10 años por transportar marihuana. Según su testimonio, era la primera vez que Sofía transportaba drogas, necesitaba dinero y no dimensionó las consecuencias que implicaba ese viaje.

Sofía es un caso entre muchos. En México, las mujeres representan un 53% de las personas procesadas y sentenciadas por el fuero federal, y los delitos relacionados con drogas son la primera causa de encarcelamiento de mujeres a nivel federal[1]. Esta situación está lejos de mejorar, pues el encarcelamiento femenino por delitos de drogas no ha hecho más que aumentar en las últimas décadas[2], en México y en el resto del continente.

¿Por qué es urgente una revisión de la política de drogas?

La llamada “Guerra contra las drogas”, a través de una estrategia militar, punitiva y de persecución, ha estado causando violaciones graves a derechos humanos como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales o el desplazamiento forzado a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe. Situación que se agrava especialmente con los grupos en situación de vulnerabilidad de la población, asentados en las zonas productoras y de tránsito de las rutas del narcotráfico, y a menudo presas de la necesidad económica.

En 2012, México, junto con Guatemala y Colombia, promovieron un adelanto para que se celebrara este próximo abril la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas[3] (UNGASS, por sus siglas en inglés), sobre el problema mundial de las drogas, la cual estaba prevista para 2019. En los foros internacionales, México ha reconocido el fracaso de la política de drogas –que tienen su origen en el establecimiento de la fiscalización de las drogas a través de las Convenciones Internacionales[4]– admitiendo la necesidad de apertura y progreso hacia un nuevo debate, así como también los “enormes costos sociales y económicos”[5].

Durante 2015 han tenido lugar varios acontecimientos[6] y debates e México sobre el uso de la marihuana medicinal y recreativa. Este debate impulsó un avance en el ejercicio de los derechos, y favoreció la discusión sobre la necesidad de una política de drogas que ponga en el centro el respeto a los derechos humanos.

¿Es necesaria una óptica de género en la política de drogas?

¿Por qué prestamos especial atención a la situación de las mujeres? ¿Por qué hablar de las mujeres como un grupo en situación de vulnerabilidad? Porque la realidad está lejos de la imagen de la mujer vinculada al poder del narcotráfico. El patrón, que se repite en las cárceles mexicanas y del continente, son mujeres con bajos recursos económicos, escaso nivel de escolarización, situación de necesidad económica, pobreza y/o exclusión social, jefas de hogar que mantienen a sus hijos u otros dependientes. Una vez dentro del sistema de justicia, estas mujeres son sentenciadas con un claro marco de estereotipos de género, juzgadas como malas madres y con penas desproporcionadas. A menudo cumplen con largos periodos de prisión preventiva, sin contacto con sus familias, sin juicio y sin sentencias.

El uso excesivo del derecho penal es la fórmula que rige y estructura los casos de mujeres encarceladas por delitos de drogas. Pero es necesario profundizar más, hacer un análisis del contexto y del grado de participación en el delito, pues estas mujeres mayoritariamente actúan como los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico y en delitos no violentos, como las llamadas mulas. Viendo los patrones y perfiles de las mujeres que están presas por casos de drogas, es imposible no relacionar esta situación con la feminización de la pobreza.

Durante su proceso judicial, Sofía insistió y escribió al juez para solicitar otra forma de pagar por delito. Alguna forma que no fuera estar en prisión y obligar a su hijo, completamente dependiente, a cumplir condena con ella. “Le pedí otra manera de sanción o arresto domiciliario o venir días… Pero me dijo por notificación que eso lo debí pensar antes de hacer cualquier delito, así que mi delito sea como sea lo tengo que pagar”.

Profundizando en el análisis, vemos que las causas del involucramiento de las mujeres en los delitos de drogas responden muchas veces a una falta de oportunidades y de desigualdad social. Como Sofía, muchas mujeres enfrentan una triple condena: la penal, condenadas hasta 10 años en prisión, aunque sean primodelincuentes. Con la situación agravada que viven en el interior de las cárceles, en prisiones mixtas sin adecuadas condiciones –viviendo con sus hijos- ni separación entre hombres y mujeres. Y por último la condena social, juzgadas como malas cuidadoras, malas mujeres, que deriva en abandono familiar y con mayores dificultades de reinserción laboral y social por el estigma tras el paso por la prisión.

No se trata de dejar delitos contra la salud impunes, sino de no abusar del derecho penal para abordar problemas sociales. Por eso es imprescindible fomentar las medidas alternativas a la prisión y diseñar políticas de integración social para hacer frente a las causas estructurales que acaben con la violencia contra las mujeres. Sin duda, en México, ahora es el momento para un cambio de rumbo hacia una política de drogas más humana,  que proteja los derechos humanos y enfrente la desigualdad de género.

Isabel Blas. Área de Políticas Públicas en Equis Justicia para las Mujeres.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1]  INEGI, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales 2014

[2]  GIACOMELLO, Corina. “Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina”, International Drug Policy Consortium (IDPC), octubre de 2013.

[3] Existen, entre los tipos de reuniones que lleva a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas, las sesiones extraordinarias sobre cuestiones que exigen una atención especial. Es el caso de la futura sesión extraordinaria sobre el problema mundial de las drogas, la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará en abril de 2016. Hasta la fecha, la Asamblea General (AG) ha celebrado dos períodos extraordinarios de sesiones sobre este tema. El 17° Período extraordinario de sesiones sobre el uso indebido de drogas (1990) y el 20° Período extraordinario de sesiones sobre el problema mundial de las drogas (1998).

[4] Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Convenio de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas; Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Disponible en: www.unodc.org/unodc/en/treaties/index.html#Drugrelated.

[5] ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, “Por una política integral frente al problema mundial de drogas en las Américas”, 46° Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos dedicada al seguimiento de la Declaración de Antigua Guatemala, Ciudad de Guatemala, 19 de septiembre de 2014. Discurso del Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña. Disponible en: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/discursos/4857-version-estenografica-del-mensaje-del-canciller-jose-antonio-meade-en-el-46-periodo-extraordinario-de-sesiones-de-la-asamblea-general-de-la-oea

[6] 1) El caso Grace, donde el juez federal autoriza[6] para el tratamiento de la niña que padece un tipo de epilepsia grave con crisis, la importación y el uso del CBD (cannabidiol) que disminuye los dolores causados por la enfermedad. 2) El fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se concedía a los cuatro quejosos de amparo[6], las actividades de cultivo y consumo de cannabis para uso personal. 3) Iniciativa de reforma de dos de los artículos de la Ley General de Salud (LGS) por parte del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. 4) Audiencias Públicas del Senado de la República que se están celebrando para debatir las alternativas de regulación de la marihuana y el Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana organizado por la Secretaria de Gobernación y la Secretaria de Salud.

Diagnóstico: la enorme opacidad de los poderes judiciales

Desde Equis Justicia para las Mujeres realizamos un diagnóstico nacional del estado que guarda la transparencia en relación al real acceso a las sentencias judiciales. ¿El resultado? Ningún Poder Judicial en México cumple con sus obligaciones en materia de transparencia. #esjustoquesepas

¿Por qué es importante publicar sentencias?

La transparencia judicial en relación a la publicación de sentencias judiciales nos permite tener acceso a las formas en cómo se resuelve en los juzgados. Nos permite entender el derecho de manera dinámica, ver cómo se va definiendo el contenido de las normas de derechos humanos en las vidas de las personas y cómo estos contenidos mínimos se van expandiendo y evolucionando.

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Cuando los procesos judiciales se abren a la ciudadanía se abre un panorama de posibilidades para hacer realidad la justicia. Es posible romper con las prácticas tradicionales y discriminatorias de hacer “justicia”, es posible compartir diversidad de criterios, argumentos y estrategias de litigio que orienten la labor de las litigantes, es posible cuestionar el pensamiento jurídico tradicional y patriarcal para transformarlo.

Publicar las sentencias judiciales, cómo ejercicio de transparencia, es una forma de frenar la corrupción. Quién firma una sentencia debe saber que será objeto de escrutinio público. Además, acercar esta información a la población y a la opinión pública fomenta la libertad de expresión y rompe con los mitos legales que impiden el acceso a los derechos de las mujeres. De esta manera, se contribuye a que las mujeres puedan ejercer verdaderamente la toma de decisiones.

Ningún Poder Judicial en México cumple con las obligaciones de transparencia

Desde Equis Justicia para las Mujeres realizamos un diagnóstico nacional del estado que guarda la transparencia en relación al real acceso a las sentencias judiciales. El resultado, ningún Poder Judicial en México cumple con las  obligaciones de transparencia¿Qué principios evaluamos?

  • Principio de maxima publicidad: Toda información generada, obtenida, adquirida, trasformada, o en posesión de los tribunales es pública a cualquier persona, en los términos establecidos por las leyes.
  • Principio de accesibilidad: Toda información debe ser de fácil acceso, comprensible, gratuita y a disposición de todas las personas en medios y formatos de fácil uso.
  • Principio de oportunidad: La información debe ser actualizada periódicamente y se conservaran las versiones históricas relevantes para su uso público.
  • Principio de completud: Se deben divulgar todas las sentencias en su versión pública.

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Los Poderes Judiciales de los estados tienen una obligación expresa de hacer pública esta información, pero poco más de la mitad de ellos lo hacen: 17 Poderes Judiciales, si publican sentencias, pero ello no implica que cumplan con los principios necesarios para decir que cumplen con su obligación.

De estos 17 poderes judiciales que si publican sentencias no podemos saber si realmente están publicando todas las que emiten. De ellos, 11 estados cumplen con alguno de los principios analizados, pero ninguno cumple con los tres. Los otros 6 estados no cumplen con ninguno de los principios necesarios para el ejercicio de la transparencia judicial.

Equis Justicia para las Mujeres es una organización feminista que contribuye al acceso a la justicia para las mujeres, mediante trabajo colaborativo con los Poderes Judiciales del país. Por eso consideramos que la transparencia es una poderosa herramienta para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. Además del valor propio que tiene la información pública como derecho humano, también tiene un valor instrumental para el ejercicio de otros derechos, como el de rendición de cuentas y participación ciudadana. Por eso, el acceso a las sentencias y al quehacer jurisdiccional se convierte en un requisito para garantizar el adecuado funcionamiento del Poder Judicial.

Los retos que este diagnóstico nos presenta debieran trabajarse de manera conjunta desde la institucionalidad, la sociedad civil e incluso desde la academia:

  • México precisa un cambio del pensamiento judicial sobre la forma de concebir la transparencia jurisdiccional. La transparencia no es una concesión a la ciudadanía sino una obligación vinculada al ejercicio democrático de rendición de cuentas, que legitima la labor judicial y la vuelve independiente y autónoma  de otros poderes políticos.
  • ¿Qué información hay que publicar? Precisamos de uniformidad de criterios mínimos y generales a la hora publicar sentencias judiciales, para permitir análisis comparativos, y que el acceso a la información no dependa de la subjetividad de la institución.
  • Garantizar la publicación y accesibilidad de las sentencias judiciales es el primer paso, pero el reto es mucho mayor. El reto es que el Poder Judicial, atendiendo principio de accesibilidad y su deber constitucional de promover los derechos humanos, se acerque a la ciudadanía en general, y llegue a todas las personas sin excepción, haciendo las traducciones necesarias para los pueblos indígenas sobre las resoluciones judiciales.
  • Es necesario que los poderes judiciales del país abran los procesos judiciales a la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil. Esto garantiza la democracia y la participación real en la construcción del país en el que queremos vivir. Por eso, es justo que sepamos de justicia.

Área legal. Equis, Justicia para las mujeres.

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Rompiendo esquemas: la pensión alimenticia desde un enfoque de género y derechos

Desde una perspectiva netamente jurídica, la pensión alimenticia es más que una medida asistencial. Se trata de un derecho creado para garantizar la integridad de las personas que conforman cierto tipo de relaciones sociales. Por ello, es la Ley la que determina sobre quién recae el deber legal de satisfacer necesidades y sobre quién el derecho de recibir.[1]

La pensión alimenticia apunta al acceso a la justicia con enfoque de derechos. En primer lugar, porque apela al derecho a la de la integridad de las personas y, en segundo, porque establece una relación directa entre la obligación de proveer y el derecho de recibir satisfactores. Sin embargo, este derecho ha sido sometido a innumerables cuestionamientos y, por tanto, precisa de una mirada más profunda.

¿Por qué los cuestionamientos?

Una mirada profunda nos permite ver algunas contradicciones. Por un lado, y en cierta forma, este discurso contribuye a reproducir las relaciones históricas de dependencia entre hombres y mujeres, cuando entendemos que los varones “satisfacen necesidades” económicas, mientras las mujeres y los hijos “reciben satisfactores”. Pero no debemos olvidar que, en efecto, las relaciones de pareja o familiares todavía implican para muchas mujeres el cumplimiento de mandatos sociales que las restringen al ámbito privado, convirtiéndose en trabajadoras domésticas, prestadoras de servicios de cuidado y administradoras de los recursos necesarios que para el sostenimiento de sus hogares.

Sin embargo, cualquier análisis debe partir de la complejidad de las relaciones y los arreglos sociales, que pueden estar o no institucionalizados, sin que por ello dejen de implicar obligaciones y derechos para las personas involucradas.  Y también considerar la forma en que dichas relaciones impactan en la vida de las mujeres y sus hijos, posicionándoles de manera vulnerable frente a distintas formas de violencia por parte de sus proveedores como resultado de la dependencia económica.

La realidad cotidiana en cifras

Según datos de los tribunales del Distrito Federal, 90% de las mujeres que solicitan pensión alimenticia están al cuidado de sus hijas e hijos. Aunque las pensiones no son para ellas, sino para la alimentación de los hijos, abundan los problemas de acceso pues no existen criterios de proporcionalidad que permitan calcular el monto de las pensiones para favorecer a quienes, tras una separación, enfrentan una situación altamente vulnerable.

Más grave resulta el caso de mujeres embarazadas que no están casadas y tienen que esperar a que nazcan sus hijos o hijas para poder solicitar la pensión. En al menos 90% de los casos de mujeres que inician procesos de reconocimiento de paternidad, ésta se confirma tras un largo proceso durante el cual las mujeres no cuentan con apoyo económico.

Por otro lado, no debemos ignorar el componente de la desigualdad en el acceso a la justicia, que también hace evidentes profundas brechas, no solo entre hombres y mujeres sino entre distintos estratos socioeconómicos. De acuerdo con información del TSJDF, 95% de los procesos judiciales de pensión alimenticia en el Distrito Federal corresponden a familias “que viven al día” y hacen uso de defensores públicos cuya carga de trabajo afecta y retrasa los procesos.

Esta desigualdad es evidente en todo el país y, particularmente, en el caso de las mujeres aun entre aquellas empleadas formalmente. Según estadísticas del Centro de Justicia para las Mujeres en Torreón, 43% de las usuarias tienen trabajos remunerados, pero perciben sueldos de entre tres y cinco mil pesos mensuales. En ese sentido, la violencia que enfrentan las mujeres en sus relaciones de pareja y/o familiares se agrava como resultado de las desigualdades estructurales y la violencia institucional a las que tienen que hacer frente y de las que no siempre son conscientes. Solo 17% de usuarias del Centro de Justicia en Torreón manifiesta vivir violencia económica, aunque la mayoría de los juicios que se inician son por pensión alimenticia.

En este punto, cobra fundamental relevancia la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia en materia de la llamada pensión compensatoria. De acuerdo con la Primera Sala:

…el presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pensión compensatoria consiste en que… la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los cónyuges en situación de desventaja económica que en última instancia incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado… La imposición de una pensión compensatoria… tiene como objetivo compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse los medios necesarios para su subsistencia.[2]

Aunque la Corte no llegó más lejos introduciendo el matiz de género, sus argumentos apuntan directamente al derecho de todas las personas de acceder a un nivel de vida digno, así como de los recursos que necesitamos para garantizar nuestra independencia económica. Aunque sin nombrar a las mujeres, se refiere al tipo de relaciones que todavía son las más comunes en la sociedad mexicana: aquellas donde la dependencia económica de las mujeres las coloca en riesgo de vivir violencia y condiciona sus medios de subsistencia.

En esta materia, la jurisprudencia de la Corte ha mostrado un carácter progresivo y garantista en materia de derechos, que tristemente sigue sin permearse a todo el Poder Judicial. En concreto, cuando hablamos de tribunales estatales, la doctrina sigue sin traducirse en práctica jurídica, porque el sistema de derecho sigue cargado de formalismo y pasividad que le impiden resolver las problemáticas que enfrenta prácticamente la mitad de las mujeres mexicanas[3].

Tras enfrentar la violencia en sus espacios de convivencia privados, las mujeres enfrentan la violencia de las instituciones. Desde la atención insensible que las revictimiza y aumenta la vulnerabilidad frente a sus agresores, los estereotipos y prejuicios que dominan las decisiones de autoridades carentes de perspectiva de género y enfoque de derechos, hasta la arbitrariedad de los impartidores de justicia y el desconocimiento de la legislación y la jurisprudencia nacional. Además de la complicidad de las instituciones públicas y privadas con muchos agresores; la falta de políticas públicas que garanticen el acceso a recursos económicos provisionales y/o de largo plazo; un sistema saturado que lleva a las mujeres a litigar sus propios casos y demás fallas que violan sus derechos de acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, entre muchos otros.

A lo anterior se suma la dificultad para encontrar un trabajo dignamente remunerado y la imposibilidad de que sea reconocido el trabajo doméstico y de cuidado que muchas mujeres desempeñan durante su vida en pareja. Frente a este panorama adverso y ante necesidades tan apremiantes, el siguiente paso, que no el más fácil pero sí el más congruente, tendría que ser el reconocimiento formal del trabajo no remunerado y de cuidado que desarrollan las mujeres en los hogares, además de su valor en términos económicos, el ahorro que representa para los Estados y su contribución al desarrollo de los países.

Si bien la Suprema Corte también ha desarrollado argumentos sobre la doble jornada de las mujeres que realizan trabajos remunerados y no remunerados en el marco del vínculo familiar, es indispensable que los tres poderes del Estado traduzcan este reconocimiento en legislación, práctica jurídica y política pública. La pensión alimenticia por sí sola, no es la solución a la desigualdad o la violencia que enfrentan las mujeres, pero entenderla desde la perspectiva de género es fundamental para que sea reconocida y ejercida como un derecho cuya promoción, protección, respeto y garantía es obligación de todos los agentes del Estado.

Tania Escalante Nava. Coordinadora de Políticas Públicas, EQUIS Justicia para las Mujeres.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que en materia de pensión alimenticia, el bien tutelado por la ley penal es la “integridad de los miembros que conforman ciertas relaciones sociales”, y que ésta puede verse amenazada “independientemente de que exista o no un mandato judicial”. Desde esta perspectiva, “la obligación de dar alimentos no encuentra su origen exclusivamente en un acto jurídico específico (como la sentencia civil), sino de la ubicación de una persona como acreedor alimentario en términos de la ley civil aplicable… al ser la que especifica quién tiene el deber legal de satisfacer ciertas necesidades de otro y quién el derecho de recibir dichos satisfactores…” INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. ESTE DELITO SE ACTUALIZA TANTO POR VIOLACIÓN A UNA DETERMINACIÓN O SANCIÓN JUDICIAL, COMO POR LA INFRACCIÓN A LA LEY CIVIL APLICABLE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Registro: 2010059. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III. Tesis: XX.2o.6 P (10a.). Página: 2074

[2] PENSIÓN COMPENSATORIA. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Registro: 2007988. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Tesis: 1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.) Página: 725

[3] Según la ENDIREH 2011.46% de las mujeres en México ha vivido violencia de género.