¿Tiene AMLO pensamiento constitucional?

¿Piensa constitucionalmente el presidente? No pregunto si es un pensador constitucional, es decir, un analista o filósofo de las constituciones y lo constitucional. Obviamente no lo es. Mi pregunta es otra: ¿está constitucionalizado su pensamiento como político? ¿Es la Constitución políticamente vinculante para López Obrador? ¿Siempre y a cabalidad?

Por ejemplo, una polémica eléctrica –o doblemente eléctrica– fortalece una respuesta negativa: todo lo que ha sucedido con la reforma eléctrica obradorista, antes y después de ser aprobada en el Congreso de la Unión, indica que la Constitución no es el macro-marco mental del presidente, de AMLO como presidente y como político. Eso quiere decir que, de entrada, no sólo no piensa presidencialmente desde lo constitucional real, sino que la Constitución vigente no es una variable o factor fundamental de sus cálculos políticos. No es uno de sus referentes principales para la decisión y acción, ni uno de los ingredientes básicos y originales de sus primeras preferencias. El pensamiento de López Obrador sería aconstitucional, despreciativo de la realidad y el realismo constitucionales. Y de un tipo aconstitucional que puede convertirse en anticonstitucional. Es lo que veo en los casos de las “consultas populares” para cancelar el aeropuerto de Texcoco y sobre el juicio a ex presidentes, y lo veo también en el caso de la reforma eléctrica.

En ese último caso, todo apunta a que el presidente hizo su ley sin pensar en la Constitución: una mayoría no calificada aprobó, por y para él, una ley sin importar que contradijera el texto constitucional, en vez de hacer una ley que reformara el ámbito pero de acuerdo con (los límites de) dicho texto. Documento que, conviene recordar, el Ejecutivo no puede reformar por carecer su partido de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión –Morena sola no la tiene en ninguna de las cámaras–.

En un segundo momento “eléctrico”, el de los ya famosos amparos, el presidente amenaza con reformar la Constitución para presionar al Poder Judicial: amenaza con hacer la reforma que no puede hacer, en vez de usar a sus agentes legislativos para modificar su reforma ante la resistencia constitucionalizada. Sólo en un tercer momento concede a la Suprema Corte el lugar que le imponen los hechos: “que decida la Corte”, declara. Del primer al segundo momento estaría el paso de un pensamiento aconstitucional a uno anticonstitucional. Pensamiento antiConstitución vigente, no constitucional de otro modo, pues no puede hacer reformas constitucionales y porque la alusión a la reforma de la Constitución es solamente un recurso de intención estratégica. Del segundo al tercer momento se daría el paso de un pensamiento anticonstitucional a uno fingidamente (o resignadamente) constitucional.

Si López Obrador pensó en hacer una ley inconstitucional para que la decisión final sobre su vigor llegara hasta la Corte esperando que el ministro presidente Zaldívar lo complaciera, se trataría de un pensamiento anticonstitucional directo y sin escalas.

Hay preguntas asociadas: ¿por qué AMLO no hizo una propuesta de reforma constitucional, aunque de inicio no tuviera la mayoría necesaria, para intentar construirla y abonar la tierra en espera de ganar la mayoría en los meses próximos? ¿O por qué no solamente esperó unos meses para ver el resultado de la elección intermedia y luego decidir qué hacer? Acaso hubiera sido un poco mejor…

En el caso de la llamada consulta de Texcoco, López Obrador no esperó a ser presidente constitucional para realizarla, pues era presidente electo, ni esperó a constitucionalizar la consulta como tal. En el caso de la futura consulta sobre ex presidentes, presionó político-mediáticamente para que se pregunte a la gente sin materia constitucional. En el primer caso llega en un sentido a lo anticonstitucional pero desde lo aconstitucional, y en el segundo se da algo anticonstitucional tras algo semiconstitucional.

Los tres casos tocados son los que he seleccionado para estructurar este primer texto exclusivo sobre el tema, no son los únicos. El problema señalado se puede rastrear y verificar en tantos otros como la continuación de la propaganda en la “conferencia mañanera” en periodo de veda electoral. O el intento de extender la presidencia del ministro Zaldívar en la Corte, intento por vía de una reforma legal para evitar la aplicación de la Constitución que Morena no puede reformar a gusto ni tiene el poder suficiente –la verdadera hegemonía– para ignorarla total, absoluta y definitivamente cada vez que desee.

Añadamos un caso que presenta ciertas diferencias pero que, revisado y repensado, también fortalece la conclusión expuesta. Es el caso general de la selección de nuevos ministros de la Suprema Corte. Aquí, el presidente no fue contra la Constitución, pero tampoco hizo el tipo de nominaciones que hizo porque se lo permitiera la Constitución: nominó a quienes nominó porque no se lo prohibía el mal artículo 95 constitucional(malo por y para el contexto desde hace muchos años). Esta vez, lo que quería hacer el presidente coincidió con lo que es posible según el estado de la Constitución. Por lo que se apartó de su frecuente retórica de “es legal pero no legítimo/es legal pero inmoral” para autodefenderse con un simple y simplista “no es ilegal”. Así, este caso va de hecho en la línea del pensamiento aconstitucional como fuente.

Es interesante pensar qué hubiera intentado AMLO si existiera un artículo 95 antipartidista, ¿presionar, amenazar, obedecer a regañadientes y con ataques, inventar algún artículo transitorio que “escuche el mensaje de las urnas”, parafraseando a Arturo Zaldívar? Lo más probable es que no hubiera hecho una cosa: pensar positivamente de acuerdo con la Constitución antes de tomar una decisión. Eso es, como presidente, no pensar qué se quiere y luego ver si la Constitución lo prohíbe sino pensar lo que se quiere tras saber qué permite y qué prohíbe la Constitución, considerando proponer o intentar reformarla legítimamente después y no violarla.

Para finalizar, una reiteración: no se ha dicho que la Constitución no es jurídicamente vinculante en absoluto, respecto al presidente López Obrador. Se argumentó que para él no es políticamente vinculante de entrada, o en primera instancia política. El presidente viola la Constitución muchas veces, no siempre, otras la obedece activa o pasivamente. Cuando no la viola, tres son las posibles causas: 1) no le es necesario en específico o no cree necesaria la violación, 2) no tiene el poder suficiente para violarla aun más frecuentemente sin cargar costos mayores, 3) en algún momento se impone un segundo cálculo de conveniencia político-personal que cambia la ruta. Los dos últimos puntos son los más relevantes. El punto 2 implica que la no violación obradorista no se debe al poder mismo de la Constitución sino a la falta de un grado de poder político anulador de la Constitución como el del PRI “clásico”, es decir, a la inexistencia de Morena como partido hegemónico capaz de ignorar o minimizar sistemáticamente la vida constitucional. El tercero implica (en relación con el anterior) que el último freno a la acción política del presidente es su propia y muy particular percepción de beneficio presidencial y partidista, independientemente de la Constitución. Y eso no puede ser democráticamente tranquilizador.

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