Zacatecas y su impuesto ecológico a debate

El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, ha impulsado un impuesto novedoso y a la vez controversial no solamente para la entidad sino también para todo el país. Se trata del llamado impuesto ecológico que grava con un porcentaje a las empresas que, al realizar sus actividades, causen un daño al medio ambiente.

En buena medida, el propósito de este nuevo impuesto es obtener un porcentaje de las enormes ganancias económicas que a diario perciben las empresas mineras que están en Zacatecas y también de la cervecera Corona. Debido a que la federación ya cobra impuestos a estas empresas, tales como el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y un impuesto por la extracción de minerales del subsuelo, el mandatario estatal decidió crear un nuevo impuesto local para lograr obtener mayores recursos para el estado y no depender de la tajada que resulta del reparto que realiza la federación año con año del total recaudado en el país.

Ahora bien, como toda persona que se siente agraviada por algún acto de autoridad, las empresas mineras interpusieron juicios de amparo para evitar pagar el mencionado impuesto ecológico, bajo la premisa de que se trata de una doble tributación que pretende realizar el gobierno de Zacatecas. Estas demandas obtuvieron una suspensión provisional que los protege, por llamarlo de alguna manera, a no pagar dicho impuesto al gobierno hasta en tanto no se resuelva en definitiva el juicio de amparo indirecto. Sin embargo, mientras las empresas mineras y la empresa cervecera se amparaban, los líderes sindicales se manifestaban en carreteras y avenidas, alegando que se trataba de algo injusto y totalmente desmedido el nuevo impuesto impulsado por el gobernador de la entidad, además que dicha medida ponía en riesgo sus fuentes de empleo.

Aunado a estas demandas y manifestaciones, en los últimos días, el Ejecutivo federal interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para combatir este impuesto ecológico, con el argumento de que éste violaba las competencias de la federación e iba en contra de los acuerdos de coordinación suscritos entre esta entidad federativa y el orden federal.

Más allá de la discusión jurídica que susciten estos casos, no hay que olvidar que lo que está en juego es una gran cantidad de dinero. Ante tales circunstancias, podemos darnos una idea de lo que esto significa no sólo para Zacatecas sino también para otras entidades federativas que buscan recuperar su autonomía impositiva. Por ello, si los ministros de la Suprema Corte apoyan ratifican la constitucionalidad de este impuesto ecológico del estado de Zacatecas, se habrá fisurado el asfixiante centralismo fiscal que ha regido a nuestro país en los últimos lustros. En cambio, si la Suprema Corte le da la razón al Ejecutivo federal y a las empresas mineras, entonces, no sólo le dará un revés al gobernador, sino que impedirá que se obtengan recursos económicos en beneficio de Zacatecas. Será interesante lo que resulte.

En lo personal, soy partidario de que las empresas paguen directamente al estado de Zacatecas un impuesto por la gran contaminación que causan en el entorno. Además, con estos recursos adicionales podría dársele un mayor empuje al desarrollo del estado, pues a pesar de tratarse de una entidad federativa rica en minerales, la derrama economía es difícil de palpar.

Rubén Martínez Juárez. Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas.

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