Diagnóstico: la enorme opacidad de los poderes judiciales

Desde Equis Justicia para las Mujeres realizamos un diagnóstico nacional del estado que guarda la transparencia en relación al real acceso a las sentencias judiciales. ¿El resultado? Ningún Poder Judicial en México cumple con sus obligaciones en materia de transparencia. #esjustoquesepas

¿Por qué es importante publicar sentencias?

La transparencia judicial en relación a la publicación de sentencias judiciales nos permite tener acceso a las formas en cómo se resuelve en los juzgados. Nos permite entender el derecho de manera dinámica, ver cómo se va definiendo el contenido de las normas de derechos humanos en las vidas de las personas y cómo estos contenidos mínimos se van expandiendo y evolucionando.

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Cuando los procesos judiciales se abren a la ciudadanía se abre un panorama de posibilidades para hacer realidad la justicia. Es posible romper con las prácticas tradicionales y discriminatorias de hacer “justicia”, es posible compartir diversidad de criterios, argumentos y estrategias de litigio que orienten la labor de las litigantes, es posible cuestionar el pensamiento jurídico tradicional y patriarcal para transformarlo.

Publicar las sentencias judiciales, cómo ejercicio de transparencia, es una forma de frenar la corrupción. Quién firma una sentencia debe saber que será objeto de escrutinio público. Además, acercar esta información a la población y a la opinión pública fomenta la libertad de expresión y rompe con los mitos legales que impiden el acceso a los derechos de las mujeres. De esta manera, se contribuye a que las mujeres puedan ejercer verdaderamente la toma de decisiones.

Ningún Poder Judicial en México cumple con las obligaciones de transparencia

Desde Equis Justicia para las Mujeres realizamos un diagnóstico nacional del estado que guarda la transparencia en relación al real acceso a las sentencias judiciales. El resultado, ningún Poder Judicial en México cumple con las  obligaciones de transparencia¿Qué principios evaluamos?

  • Principio de maxima publicidad: Toda información generada, obtenida, adquirida, trasformada, o en posesión de los tribunales es pública a cualquier persona, en los términos establecidos por las leyes.
  • Principio de accesibilidad: Toda información debe ser de fácil acceso, comprensible, gratuita y a disposición de todas las personas en medios y formatos de fácil uso.
  • Principio de oportunidad: La información debe ser actualizada periódicamente y se conservaran las versiones históricas relevantes para su uso público.
  • Principio de completud: Se deben divulgar todas las sentencias en su versión pública.

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Los Poderes Judiciales de los estados tienen una obligación expresa de hacer pública esta información, pero poco más de la mitad de ellos lo hacen: 17 Poderes Judiciales, si publican sentencias, pero ello no implica que cumplan con los principios necesarios para decir que cumplen con su obligación.

De estos 17 poderes judiciales que si publican sentencias no podemos saber si realmente están publicando todas las que emiten. De ellos, 11 estados cumplen con alguno de los principios analizados, pero ninguno cumple con los tres. Los otros 6 estados no cumplen con ninguno de los principios necesarios para el ejercicio de la transparencia judicial.

Equis Justicia para las Mujeres es una organización feminista que contribuye al acceso a la justicia para las mujeres, mediante trabajo colaborativo con los Poderes Judiciales del país. Por eso consideramos que la transparencia es una poderosa herramienta para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. Además del valor propio que tiene la información pública como derecho humano, también tiene un valor instrumental para el ejercicio de otros derechos, como el de rendición de cuentas y participación ciudadana. Por eso, el acceso a las sentencias y al quehacer jurisdiccional se convierte en un requisito para garantizar el adecuado funcionamiento del Poder Judicial.

Los retos que este diagnóstico nos presenta debieran trabajarse de manera conjunta desde la institucionalidad, la sociedad civil e incluso desde la academia:

  • México precisa un cambio del pensamiento judicial sobre la forma de concebir la transparencia jurisdiccional. La transparencia no es una concesión a la ciudadanía sino una obligación vinculada al ejercicio democrático de rendición de cuentas, que legitima la labor judicial y la vuelve independiente y autónoma  de otros poderes políticos.
  • ¿Qué información hay que publicar? Precisamos de uniformidad de criterios mínimos y generales a la hora publicar sentencias judiciales, para permitir análisis comparativos, y que el acceso a la información no dependa de la subjetividad de la institución.
  • Garantizar la publicación y accesibilidad de las sentencias judiciales es el primer paso, pero el reto es mucho mayor. El reto es que el Poder Judicial, atendiendo principio de accesibilidad y su deber constitucional de promover los derechos humanos, se acerque a la ciudadanía en general, y llegue a todas las personas sin excepción, haciendo las traducciones necesarias para los pueblos indígenas sobre las resoluciones judiciales.
  • Es necesario que los poderes judiciales del país abran los procesos judiciales a la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil. Esto garantiza la democracia y la participación real en la construcción del país en el que queremos vivir. Por eso, es justo que sepamos de justicia.

Área legal. Equis, Justicia para las mujeres.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

Los retos del nuevo sistema de transparencia

Sunlight is said

to be the best of disinfectants; electric light the

most efficient policeman.[1]

Más allá de abordar los potenciales beneficios de la transparencia –requisito democrático tendente a limitar el ejercicio arbitrario del poder mediante la rendición de cuentas-, en este espacio pretendo señalar algunas cuestiones del nuevo sistema de transparencia, invitando a la reflexión conjunta en búsqueda de respuestas.

Como se sabe, todo desarrollo normativo enfrenta retos en los momentos de interpretación jurídica e implementación fáctica. En este sentido, en el nuevo sistema de transparencia, diversos órganos del Estado se encontrarán ante escenarios impugnativos que los conducirán a emitir criterios interpretativos, tanto de la relación entre los derechos humanos en juego, como de las competencias de las autoridades encargadas de satisfacerlos o, en su caso, limitarlos.

Retos jurídicos en la interpretación

La primera complejidad jurídica alude a la solución de los “conflictos horizontales”, i.e., entre titulares de derechos humanos. Basta pensar en los valores constitucionales en latente tensión, como es el acceso a la información pública y la de protección de datos personales. La autoridad competente deberá realizar ejercicios constantes y casuísticos de balanceo o compatibilidad, mediante ponderación o juicios de proporcionalidad.[2] Ya algunos jueces federales y Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), han señalado la complejidad implícita en la interpretación de las respectivas leyes a la luz del relativamente novedoso marco constitucional y convencional de derechos humanos.

En cualquier caso, las autoridades mexicanas tendrán a su disposición el principio pro persona como eje interpretativo, la prohibición de menoscabar la dignidad humana, y la obligación de expandir progresivamente los contornos de los derechos y libertades.

La Constitución establece la prevalencia del principio de máxima publicidad, pero también la obligación de proteger información referente a la vida privada y a los datos personales.[3] Por ejemplo, en el nuevo sistema penal oral y acusatorio prevé la publicidad de las audiencias,[4] poniendo en juego la presunción de inocencia, el honor, la vida privada, la libertad de información y el debido proceso.

La legislación procesal penal reitera dicho principio, pero precisa las condiciones que facultan al juez para limitarlo: cuando se afecten gravemente la seguridad pública, la seguridad nacional, el interés superior del menor, etcétera.[5] Será el juzgador el responsable de equilibrar, en cada caso, el interés social en conocer frente al perjuicio individual causado por la exposición.

Por un lado, la publicidad de la audiencia y su registro en cualquier medio tecnológico tiene como finalidad controlar y evidenciar la actuación del juez. Estos podrían, junto con otros factores, afectar positivamente la percepción de independencia e imparcialidad. Por otro lado, la publicidad ilimitada podría contravenir algunos derechos del imputado. V. gr., la prensa, en el ejercicio de su libertad de expresión e información, podría mediatizar algún caso relevante, afectando la opinión pública a tal grado que degenere en juicios paralelos o extra-judiciales. Para principios como el de debido proceso y la presunción de inocencia, esto resultaría contraproducente.

Ante los niveles actuales de opacidad en los poderes judiciales, la máxima publicidad debiese tender a prevalecer. Su modulación requerirá considerar las diferencias entre los distintos tipos de proceso judicial y de los principios que los rigen. Así, los datos producidos en un juicio oral mercantil, respecto del penal, difieren en su contenido, calidad y finalidad. Es razonable pensar, entonces, que a la diferencia de derechos e intereses involucrados, corresponden distintas intensidades de protección.

Considérese que la información contenida en cualquier procedimiento relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, no podrá clasificarse como reservada.[6] Es la magnitud del daño social lo que justifica tal grado de apertura. Especialmente, ante el crítico contexto en el que se ejercen estos derechos en México.[7]

Pero los conflictos normativos no se agotan en la dimensión de los derechos subjetivos. Como segunda complejidad jurídica, tenemos que el interés del individuo y de la sociedad por acceder a la verdad puede topar con un obstáculo institucional, constitucional y legalmente previsto: la seguridad nacional como requisito para la reserva de información o como límite al ejercicio del derecho.[8]

También prevén como excepción a la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del organismo garante, la facultad del Consejero Jurídico de la presidencia de la República para interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte, cuando considere que aquellas ponen en peligro la seguridad nacional.[9]

La ambigüedad del concepto requerirá, específicamente por parte de las autoridades judiciales, una definición cada vez más precisa y restrictiva, observando siempre el principio de máxima publicidad, para lograr el progresivo ensanchamiento del derecho de acceso a la información. De lo contrario, se dejaría amplio espacio a la discrecionalidad del sujeto obligado para denegarlo.

En este aspecto, la Ley General es acorde a criterios internacionales y prevé que las excepciones deberán ser aplicadas de manera restrictiva, limitada, necesaria, proporcional y casuística, además de ser acreditadas mediante una prueba de daño.[10] En este ejercicio, se deberá distinguir claramente la calidad y propósitos de la información solicitada y reservada.

Destaco otro reto jurídico para el adecuado funcionamiento del sistema de transparencia: la necesaria definición casuística de los ámbitos competenciales de aquellos órganos facultados para generar y clasificar información (como la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos); pero, particularmente, de los que revisan la decisión de reservarla.

Más interesante aún, será el potencial conflicto entre las dos instancias “límite”. Es decir, entre los órganos máximos encargados de la protección de los derechos en cuestión: la Suprema Corte y el INAI.

La primera actuará bajo un doble papel: como intérprete de las normas constitucionales y legales sobre transparencia, esto es, como protector de datos y garante del acceso a la información. Y, por otra parte, como sujeto obligado, en su carácter de proveedor de información jurisdiccional y administrativa.

Por su parte, el INAI fungirá como el organismo constitucional autónomo competente para emitir criterios rectores del sistema nacional.[11] Si ambos órganos comparten el desarrollo de la materia y la Ley General no es suficientemente clara, se espera que en la recién aprobada ley federal se encuentren de manera más precisa los aspectos materiales que justifiquen la intervención de uno u otro.

A pesar de la jerarquía constitucional atribuida al INAI, la interpretación de la Corte deberá prevalecer, dadas sus propiedades formales, materiales e históricas. A ella compete la protección de todos los derechos humanos, la precisión de esferas competenciales, la resolución de contradicciones normativas y, específicamente, el conocimiento de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales promovidas por el INAI[12]; así como del mencionado recurso de revisión presentado por el Consejero. Además, goza de una posición privilegiada al encontrarse exenta de revisión por parte del INAI respecto de la información jurisdiccional que genere.[13]

Los regímenes con pretensiones democráticas necesitan procesos dialécticos. Por ende, el funcionamiento y legitimidad del nuevo sistema de transparencia exigen diálogos interinstitucionales tanto entre tribunales, como entre éstos y demás órganos del Estado. La comunicación entre la Corte y el INAI deberá precisar claramente los fundamentos, contenido y límites de los derechos y las competencias.

Por último, el énfasis en el enfoque de derechos no toma en cuenta algunos posibles inconvenientes para la función institucional. El conflicto entre la publicidad y la secrecía también repercutirá en la generación de información útil para su evaluación y corrección.

Por ejemplo: ¿cómo comprender y justificar socialmente la decisión judicial en un caso de violencia por género, si no se conoce el sexo de las partes? ¿Cómo evaluar un asunto sobre farmacodependencia, si no se conoce la edad de la persona farmacodependiente? La secrecía podría sesgar la interpretación de los hechos concretos que generaron el litigio y desembocaron en un precedente abstracto. Su eventual disgregación dificultará el entendimiento estratégico que los operadores jurídicos se formen sobre la actividad judicial.

Retos en la implementación fáctica 

Ahora consideremos, además de los retos jurídicos, algunos posibles obstáculos fácticos y políticos. En breve: en México, del diseño de sistemas normativos se puede predicar el éxito, no así de su vigencia práctica.

Al incluir a partidos políticos, fideicomisos, sindicatos, personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, entre otros, la Ley General amplió el catálogo de sujetos obligados de 246 a más de 840; también aumentó la cantidad de obligaciones comunes, de 17 a 48.[14]

Tales previsiones no sólo generarán mayor carga de trabajo para el INAI y los organismos garantes locales, sino que aumentarán la probabilidad de escenarios de impugnación o incumplimiento. Corresponderá a estos órganos autónomos acercar las disposiciones legales a las exigencias reales a través de la imposición eficaz de medidas de apremio y sanciones.

Ahora, además de seguir pendiente la promulgación de una ley federal en la materia, nuevas leyes sobre datos personales y archivos, el nuevo sistema nacional de transparencia deberá ser armonizado fundamentalmente con el sistema nacional anticorrupción.[15]

Transparencia no equivale a honestidad, ni la primera conduce necesariamente a la segunda. La conjunción de ambos sistemas se encamina a fomentar la participación ciudadana, observar y fiscalizar los actos públicos, acotar la discrecionalidad en las decisiones, desincentivar o inhibir actos de corrupción y evitar altos niveles de impunidad. No será el grado de virtud moral del funcionario lo que demuestre el éxito o el fracaso de la interrelación. El indicador útil, entre otros, será la eficacia en la aplicación de la sanción.

Las diferencias entre niveles de gobierno también imponen retos a la homogenización de los procedimientos y al cumplimiento de las obligaciones comunes. Los recursos presupuestarios, así como la opacidad y arbitrariedad, son variables según el órgano pertenezca al orden constitucional, federal, local o, en su caso, municipal.

La Suprema Corte ha demostrado una actitud institucional de apertura en sus sentencias, precedentes,[16] y mecanismos administrativos.[17] Sin embargo, “persiste […] una gran desconfianza sobre la calidad e independencia de los tribunales locales”.[18] Cierta inercia del despotismo ilustrado aún permea en muchas estructuras locales, conservando en consecuencia altos márgenes de opacidad. De la efectiva autonomía de los órganos garantes dependerá reducirlos.

Los avances en el seno federal resultan insuficientes para la salud del sistema en su totalidad. Primero, porque continúa pendiente la emisión de legislación local compatible con la Constitución y la Ley General. Pero más importante aún, porque la máxima publicidad es aplicable a dicho ámbito, y es ahí en donde se gestan los conflictos más cotidianos. Si lo que se pretende es legitimar el funcionamiento del sistema judicial en general, allí debe construirse un nexo sólido entre un juzgador transparente e imparcial y la persona juzgada.

Ventanas de oportunidad

Por último, esbozaré sucintamente algunas oportunidades y herramientas que pueden contribuir a desarrollar de modo positivo la política de transparencia, poniendo como ejemplo al poder judicial y a sus jueces.

La naturaleza, evolución y complejidad de las relaciones sociales actuales y de sus conflictos, invitan al juez a concebirse como un actor relevante, como un factor de transformación social. Cuenta, al menos, con tres tipos de recursos para transparentar y legitimar su labor: tecnológicos, humanos y lingüísticos.

El aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación (“TICs”) le permitirá recolectar, difundir y proveer datos de forma inmediata y eficiente. A la vez, facilitará a los receptores la evaluación cuantitativa y cualitativa de su desempeño. Aquí, la asociación entre poderes judiciales y organizaciones de la sociedad civil sólo puede resultar fructífera.

Para estrechar el lazo de comunicación y confianza esencial en cualquier democracia funcional, se requiere, no un lenguaje común, pero sí uno más sencillo y comprensible. Si el producto judicial por antonomasia –la sentencia- es comunicado a través de un lenguaje claro y accesible, las razones que lo sustenten probablemente se perciban más razonables, legítimas y justas. Entonces, la modernización de los sistemas judiciales implica abandonar formas comunicativas arcaicas, sin obviar la especificidad técnica de los conceptos jurídicos.

En este sentido, vale recordar la frase citada en el epígrafe del ex-justice, Louis Brandeis. Si queremos generar prácticas democráticas, los jueces mexicanos –y en general, todas las autoridades– ya no deben incomodarse más por la luz que clarifica su actuar.

El acceso a la información, como derecho humano, no es un obstáculo a la realización de los fines del Estado, sino un instrumento para legitimarlo. Así deben asumirlo los órganos estatales. A la ciudadanía le deben tanto la autoridad que los inviste para disponer de los bienes y libertad de las personas, como los recursos materiales que le permiten desempeñar su labor. Esos privilegios deben justificarse. Si pretenden ser obedecidos y percibidos como un sujeto fiable, deben rendir cuentas ante la sociedad.

Gustavo Marín Hernández. Egresado de la carrera de Derecho del ITAM; asistente del proyecto de investigación Monitor Judicial de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Brandeis, Louis, Other People’s Money And How the Bankers Use It, Frederick A. Stokes Company, Nueva York, 1914, p. 91.

[2] Vid. artículo 149 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), que prevé los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para realizar una prueba de interés público ante una colisión de derechos.

[3] Artículo 6°, apartado A, fracciones I y II, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

[4] Artículo 20, primer párrafo, y fracción V de su apartado B, CPEUM.

[5] Vid. artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

[6] Artículos 5 y el redundante 115 de la Ley General.

[7] Pendiente de resolución en la Suprema Corte, se encuentra el amparo en revisión 661/2014, relativo a la reserva de información contenida en la averiguación previa de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, por referirse a presuntas violaciones graves de derechos humanos.

[8] Artículo 6°, apartado A, fracción I, CPEUM, así como artículos 4, párrafo segundo, y 113, fracción I, de la Ley General.

[9] Artículo 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo séptimo, CPEUM, así como artículos 157 y 189 a 193 de la Ley General.

[10] Artículos 103 a 105 de la Ley General.

[11] Artículo 199, de la Ley General.

[12] Artículo 41, fracciones VI y VII, de la Ley General.

[13] Artículo 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo cuarto, CPEUM, así como 194 y 195 de la Ley General.

[14] Vid. artículos 23 y 70 de la Ley General.

[15] Previsto en el artículo 113 de la CPEUM.

[16] Desde la Solicitud 3/96 (“Aguas Blancas”), hasta la contradicción de tesis 121/2014, de 26 de mayo de 2015, que concede acceso al quejoso a la información reservada contenida en el informe justificado, bajo la más estricta responsabilidad del juez, para conocer información necesaria para una defensa adecuada.

[17] Como el Acuerdo General de Administración 4/2015, de 26 de agosto de 2015, del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se alinean las estructuras administrativas y funcionales del Alto Tribunal a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Acuerdo General de Administración 5/2015, de 3 de noviembre de 2015, del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se expiden los lineamentos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

[18] Síntesis del informe y de las recomendaciones en materia de justicia cotidiana, CIDE, 2015, p. 9.

La caja negra del poder judicial: ¿cómo acabar con la opacidad jurisdiccional?

A pesar del enorme interés que ha generado el tema de la transparencia en nuestro país desde hace años, el cual ha resultado en una creciente exigencia para transparentar muchísimos de los vericuetos de los poderes ejecutivo y legislativo a través de sofisticados sistemas de información pública, lo cierto es que un personaje ausente en este proceso de transparencia es el poder judicial. O, más bien, los poderes judiciales tanto federal como locales. El siguiente texto, en este sentido, a partir de algunos datos empíricos, traza las coordenadas de una de las grandes asignaturas pendientes de la consolidación democrática del país: acabar con la opacidad en los poderes judiciales.   

Disculpe, ¿Usted sabe cuál es el órgano encargado de impartir justicia en México?

14 de cada 24 personas  contestaron no conocer a quien le toca impartir justicia en México; el panorama para las mujeres involucradas en algún proceso de justicia no es mejor, pues de 16 mujeres entrevistadas, 11 manifestaron no tener confianza en el órgano encargado resolver con justicia el conflicto en el que están inmersas.

Los Poderes Judiciales del país trabajan en un cuarto oscuro, donde la ciudadanía y las personas usuarias del sistema de justicia, no alcanzamos a conocer, ni entender, mucho menos evaluar el funcionamiento del Poder Judicial. En resumen, no  sabemos qué tipo de justicia estamos recibiendo.

 “El juez sólo habla a través de sus sentencias” según cuenta un viejo dicho judicial. Entonces poco nos están hablando cuando no tenemos constancia de las sentencias que emite el Poder Judicial. La ley obliga de manera expresa a 30 de los 32 estados del país a publicar sentencias judiciales, pero ninguno de estos sujetos obligados cumple con sus obligaciones de manera óptima e idónea. Las sentencias judiciales son una parte de lo que se esconde al interior de los recintos de justicia.

¿Cómo saber si el Poder Judicial de las entidades federativas cumple con su obligación de proteger, promover, garantizar y respetar los derechos humanos y, en especial, de aplicar el principio de igualdad como no discriminación contenido en el artículo 1º constitucional, si no tenemos acceso a la evidencia de su trabajo?

Desde 2012, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y las leyes locales que regulan las obligaciones de sus respectivos poderes judiciales, obligan a la transparencia judicial, a través de la publicación de sentencias, que responde al derecho humano a la información (Art.6 de la Constitución). En la práctica aún es una aspiración.

¿Por qué es importante que el Poder Judicial haga públicas sus sentencias?

En primer lugar, para generar confianza. La falta de transparencia genera desconocimiento y desconfianza en la ciudadanía con respecto a la función esencial del Poder Judicial. Que la ciudadanía tenga acceso real al trabajo y los procesos relacionados con la impartición de justicia,  la solución de conflictos, y la garantía del equilibrio entre órganos democráticos que integran al Estado es esencial para el ejercicio real de la democracia.

En segundo lugar, no saber, implica no exigir. No tener acceso a las sentencias judiciales, impide a la ciudadanía conocer el tipo de justicia que la sociedad recibe por parte del poder judicial. Sin datos no hay monitoreo o control ciudadano dirigido a este órgano y, por tanto, no hay posibilidad de exigencia de los derechos.

Además, la falta de transparencia genera un clima propicio para la corrupción, donde no hay posibilidad de auditorías ni mecanismos de observación y control ciudadano, que limiten o sancionen el abuso de poder por parte de éste órgano.

La participación ciudadana, en cuanto al acceso a la justicia, aumentaría. La falta de transparencia obstaculiza la participación de actores de la sociedad civil en la construcción colectiva de soluciones y en diagnosticar la situación de la justicia con respecto a los derechos humanos, perspectiva de género, discapacidad, interculturalidad, etc. La sociedad civil puede y debe tomar el papel de monitorear el trabajo del poder judicial. Derivado de esta idea han surgido iniciativas como los observatorios ciudadanos de sentencias judiciales en México y en toda la región; sin embargo, el principal obstáculo para continuar con ésta labor, es la falta de transparencia en sentencias judiciales.

La falta de transparencia nos impide evaluar el correcto funcionamiento, permanencia y adecuado ascenso en la carrera judicial de las personas impartidoras de justicia. De esta forma, la transparencia en el Poder Judicial está directamente relacionada con frenar el camino de la corrupción, el amiguismo y el partidismo.

Dado que el derecho es un producto cultural inmerso en el sistema patriarcal, la transparencia se convierte también en una herramienta para garantizar la impartición de justicia con perspectiva de género. Enviar mensajes correctos por parte del Poder Judicial,  a sus interlocutores es parte de su obligación de promover los derechos humanos, en especial el de las mujeres y grupos excluidos del estatuto jurídico.

Y, por último, el funcionamiento abierto del Poder Judicial genera capacidad de cambio y transformación en las prácticas de impartición de justicia. La difusión de argumentos judiciales que den ejemplo de buenas prácticas, argumentos novedosos que rompan con la tradición jurídica de formato, legaloide e insensible al contexto y situación particular de la persona justiciable cobra especial relevancia en nuestro sistema judicial.

La reforma constitucional de junio de 2011 cambió el paradigma en la impartición de justicia ampliando las dimensiones de protección de los derechos. Ahora los criterios y principios jurídicos de igualdad sustantiva y no discriminación reivindican el acceso a la justicia para aquellas personas y grupos históricamente discriminados. A raíz de ésta reforma, ha habido innumerables esfuerzos por parte de los tribunales, Institutos de la Mujer, organizaciones civiles y academia para fortalecer los conocimientos y herramientas jurídicas de las personas juzgadoras. Sin el elemento transparencia en sentencias judiciales la sociedad no tendrá indicadores objetivos para saber si la práctica judicial está evolucionando hacia la protección de los derechos humanos.

El lenguaje jurídico es la cortina que cubre la caja negra

De 16 mujeres involucradas en procesos judiciales de índole familiar que entrevistamos,  únicamente 1 manifestó conocer el significado de una serie de  palabras habituales en cualquier proceso judicial.

El conocimiento abierto en relación a las sentencias judiciales es sólo el primer paso. Que las sentencias estén publicadas genera confianza, posibilidad de control y reduce la corrupción, pero no facilita la comprensión ciudadana sobre contenido y alcance de las sentencias.

El lenguaje poco accesible y técnico utilizado tradicionalmente en el ámbito del derecho nos presenta un nuevo reto: “traducir” los mensajes esenciales a la población en general, con la finalidad de acercar la justicia a la ciudadanía y garantizar así la exigencia de sus derechos.

Transparencia es publicar sentencias judiciales, es hacerlas accesibles a todo tipo de  público, y también es romper con los “mitos sobre la ley o la justicia”. Un lenguaje más accesible generaría mayor conocimiento sobre el sistema judicial, para que, por ejemplo, los medios de comunicación no difundan ideas confusas o estereotipadas sobre los derechos que les corresponden a hombres y mujeres.

Es importante que los medios, como agentes de socialización, también asuman su parte de responsabilidad y no encontremos mensajes que difundan información falsa, como que es delito el abandono de hogar para mujeres, incluso en casos de violencia, cuando pretenden salirse de tal situación; o encabezados de noticias que clasifican el feminicidio como un “crimen pasional”, y minimicen el hecho en función de la “emoción” violenta del hombre, sin contar con fuentes expertas que permitan un mayor entendimiento de la violencia de género como pandemia social.

En este contexto, es urgente que los Poderes Judiciales implementen políticas de transparencia en sentencias judiciales de manera  proactiva y creativa, y que se generen sinergias con organizaciones de la sociedad civil para la creación de mecanismos de monitoreo social y control ciudadano. La impartición de justicia y el trabajo del Poder Judicial son un servicio público y, como tal, no pueden mantenerse alejado de la sana crítica y escrutinio social.

Fátima Gamboa. Coordinadora del Área Legal, Equis Justicia para las Mujeres A.C.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

Avances y retos de la Ley General de Transparencia

El pasado 16 de abril, la Cámara de Diputados, como cámara revisora, aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGT), que justo este lunes fue promulgada por el presidente Peña Nieto. Esta ley se enmarca, junto con otros instrumentos, dentro de las acciones que han abanderado e impulsado principalmente las organizaciones de la sociedad civil para delinear un sistema efectivo de rendición de cuentas en nuestro país.

En un proceso de creación de leyes inédito, los senadores invitaron a tres representantes de agrupaciones de organizaciones de la sociedad civil (El Colectivo por la Transparencia, México Infórmate y la Red por la Rendición de Cuentas) a la redacción de esta iniciativa en materia de transparencia y de acceso a la información. Ese debe ser considerado, sin duda, como el primer triunfo de la LGT. El grupo redactor, integrado por asesores de los senadores de los partidos PRI, PAN, PRD y PVEM y por las tres representantes de las agrupaciones ya referidas, diseñó el articulado desde cero, aunque tomó en consideración los diversos proyectos ya existentes. Si bien la eficiencia de este proceso es cuestionable (duró casi dos meses), es innegable el avance que significa para consolidar la participación de la sociedad en la toma de decisiones públicas.

Por lo que hace al contenido de la LGT, éste representa una mejora sustentable de la Ley Federal de Transparencia: en primer lugar, prevé la participación ciudadana y tiene un enfoque desde el solicitante de la información; en segundo lugar, crea un diseño institucional y organizacional que busca facilitar el acceso a la información, así como crear un sistema de rendición de cuentas efectivo; y, en tercer lugar, es un ordenamiento normativo aperturista.

Esta ley facilita no sólo el acercamiento del ciudadano a las dependencias y entidades gubernamentales sino la toma de decisiones de éste en el ámbito público. Prevé, asimismo, la obligación de las autoridades de generar información en lenguaje sencillo, asequible a cualquiera y en datos abiertos, es decir, en formatos que permitan su manipulación y reutilización.  Por último, la LGT es incluyente al prescribir que la información deberá estar disponible en lengua indígena y accesible para personas discapacitadas.

La LGT crea el Sistema Nacional de Transparencia como el “conjunto orgánico y articulado de miembros, procedimientos, instrumentos y políticas para fortalecer la rendición de cuentas del Estado”. Así, pretende dar uniformidad a un sistema de generación, acceso a la información y de rendición de cuentas homogéneo en el país, que logre unificar los criterios entre las diversas entidades federativas y que garantice estos derechos del ciudadano y haga exigible las obligaciones por parte de las autoridades correspondientes en todo el país. De igual forma, dota de más facultades y robustece a las unidades de enlace y a los comités de transparencia para que adquieran la fuerza que requieren al interior de las dependencias y entidades.  Por último, crea los consejos consultivos que, si bien han sido criticados por muchos, pueden llegar a aportar opiniones no sólo respecto de casos que resuelvan los organismos garantes federal y estatales, sino sobre el propio funcionamiento de estos.

Esta ley es, frente a la mayoría de las locales y la federal, un instrumento que busca abrir la información desde su generación.  Así, presume la existencia de la información por el hecho de estar relacionada con las facultades de una dependencia o entidad gubernamental.  De esta forma se busca abatir la perniciosa costumbre del gobierno de declarar “inexistencias” a diestra y siniestra aun cuando con base en los ordenamientos jurídicos que rigen su actuar, debería tenerla.  Asimismo, prevé un apartado de promoción de la cultura de la transparencia y de la transparencia proactiva.  Con estas figuras pretende, por un lado, inculcar en la ciudadanía la importancia de ejercer el derecho de acceso de a la información y, por el otro, crear en los sujetos obligados la buena práctica de poner a disposición de la ciudadanía la información relacionada con su competencia y que suelen ser materia de las solicitudes de acceso.

En este tenor, la LGT redujo los plazos en los que las autoridades deben dar respuestas y previó un listado de obligaciones de transparencia que debían ser públicas, mucho más amplio que el que se establece actualmente en el portal de obligaciones de transparencia (POT) de las dependencias y entidades. En los sujetos obligados que se incorporaron al nuevo ordenamiento, son de destacar los sindicatos, los fideicomisos públicos y todo aquel que recibe recursos públicos.

Las críticas a esta iniciativa no se han hecho esperar. Algunos juristas desprecian el que una ley general sea tan detallada. Algunos administradores públicos cuestionan los recursos  que se deben destinar para que la LGT alcance sus objetivos. Y, aunque sea una verdad de perogrullo, ninguna ley es perfecta, pero no por ello debemos aspirar a menos. Esta ley general es detallada porque a lo largo de los trece años que tenemos de haber implementado las acciones para el ejercicio del acceso a la información y de la obligación de transparencia, en las entidades federativas no hemos sido capaces de garantizar este derecho a los ciudadanos, ni hemos podido obligar a las dependencias y entidades locales a cumplir con su deber de transparencia y de rendición de cuentas.  Más vale entonces tener una ley general detallada, que dejar a la elección de los estados la regulación en esta materia.

Ahora bien, para que esta ley general funcione, no debemos perder de vista que hay una serie de ordenamientos jurídicos que, junto con ella, sostienen al sistema de rendición de cuentas.  La ley general de archivos así como las adecuaciones legales que deriven de la reforma constitucional en materia de anticorrupción, son indispensables para que la LGT alcance sus objetivos. De igual forma, la sola existencia de la ley no es una garantía en sí misma. Se requiere de la creación, implementación y evaluación de políticas públicas que echen a andar el ejercicio del derecho y el cumplimiento de las obligaciones.

Por último, debemos preguntarnos si queremos regular la protección de los datos personales en posesión de las autoridades como lo hemos hecho con los que están en manos de particulares.  Garantizar los derechos arco es materia de otra ley cuya redacción quedó pendiente al seno del grupo redactor.

La LGT es, sin duda, un avance significativo en nuestro sistema jurídico. Contribuirá a la participación ciudadana, volverá más transparentes a los sujetos obligados –sobre todo a los de las entidades federativas-  y fortalecerá la rendición de cuentas.  La implementación debe ser ahora el foco de atención.

Natalia Calero. Asesora de la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia e integrante del grupo redactor de la Ley General de Transparencia.

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