¿Por qué es un error la iniciativa de reforma para portar armas?

El pasado 6 de octubre de 2016, el senador del PAN, Jorge Luis Preciado, presentó una iniciativa de reforma al artículo 10 de la Constitución y a los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, bajo la premisa de que es mejor que los ciudadanos se encontrasen en “igualdad de circunstancias” frente a la inseguridad y de ahí que se les daba permitir la portación de armas en varios contextos sociales. La propuesta carece de un análisis multidisciplinario y en nada abona a la resolución de los problemas de inseguridad que aquejan al país.

La idea del Senador es la siguiente: adicionar al artículo 10 constitucional cinco palabras para quedar en los siguientes términos: “Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, negocio mercantil o automóvil particular, para su seguridad y legítima defensa, (…)En su caso los artículos 15 y 16 también hacen referencia al negocio mercantil o automóvil particular con cambio de denominación al capítulo II de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Ahora bien, en primer lugar, la iniciativa busca superar el siguiente criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte: 1a. CXVIII/2007 “POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO. PARA EFECTOS DEL LUGAR EN EL QUE PUEDE EJERCERSE ESE DERECHO, LAS NEGOCIACIONES MERCANTILES NO QUEDAN COMPRENDIDAS DENTRO DE LA ACEPCIÓN «DOMICILIO» A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.” La lógica, entonces, de la propuesta es la siguiente: si la Suprema Corte sostiene que el negocio mercantil no está comprendido dentro del concepto legal de domicilio, entonces, agreguemos las palabras “negocio mercantil” y “automóvil particular” para que también entren bajo la protección constitucional.

Por otra parte, el corazón de la iniciativa parte de que según el informe de 2016 de Incidencia Delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, uno de los delitos que mayor incremento ha tenido es el de robo o asalto en calle o transporte público y, de acuerdo, con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública a cargo del INEGI, la cifra negra de denuncias a nivel nacional durante el año de 2015 fue de 93.7%. Lo cual a juicio del senador Preciado prueba que la inseguridad en el país va en aumento. ¿La solución? Que los habitantes del país puedan portar armas para repeler los actos de violencia que eventualmente puedan sufrir.

La propuesta por sí misma es un gravísimo reconocimiento de la imposibilidad del Estado mexicano de garantizar la seguridad de sus habitantes, dado que el derecho a la seguridad es el primer deber a cargo del Estado[1] para efectos de proteger la libertad, el orden y la paz y asegurar la prevención de los delitos[6]. La iniciativa, en este sentido, le traslada parte de la responsabilidad del Estado a los ciudadanos, pues a diferencia de la seguridad privada, en la seguridad pública somos los ciudadanos quienes la financiamos a través de del pago de impuestos[2].

Vale mencionar, además, que México se ha comprometido en la arena internacional, mediante tres tratados, a regulaciones bastante severas respecto la fabricación y portación de armas. En efecto, si revisamos la Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, y Otros Materiales Relacionados[3], el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego[4] y el Tratado sobre el Comercio de Armas[5] -este último fue votado y ratificado por el propio Senador Preciado-, estos instrumentos vinculan a nuestro país y podríamos incurrir en responsabilidad internacional de no tener un estricto control y marcaje de las armas.

Los esfuerzos legislativos del Senador Preciado deberían enfocarse en fortalecer a los cuerpos policíacos en sus facultades de prevención e investigación de los delitos y dotarlos de condiciones dignas de vida pues de ellos depende, en buena medida, sortear el problema de seguridad pública. Asimismo, no hay que olvidar que con la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio, la policía ha adquirido aun una mayor relevancia para enfrentar al crimen y la impunidad. Si a lo largo de los años hemos sido víctimas de la inseguridad debemos responder a ella con medidas bien planeadas de corto, mediano y largo plazo que impliquen el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. El Estado mexicano y su población no deben ser objeto de experimentos jurídicos, en su lugar debemos apostar por iniciativas serias y razonables, no por medidas demagógicas.

Miguel Ángel Antemate Mendoza. Abogado por la UNAM; defensor de derechos humanos.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Véase: Organización de los Estados Americanos, “Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas”, OEA/Ser.K/XLIX. 1, MISPA/doc. 7/08 rev. 4, 29 octubre 2008.

[2] Ocqueteau Fréderic, Director del Departament de Recerca de l’Institut d’Estudis Superiors de Seguretat Interior (IHESI), París, “Seguretat privada. Un punt de vista francès en un panorama europeu”, Revista Catalana de Seguretat Pública; 2000: Núm: 6-7 juny-desembre edició en català

[3] Publicada en DOF, el 20 de agosto de 1998.

[4] Publicado en el DOF, el  1 de julio de 2005.

[5] Publicado en el DOF, el 23 de diciembre de 2014.

 

La renovación de la Sala Superior del Tribunal Electoral, ¿qué está en juego?

A principios del mes anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el acuerdo general número 6/2016 mediante el cual definió el procedimiento que seguirá para integrar las ternas que serán propuestas al Senado para la designación de los futuros siete magistrados que conformarán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)[i]. Recordemos que —de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución— el TEPJF tiene la calidad de órgano especializado y funge como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral.

En este contexto, el pasado 13 de julio —fecha de cierre de la convocatoria emitida por la SCJN para la inscripción de candidatos a magistrados electorales— se registró un total de 130 aspirantes que desean ocupar uno de estos siete lugares que quedarán vacantes. Sin duda, dicha demanda constituye una prueba de la relevancia que el tribunal electoral ha adquirido en la vida democrática de nuestro país[ii].

Ahora bien, este acuerdo general, arriba mencionado, establece que —una vez culminada la convocatoria abierta para el registro de candidatos— la SCJN seleccionará únicamente a 21 aspirantes e integrará y presentará las ternas al Senado, quien a su vez elegirá a los magistrados. Asimismo, se determinó que dos de los magistrados elegidos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, otros dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre de 2025. Finalmente, los nuevos juzgadores iniciarían sus funciones a partir del 4 de noviembre de este año. Así, a continuación, expondré algunos puntos que pueden ayudar a dimensionar lo que está en juego con esta renovación del tribunal electoral.

Independencia del TEPJF

La independencia del TEPJF respecto los otros poderes estatales y de los poderes fácticos está en juego con la renovación de la Sala Superior. Como se sabe, el poder, en sus variadas maneras de representación, debe mantenerse constantemente limitado mediante la implementación de procedimientos de elección abiertos que permitan elegir en este caso a los juzgadores, de tal manera que sean capaces de ejercer su función pública sin condicionamientos u objetivos diversos al interés general.

Por ello, el nivel de transparencia que caracterice al procedimiento utilizado, tanto por la SCJN como por el Senado de la República para el nombramiento de estos magistrados electorales, será una de las tantas maneras de medir la independencia del Poder Judicial respecto de otros entes políticos y económicos. La ausencia de conflictos de interés e inclinaciones partidistas fortalecería al TEPJF, dotándolo de la legitimidad necesaria para decidir los asuntos mediante resoluciones confiables y eficaces.

Afortunadamente, de inicio, la SCJN ha puesto el ejemplo al hacer públicas las bases mediante las cuales conformará las ternas que presentará al Senado. Destaca también que la convocatoria emitida por la SCJN es pública, lo que implica que cualquier especialista en la materia y, en general, cualquier ciudadano tuvo la oportunidad de postularse para el cargo de magistrado electoral. Una posición similar por parte del Senado, al momento de fijar los procedimientos de discusión y votación, sería lo deseable.

Asimismo, la participación ciudadana durante las comparecencias de los candidatos será indispensable para fortalecer los criterios de selección de los nuevos magistrados electorales. En tiempos recientes, la sociedad civil afortunadamente ha intentado incidir cada vez más en los nombramientos de funcionarios judiciales. Un ejemplo de ello, lo encontramos en las interesantes recomendaciones elaboradas por diversas organizaciones civiles, a finales del año pasado, con el objetivo de asegurar transparencia e independencia en el procedimiento seguido para el nombramiento de dos ministros de la SCJN[iii].

La próxima elección presidencial

Otro aspecto a tomar en cuenta es que la renovación total de la Sala Superior del TEPJF adquiere suma relevancia debido a que sus futuros integrantes serán los encargados de realizar el cómputo final y la declaración de validez de la elección de presidente de la República en 2018.

Ante el casi seguro vaivén político que se suscitará antes, durante y después de la próxima elección presidencial, es necesario que los magistrados elegidos estén mejor preparados para enfrentar una impugnación dirigida en contra de la misma. Ello no solamente demostrando experiencia en materia electoral, sino acreditando también los conocimientos necesarios en derecho constitucional e internacional.

No hay que olvidar que una de las tantas deficiencias que ciertos críticos identificaron en los polémicos fallos emitidos por el TEPJF para resolver los juicios de inconformidad promovidos por los partidos políticos de izquierda en contra de las elecciones presidenciales del 2006 y 2012, fue la lectura legalista y textualista de tales controversias por parte de los magistrados del TEPJF. Lo cuales, según estos críticos, no asumieron el papel que les correspondía de jueces constitucionales ya que no resolvieron tales asuntos considerando métodos de interpretación dinámicos que se adecuaran a lo establecido por el párrafo segundo del artículo 1 de nuestra Constitución[iv].

La nueva Sala Superior del TEPJF —siempre y cuando utilice todas las herramientas que están a su alcance para defender la legalidad y constitucionalidad de los procesos electorales— puede fungir, en 2018, como un contrapeso ante los poderes políticos, llegando incluso a invalidar la elección nacional, y evitando de esta manera una transgresión al sistema democrático a través de la compra y coacción del voto, la intervención de altos servidores públicos, así como el financiamiento ilegal.

La protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos

Con la nueva integración de la Sala Superior, está también en juego el ejercicio de una de las garantías constitucionales más relevantes de nuestro sistema jurídico: el juicio para la protección de derechos político-electorales de los ciudadanos. Ante la imposibilidad de promover el juicio de amparo en temas electorales, este juicio para la protección de derechos político-electorales funge como una especie de amparo electoral del cual conoce en algunos supuestos la Sala Superior del TEPJF[v].

Las controversias que puedan suscitarse en relación al derecho a ser votado, el derecho de asociación política y los derechos que gozan los miembros de cualquier partido político, serán competencia exclusiva de los próximos magistrados de la Sala Superior. De ahí que la SCJN y el Senado debiesen tener muy en cuenta la función protectora de la Sala Superior del TEPJF al momento de conformar las ternas y votar los nombramientos.

Para concluir sobra mencionar que este cambio de integración  viene en el TEPJF no es un tema menor. Los futuros escenarios políticos dependerán directamente de las deficientes o adecuadas sentencias de la Sala Superior del TEPJF. En un país donde la justicia electoral ha adquirido un papel trascendental, es indispensable que la ciudadanía ponga mayor atención en  la renovación de este órgano judicial. Hoy en día, las decisiones del TEPJF y de la SCJN deben propiciar un escrutinio público similares al que suscita en la elección presidencial o en la conformación del Congreso. Ojalá así sea también este proceso de designación que está en puerta.

Iván Jair Estrada Acero. Egresado de la licenciatura en derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[i] Acuerdo número 6/2016, de cuatro de julio de dos mil dieciséis, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. http://bit.ly/2aYaURP

[ii] Sobre la relevancia que ha adquirido el TEPJF ver Nava Gomar, Salvador, “El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como tribunal garante de la constitucionalidad y convencionalidad en materia-electoral”. http://bit.ly/2aLaqTd

[iii] Ver “Carta abierta a Enrique Peña Nieto sobre la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. http://bit.ly/1PqcEmn

[iv] Ver Cardenas Gracia, Jaime, Las deficiencias del Tribunal Electoral en la resolución SUP-JUN 359/2012. http://bit.ly/2arv0FI

[v] Ver Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, El amparo electoral en México y España. Una perspectiva comparada, p. 401-410. http://bit.ly/2aITGKR

Aspectos contractuales de la gestación subrogada

Actualmente, el debate acerca de la institución de la gestación subrogada se ha incrementado en México. En este país, sólo dos estados permiten esta institución (Tabasco y Sinaloa), y en los últimos días se turnó una iniciativa a la Cámara de Diputados, después de ser dictaminada positivamente por las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos del Senado.

En el marco de esta iniciativa existen algunos puntos que, de aprobarse, resultarían restrictivos e incluso discriminatorios[1]. Por ejemplo, se restringe el acceso a esta técnica de reproducción asistida a los extranjeros y a las parejas que no sufran de un padecimiento médico que le impida a la mujer gestar. Además, se prohíbe que la mujer gestante obtenga de los solicitantes, padres intencionales o padres contratantes, un pago como contraprestación. Por ello, en este texto se introducirá el análisis acerca de si sería conveniente o no, permitir que los contratos de gestación subrogada faculten a la mujer gestante a recibir una remuneración de los padres intencionales. Para tales efectos, se examinarán las legislaciones de Tabasco y Sinaloa, así como la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 61 Ter y 462 Ter a la Ley General de Salud.

La definición de gestación subrogada contenida en el texto aprobado por el Senado califica esta institución como:

…la práctica médica consistente en la transferencia de óvulos humanos fecundados en una mujer, producto de un espermatozoide y un óvulo de terceras personas. La gestación subrogada se realizará sin fines de lucro, habiendo un acuerdo entre las personas solicitantes y la mujer gestante, permitiendo la compensación de gastos médicos y otros derivados del embarazo, parto, post-parto y puerperio.

En Tabasco, el artículo 380 Bis 1 del Código Civil alude a la gestación subrogada como gestación por contrato:

La gestación por contrato se efectuará a través de la práctica médica, mediante la cual una mujer gesta el producto fecundado por los padres contratantes, cuando la madre pactante padece imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero.

En la legislación de Sinaloa, la gestación subrogada es denominada maternidad de sustitución o maternidad subrogada, y se define de la siguiente manera:

La maternidad subrogada se efectúa a través de la práctica médica mediante la cual, una mujer gesta el producto fecundado por un hombre y una mujer, cuando la mujer, padece imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero y es subrogada por una mujer gestante que lleva en su útero el embrión de los padres subrogados, cuya relación concluye con el nacimiento.

El artículo 284 del Código Familiar menciona que hay cuatro modalidades de maternidad de sustitución: la subrogación total, la parcial, la onerosa y la altruista. Al hacer una interpretación de estos tipos se entiende que subyace la idea de un acuerdo mediante el cual una mujer es contratada para prestar su vientre, con las salvedades acerca de las posibilidades de que haya remuneración y/o la aportación de material genético por parte de la mujer gestante:

I. Subrogación total, implica que la mujer gestante sea inseminada aportando sus propios óvulos, y que después de la gestación y el parto, entregue el hijo a la pareja o persona contratante;

II. Subrogación parcial, es la que se da, cuando la gestadora es contratada exclusivamente para portar en su vientre un embrión fecundado in vitro que le ha sido trasplantado, pero que proviene de la unión de espermatozoide y óvulo de la pareja o persona contratante;

III. Subrogación onerosa, es la que se da cuando una mujer acepta embarazarse en lugar de otra, tal y como si se tratase de un servicio, por el cual se paga una cantidad cierta y determinada, además de los gastos de la gestación; y,

IV. Subrogación altruista, es la que se da cuando una mujer acepta gestar por cuenta de otra de manera gratuita.

En este sentido, la iniciativa de ley, el Código Civil de Tabasco y el Código Familiar de Sinaloa coinciden en que existe un acuerdo de voluntades previo entre las partes (madre gestante y padres intencionales). Sin embargo, no dejan en claro en qué tipo contractual se encuadraría esta institución. Por lo anterior, se podría inferir que el contrato de gestación subrogada sería un contrato atípico.

De las definiciones anteriores surge que el contrato da nacimiento, por un lado, a una obligación de hacer para la mujer gestante, consistente en la gestación de un producto. Dependiendo de cuál sea la legislación que se analice, ese producto puede ser ajeno al material genético de la madre gestante o del propio material de la misma. Por otro lado, se genera la obligación de los padres gestantes consistente en pagar los gastos médicos derivados del embarazo. Asimismo, los alcances de esta obligación difieren en cada caso. En la iniciativa, esta obligación por gastos alcanza la etapa de parto, post parto y puerperio; en Tabasco, los padres gestantes están obligados a garantizarla con una póliza de seguro considerando los mismos alcances que se contemplan en la iniciativa, y en la legislación de Sinaloa los padres contratantes están obligados a pagar los gastos de la gestación.

La obligación acerca del pago de una retribución a la madre gestante por el hecho de gestar el producto está permitida dependiendo si se analiza la iniciativa, la legislación de Tabasco o la legislación de Sinaloa. En la iniciativa se prohíbe en el artículo 462 Ter, el cual menciona que se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil veces la unidad de medida al que obtenga el consentimiento de una mujer mediante el pago de una contraprestación. El Código Civil de Tabasco no impone una prohibición expresa; pero tampoco contempla una permisión en cuanto a este tema. Y el Código Familiar de Sinaloa, en el artículo 284, prevé una permisión al considerar la subrogación onerosa.

En este sentido, surge la inquietud acerca de por qué en la iniciativa se prohíbe que la madre gestante reciba una contraprestación derivada del contrato de gestación subrogada. Por ello, en este texto se presentan dos posturas que pueden contribuir a reflexionar al respecto y, eventualmente, adoptar una posición sobre este aspecto tan relevante de la figura. Hay una postura en favor y otra en contra de la retribución económica a la madre gestante.

Por un lado, se puede argumentar que la madre gestante no tiene derecho a una retribución de parte de los padres contratantes. Esta postura se puede sustentar con base dos argumentos. El primero de ellos parte de la premisa acerca de que el objeto del contrato de gestación subrogada es una obligación de hacer consistente en la gestación de un producto. Por lo cual, se puede entender que la madre gestante pone a disposición del contrato el uso de su cuerpo – específicamente, su útero –. Sin embargo, el sistema jurídico mexicano, en la Ley General de Salud, prohíbe la comercialización de órganos, tejidos y células. Por lo anterior, si la madre gestante recibiera una retribución por ejecutar esta obligación, entonces, estaría incurriendo en la comercialización de su útero (órgano), lo cual está prohibido y, por ello, no se debería de permitir que la madre gestante recibiera un pago.

El segundo argumento, consiste en concebir que el objeto del contrato es una persona, es decir, el producto que fue gestado. Sin embargo, según la legislación civil, las personas están fuera del comercio. Y, además, este argumento se refuerza con la prohibición de trata de personas contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es vinculante a México, como lo confirma el artículo 1° constitucional.

Por otro lado, se puede argumentar que la madre gestante tiene derecho a una retribución. Según Eleonora Lamm, el objeto del contrato es la prestación de un servicio, y no la compra de un bebé.[2] En este sentido, esta autora deshace la idea de concebir al cuerpo como un objeto, y sostiene que la madre gestante presta un servicio, como si se tratara de cualquier otro contrato. Esta postura podría facilitar la comprensión del objeto en el contrato de gestación subrogada, sin que se satanizara la figura. Sin embargo, en el Código Civil Federal no está regulado el contrato de prestación de servicios de manera general, sino que se regula el contrato de prestación de servicios profesionales. Este contrato se caracteriza porque la persona que realiza el servicio es un profesionista, que utiliza conocimientos técnicos en la ejecución del servicio.  Por lo cual, la gestación subrogada no podría entenderse como un contrato de prestación de servicios profesionales porque el servicio que presta la madre gestante no es un servicio profesional.  En el Código Civil de Tabasco no se contempla una figura similar a la de prestación de servicios. Y en el Código Civil de Sinaloa tampoco se contempla de forma general del contrato de prestación de servicios.

En general, la idea de considerar la gestación subrogada como un servicio puede contribuir a facilitar la asimilación de este contrato. No obstante, en el ordenamiento jurídico mexicano sólo se contempla el contrato de prestación de servicios profesionales, que se caracteriza por el hecho de que un profesionista ofrece un servicio que requiere una técnica o especialización.

Amelia Cañas Salinas. Estudiante de la Licenciatura en Derecho del CIDE. Twitter: @CSAmelia

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Ver, en este mismo blog Albornoz, María Mercedes, “La gestación subrogada y la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud”, 17 de mayo de 2016, http://derechoenaccion.cide.edu/la-gestacion-subrogada-y-la-iniciativa-de-reforma-a-la-ley-general-de-salud/.

[2] Lamm, Eleonora, “La necesidad de compensar a la gestante como la alternativa más justa y que no tiñe de comercial a la gestación por sustitución”. Cuestión de Derechos,  Nº 3 – segundo semestre 2012, pág. 16, 17.

La gestación subrogada y la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud

Noción amplia de gestación por sustitución

De manera general, puede afirmarse que la gestación por sustitución, también conocida como gestación subrogada, alquiler de vientre, subrogación de vientre o como maternidad subrogada, consiste en un acuerdo en virtud del cual uno o dos padres intencionales (sin importar, en principio, si son de diferente sexo) convienen con una mujer que esta última geste un bebé por y para ellos.

La filiación jurídica del menor nacido como consecuencia del alquiler de vientre debe atribuirse a los padres intencionales. Pero la vinculación biológica es susceptible de presentar en la práctica una amplia variedad de supuestos. La misma depende, por ejemplo, de si la madre gestante aporta o no su propio material genético, de si lo aportan ambos padres intencionales, solamente uno o ninguno de ellos, o de si se recurre a donantes de óvulos y/o a donantes de esperma.

Por otro lado, los padres intencionales o solicitantes siempre deben cubrir los gastos en los que incurra la mujer gestante durante y como consecuencia de la gestación; pero además puede permitirse que le hagan un pago adicional a quien ha gestado, a modo de contraprestación por el servicio prestado. En otros términos, la maternidad subrogada podría ser a título gratuito o a título oneroso. En esta última hipótesis se habla de maternidad subrogada con fines de lucro o comercial.

Importancia del tema en la agenda mexicana

El de la gestación por sustitución es un tema controvertido que toca fibras sensibles de los participantes directos (incluyendo, por supuesto, al menor o los menores nacidos en estas circunstancias), del personal médico que intervenga y de la sociedad en su conjunto. En los últimos años, esta práctica ha ido cobrando gran relevancia en la agenda pública mexicana, tanto a nivel internacional como a nivel interno o doméstico.

En el plano internacional, todavía no existe un tratado o convención internacional universal ni regional acerca de la gestación por sustitución. No obstante, ya se han presentado en el país problemas de derecho internacional privado en la materia. La regulación permisiva, en particular en el estado de Tabasco (con anterioridad a la última reforma publicada el pasado 13 de enero de 2016), sumada al hecho de que el costo de esta práctica es menor aquí que en otros países, ha generado un entorno propicio para que México se convirtiera en un codiciado destino internacional de “turismo reproductivo”. Ha habido parejas, especialmente aquéllas integradas por personas de un mismo sexo y que además eran residentes en el exterior (en la mayoría de los casos, de nacionalidad extranjera), que han venido a México a fin de llevar a cabo la gestación por sustitución en Tabasco, con la intención de regresar luego junto con su nuevo hijo al país donde estaban domiciliadas. Estos padres intencionales han debido enfrentar dificultades u obstáculos jurídicos de distinto orden, tanto en México como en los países de destino.

En el plano interno, hay que tener presente que el artículo 4º de la Constitución federal nos dispone que la ley “protegerá la organización y el desarrollo de la familia” y que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”. Adicionalmente, cabe mencionar que, por un lado, no existe aún una ley general que regule la maternidad subrogada y, por otro lado, que se aprecia una amplia diversidad normativa entre las entidades federativas que integran la República mexicana. Mientras la gran mayoría de estados carece de legislación sobre gestación por sustitución, Tabasco la regula en su código civil desde 1997 (aunque el primer caso apenas tuvo lugar en 2008) y también la contempla el código familiar de Sinaloa, la prohíben los estados de San Luis Potosí y Querétaro (este último, al establecer en el código civil el régimen de la adopción de embriones). Aunque en Coahuila se declaraba inexistente el contrato de maternidad subrogada y, por lo tanto, desprovisto de efectos jurídicos, el artículo 491 del código civil del estado, que contenía dicha declaración, fue derogado el 15 de diciembre de 2015. Finalmente, aunque en la Ciudad de México, el 30 de noviembre de 2010, se aprobó la ley de maternidad subrogada para el Distrito Federal, ésta aun no ha sido publicada y, en consecuencia, no ha entrado en vigor.

Durante los últimos años ha habido en el Congreso de la Unión (tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado) distintas iniciativas legislativas en materia de maternidad subrogada. Una de ellas, presentada el 13 de octubre de 2015, por la senadora Mely Romero Celis y otros doce integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI)[1], que proponía reformas a la ley general de salud –aunque sufrió cambios importantes– fue aprobada por el Senado el 26 de abril de 2016 y fue remitida a la Cámara de Diputados. El 29 de abril fue turnada a la comisión de salud, donde se encuentra actualmente.

El contenido originario de la iniciativa de reformas a la ley general de salud aprobada por el Senado

La iniciativa originaria contenía un proyecto de decreto para adicionar el artículo 319 bis, así como las fracciones VIII y IX al artículo 462 y para reformar la fracción VII de este último artículo de la ley general de salud. Se perseguía un objetivo claro: prohibir totalmente en México la gestación subrogada.

A fin de lograr este propósito, por un lado, el propuesto nuevo artículo 319 bis prohibía expresamente la gestación por sustitución y la privaba de efectos jurídicos. Y, por otro lado, el artículo 462 imponía penas a quienes incurrieran en ciertas conductas vinculadas con la gestación por sustitución.

En efecto, de acuerdo con el propuesto artículo 319 bis de la ley general de salud:

Se prohíbe disponer del cuerpo humano con el propósito de realizar la gestación por sustitución. Todo acto jurídico en el que se consigne la obligación a cargo de una mujer de renunciar a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero es nulo absoluto, y por tanto, no surtirá efectos legales, ni será susceptible de valer por confirmación o prescripción.

Y el artículo 462 de la iniciativa de reforma de la ley general de salud preveía la imposición de penas de 6 a 17 años de prisión y multa por el equivalente de 8,000 a 17,000 días de salario mínimo general vigente “al que realice o participe en un procedimiento de gestación por sustitución” (fracción VIII) y “a los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la gestación por sustitución” (fracción IX). En los casos de otras fracciones, así como de otras fracciones del artículo en cuestión, se establecía que se aplicarían al responsable otras penas. Además, que “si intervinieran profesionales médicos, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud”, también se les aplicará una suspensión del ejercicio profesional, técnico o auxiliar, agravada en caso de reincidencia.

El contenido de la iniciativa de reformas a la ley general de salud tal como fue aprobada por el Senado

La iniciativa original sufió cambios importantes durante su tratamiento en las comisiones unidas de salud y de estudios legislativos[2]. Por consiguiente, el texto aprobado por el Senado y turnado a la Cámara de Diputados difiere profundamente del proyecto inicial del PRI.

La iniciativa aprobada busca adicionar a la ley general de salud los artículos 61 ter y 262 ter. Ante todo, es apropiado destacar que abandona el enfoque prohibicionista (dejando de lado el artículo 319 bis) y se propone regular la práctica que nos ocupa. Sin embargo, este cambio de perspectiva no llega al extremo de plantear un régimen liberal, ampliamente permisivo. Se puede decir que el criterio propuesto se encuentra a mitad de camino entre una prohibición absoluta y una gran libertad.

La denominación “gestación por sustitución” utilizada en la iniciativa original fue sustituida en la iniciativa aprobada por el Senado, por la de “gestación subrogada”. Asimismo, se adoptó una noción restringida de la figura, e igualmente se estableció una serie de lineamientos estrictos, que deberían ser regulados por la Secretaría de Salud. Por lo pronto, cumplen la función de complementar la definición.

De conformidad con el concepto que acoge el artículo 61 Ter:

Por gestación subrogada se entenderá la práctica médica consistente en la transferencia de óvulos humanos fecundados en una mujer, producto de un espermatozoide y un óvulo de terceras personas. La gestación subrogada se realizará sin fines de lucro, habiendo un acuerdo entre las personas solicitantes y la mujer gestante, permitiendo la compensación de gastos médicos y otros derivados del embarazo, parto, post­parto y puerperio.

El concepto que la iniciativa aprobada propone se nutre de otros requisitos previstos en el artículo 462 ter. En efecto, establece: “La gestación subrogada estará permitida únicamente bajo estricta indicación médica, entre nacionales y sin fines de lucro, en los términos de esta Ley”.

Asimismo, dicho artículo mantiene la severidad de las penas de la iniciativa original, así como la suspensión en el ejercicio de sus actividades para los profesionales, técnicos o auxiliares que intervinieran. Las penas serán impuestas:

I. Al que obtenga el consentimiento de una mujer mediante el pago de una contraprestación, el uso de cualquier tipo de violencia, o aprovechándose de una situación de pobreza o ignorancia, para que se transfieran uno o más embriones a su útero y después del nacimiento, renuncie a los derechos y deberes que derivan de su maternidad, para entregar al o los menores a los contratantes o terceras personas;

II. A quien mediante gestación subrogada transfiera uno o más embriones al útero de una mujer que se haya sometido a dos embarazos previos por la misma técnica;

III. Al que realice un procedimiento de gestación subrogada para entregar al o los hijos resultantes a una persona de nacionalidad distinta a la mexicana;

IV. A quien promueva, favorezca, facilite, publicite o realice procedimientos de gestación subrogada con fines de lucro;

V. Al contratante que omita cubrir los gastos de atención médica de la mujer gestante, derivados del procedimiento de gestación subrogada, incluyendo las etapas post­parto y puerperio;

VI. Al contratante de una gestación subrogada que abandone al o los menores resultantes del mencionado procedimiento; privándolo además de la patria potestad, y

VII. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la práctica de la gestación subrogada cuando sea ilícita, en términos del presente artículo.

De los dos artículos propuestos se deriva una noción restringida de gestación subrogada que, en caso de ser aprobada por la Cámara de Diputados y convertirse en ley, excluiría las siguientes posibilidades:

  • que la mujer gestante:
    • aporte su material genético,
    • obtenga de los solicitantes o padres intencionales un pago por el servicio prestado;
  • que se conviertan en padres por esta vía:
    • los extranjeros en general, incluso los extranjeros residentes en México,
    • las parejas que no sufran un padecimiento médico (básicamente, infertilidad de alguno de los miembros) que le impida a la mujer gestar,
    • (implícitamente) las parejas de personas del mismo sexo.

Estimamos que todas estas restricciones son susceptibles de ser calificadas como discriminatorias. No obstante, todavía se está a tiempo para reconsiderarlas en la Cámara de Diputados y, eventualmente, si los legisladores deciden que es apropiado, modificarlas.

María Mercedes Albornoz. Profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @mmalborn

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 319 Bis, reforma la fracción VII y adiciona las fracciones VIII y IX al artículo 462 a la Ley General de Salud, Gaceta LXIII/1PPO-29/58386, disponible en el siguiente enlace de internet: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58386.

[2] Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 462 Ter a la Ley General de Salud,  Gaceta LXIII/1SPO-132/62316, disponible en el siguiente enlace de internet: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62316.

Guía para unas comparecencias serias de los candidatos a ministros de la Suprema Corte

La novena y la décima época de la producción jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia se caracterizan por ser periodos en donde ha existido una intensa actividad reformadora de la Constitución y una alta producción jurisdiccional de la Suprema Corte. Las reformas constitucionales publicadas de 1995 a la fecha suman 91 decretos. En cuanto a la producción jurisprudencial, la Corte ha publicado más de 15 mil criterios. Simplemente en lo que va del año la Corte ha dado a conocer más de 2400 tesis aisladas y de jurisprudencia.

Los anteriores datos dan cuenta no sólo de una ferviente actividad sino también del peso de las decisiones de la Suprema Corte en múltiples ámbitos de la vida nacional. Desde luego que el impacto más inmediato es en los impartidores de justicia del país. Sin embargo, las decisiones trascienden en muchos otros ámbitos. Así, por ejemplo, es posible apreciar una estrecha relación entre las reformas constitucionales y las interpretaciones judiciales. En ocasiones, las reformas generan nuevas interpretaciones; en otros casos, por su parte, son las interpretaciones las que inspiran reformas. De esta manera, se aprecia la existencia de una especie de diálogo entre el órgano reformador de la Constitución y las decisiones de la Suprema Corte. Esto es particularmente visible en casos relacionados con la distribución de competencias entre los poderes federales, estatales y municipales.

Una clasificación básica del trabajo jurisdiccional de la Corte puede plantearse a través de tres grandes categorías. Primero, los debates en relación con la interpretación y alcances de las cláusulas constitucionales que distribuyen competencias entre la federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal. Segundo, casos relacionados con los derechos de las personas. Tercero, decisiones en donde el objeto del debate se centra en aspectos de derecho procesal constitucional.

La problematización que optamos por seguir en el presente documento, sigue precisamente el mecanismo de clasificación antes referido. En la parte final del documento, se incluyen una cuarta sección: cuestiones relacionadas con la función de la Suprema Corte como tribunal constitucional y como cabeza del Poder Judicial Federal.

Una aclaración: el presente documento no pretende hacer una revisión exhaustiva del trabajo reciente de la Suprema Corte ni mucho menos. Nuestro propósito es identificar algunos temas que parecen particularmente relevantes a la luz de los debates constitucionales existentes en nuestro país. Con ello, esperamos aportar algunas ideas para el diálogo que Senadores de la República sostendrán con los aspirantes a ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Federalismo

En 1993, el municipio de Delicias presentó la controversia constitucional 1/93 en contra del gobierno del estado de Chihuahua. El municipio alegaba que el gobierno del estado invadía sus competencias originarias. El tema debatido era a qué orden correspondía la prestación del servicio de registro civil. Eventualmente, la Corte fallaría a favor del municipio. Al margen del resultado, este asunto y la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994, dieron inicio a una larga línea de debate constitucional relacionada con la distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno. El debate dista mucho de estar acabado. Al contrario, cada año se observa la publicación de reformas constitucionales que modifican el arreglo existente y que, a su vez, generan una relevante litigiosidad en la materia.

La interpretación constitucional en la materia plantea diversos retos. El primero tiene que ver con las características del federalismo mexicano cuya regulación es muy distinta en función de la materia de que se trate. Así encontramos que el establecimiento de cláusulas que distribuyen competencias no se limita a los artículos 73, 115, 116, 117, 122 y 124. Por ejemplo, los artículos 2º y 3º refieren temas de distribución de competencias. Otra variante es el establecimiento de sistemas nacionales. La Constitución reconoce expresamente siete sistemas nacionales a los que se les atribuyen ciertas funciones de distribución de competencias o de coordinación entre los distintos órdenes.[1] Sin embargo, desde el ámbito legislativo federal también se ha empleado la noción de sistema nacional con el objeto de incidir en la distribución de competencias. Tal es el caso del nuevo sistema nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Aquí el debate constitucional tiene que ver con la conveniencia de generar principios generales de interpretación en materia federal o mantener un desarrollo casuístico.

El segundo tiene que ver con la aparición de los organismos constitucionales autónomos (OCA) y su función en el sistema de distribución de competencias. Los OCAs han entrado en el debate de la distribución de competencias y los debates sobre su impacto en el orden constitucional son inminentes.

El tercero se relaciona con los operadores normativos empleados para distribuir competencias en el sistema federal. Aquí destacan conceptos como los de concurrencia, colaboración, coordinación, federalismo cooperativo y ley general. El empleo y los alcances de cada uno de estos conceptos difiere en función de los casos y las materias de que se trate. Si bien las diferencias pueden ser sutiles, la realidad es que no existen definiciones claras y consensuadas al interior de la Corte sobre la forma en la que cada uno de estos conceptos debe entenderse.

La cláusula del artículo 124 establece que las atribuciones que no están expresamente concedidas a la federación corresponden a los estados. A partir de esta disposición surgen diversos cuestionamientos no menores.

¿Qué temas de orden constitucional, nacional o general quedan por encima de reparto de competencias entre los órdenes federal y local? ¿En caso de duda en los alcances de esta cláusula se debe favorecer a los estados o a la federación? ¿En caso de incertidumbre entre atribuciones del distrito federal y de la federación a quién debe favorecerse? ¿En caso de no claridad entre atribuciones de los municipios y los estados y la federación qué herramientas de interpretación puede emplear la Corte para resolverlas?

La Constitución contiene en forma implícita y explícita facultades concurrentes. Un tema es la seguridad pública en donde los artículos 21, párrafos noveno y décimo, 73, fracción XXIII y 115 fracción III inciso h), refieren el tema de las competencias. ¿A partir de estos tres artículos cómo debe interpretarse la distribución de funciones en materia de seguridad pública?

La Suprema Corte ha establecido que es posible distribuir competencias mediante una ley general. ¿Qué opinión le merece este criterio? ¿Es posible crear un sistema nacional diseñado para regular la distribución de competencias en una materia determinada por vía legislativa? La coordinación y la colaboración son conceptos que refieren a la manera en la que los órdenes pueden operar en áreas en donde existen competencias concurrentes. ¿Cómo se puede incidir en propiciar la coordinación y la colaboración mediante resoluciones jurisdiccionales?

Derechos humanos

En materia de derechos humanos la actividad interpretativa de la Suprema Corte también mostró una importante transformación con la llegada de la novena época. Las reformas constitucionales en materia de derechos y, en particular, la reforma de derechos humanos de 2011, han contribuido en el fortalecimiento de este proceso. El resultado es que existe amplia actividad jurisprudencial en la materia. A pesar de ello, cuando se analizan los temas debatidos se perciben desequilibrios tanto en las materias que son tratadas como en el contenido y alcances de las decisiones. Por ejemplo, los temas relacionados con derechos económicos, sociales y culturales suelen ser escasos. A diferencia de estos casos, la Corte se muestra muy activa en materias como la penal y la fiscal. En ambos casos, existen criterios muy variados.

Desde el punto de vista de la interpretación constitucional, la Corte ha dedicado muchos debates para discutir la posición de los derechos humanos de fuente convencional en el ámbito constitucional mexicano. Las posturas incluyen posiciones que analizan el problema desde el punto de vista de la jerarquía constitucional, pero también hay quienes se inclinan por aproximaciones en donde se privilegian los criterios de interpretación. A pesar de los esfuerzos por fijar una postura clara en la materia (contradicción de tesis 293/2011), el tema todavía no parece ser pacífico.

Un tema adicional en materia de interpretación tiene que ver con la introducción de mecanismos de interpretación que permitan el desarrollo de criterios de optimización de los principios contenidos en los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos.

La reforma constitucional de 2008 en materia penal introdujo diversos derechos a favor de inculpados y de víctimas en el proceso penal. El debate se centra en establecer si los derechos de víctimas e imputados deben ser considerados iguales en el proceso penal. ¿Cómo debemos balancear los derechos de las víctimas y de las personas imputadas? ¿El proceso penal es un litigio que confronta a las víctimas con los imputados? La jurisprudencia de la Suprema Corte ha establecido que en el derecho administrativo sancionador se deben tomar en consideración las garantías penales, aunque no deben irradiar con la misma intensidad. ¿Cómo debe entenderse el principio de presunción de inocencia en la materia administrativa sancionadora?

La Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que el derecho al debido proceso no sólo irradia al proceso penal sino que también a cualquier otra actividad jurisdiccional del Estado, incluso a la actividad administrativa. ¿De qué manera se puede establecer el parámetro sobre el que puede irradiar el derecho al debido proceso en el derecho administrativo?

Tanto la Suprema Corte como la Corte Interamericana se han ocupado de los derechos sexuales y reproductivos en diversas resoluciones. ¿En su opinión qué preguntas constitucionales subsisten en la materia? ¿Cómo se puede resolver la tensión entre acceso a la información pública y seguridad pública y seguridad nacional?

La Primera Sala ha reconocido la eficacia horizontal de los derechos humanos. ¿En su opinión, cuáles deben ser los alcances de la protección de las personas mediante este mecanismo? ¿Cuál es su opinión sobre las tesis emitidas con motivo de la contradicción de tesis 293/2011?

La Suprema Corte se ha pronunciado en casos sustantivos en materia de ejecución penal, tanto en lo relativo a traslados de personas privadas de la libertad, como en lo relacionado con el alcance y sentido de la prisión.

¿Cuál es el alcance de la judicialización de la ejecución penal en cuanto a las condiciones de vida digna y segura en reclusión? ¿Cómo sustituir el sistema progresivo de la readaptación social por un sistema de incentivos para el buen comportamiento acorde con la reinserción social? ¿Considera que el nuevo sistema adversarial-acusatorio cambiará a la justicia penal en México? ¿Qué puede hacer la Suprema Corte en el proceso de implementación?

Con frecuencia se pone de manifiesto la tensión existente entre el debido proceso y la seguridad pública. Algunas voces sostienen que el debido proceso obstaculiza la eficacia de las acciones en seguridad pública y procuración de justicia. ¿Cuál es su postura en relación con esta tensión?

Los derechos económicos, sociales y culturales suelen tener múltiples complicaciones para ser reivindicados. ¿Cómo se puede favorecer la justiciabilidad de este tipo de derechos? El acceso de los pueblos indígenas a la justicia plantea múltiples retos. ¿Cuáles son los más importantes en su opinión y cómo se pueden resolver?

La Constitución federal del país no prohíbe que los estados generen, materialicen o amplíen los derechos humanos. Al respecto, solo se señala que la interpretación se haga conforme a la Constitución y los tratados de derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia. ¿Considera posible que una una Constitución local amplié los derechos humanos de la federal? En caso de que la ampliación genere una aparente colisión, ¿se aplica, por extensión, el criterio de la contradicción de tesis 293/2011? O, por el contrario, ¿es posible reconocer que un estado tenga un orden jurídico más amplio en derechos humanos que el existente en la Constitución?

 Derecho procesal constitucional

Las reforma constitucional de 2011 en materia de amparo y la nueva ley de amparo son sólo dos ejemplos de cómo se han generado muchos cambios en la forma en la que se tramitan y protegen los derechos de las personas en México. Criterios de interpretación que se entendían sólidamente cimentados en la tradición procesal constitucional han cambiado. Así, tenemos la introducción de una vía de control difuso o la posibilidad de impugnar la constitucionalidad de la ley de amparo como ejemplos claros de las nuevas tendencias interpretativas.

En el tema de la función jurisdiccional también destacan varias cuestiones. Por una parte, se debate sobre la conveniencia de aumentar las jurisdicciones especializadas. Por otro lado, se discute el tema del amparo directo y el federalismo judicial.

En cuestiones relacionadas con derecho cautelar, se debaten los alcances de la suspensión en controversias constitucionales y en amparo. La nueva regulación del amparo obliga a revisar los criterios existente en materia de suspensión y determinar los alcances de dicha medida.

En amparo también es importante revisar los alcances del amparo colectivo reconocido en el artículo 107 constitucional.

Por lo que respecta a las controversias constitucionales, los temas de legitimación activa y pasiva tendrán que ser debatidos a la luz de la aparición de los órganos constitucionales autónomos y de las continuas modificaciones a los esquemas de distribución de competencias en la Constitución.

La ley de amparo no regula el amparo colectivo. ¿De qué manera se puede hacer efectivo este derecho?

Una decisión dividida del Pleno de la Suprema Corte estableció que en el amparo directo el control ex officio debe limitarse a cuestiones relacionadas con la competencia del Tribunal Colegiado (ADR 1046/2012). El efecto de la decisión es que el Tribunal Colegiado no puede realizar un control ex officio en el amparo directo respecto de la constitucionalidad de las leyes aplicadas en el proceso natural. ¿Qué opinión le merece este criterio?

Un problema que enfrentan los juzgadores de todas las jurisdiccionales del país es la falta de cumplimiento de sus mandatos. En otra decisión dividida, el Pleno de la Corte estableció que a pesar de que se había violado una suspensión, no procedía sanción al funcionario responsable porque después de ocurrida la violación, el propio funcionario había modificado el acto violatorio de la misma. ¿Qué opinión le merece este criterio?

Una decisión dividida de la Segunda Sala de la Suprema Corte consideró que la información sobre operaciones que deben enviar los contribuyentes al SAT con motivo de la obligación que se desprende del artículo 31 A del Código Fiscal de la Federación es considerada de orden público para efectos de negar la suspensión en el amparo (artículo 128 de la Ley de Amparo). ¿Qué opinión le merece el criterio?

Mediante el alegato de oído se permite que una de las partes en el litigio se reúna a solas con el juez para exponer su visión sobre el asunto en cuestión. En el nuevo proceso penal dicha figura ya está expresamente prohibida. ¿Qué opina de la costumbre del alegato de oído?

¿En su opinión cuáles son los principales obstáculos para acceder al amparo?

 La Suprema Corte como tribunal constitucional y cabeza del Poder Judicial de la Federación

En relación con la Suprema Corte como tribunal constitucional conviene introducir cuestiones que se ocupen de la manera en la que la Corte atrae casos para su conocimiento. También parece necesario revisar la operación de la Corte como tribunal. Aquí destacan cuestiones como la organización del trabajo, la regulación del flujo de asuntos y los mecanismos empleados para el debate de los asuntos.

Por lo que respecta al papel de la Suprema Corte como cabeza del Poder Judicial Federal los temas relevantes aparecen con motivo de las relaciones entre el máximo tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal. Un rápido vistazo a las decisiones de la Corte en recursos de revisión administrativa puede ilustrar la complejidad del tema.

La Suprema Corte suele modificar las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de carrera judicial. ¿En su opinión, la Corte debe ser deferente al Consejo o debe mantener el escrutinio empleado hasta ahora a las resoluciones del Consejo?

La Suprema Corte tiene un presupuesto para el 2016 de más de 5000 millones de pesos. La Corte realiza funciones adicionales a las de impartición de justicia. Una de ellas son las Casas de la Cultura Jurídica a través de las que se ha dado un impulso fundamental a la cultura jurídica en el país. ¿Considera que la Corte debe realizar funciones extrajudiciales o que debe concentrarse en las funciones jurisdiccionales? ¿La recursos que recibe la Corte para cumplir con sus funciones son suficientes, insuficientes o excesivos?

A diferencia de la mayor parte de los tribunales en el mundo, los debates del Pleno de la Suprema Corte son públicos. ¿Qué ventajas o desventajas ve en esta práctica?

En los asuntos que conoce la Suprema Corte de Justicia es frecuente que se analicen decisiones de órganos regulatorios especializados. ¿En su opinión la Corte debe ser deferente a las decisiones de los órganos autónomos?

En ocasiones los ministros dejan de conocer un asunto en particular por considerar que están impedidos. ¿Debe regularse con más amplitud la cuestión de posible conflicto de interés entre los ministros?

En temas de supervisión del trabajo judicial es frecuente encontrar que existen límites para conocer sobre la función jurisdiccional de los jueces. La existencia de límites alude a la protección de la autonomía. Sin embargo, los propios límites también constituyen barreras que ocultan negligencia o corrupción. ¿Cómo se puede asegurar la existencia de probidad en la función judicial en una forma que resulte compatible con la autonomía que debe garantizarse a toda juzgadora?

Javier Cruz Angulo. Profesor e investigador del CIDE.

José Luis Caballero. Profesor, investigador y director del Departamento de Derecho de la UIA.

José Antonio Caballero. Profesor e investigador del CIDE.

Mónica González. Investigadora del IIJ-UNAM.

Francisca Pou. Profesora e investigadora del Departamento de Derecho del ITAM.

Pedro Salazar.  Investigador y director del IIJ-UNAM.

Miguel Sarre. Profesor e investigador del Departamento de Derecho del ITAM.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Sistema Nacional de Salud, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Evaluación Educativa, Sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Sistema Nacional Anticorrupción, Sistema Nacional de Archivos. Si bien se alude a otros sistemas en el texto de la Constitución, los mismos no se incluyen por estimarse que no involucran cuestiones de distribución de competencias.