Diagnóstico: la enorme opacidad de los poderes judiciales

Desde Equis Justicia para las Mujeres realizamos un diagnóstico nacional del estado que guarda la transparencia en relación al real acceso a las sentencias judiciales. ¿El resultado? Ningún Poder Judicial en México cumple con sus obligaciones en materia de transparencia. #esjustoquesepas

¿Por qué es importante publicar sentencias?

La transparencia judicial en relación a la publicación de sentencias judiciales nos permite tener acceso a las formas en cómo se resuelve en los juzgados. Nos permite entender el derecho de manera dinámica, ver cómo se va definiendo el contenido de las normas de derechos humanos en las vidas de las personas y cómo estos contenidos mínimos se van expandiendo y evolucionando.

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Cuando los procesos judiciales se abren a la ciudadanía se abre un panorama de posibilidades para hacer realidad la justicia. Es posible romper con las prácticas tradicionales y discriminatorias de hacer “justicia”, es posible compartir diversidad de criterios, argumentos y estrategias de litigio que orienten la labor de las litigantes, es posible cuestionar el pensamiento jurídico tradicional y patriarcal para transformarlo.

Publicar las sentencias judiciales, cómo ejercicio de transparencia, es una forma de frenar la corrupción. Quién firma una sentencia debe saber que será objeto de escrutinio público. Además, acercar esta información a la población y a la opinión pública fomenta la libertad de expresión y rompe con los mitos legales que impiden el acceso a los derechos de las mujeres. De esta manera, se contribuye a que las mujeres puedan ejercer verdaderamente la toma de decisiones.

Ningún Poder Judicial en México cumple con las obligaciones de transparencia

Desde Equis Justicia para las Mujeres realizamos un diagnóstico nacional del estado que guarda la transparencia en relación al real acceso a las sentencias judiciales. El resultado, ningún Poder Judicial en México cumple con las  obligaciones de transparencia¿Qué principios evaluamos?

  • Principio de maxima publicidad: Toda información generada, obtenida, adquirida, trasformada, o en posesión de los tribunales es pública a cualquier persona, en los términos establecidos por las leyes.
  • Principio de accesibilidad: Toda información debe ser de fácil acceso, comprensible, gratuita y a disposición de todas las personas en medios y formatos de fácil uso.
  • Principio de oportunidad: La información debe ser actualizada periódicamente y se conservaran las versiones históricas relevantes para su uso público.
  • Principio de completud: Se deben divulgar todas las sentencias en su versión pública.

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Los Poderes Judiciales de los estados tienen una obligación expresa de hacer pública esta información, pero poco más de la mitad de ellos lo hacen: 17 Poderes Judiciales, si publican sentencias, pero ello no implica que cumplan con los principios necesarios para decir que cumplen con su obligación.

De estos 17 poderes judiciales que si publican sentencias no podemos saber si realmente están publicando todas las que emiten. De ellos, 11 estados cumplen con alguno de los principios analizados, pero ninguno cumple con los tres. Los otros 6 estados no cumplen con ninguno de los principios necesarios para el ejercicio de la transparencia judicial.

Equis Justicia para las Mujeres es una organización feminista que contribuye al acceso a la justicia para las mujeres, mediante trabajo colaborativo con los Poderes Judiciales del país. Por eso consideramos que la transparencia es una poderosa herramienta para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. Además del valor propio que tiene la información pública como derecho humano, también tiene un valor instrumental para el ejercicio de otros derechos, como el de rendición de cuentas y participación ciudadana. Por eso, el acceso a las sentencias y al quehacer jurisdiccional se convierte en un requisito para garantizar el adecuado funcionamiento del Poder Judicial.

Los retos que este diagnóstico nos presenta debieran trabajarse de manera conjunta desde la institucionalidad, la sociedad civil e incluso desde la academia:

  • México precisa un cambio del pensamiento judicial sobre la forma de concebir la transparencia jurisdiccional. La transparencia no es una concesión a la ciudadanía sino una obligación vinculada al ejercicio democrático de rendición de cuentas, que legitima la labor judicial y la vuelve independiente y autónoma  de otros poderes políticos.
  • ¿Qué información hay que publicar? Precisamos de uniformidad de criterios mínimos y generales a la hora publicar sentencias judiciales, para permitir análisis comparativos, y que el acceso a la información no dependa de la subjetividad de la institución.
  • Garantizar la publicación y accesibilidad de las sentencias judiciales es el primer paso, pero el reto es mucho mayor. El reto es que el Poder Judicial, atendiendo principio de accesibilidad y su deber constitucional de promover los derechos humanos, se acerque a la ciudadanía en general, y llegue a todas las personas sin excepción, haciendo las traducciones necesarias para los pueblos indígenas sobre las resoluciones judiciales.
  • Es necesario que los poderes judiciales del país abran los procesos judiciales a la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil. Esto garantiza la democracia y la participación real en la construcción del país en el que queremos vivir. Por eso, es justo que sepamos de justicia.

Área legal. Equis, Justicia para las mujeres.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

La caja negra del poder judicial: ¿cómo acabar con la opacidad jurisdiccional?

A pesar del enorme interés que ha generado el tema de la transparencia en nuestro país desde hace años, el cual ha resultado en una creciente exigencia para transparentar muchísimos de los vericuetos de los poderes ejecutivo y legislativo a través de sofisticados sistemas de información pública, lo cierto es que un personaje ausente en este proceso de transparencia es el poder judicial. O, más bien, los poderes judiciales tanto federal como locales. El siguiente texto, en este sentido, a partir de algunos datos empíricos, traza las coordenadas de una de las grandes asignaturas pendientes de la consolidación democrática del país: acabar con la opacidad en los poderes judiciales.   

Disculpe, ¿Usted sabe cuál es el órgano encargado de impartir justicia en México?

14 de cada 24 personas  contestaron no conocer a quien le toca impartir justicia en México; el panorama para las mujeres involucradas en algún proceso de justicia no es mejor, pues de 16 mujeres entrevistadas, 11 manifestaron no tener confianza en el órgano encargado resolver con justicia el conflicto en el que están inmersas.

Los Poderes Judiciales del país trabajan en un cuarto oscuro, donde la ciudadanía y las personas usuarias del sistema de justicia, no alcanzamos a conocer, ni entender, mucho menos evaluar el funcionamiento del Poder Judicial. En resumen, no  sabemos qué tipo de justicia estamos recibiendo.

 “El juez sólo habla a través de sus sentencias” según cuenta un viejo dicho judicial. Entonces poco nos están hablando cuando no tenemos constancia de las sentencias que emite el Poder Judicial. La ley obliga de manera expresa a 30 de los 32 estados del país a publicar sentencias judiciales, pero ninguno de estos sujetos obligados cumple con sus obligaciones de manera óptima e idónea. Las sentencias judiciales son una parte de lo que se esconde al interior de los recintos de justicia.

¿Cómo saber si el Poder Judicial de las entidades federativas cumple con su obligación de proteger, promover, garantizar y respetar los derechos humanos y, en especial, de aplicar el principio de igualdad como no discriminación contenido en el artículo 1º constitucional, si no tenemos acceso a la evidencia de su trabajo?

Desde 2012, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y las leyes locales que regulan las obligaciones de sus respectivos poderes judiciales, obligan a la transparencia judicial, a través de la publicación de sentencias, que responde al derecho humano a la información (Art.6 de la Constitución). En la práctica aún es una aspiración.

¿Por qué es importante que el Poder Judicial haga públicas sus sentencias?

En primer lugar, para generar confianza. La falta de transparencia genera desconocimiento y desconfianza en la ciudadanía con respecto a la función esencial del Poder Judicial. Que la ciudadanía tenga acceso real al trabajo y los procesos relacionados con la impartición de justicia,  la solución de conflictos, y la garantía del equilibrio entre órganos democráticos que integran al Estado es esencial para el ejercicio real de la democracia.

En segundo lugar, no saber, implica no exigir. No tener acceso a las sentencias judiciales, impide a la ciudadanía conocer el tipo de justicia que la sociedad recibe por parte del poder judicial. Sin datos no hay monitoreo o control ciudadano dirigido a este órgano y, por tanto, no hay posibilidad de exigencia de los derechos.

Además, la falta de transparencia genera un clima propicio para la corrupción, donde no hay posibilidad de auditorías ni mecanismos de observación y control ciudadano, que limiten o sancionen el abuso de poder por parte de éste órgano.

La participación ciudadana, en cuanto al acceso a la justicia, aumentaría. La falta de transparencia obstaculiza la participación de actores de la sociedad civil en la construcción colectiva de soluciones y en diagnosticar la situación de la justicia con respecto a los derechos humanos, perspectiva de género, discapacidad, interculturalidad, etc. La sociedad civil puede y debe tomar el papel de monitorear el trabajo del poder judicial. Derivado de esta idea han surgido iniciativas como los observatorios ciudadanos de sentencias judiciales en México y en toda la región; sin embargo, el principal obstáculo para continuar con ésta labor, es la falta de transparencia en sentencias judiciales.

La falta de transparencia nos impide evaluar el correcto funcionamiento, permanencia y adecuado ascenso en la carrera judicial de las personas impartidoras de justicia. De esta forma, la transparencia en el Poder Judicial está directamente relacionada con frenar el camino de la corrupción, el amiguismo y el partidismo.

Dado que el derecho es un producto cultural inmerso en el sistema patriarcal, la transparencia se convierte también en una herramienta para garantizar la impartición de justicia con perspectiva de género. Enviar mensajes correctos por parte del Poder Judicial,  a sus interlocutores es parte de su obligación de promover los derechos humanos, en especial el de las mujeres y grupos excluidos del estatuto jurídico.

Y, por último, el funcionamiento abierto del Poder Judicial genera capacidad de cambio y transformación en las prácticas de impartición de justicia. La difusión de argumentos judiciales que den ejemplo de buenas prácticas, argumentos novedosos que rompan con la tradición jurídica de formato, legaloide e insensible al contexto y situación particular de la persona justiciable cobra especial relevancia en nuestro sistema judicial.

La reforma constitucional de junio de 2011 cambió el paradigma en la impartición de justicia ampliando las dimensiones de protección de los derechos. Ahora los criterios y principios jurídicos de igualdad sustantiva y no discriminación reivindican el acceso a la justicia para aquellas personas y grupos históricamente discriminados. A raíz de ésta reforma, ha habido innumerables esfuerzos por parte de los tribunales, Institutos de la Mujer, organizaciones civiles y academia para fortalecer los conocimientos y herramientas jurídicas de las personas juzgadoras. Sin el elemento transparencia en sentencias judiciales la sociedad no tendrá indicadores objetivos para saber si la práctica judicial está evolucionando hacia la protección de los derechos humanos.

El lenguaje jurídico es la cortina que cubre la caja negra

De 16 mujeres involucradas en procesos judiciales de índole familiar que entrevistamos,  únicamente 1 manifestó conocer el significado de una serie de  palabras habituales en cualquier proceso judicial.

El conocimiento abierto en relación a las sentencias judiciales es sólo el primer paso. Que las sentencias estén publicadas genera confianza, posibilidad de control y reduce la corrupción, pero no facilita la comprensión ciudadana sobre contenido y alcance de las sentencias.

El lenguaje poco accesible y técnico utilizado tradicionalmente en el ámbito del derecho nos presenta un nuevo reto: “traducir” los mensajes esenciales a la población en general, con la finalidad de acercar la justicia a la ciudadanía y garantizar así la exigencia de sus derechos.

Transparencia es publicar sentencias judiciales, es hacerlas accesibles a todo tipo de  público, y también es romper con los “mitos sobre la ley o la justicia”. Un lenguaje más accesible generaría mayor conocimiento sobre el sistema judicial, para que, por ejemplo, los medios de comunicación no difundan ideas confusas o estereotipadas sobre los derechos que les corresponden a hombres y mujeres.

Es importante que los medios, como agentes de socialización, también asuman su parte de responsabilidad y no encontremos mensajes que difundan información falsa, como que es delito el abandono de hogar para mujeres, incluso en casos de violencia, cuando pretenden salirse de tal situación; o encabezados de noticias que clasifican el feminicidio como un “crimen pasional”, y minimicen el hecho en función de la “emoción” violenta del hombre, sin contar con fuentes expertas que permitan un mayor entendimiento de la violencia de género como pandemia social.

En este contexto, es urgente que los Poderes Judiciales implementen políticas de transparencia en sentencias judiciales de manera  proactiva y creativa, y que se generen sinergias con organizaciones de la sociedad civil para la creación de mecanismos de monitoreo social y control ciudadano. La impartición de justicia y el trabajo del Poder Judicial son un servicio público y, como tal, no pueden mantenerse alejado de la sana crítica y escrutinio social.

Fátima Gamboa. Coordinadora del Área Legal, Equis Justicia para las Mujeres A.C.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

Entre techos y laberintos: la participación de las mujeres en el poder judicial

El panorama actual del poder judicial en México parece acercarnos a la paridad: más del 40% del personal son mujeres. Sin embargo, cuanto más se sube en la pirámide de la estructura judicial y cuanto más poder tienen los cargos, más difícil es encontrar mujeres.

Al día de hoy, sólo hay una mujer en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).  Sólo 14% de los magistrados en México son mujeres. De los 11 ministros en la Suprema Corte de Justicia, sólo dos son mujeres y es muy probable que dentro de un mes nos quedemos con únicamente una. De hecho, la presidencia de nuestra máxima autoridad judicial, jamás ha sido encabezada por una mujer.

¿Qué está ocurriendo? Todavía en estos días, ¿cuál es la justificación para la ausencia de mujeres en puestos de alto rango? ¿Es tan difícil encontrar mujeres altamente calificadas? ¿Todo se debe a una estructura judicial que excluye a las mujeres? En cualquiera de los casos, la respuesta es preocupante.

Particularmente, si consideramos que, a diferencia de los poderes ejecutivo y legislativo, el poder judicial incluye en su ley orgánica los principios de igualdad y no discriminación. Pero, curiosamente, es el ámbito que registra los mayores obstáculos en materia de igualdad sustantiva, tanto dentro de su estructura como en su función de impartir justicia.

Recientes diagnósticos demuestran que dentro del poder judicial, los hombres perciben mejores salarios y prestaciones, y detentan posiciones con mayor capacidad de decisión. No son pocos los que opinan que esta diferencia salarial se debe a las “limitaciones físicas” de las mujeres, pues en el imaginario colectivo sigue vigente el paradigma del “profesional ideal” como aquella persona que dedica la mayor parte de su tiempo al trabajo, a costo de su vida privada y familiar. Desde esta perspectiva, las tareas del cuidado del hogar, tradicionalmente realizadas por mujeres afectan directamente sus posibilidades para llegar y ascender en el poder judicial.

Lo interesante es que la segregación de las mujeres en el poder judicial no es sólo “vertical”, sino también “horizontal”. Las juezas son más numerosas en ciertas ramas del derecho, como el ámbito familiar, civil o laboral. Mientras que son escasas las juezas en el ámbito penal, por ser tradicionalmente consideradas como “sensibles” y carentes de frialdad y racionalidad requeridas por el derecho penal. Es difícil y poco realista esperar que un sistema jurídico que opera a base de este tipo de prejuicios y prácticas discriminatorias, pueda impulsar la impartición de justicia con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

Así, para las mujeres no sólo es difícil escalar la pirámide en los puestos del poder judicial, también enfrentan dificultades para entrar y moverse dentro del mismo. Ya no se habla sólo de “techos de cristal”, sino de verdaderos “laberintos de cristal”. La igualdad de género está ausente de los procesos de selección y nombramiento de jueces, y dentro de los tribunales se registra un rechazo notable a las acciones afirmativas. Los últimos diagnósticos sobre la capacitación de nuestros jueces, señalan que su formación académica también ha sido alejada de los conceptos de igualdad y no discriminación.

Ante esta situación, y dentro de un contexto de creciente violencia contra las mujeres, el poder judicial enfrenta una fuerte presión para tomar acciones. En 2013, la Suprema Corte impulsó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, una herramienta que busca apoyar a las y los juzgadores en la tarea de impartir justicia con perspectiva de género, adecuándose a los más altos estándares nacionales e internacionales. Paralelamente,  el Pacto para la introducción de la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México, promovido desde la Asociación Mexicana e Impartidores de Justicia (AMIJ), incluye la decisión de crear Unidades de Género en  los tribunales del país, como mecanismos que impulsen estrategias para promover la igualdad de género dentro del sistema judicial.

Estas Unidades de Género pueden tener un rol clave, no sólo para eliminar la discriminación actual dentro del poder judicial, sino también para impartir una justicia más justa. Por eso, desde EQUIS Justicia para las Mujeres, hemos iniciado un monitoreo nacional de la situación que guardan las Unidades de Género al interior de los Tribunales Superiores de Justicia en los 32 estados. A través de solicitudes de acceso a la información y herramientas de transparencia, hemos indagado aspectos como la existencia de este tipo de mecanismos, su lugar específico en la jerarquía judicial, su personal y presupuesto asignado, entre otras cosas. Tras dos años de que se impulsó esta iniciativa, los resultados son desalentadores.

  • Únicamente ocho tribunales cuentan con una Unidad de Género; la mayoría reporta la existencia de algún otro tipo de mecanismo, comisión o comité que atiende temas de género pero sin la autonomía y capacidad requerida.
  • Muchos mecanismos están enterrados dentro de la compleja estructura judicial, lo que limita su capacidad para impulsar acciones innovadoras y eficientes.
  • Tampoco ayuda el hecho de que estén a cargo de personal que cuenta con un año o menos de experiencia en temas de género.
  • Sólo siete mecanismos cuentan con un plan de trabajo, y ninguno ha desarrollado herramientas para monitorear y evaluar el impacto de su trabajo.
  • Existen mecanismos que no cuentan con presupuesto propio, por lo que no están en posición de impulsar ningún tipo de acciones.

Si no se toman medidas para modificar estas tendencias, difícilmente se puede esperar que las Unidades de Género provoquen algún cambio significativo en nuestros tribunales. La mera voluntad política no basta. Necesitamos poner en marcha nuestras leyes, programas y políticas. Aún más importante, necesitamos desarrollar mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de los esfuerzos institucionales.

Es urgente una reflexión más profunda alrededor de la participación de las mujeres en el poder judicial.  ¿Hay machismo en la elección de la cúpula judicial? ¿Nos auto limitamos las mujeres? ¿Los laberintos tienen salida?

Lo seguro es que los números en sí mismos no significan mucho, son únicamente el punto de partida. El reto es mucho mayor. La paridad no lleva automáticamente a la igualdad sustantiva. La experiencia del poder legislativo nos ofrece muchas lecciones en este sentido. La presencia de más mujeres en el Congreso no se ha traducido necesariamente en propuestas con perspectiva de género y derechos humanos.  Se requieren programas y políticas para eliminar las condiciones que afectan el desarrollo y desempeño de las mujeres, poniéndolas en una situación de desventaja con los hombres.

Pensemos en cómo el acceso de las mujeres al poder judicial puede cambiar las reglas del juego. Michelle Bachelet nos otorga una interesante reflexión sobre el acceso de las mujeres al poder político: “Si una mujer entra a la política, cambia la mujer, si muchas mujeres entran a la política, cambia la política”.

Urge cambiar “las reglas del juego” y exigir condiciones para que las mujeres accedan las mismas oportunidades que sus contrapartes masculinas. Hasta ese momento, la justicia seguirá siendo un “club masculino” al que las mujeres no tienen posibilidad a asomarse.

Ana Pecova. EQUIS Justicia para las Mujeres.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

Derechos humanos y recursos públicos en México

La primera lección de la economía es la escasez: nunca hay suficiente de algo para satisfacer plenamente a todos aquellos que lo deseen. La primera lección de la política es hacer caso omiso de la primera lección de economía

Thomas Sowell

En la actualidad, las políticas públicas juegan un papel trascendental en materia de derechos humanos, ya que del diseño de éstas depende en buena medida el nivel de respeto, protección y promoción de los derechos económicos sociales y culturales (DESC) en cada país. Aunque, como se sabe, existe una competencia mutua para proteger los derechos fundamentales, por la comunidad internacional y por cada Estado, lo cierto es que la política interna es la que denota la existencia de un Estado democrático de derecho.

En este sentido, el manual operativo para servidores públicos emitido por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) subraya que la necesidad de incluir la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas y los presupuestos radica en dos importantes razones: por un lado, los alcances y metas del ejercicio público deben enfocarse en garantizar la dignidad humana y, por el otro, los Estados deben cumplir con sus compromisos, adquiridos a través de los estándares internacionales en materia de derechos humanos[1].

Al respecto, en la declaración y programa de acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, se acordó que para fortalecer el disfrute de los DESC deberían examinarse otros métodos, como un sistema de indicadores para medir los avances hacia la realización de los derechos enunciados en el Pacto Internacional de DESC[2].

Ante tal circunstancia, representa una obligación que los documentos de planeación, programación y presupuesto contengan en su espíritu políticas públicas basadas en los DESC, lo cual dará como resultado que el gasto público se ejerza en la búsqueda del goce de los mismos. Pero éste es solo un paso más, debido a que la efectividad de los DESC dependerá sobre todo de la situación económica de cada país.

Los recursos económicos deben observar para su gasto los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en aras de lo que reza el artículo 134 de la Constitución, pero dicho patrimonio público no debe perder de vista su principal objetivo: que sea ejercido en miras al avance progresivo de los derechos humanos, para que los mismos no queden en una mera ideología política o declaraciones de buenas intenciones.[3]

En efecto, para lograr el desarrollo constante de los DESC, los Estados cuentan con la obligación irrestricta de dotar los mínimos, el piso elemental y, posteriormente, seguir con el avance permanente, invirtiendo en ello hasta el máximo de sus recursos disponibles.

El Comité de DESC observa que la frase «hasta el máximo de los recursos de que disponga» tenía la intención, según los redactores del Pacto, de referirse tanto a los recursos existentes dentro de un Estado como a los que pone a su disposición la comunidad internacional mediante la cooperación y la asistencia internacionales[4], por ende, “las necesidades sociales ostentan una posición de privilegio en el gasto público anual”.[5]

Por su parte, la Declaración Quito acerca de principios sobre la exigibilidad y realización de los DESC en América Latina, de julio de 1998, plasma que la asunción de obligaciones en este campo establece un catálogo de prioridades que el Estado se ha comprometido, debiendo dedicar prioritariamente sus recursos a cumplir estas obligaciones. Así, la obligación de destinar «hasta el máximo de los recursos de que disponga» establece un orden de prelación para su utilización[6].

Lo anterior muestra que el eje rector sobre el destino de todos los recursos públicos -tributarios y financieros- debe estar enfocado en los DESC, y que el Estado tiene que invertir en éstos hasta el máximo disponible, pues de aquí se desprende el punto toral para conseguir el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado y, por consiguiente, el cumplimiento de las obligaciones adquiridas a nivel internacional.

Ahora bien, lo cierto es que no son pocos los Estados renuentes a erogar los recursos públicos fundamentalmente en la observancia de los DESC, y constantemente alegan que no es posible satisfacerlos por mediar una carencia de fondos públicos para tales fines.[7]

En respuesta, la observación general número 3 del Comité de DESC enuncia que para que cada Estado parte pueda atribuir su incumplimiento de las obligaciones mínimas a una falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo para usar el patrimonio que está a su disposición en un esfuerzo por satisfacer con carácter prioritario esas obligaciones mínimas[8].

Por tal causa, los Estados frente al tema de la escasez no pueden limitarse a señalar la insuficiencia presupuestaria para una partida en específico, más bien deben demostrar que ha utilizado todos los recursos que están a su alcance para la protección de un derecho, siendo necesario aportar los medios probatorios que sustenten su argumento vertido y revelar que efectivamente hay una imposibilidad material de cumplir. Saggese al respecto señala lo siguiente:

Una alegación de carencia de recursos no obsta a la demandabilidad del Estado en juicio, quien puede, en todo caso, reasignar o incorporar partidas según lo estime conveniente. Si bien la doctrina ha sido elaborada en el campo de las obligaciones patrimoniales del Estado, nada impide su traslación al ámbito de las obligaciones de conducta o de dar, puesto que, en última instancia, de lo que se trata siempre es del “costo económico” que cualquiera de ellas ocasiona en el erario. (pp.124-125)

Esto nos hace sostener que los poderes del Estado deben velar por la sujeción del erario público a los derechos humanos y, si en dado caso, se esgrimiera la falta de recursos económicos como objeción a su exigibilidad y cumplimiento, la obligación de reasignar o modificar una partida presupuestaria prevalecería o, inclusive, la creación de una nueva para el año siguiente, ya que de no ser así se estaría negando tajantemente el goce efectivo de los derechos fundamentales.

En esta perspectiva, resulta orientador el voto particular de la jueza Argibay en el fallo dictado dentro del expediente Q. 64. XLVI. RHE, causa Quisberth Castro contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde señaló que el gobierno local, en su carácter de administrador de fondos públicos, tiene competencia para redistribuir, transferir o asignar dinero para grupos especiales de personas a fin de dar cumplimiento a ciertos derechos[9].

En este orden de ideas, el Poder Judicial mexicano, como integrante del Estado y en cumplimiento al artículo 1º de la Constitución federal –que prevé la obligación de todas las autoridades, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos-, tiene la facultad irrestricta de velar que los recursos públicos sean ejercidos en cumplimiento de los DESC, pudiendo así emitir decisiones que impongan a los poderes ejecutivo y legislativo la adopción de planes de acción, que pudiesen implicar la modificación del presupuesto de egresos. Es decir, los jueces ya no pueden alegar la invasión de esferas competenciales o carencia de atribuciones para no requerir el traslado de una partida presupuestaria frente a la satisfacción de un derecho.

El gasto del erario público no solamente tiene que atender a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez contemplados en el artículo 134 de la Constitución, sino que debe de ir diseñarse y ejecutarse de acuerdo a su principal objetivo: lograr la mejora continua de los derechos humanos en miras de garantizar un nivel de vida adecuado.

Asimismo, si estuviéramos en presencia de la violación de un derecho fundamental, no resultaría valido el argumento estatal de incumplimiento por mediar una carencia presupuestaria, ya que la escasez de recursos no justifica su omisión, pudiendo en este caso reasignar las partidas presupuestarias a un nuevo concepto o crear un plan de acción, por medio del cual se logre la efectividad de derecho en cuestión.

De igual forma, si el reclamo se hiciese por vía jurisdiccional el poder judicial está facultado para dictar sentencias exhortativas dirigidas a los poderes ejecutivo y legislativo. Es más: tiene la competencia para dictar fallos donde analice si las políticas públicas son eficaces, razonables y congruentes con el avance progresivo de los derechos fundamentales. Para ello se requiere un rol activo de los jueces, que emitan una verdadera justicia dialógica entre poderes, que realicen estudios de fondo en materia presupuestaria y, sobre todo, que dejen a un lado la tradicional postura donde se asumía la inexistencia de recursos suficientes para cumplir y, por ende, sólo se reconocía un derecho a medias.

Jessica Calderón García. Abogada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialidad en derecho administrativo por la Universidad Iberoamericana y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; estudiante de la Maestría en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de la Plata, Argentina.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Ver, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Manual operativo para servidores y servidoras públicas, México, 2010, p. 20.

[2] Ver declaración y programa de acción de Viena, adoptado en la Conferencia Mundial de derechos humanos, párrafo 98.

[3] Abramovich V & Courtis C. (1997). Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales. En La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Argentina: Centro de Estudios Legales y Sociales, p. 283.

[4] Ver Observación General número 3, párrafo 13.

[5] Gil A., Constitución socioeconómica y derechos Económicos, Sociales y Culturales, Argentina: AD-HOC, 2009, p. 102.

[6] Ver, punto 27 de La Declaración Quito acerca de principios sobre la exigibilidad y realización de los DESC.

[7] Saggese F., El derecho a un nivel de vida adecuado. La Plata, Buenos Aires, Argentina: Librería Editora Plantense, 2009, p. 123.

[8] Ver punto 10 de la Observación General número 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

[9] Ver punto 12 del Voto jueza Argibay: Aplicación de reglas de distribución diferenciadas Efectivo goce del derecho a la vivienda. Expediente Q. 64. XLVI. RHE. Causa Quisberth Castro.