Una nueva oportunidad a la justicia laboral

En los últimos trece años nuestro sistema jurídico se ha beneficiado de una serie de reformas políticas, constitucionales y legales que han buscado reparar deficiencias relevantes del estado de derecho. En esta ruta, cada reforma ha tenido propósitos, motivaciones y objetivos distintos, sin embargo, en todos ellos el mensaje principal ha sido: hacer las cosas de forma diferente.

La reforma relativa a la procuración e impartición de justicia en materia laboral —aún en proceso de implementación—, mantiene un interesante paralelismo con el proceso ocurrido respecto a la reforma de seguridad y justicia en materia penal que centró las atenciones, entre los años 2004 y 2016.1

Las semejanzas contextuales son bastantes: el sepultamiento de un sistema en donde la mayoría de los operadores concertaban la simulación de sus actuaciones, la procuración de (in)justicia, la inexistente celeridad en los procedimientos, los formalismos innecesarios que abarrotaban cualquier ruta procesal y la existencia de procedimientos que aparentaban la oralidad de sus actuaciones rehuyendo a las innovaciones tecnológicas y exigiendo la transcripción del habla.

Ante las deficiencias presentes en el sistema de justicia laboral, los retos son similares, pues la llegada de un nuevo modelo procesal con impartición de justicia a cargo de tribunales laborales debería de significar un cambio de rumbo y una mejoría, más aún cuando se acompaña de mejoras sustantivas y procesales. Con base lo anterior, invariablemente, el curso de la reforma apunta al adagio popular: <<hacer las cosas de forma diferente, traerá resultados diferentes>>.

Bajo esta premisa, podemos identificar que, en la experiencia producida por la reforma de seguridad y justicia, se generó —y continuará generando— bastante material y evidencia sobre los errores surgidos a lo largo del proceso de implementación, que podrían ser bastante ilustrativos para no ser repetidos en pleno proceso de implementación de la reforma laboral. Para tal efecto, conviene destacar algunos puntos:

a) Nuevos operadores no “contaminados” por el modelo anterior

Durante los años de implementación de la reforma procesal penal, era bastante común escuchar a personas litigantes y académicas que en distintos foros anunciaban —y hasta se vanagloriaban— del fracaso que tendría un sistema con mayores exigencias técnicas. Aunado a que ese resultado se produciría indefectiblemente si un porcentaje de operadores del modelo anterior militaba en contra de una reforma y harían hasta lo imposible por dinamitarla.

Ante tal situación, coloquialmente se utilizó el calificativo de “contaminado” para referirse a aquellos operadores que pretendían incorporarse en el nuevo sistema, sin estar convencidos de su eficacia y con la pretensión consciente o inconsciente de seguir repitiendo vicios, formulas o malas prácticas que se daban en el litigio bajo el modelo anterior.

Hoy en día podemos replicar aquel concepto, pues la experiencia ha hecho patente que, en un proceso de tales características, resulta preferible la renovación de los operadores o, al menos, su convicción para disrumpir en su propia técnica y forma de hacer las cosas, en lugar del pase automático de operadores como litigantes particulares y funcionarios.

Lo anterior, resulta muy necesario si la intención de los operadores es replicar malas prácticas como: la dilación excesiva del pronunciamiento sobre la admisión de la demanda, la curiosa falta de emplazamiento con inmediatez en la mayoría de las causas, la dilación propiciada por abogados de los trabajadores para obtener cuantías millonarias, la dilación propiciada por abogados de los patrones para someter a acuerdos irrisorios hacia el trabajador, entre otras.

b) Cualidades de los jueces

En el modelo anterior, los conflictos eran resueltos por órganos administrativos con funciones materialmente jurisdiccionales que eran las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, las exigencias técnicas dejaban mucho que desear y orgánicamente no había exigencias relevantes para el desempeño de dicho encargo.

De hecho, al analizar la redacción anterior a la reforma del artículo 123, apartado A, fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establecía un solo requisito para integrar una Junta, mientras que la redacción actual exige que los jueces cuenten con capacidad y experiencia en materia laboral, a lo que se suma sendos requisitos establecidos por las leyes orgánicas.

Al analizar los criterios de capacidad y experiencia para la designación de jueces —invariablemente— se debe tomar como punto de partida la razonabilidad de estos y su consideración bajo una perspectiva cualitativa, pues las características temporales, como la exigencia de determinada edad o cierto número de años de experiencia, no son necesariamente criterios objetivos ante riesgos como los señalados en el inciso anterior. Efectivamente, la selección basada en la edad y experiencia no traen aparejada la exitosa implementación de la reforma, ni la mejora sustancial de la impartición de justicia; por el contrario, frente a los nuevos retos planteados por las reformas constitucionales se requiere dar paso al relevo generacional en los espacios públicos.2

En el caso del sistema penal acusatorio, los operadores jóvenes han sido un gran ejemplo en el proceso de consolidación del modelo. Pues en todos los tribunales del país, se puede percibir que a menudo es posible encontrar alguna persona juzgadora menor a los treinta años, así como ministerios públicos y defensores menores a los veinticinco años que realizan una impecable labor.

c) El camino es la conciliación

Como otra característica relevante de este modelo, es la diferencia de la marcada voluntariedad de la justicia alternativa en otro tipo de procedimientos como los civiles y penales. En la nueva fórmula procesal se incluyó la obligatoriedad de la conciliación como presupuesto necesario para poder ejercitar una acción laboral con motivo de los conflictos obrero-patronales.

Este aspecto se torna muy importante, pues al igual que en el proceso penal, la autocomposición es necesaria como filtro para evitar la saturación y la asfixia de los procedimientos. Es decir, que exista la necesidad de agotar la instancia conciliatoria implica la presunción legislativa de que esa vía debe ser lo suficientemente eficaz para resolver la mayor parte de los conflictos laborales, mientras que su fracaso implicará la saturación de los tribunales.

Frente a este panorama, resulta necesario que los propios operadores — principalmente las personas litigantes— tengan la conciencia plena de que su labor ya no merece únicamente la necesidad de perpetuar los conflictos y ser justicieros en las pretensiones de las partes que representan, sino que deben pugnar por la resolución de los conflictos en una justa ponderación de las consecuencias y beneficios de agotar una instancia conciliatoria.

Si en la práctica actual, los operadores continúan con prácticas relativas a mostrar a coadyuvar en la dilación de los procedimientos con los respectivos beneficios para cada una de las partes y estimulan que los conflictos laborales continúen y empeoren, en lugar de resolverlos de forma amigable, entonces serán los propios litigantes quienes dinamiten su efectividad.

d) La oralidad no existe si tiene que transcribirse

A pesar de que antes de la llegada del Sistema Penal Acusatorio se presumía que el derecho agrario y el derecho laboral eran materias orales, ciertamente esa característica resultaba intrascendente a la luz de la propia metodología de registro de las actuaciones procesales, pues todo lo que se actuaba oralmente debía de transcribirse.

En el nuevo modelo, el artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo propone que las audiencias puedan registrarse por cualquier medio electrónico con independencia de que se tengan que elaborar actas donde se sinteticen ciertos segmentos de información de la audiencia celebrada. Idealmente, esto debería significar que en todo el país se siga un modelo similar al de los sistemas orales penal y mercantil.

Caso contrario, el nuevo modelo tendría un lastre bastante significativo que debilitaría la propia oralidad y haría imposible la celeridad de los procedimientos, pues tener que transcribir el desahogo probatorio durante las audiencias es una labor titánica que, aún con un menor número de procesos laborales en sede judicial, sería casi imposible de cumplir.

e) La teoría del caso laboral

Si algo nos ha enseñado el modelo acusatorio, es que la teoría del caso es una herramienta sumamente funcional que permite que las partes tengan un mejor control y flujo de la propuesta fáctica, jurídica y probatoria que pretenden establecer ante el órgano jurisdiccional, aunado a que ayuda a identificar las debilidades y fortalezas tanto de la propia, como de la contraparte.

En ese sentido, aún y cuando la mayor parte de los autores emplean este concepto de forma exclusiva hacia el ámbito penal. Ciertamente, la teoría del caso puede ajustarse a otras materias, máxime cuando estas guardan ciertas semejanzas con el sistema acusatorio.

En el caso laboral, la mayor exigencia técnica hacia los operadores tiene como requisito que estos deben ser más eficaces en la forma de intervenir a lo largo del proceso. Por tanto, es necesario conocer aspectos y elementos básicos de la teoría del caso que deberán ser conocidos —incluso— desde antes de la etapa judicial.

 

Expuestos los anteriores puntos, resulta significativo tener en la mira la reforma laboral, pues su importancia en términos sociales y económicos es muy relevante. Por tanto, debemos seguir el curso de la implementación de la reforma laboral, pues aun restan dos fases de implementación, una que iniciará en noviembre del 2021 y otra en mayo del 2022. Mientras tanto la consolidación y la mejora continua será tarea de los próximos años.

 

Héctor Alexis Viveros Sánchez y Joseph Irwing Olid Aranda. Abogados por  la Universidad de Guadalajara. Coautores de Teoría General del Amparo, Editorial Trillas.

 

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.


1 En este periodo se considera que entre 2004 y 2008 hubo Estados como Nuevo León, Chihuahua y Oaxaca que realizaron reformas internas que permitieran adoptar un Sistema Acusatorio armonizado con los postulados constitucionales vigentes en la época. Por otro lado, también se considera la fecha de la reforma constitucional y su periodo de implementación hasta el 2016. Cfr. Guillén López, R., Breve estudio sobre los intentos de establecer en México juicios orales en materia penal. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2014, p. 49 – 62.

2 Al respecto, el concepto de “relevo generacional” fue empleado durante el proceso de implementación del Sistema Acusatorio por diversos académicos. Cfr. Maya, A. Prevén efectos de oralidad en 30 años. En Reforma, 30 de octubre del 2014, recuperado de https://reforma.com/s4Njmr

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