El papel geopolítico de la Corte Internacional de Justicia: Reflexiones a partir de la controversia de delimitación marítima entre Perú y Chile

I.                

Aproximación hacia las jurisdicciones internacionales

 

En el actual sistema internacional, las Cortes y Tribunales Internacionales poseen una función de vital importancia debido a que a través de sus decisiones se logra dar estabilidad al régimen jurídico de la comunidad internacional. Estos órganos jurisdiccionales, según explican Bogdandy y Venzke (2013), pertenecen a un entramado institucional diseñado para contribuir a la resolución de algunos de los más apremiantes problemas globales debido a que constituyen herramientas para superar los obstáculos para la cooperación y solucionar las deficiencias de la acción social colectiva. Así, el impacto de las decisiones de los Tribunales Internacionales no se encuentra limitada al ámbito del derecho, pues si bien es cierto que los fallos de estos órganos ponen fin a controversias relativas a la aplicación o interpretación de los tratados, también lo es que el alcance de estas resoluciones trasciende a la órbita de las cuestiones geopolíticas.

 

En este contexto, la Corte Internacional de Justicia (en lo sucesivo, la Corte, CIJ), misma que constituye el principal órgano jurisdiccional de la Organización de las Naciones Unidas (Abello Galvis, 2013), está configurando un cambio en la distribución del poder político entre los Estados, lo que le confiere un papel protagónico como actor clave en la configuración de un nuevo escenario geopolítico (Manzano Iturra & Jiménez Cabrera, 2016). Esto se debe a que la Corte, a través de sus decisiones, está generando cambios sustantivos en el discurso y el razonamiento geopolítico, así como en las representaciones geopolíticas de los Estados litigantes (Manzano Iturra & Jiménez Cabrera, 2016).

Por las razones anteriores, el presente artículo discutirá las implicaciones geopolíticas de la Corte Internacional de Justicia a la luz del fallo concerniente a la delimitación marítima entre la República del Perú y la República de Chile.

 

II.              

La disputa sobre el espacio marítimo entre el Perú y Chile

 

Es un hecho innegable que las controversias relativas a la delimitación de los espacios marítimos se desarrollan en un contexto donde los intereses en juego presentan escasas opciones de conciliación. Estos intereses obedecen a las aspiraciones de orden político, económico y estratégico por parte de los Estados que se encuentran en disputa. En el ámbito político, se busca tener un mayor poder marítimo; en lo económico, acceder a una mayor cantidad de recursos naturales y minerales y, por último; en lo estratégico, la delimitación se traduce en una ventaja para la libertad de navegación y el desarrollo de actividades comerciales y militares. (Treves, 2012)

 

Bajo esta óptica, las relaciones entre Perú y Chile datan de la Guerra del Pacífico, en 1879, cuando Chile le declaró la Guerra al Perú, y cuyas hostilidades cesaron en 1883 mediante la firma del Tratado de Ancón. Según los términos del tratado, Perú estaba obligado a ceder a Chile la provincia costera de Tarapacá. Chile, por su parte, ganó la posesión de las provincias peruanas de Tacna y Arica por un período de diez años sobre la base de un acuerdo bajo el cual, después de ese período, habría un plebiscito para determinar la soberanía sobre esas provincias. Después de la firma de la tregua entre Bolivia y Chile en 1884 y del Tratado de Paz y Amistad entre ellos en 1904 (Tratado de Ancón), toda la costa de Bolivia pasó a ser chilena.[1]

El orden establecido entre Perú y Chile, desde luego, no ha sido estático, pues desde la firma del Tratado de Ancón han surgido diversos acontecimientos que han incidido en la geografía y en la delimitación de los espacios marítimos entre estos países. Por ejemplo, el 3 de junio de 1929, ambos países signaron el Tratado para la Solución de la Controversia relativa a Tacna y Arica (Tratado de Lima de 1929), mediante el cual acordaron que Tacna sería devuelta al Perú mientras que Chile mantendría Arica. El Tratado de Lima de 1929 también fijó la frontera terrestre entre los dos países.[2]

 

El litigio entre Perú y Chile inició con la demanda del Perú presentada ante la Corte, en que la que establecía que no existía una frontera marítima que se haya establecido por los dos países. Esto condujo al Estado demandante a solicitar la delimitación de las zonas marítimas de ambas Repúblicas con una línea que empieza en el Punto Concordia y que sea equidistante de las líneas base de ambas partes, llegando a una distancia de 200 millas marítimas conforme a las líneas base y que se le otorgue un título para ejercer derechos soberanos exclusivos sobre el área marítima. Chile, en contradicción a la demanda del Perú, señaló que debían desestimarse las solicitudes peruanas, toda vez que en la Declaración de Santiago de 1952 ya se había establecido una frontera marítima internacional a lo largo del paralelo de latitud que pasa a través del punto de partida de la frontera terrestre entre Perú y Chile, y que se extiende hasta un mínimo de 200 millas náuticas.

 

Chile, además, refutó el argumento del Perú sosteniendo que, en virtud del pacta sunt servanda y el principio de estabilidad de las fronteras, existe un bloqueo legal que impide a la Corte pronunciarse en el sentido de redefinir una frontera que ya ha sido convenida. Para fundamentar su pretensión, Chile señaló que la cuestión marítima ya había sido abordada en virtud de las Proclamaciones de 1947, la Declaración de Santiago de 1952, los acuerdos concluidos entre 1952 y la práctica de las Partes subsecuente a la Declaración de Santiago 1952, misma que se reflejó en diversos acuerdos celebrados en 1954.[3]

 

III.           

El criterio de la CIJ en la contienda entre Perú contra Chile

 

Para emprender el análisis, la Corte da cuenta cuál es el sentido y contenido jurídico que los Estados litigantes le otorgan a las Proclamaciones de 1947. Chile, por una parte, sostiene que estas tienen un carácter unilateral en el que se reclama la soberanía sobre una zona de 200 millas náuticas, lo cual lleva a sostener que, en virtud de estas, se establecieron fronteras marítimas claras y precisas. Perú, en sentido contrario, sostiene que las Proclamaciones de 1947 no estipulan coordenadas ni se refieren a fronteras internacionales, pues solo se describió el método que se utilizaría para trazar el límite marítimo reclamado, excluyendo la intención de establecer fronteras laterales con los estados vecinos.

 

El pronunciamiento de la Corte sobre el alcance y el grado de vinculatoriedad de las Proclamaciones de 1947 se limita a señalar que estas deben descartarse como un reflejo de la intención de las Partes para establecer un límite marítimo, en el sentido de que sólo constituyen un reclamo de sus derechos y jurisdicción en las zonas marítimas, surgiendo, en consecuencia, la necesidad de establecer límites laterales en el futuro. El tema marítimo, sin embargo, no fue delimitado en estos instrumentos.

La sentencia pasa revista por la Declaración de Santiago de 1942, sobre la cual la Corte concluyó que al momento de que Chile y Perú firmaron el tratado, no tuvieron como propósito establecer una frontera marítima. Su objeto, más bien, consistió en la protección de recursos naturales de Chile, Ecuador y Perú por medio de la extensión de las zonas marítimas adyacentes a sus costas.[4]

 

Debe advertirse que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, existe la posibilidad de que la práctica internacional refleje acuerdos tácitos, por lo que el examen de las cuestiones marítimas no debe limitarse solamente a los acuerdos formales (SHI, J., 2010). En este sentido, la Corte analizó el contenido de las minutas de la Conferencia de Santiago de 1952[5] con el fin de dilucidar el tenor literal y el espíritu de ese tratado internacional, buscando responder si tal instrumento internacional establecía un límite marítimo entre las partes litigantes. De esta forma, la Corte constató que tales instrumentos sólo establecieron términos aplicables entre el Perú y Ecuador, dado que entre estos existe un grupo de islas ubicadas a menos de doscientas millas náuticas. Esto llevó a la Corte a declarar que, cuando Chile y Perú adoptaron la Declaración, en ningún momento se acordó el establecimiento de un límite marítimo.

 

Después de indagar por los instrumentos alegados por Chile, la Corte constató que fue en el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954 donde se estableció, de manera tácita, el límite marítimo entre los Estados litigantes. Esto se refleja en el preámbulo de dicho Convenio donde señala que tiene por objeto establecer una zona de tolerancia donde las embarcaciones más modestas pudiesen realizar sus labores pesqueras sin que su «inocente» transgresión al límite marítimo internacional signifique consecuencia alguna.

 

El estudio de la Corte concluyó señalando que, en dichos términos, Perú y Chile habían acordado tácitamente una frontera que se extendía sólo 80 millas náuticas a lo largo del paralelo de la latitud. Para ello, el Tribunal empleó una metodología para encontrar una solución equitativa que consta de tres etapas: primero, realizó una línea de equidistancia provisional a menos que existan razones de peso que lo impida; segundo, realizó una investigación para observar si existía alguna circunstancia que necesitara ser ajustada para lograr un resultado equitativo; y, finalmente, el Tribunal realizó un test de desproporcionalidad donde evaluó si el efecto de la línea es tal que las porciones respectivas de las Partes en la zona en cuestión son notablemente desproporcionadas en consideración a las longitudes de sus costas correspondientes.

 

IV.            

Implicaciones geopolíticas del discurso de la CIJ respecto a la delimitación marítima

 

El caso de Perú y Chile es un objeto de estudio de gran relevancia en el sistema internacional, debido a que no solo se necesitaba una delimitación de la frontera, sino, además, establecer un control territorial de recursos de la superficie y del subsuelo terrestre, así como un control de flujo de personas y de recursos.

 

La Corte Internacional de Justicia abordó la controversia entre Perú y Chile por el llamado voluntario de una de las partes, comprometiéndose a dictar la sentencia de los diferendos de la frontera y sus límites. En el caso en concreto, la Corte deja en claro que este no es un caso de complejidad menor, puesto que no se ha establecido un acuerdo a lo largo de la historia que defina un límite específico, creando así un contratiempo en el caso.

 

Las fronteras marítimas pueden expresar pretensiones e intereses creando discursivas fundamentales, por lo tanto, el procedimiento que se usó en el caso corrobora la equidad de la Corte para proteger la estabilidad política de una región. En la controversia marítima entre Perú y Chile se produce una disertación geopolítica desde la llamada de una de las partes para que se delimite la zona marítima entre ambas sin importar si satisface sus respectivas posturas.

 

V.              

Reflexiones finales

 

Las relaciones entre países que comparten fronteras son difíciles, pero para facilitar estas relaciones se da la intervención de un mediador, en este caso, la Corte Internacional de Justicia. El sometimiento de la controversia del Perú y Chile ante la Corte refleja la buena voluntad de los Estados para resolver sus diferendos a través de vías pacíficas, como lo es la justicia internacional.

 

La sentencia respecto al diferendo marítimo entre el Perú y Chile permite entrever las implicaciones que generan las decisiones de la justicia internacional en los diferendos entre Estados. Esto se dice, pues el pronunciamiento de la Corte no solo se circunscribe al ámbito jurídico, sino que incluso en los mismos discursos es posible determinar un conjunto de elementos y factores que, en cierta medida, demarcan un camino que apunta hacia el discurso geopolítico (Cabrera Toledo, 2014). Es por ello por lo que, si bien el diferendo marítimo sometido a consideración de la CIJ se “encapsuló” en cuestiones de derecho, no es menos cierto que la problemática planteada escapa de la órbita del Derecho, posicionándose, a su vez, en un tema de índole político y económico.

 

Lorena Contreras Espejel, es estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de México.

Diego Enrique Silva Díaz, es estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México. Es asistente legal en la firma López Deantes Abogados S.C., especializada en litigio contencioso-administrativo y estrategia fiscal. Twitter @diegoenrique_sd

 


NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

Fuentes

 

Abello Galvis, R., 2013. Introduction to the International Court of Justice. Bogotá: Universidad del Rosario.

 

Ballesteros Marín, M., 2013. Introducción ¿por qué un análisis geopolítico? Panorama geopolítico de los conflictos 2012. España: Ministerio de Defensa.

 

Bogdandy, A. y. V. I., 2013. ¿En nombre de quién? Un estudio sobre la autoridad pública de los tribunales internacionales y su justificación democrática. En: E. y. H. G. A. Ferrer McGregor, ed. Diálogo jurisprudencial en Derechos Humanos entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales. México D.F.: Tirant lo Blanch, p. 83

 

Cabrera Toledo, L., 2014. La controversia por la delimitación marítima entre Chile y Perú: construcción y aplicación de un discurso geopolítico. CONfines de relaciones internacionales y ciencia política, 7(14), pp. 101-128.

 

Case Concerning Maritime Dispute. Peru v. Chile (2014) International Court of Justice.

 

López Escarcena, S., 2014. La disputa marítima entre Perú y Chile: Comentario de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, de fecha 27 de enero de 2014. Revista Chilena de Derecho, 41(3), pp. 1133-1153.

 

Manzano Iturra, K. & Jiménez Cabrera, D., 2016. El papel geopolítico de la Corte Internacional de Justicia en América del Sur: El caso Perú – Chile (2008-2014). Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 11(2 (julio – diciembre)), pp. 187-214.

 

SHI, J., 2010. Maritime Delimitation in the Jurisprudence of the International Court of Justice. Chinese Journal of International Law, 9(2), p. 271–291.

 

Treves, T., 2012. El derecho de la delimitación de zonas marítimas: Aspectos generales. En: J. Cardona Llorens, y otros edits. Estudios de derecho internacional y de derecho europeo en homenaje al profesor Manuel Pérez González. España: Tirant lo Blanch, pp. 1319 – 1364.

[1] Párrafos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la sentencia Case Concerning Maritime Dispute. Peru v. Chile (2014) International Court of Justice.

[2] Párrafo 18 de la sentencia Case Concerning Maritime Dispute. Peru v. Chile (2014) International Court of Justice.

[3] Case Concerning Maritime Dispute. Peru v. Chile (2014) International Court of Justice, párr. 24

[4] Op. Cit. párr. 62

[5] Las minutas constituyen los instrumentos donde se adoptó la Declaración. La Corte, para efectos interpretativos, la consideró a las minutas como “travaux préparatoires”.

Los medios alternos de solución de conflictos frente a la jurisdicción del Estado

El orden jurídico constitucional[1] y el derecho internacional de los derechos humanos[2] reconocen en favor de los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, misma que será encomendada a tribunales que estarán expeditos para impartir justicia con resoluciones emitidas de manera pronta, completa e imparcial. No obstante, en un contexto en el que los procesos judiciales han resultado, en su mayoría, un recurso insuficiente y poco efectivo para satisfacer la protección de los derechos que pretenden salvaguardar, resulta de la mayor importancia cuestionar si el proceso judicial debe ser la única vía para la solución de controversias.

Para atender esta cuestión, hay que partir de la idea de que el derecho de acceso a la justicia debe entenderse en un sentido amplio y no limitarse al derecho de acceso a los tribunales. Ello es así, pues la Constitución Federal va más allá de encomendar la impartición de justicia a los tribunales previamente establecidos toda vez que reconoce, como derecho humano, la posibilidad de que los conflictos sean resueltos mediante mecanismos alternos de solución de controversias (en lo sucesivo, MASC), siempre y cuando estén previstos por la ley.[3] Estos medios alternativos consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas puedan resolver sus controversias sin necesidad de una intervención jurisdiccional y consisten en la negociación, mediación, conciliación y el arbitraje. Así, pues, tanto la tutela judicial como los MASC se establecen en un mismo plano constitucional y con la misma finalidad, que es resolver las diferencias entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley del Estado Mexicano.[4]

En este orden de ideas, la reforma al artículo 17 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, estimó que los justiciables tuvieran la posibilidad de acceder a los MASC como una opción al proceso jurisdiccional para fomentar la cultura del diálogo, el respeto mutuo, la agilidad y eficacia. Así, el Estado dejó de tener el monopolio para dirimir las controversias.[5]

De lo anterior, se advierte que la respuesta jurídica ante un conflicto no proviene, única y exclusivamente, de los tribunales. De esta manera, “son las partes las dueñas de su propio problema (litigio) y, por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades, en las que el proceso es una más.”[6] De esta forma, la justicia alternativa resulta necesaria porque ofrece al justiciable diversas posibilidades para solucionar sus problemas, lo cual, en determinadas ocasiones, puede suponer una mejor solución que la que se pueda conseguir en la vía judicial.

Desde luego, la presente reflexión no pretende señalar que los MASC son mejores mecanismos que el proceso judicial; ello sería inoportuno, pues ambas vías presentan como ventajas e inconvenientes. A pesar de ello, dado que la administración de justicia se ve desbordada por la excesiva judicialización de controversias y la escasa calidad de las decisiones judiciales; los MASC pueden fungir como verdaderos instrumentos para la solución pronta y expedita de controversias. Por ejemplo, el experto en Resolución Alternativa de Conflictos, Emiliano Carretero Morales, explica que la apuesta por los MASC ofrece una mayor agilidad en la gestión de los conflictos, misma que deriva de la flexibilidad y escasa formalidad de sus procedimientos. [7] En otras palabras, los MASC son más rápidos, menos onerosos, privados y confidenciales; se desarrollan en un entorno y un clima adecuados para el tratamiento del conflicto, y brindan a los participantes la posibilidad de gestionar su propio acuerdo.[8]

Además, Carretero Morales señala que las soluciones que las partes obtienen mediante dichos métodos son más amplias y creativas que las que se determinan en un órgano jurisdiccional; esto pues una controversia sometida a consideración judicial debe plantearse en términos estrictamente jurídicos, por lo que el juez deberá resolver conforme a reglas de derecho. Por su parte, los MASC permiten que se traten todas aquellas cuestiones que las partes tengan por conveniente, ya que su propósito es resolver pacíficamente la controversia. Por ello, puede ser necesario tratar con cuestiones colaterales que puedan tener incidencia en la misma y que no necesariamente han de tener relevancia jurídica.[9]

Por último, los medios alternos se encuentran revestidos de mayor facilidad de aplicación con respecto al proceso judicial porque se adaptan a las particularidades de cada controversia. Además, “en estos métodos (…) las partes han de trabajar colaborativamente, intentando ver satisfechos los intereses y necesidades propias, pero siendo conscientes de que la otra parte igualmente habrá de ver satisfechos sus propios intereses y necesidades.”[10]

Consideraciones finales

En la actualidad, el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimentan los y las habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva.[11] Asimismo, no debe dejar de ser observado que la presunción de que los tribunales son el principal foro para la solución de controversias continúa erosionándose mediante la proliferación de los MASC.[12]

En este contexto, el sistema debe allegarse de medios alternativos de resolución de conflictos que favorezcan en todo momento el derecho de acceso a la justicia. Ahora, si bien es cierto que existen limitaciones en los MASC, como su inhabilidad para hacer frente a temas de mayor trascendencia como la justicia social y las diferencias de poder, [13] también lo es que complementan y perfeccionan la administración de justicia. Por ello, el papel de los MASC en la impartición de justicia requiere de un cambio de pensamiento por parte de las y los abogados. Lo anterior, dado que “sus reservas en relación con estos mecanismos alternos de justicia hacen que [su] consolidación sea muy complicada.”[14]No obstante, un cambio de paradigma de tal magnitud requiere de estrategias y acciones eficaces por parte de las autoridades, a fin de garantizar que las nuevas disposiciones alcancen los fines para los cuales han sido diseñadas.[15]

Diego Enrique Silva Díaz. Estudiante de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México. Twitter: @diegoenrique_sd

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Véase el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[2] Véase el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

[3] acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias, como derecho humano. goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del estado. Tesis III.2o.C.6 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Tomo 3, Octubre de 2013, p. 1723, Reg. Digital: 2004630.

[4] Ibídem.

[5] justicia alternativa. constituye un derecho humano de rango constitucional. Tesis I.3o.C.3 CS (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 71, Tomo IV, Octubre de 2019, p. 3517, Reg. Digital: 2020851.

[6] acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias, como derecho humano. goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del estado. Tesis III.2o.C.6 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Tomo 3, Octubre de 2013, p. 1723, Reg. Digital: 2004630.

[7] Carretero Morales, Emiliano, La adecuación de la mediación y los métodos alternos de solución de controversias como instrumentos para la salvaguarda de los derechos, Revista del Centro Nacional de Derechos Humanos, 2017, https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Revista_DH/2017_DH_30.pdf

[8] Nava González, Wendolyne, & Breceda Pérez, Jorge Antonio, Mecanismos alternativos de resolución de conflictos: un acceso a la justicia consagrado como derecho humano en la Constitución mexicana. Cuestiones constitucionales, (37), pp. 203-228, 2017, https://doi.org/10.22201/iij.24484881e.2017.37.11457

[9] Carretero Morales, Emiliano, Óp. Cit.

[10] Carretero Morales, Emiliano, Óp. Cit.

[11] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México, 2015. Disponible en  http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

[12] Lorna McGregor, Alternative Dispute Resolution and Human Rights: Developing a Rights-Based Approach through the ECHR, European Journal of International Law, Volume 26, Issue 3, August 2015, Pages 607–634, https://doi.org/10.1093/ejil/chv039

[13] Hinojosa T, Sanae, Derechos Humanos: Cómo son impactados por los medios alternativos de solución de conflictos, Revista pro homine, Año 1, No. 2, 2014, Editada por el Poder Judicial de la Federación y Suprema Corte de Justicia de la Nación.

[14] Nava González, Wendolyne, & Breceda Pérez, Jorge Antonio. Mecanismos alternativos de resolución de conflictos: un acceso a la justicia consagrado como derecho humano en la Constitución mexicana. Cuestiones constitucionales, (37), 203-228, 2017. https://doi.org/10.22201/iij.24484881e.2017.37.11457

[15] Nava González, Wendolyne, & Breceda Pérez, Jorge Antonio. Óp. Cit.

COVID-19 y violencia de género: Contexto, discusión y reflexiones

La epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS como una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020.[1] En México, en respuesta a esta pandemia, el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General reconoció al coronavirus como una enfermedad grave de atención prioritaria.[2] Esta crisis sanitaria asciende a un nivel de amenaza a la salud pública que podría justificar la imposición de contingencia, misma que limitan la libertad de movimiento.[3] No obstante, a pesar de que estas medidas se han establecido para contener la propagación del virus, al mismo tiempo, han generado efectos desproporcionados contra las mujeres y una profundización de las desigualdades de género existentes.

Considerando esta realidad, las estrategias de salud pública deben abordar las dimensiones médicas de la pandemia, así como las consecuencias de género que puedan tener las medidas adoptadas en el marco de la respuesta sanitaria. En esta virtud, el presente artículo discutirá los impactos del COVID-19 en la violencia y desigualdad de género, así como la importancia de adoptar una respuesta a la crisis sanitaria con base en un enfoque de género.

Aumento de la violencia contra las mujeres

La ONU define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico (…), inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.”[4]

Partiendo de esta aproximación conceptual, un artículo publicado por investigadores de la Universidad de Columbia el 08 de abril de 2020, explica que las medidas de salud pública en una pandemia, como las cuarentenas y la canalización de recursos hacia la provisión de servicios de emergencia, exponen realidades estructurales de la vida de las mujeres y señalan desigualdades de género.[5] El primero de los signos de esta desigualdad, dentro de las primeras semanas de cuarentena fue la violencia doméstica contra las mujeres[6].

Este panorama ha sido abordado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en una guía sobre COVID-19 y derechos humanos de las mujeres, en la que explica que el resguardo domiciliario ha contribuido al aumento de la violencia basada en género, ya que las mujeres que se encuentran en situaciones de abuso están más expuestas a un mayor control por parte de sus abusadores.[7] Por su parte, el Banco Mundial reporta que en Latinoamérica han aumentado las denuncias de violencia doméstica desde que se impusieron las cuarentenas.[8] En México, por ejemplo, las llamadas de atención a víctimas de violencia doméstica aumentaron en un 36% desde el comienzo de la cuarentena.[9]

Aunado a la violencia contra las mujeres, resultan de gran preocupación las restricciones a los servicios de atención y acceso a salud sexual; pues en un contexto en el los sistemas de salud se encuentran desbordados, la mortalidad y morbilidad materna, las tasas de embarazo adolescente e infecciones de transmisión sexual podrían incrementar en gran medida.[10] Además, las mujeres de sectores marginados se enfrentan al riesgo de perder el acceso a los servicios necesarios.[11] En este sentido, la OEA estima que en Latinoamérica 18 millones de mujeres perderán el acceso a anticonceptivos, dado el contexto actual de la pandemia.[12]

Profundización de las desigualdades de género

De acuerdo con ONU Mujeres, el cuidado de personas y de hogares en México recae principalmente en las mujeres, ya que éstas asumen en promedio 39 horas semanales de este trabajo no remunerado.[13] En un entorno de pandemia, esta carga aumenta  debido al cierre de escuelas, pues se requiere resolver el cuidado de niños, niñas y adolescentes en horas laborales.[14] La situación se agrava en la medida que las normas de género atribuyen el rol del cuidado a las mujeres, lo cual provoca la brecha salarial y limita su acceso al empleo de calidad. [15] Este panorama puede derivar en una reducción del horario de trabajo o una salida permanente del mercado laboral.[16]

En consecuencia, cuando una mujer pierde su trabajo, y con ello, su independencia financiera, puede terminar dependiendo de una pareja violenta. Además, en los países de ingreso bajo, las mujeres corren el riesgo de quedar fuera de cualquier medida de protección formal, ya que muchas de ellas se dedican a trabajos informales u otras formas de empleo vulnerable, como el trabajo doméstico.[17]

Reflexiones finales

La experiencia de otros brotes epidémicos, como el Ébola (2014‐2016) ha demostrado que no solo se afecta el ámbito de la salud, sino también el ámbito social, económico y político[18], de ahí la importancia de “incorporar un análisis de género en los esfuerzos de preparación y respuesta para mejorar la efectividad de las intervenciones de salud y promover objetivos de equidad de género.”[19] Al respecto, la OEA recomienda que las medidas sanitarias, como la contingencia, deben incorporar mecanismos de atención y asistencia a víctimas de violencia de género en entornos domésticos, así como refugios para mujeres en riesgo o sin hogar.[20]

Del mismo modo, resulta de gran importancia promover políticas de corresponsabilidad y distribución equitativa de trabajo doméstico con el objetivo de que las mujeres puedan continuar ejerciendo sus actividades laborales, a pesar del incremento en el trabajo del hogar como consecuencia de la pandemia. El éxito de la ejecución de estas medidas dependerá, en gran parte, que las autoridades encargadas de implementarlas cuenten con plena capacitación en materia de perspectiva de género. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que “una capacitación con perspectiva de género implica no solo un aprendizaje de las normas, sino debe generar que todos los funcionarios reconozcan la existencia de discriminación contra la mujer y las afectaciones que generan en éstas las ideas y valoraciones estereotipadas en lo que respecta al alcance y contenido de los derechos humanos.”[21]

La necesidad de las políticas de prevención del contagio es indiscutible. Sin embargo, es fundamental abordar el contexto de la vida de las mujeres para evitar una mayor profundización de las desigualdades existentes. Así, una respuesta sanitaria con perspectiva de género deberá considerar que la violencia contra la mujer, además de ser una violación de los derechos humanos, también es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres que trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases.[22]

Diego Enrique Silva Díaz. Estudiante de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] PAHO, OMS. La OMS caracteriza a COVID-19 como una pandemia, 2020. https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756:who-characterizes-covid-19-as-a-pandemic&Itemid=1926&lang=es

[2] Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, 2020. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020

[3] Human Rights Watch. Human Rights Dimensions of COVID-19 Response, 2020. https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response

[4] OMS. Violencia contra la mujer, 2020. https://www.who.int/topics/gender_based_violence/es/

[5] John, Neetu, Sara E Casey, Giselle Carino, and Terry McGovern. Lessons Never Learned: Crisis and GenderBased Violence. Bioethics, 2020. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dewb.12261

[6] Organization of American States. Violence Against Women and the Measures to Contain the Spread of COVID-19, 2020. https://www.oas.org/es/cim/docs/COVID-19-RespuestasViolencia-EN.pdf

[7] Office of the High Commissioner for Human Rights. COVID-19 and women’s human rights: Guidance, 2020, pág. 1 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID-19_and_Womens_Human_Rights.pdf

[8] World Bank. COVID-19 Could Worsen Gender Inequality in Latin America and the Caribbean, 2020. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/05/15/covid-19-could-worsen-gender-inequality-in-latin-america-and-the-caribbean

[9] World Bank. Op. Cit.

[10] OEA. COVID-19 en la vida de las mujeres. Razones para reconocer los impactos diferenciados, 2020, pág. 17. http://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf

[11] Human Rights Watch. Protecting Women’s Reproductive Health During the Pandemic, 2020. https://www.hrw.org/news/2020/05/12/protecting-womens-reproductive-health-during-pandemic

[12] OEA. COVID-19 en la vida de las mujeres. Razones para reconocer los impactos diferenciados, 2020, p. 18 http://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf

[13] ONU Mujeres, COVID-19: Corresponsabilidad en los hogares, 2020.  https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/marzo-2020/covid19-corresponsabilidad-en-los-hogares#view

[14] ONU Mujeres, Op. Cit.

[15] OEA, COVID-19 en la vida de las mujeres. Razones para reconocer los impactos diferenciados, 2020. http://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf

[16] World Bank. COVID-19 Could Worsen Gender Inequality in Latin America and the Caribbean, 2020. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/05/15/covid-19-could-worsen-gender-inequality-in-latin-america-and-the-caribbean

[17] World Bank, Gender Dimensions of the COVID-19 Pandemic, 2020. http://documents.worldbank.org/curated/en/618731587147227244/Gender-Dimensions-of-the-COVID-19-Pandemic

[18] OEA. Guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante el COVID-19 en las Américas, 2020.  http://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/GUIA_SPA.pdf

[19] Clare Wenham, Julia Smith and Rosemary Morgan. COVID-19: The gendered impacts of the outbreak, 2020. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30526-2/fulltex

[20] OEA. Guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante el COVID-19 en las Américas, 2020.  http://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/GUIA_SPA.pdf

[21] Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014, párr. 326, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf

[22] Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de agosto de 2010, párr. 118. http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/STCIDHM2.pdf