¿Es el TPP un instrumento adecuado para enfrentar a China en el comercio mundial?

El 5 de octubre de este año concluyeron las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio (TPP por su siglas en inglés) para pasar a la etapa de aprobación interna en cada unos de los países miembros del mismo. El TPP es un proyecto de integración comercial en la región Asia-Pacífico que integra doce países: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México[1], Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam[2].

Las áreas que abarca el TPP incluyen aspectos relacionados con acceso a mercados, reglas de origen, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, competencia, compras públicas, servicios, inversiones, comercio electrónico, telecomunicaciones, entrada temporal, servicios financieros, propiedad intelectual, medio ambiente, laboral y cooperación. Adicionalmente, se han incorporado los denominados temas horizontales que incluyen coherencia regulatoria, competitividad y desarrollo para las pequeñas y medianas empresas. Cabe señalar que existe una capítulo sobre transparencia y anticorrupción el cual establece obligaciones para transparentar toda la normatividad y las regulaciones relevantes que pudieran afectar el libre comercio o el flujo de inversiones. Asimismo, existen  medidas para identificar y gestionar conflictos de interés y se pretenden establecer códigos de conducta para funcionarios públicos[3].

La región que cubre el TPP abarca un mercado de 800 millones de personas y representa el 40% del Producto Interno Bruto mundial. Las ganancias netas se estiman en 295 billones de dólares al año de acuerdo con el Peterson Institute for International Economics[4], con un impacto mayor en países con menor desarrollo. Este Acuerdo se generó como respuesta a la expansión comercial de China y al crecimiento que tuvo su economía en la última década, llegando a tener tasas de crecimiento cercanas al 10%. Actualmente, China ha tenido una desaceleración económica, en 2014 tuvo una tasa de crecimiento del 7.4%  y para 2015 se prevé una tasa de crecimiento del 6.7%, a pesar de esto, las inversiones continúan creciendo en el sector industrial y manufacturero.[5]

La competencia de los países por tener acceso a mercados con tasas arancelarias preferentes e incentivos para atraer inversiones ha generado una fragmentación en el comercio internacional. Así observamos que existen Tratados de Libre Comercio, Acuerdos regionales de complementación económica, Tratados bilaterales de Inversión, mercados comunes, uniones aduaneras, etc. En este contexto, México no ha sido la excepción, en 1986 ingresó al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés), en 1990 firmó el Acuerdo de Complementación Económica con Chile y en 1991 iniciaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte[6].

La experiencia en las negociaciones comerciales para México no es nueva. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, México cuenta con una red de 11 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs)[7], 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)[8].
Además, México participa en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI.

En el momento en que entre en vigor el TPP se prevé la reducción a tasa cero de aranceles en aproximadamente 18,000 productos. Sin embargo, este esquema ya está rebasado, la verdadera apuesta consiste en generar cadenas de suministro para la producción de bienes y servicios, promover la innovación y la competitividad en industrias como la de telecomunicaciones, la farmacéutica, la automotriz, la agrícola e incluye medidas para apoyar al desarrollo de la pequeña y mediana industria. Se calcula que para el 2025 el TPP habrá incrementado el 1% el PIB mundial.

Para el caso de México, según cifras de la Secretaría de Economía, el TPP significaría un crecimiento en las exportaciones de 170 mil millones de dólares en los 5 años posteriores a su entrada en vigor. Sin embargo, tal como ya lo anunció el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría esto no se verá reflejado si México no genera estructuras propias para la competitividad y la productividad. En otras palabras, si México no fortalece su mercado interno y no se vuelve más competitivo, será muy difícil obtener los beneficios antes mencionados.

Para los defensores del libre comercio, el TPP promete tener mejor acceso de bienes a estos mercados, acceso preferente a proveedores de servicios lo cual generaría un aumento en la productividad de los Estados miembros, atraería mayor inversión, generaría más empleos, y mejoraría las condiciones de vida y de bienestar de su población.

Para los opositores del TPP, este Acuerdo no es un Acuerdo de libre comercio es un arreglo en diferentes áreas de comercio en los que se aseguran los intereses de los países más poderosos[9]. Podemos observar que existe una oposición en diferentes países. Por ejemplo, en Japón los productores de arroz y los representantes de la industria automotriz se manifiestan en contra de este Acuerdo. En Nueva Zelanda, los productores de lácteos y productos cárnicos también se oponen al TPP. Además, existe una preocupación generalizada de organizaciones ambientales, laborales y de los partidos políticos sobre la posible reducción de los estándares ambientales, la disminución de salarios y el posible incremento en el desempleo debido a la oferta de mano de obra más barata. Estos temas no son nuevos en el debate de la apertura comercial global y han sido utilizados como slogan de campañas políticas en México y Estados Unidos, por poner un ejemplo.

Otro motivo de debate es el relacionado con la industria farmacéutica, debido a que se prevén mayores plazos en la vigencia de las patentes para ciertos medicamentos con el argumento de que se promueve la investigación. Sin embargo, existe el riesgo de que, al extenderse la vigencia de las patentes, se limite la liberalización de las mismas teniendo un efecto negativo en el consumidor[10].

Finalmente, la ratificación del TPP en Estados Unidos llega en un momento en donde se perfilan los candidatos a la presidencia. La precandidata demócrata, Hillary Clinton se manifestó contraria al TPP por la pérdidas de empleos, la posible disminución en los salarios y porque pone en riesgo la seguridad nacional. La línea de argumentación de los republicanos va en el mismo sentido. Estas posturas parecen ser más electorales que económicas y ya han sido utilizadas por ambos partidos. La aprobación del TPP por parte de Estados Unidos es en gran medida el éxito o el fracaso del mismo. Lo único cierto es que la idea de generar contrapesos en el mercado global depende de la capacidad de crear este bloque regional. Ante la desaceleración de la economía China, ésta no está cruzada de brazos y busca alianzas en Asia. México, cruza los dedos para que este proyecto fluya. A ver qué dice la historia.

Jimena Moreno. Coordinadora de la licenciatura en derecho del CIDE y profesora asociada de la División de Estudios Jurídicos. Twitter: @jimenacide

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

________________

[1] México ingresó de manera formal a la negociación del TPP en octubre de 2012. En 2011, bajo la administración del presidente Calderón, fue cuando México manifestó su interés de formar parte de dicha negociación.

[2] Es importante señalar que en 2005 Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur habían negociado el Acuerdo de Asociación Económica, conocido como P4, con base en la cláusula evolutiva de este Acuerdo, empezaron a incorporarse y Australia, Estados Unidos, Malasia, Perú y Vietnam. En el 2012, se sumaron Canadá y México y, en el año 2013, Japón.

[3] Información disponible en la página de la Secretaría de Economía.

[4] Información disponible en www.iie.com

[5] Con datos del Banco Mundial. Global Economic Prospects, 2015.

[6] En 1989 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos. Este Tratado sirvió de referente para las negociaciones con México.

[7] Países con los que México ha firmado Tratados de Libre Comercio a) Multilaterales: Estados Unidos y Canadá – Colombia y Venezuela, Unión Europea, Irlanda, Liechtenstein, Noruega y Suiza, Guatemala, Honduras y El Salvador. Bilaterales: Costa Rica, Chile, Israel, Nicaragua, Costa Rica, Uruguay, Japón, Perú y Panamá.

[8] Panamá, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Cuba, Brasil y el MERCOSUR.

[9] Stiglitz E. Joseph, Hersh S. Adams. The Trans-Pacific- Free-Trade Charade. Project-syndicate.org. Oct 2, 2015.

[10] Es importante señalar que el texto completo del TPP no está disponible, sólo hay versiones generales en la páginas de la Secretaría de Economía.

Zonas Económicas Especiales o los límites del federalismo como motor de desarrollo regional

Se necesitan políticas para un crecimiento sostenible, equitativo y democrático. Esta es la razón del desarrollo. El desarrollo no consiste en ayudar a unos pocos individuos a enriquecerse (…) El desarrollo consiste en transformar las sociedades, mejorar las vida de los pobres, permitir que todos tengan oportunidad de salir adelante y acceder a  las salud y educación.

Joseph E. Stiglitz

El 29 de septiembre de 2015, el presidente Peña Nieto presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de acuerdo con el artículo 1º de esta iniciativa son áreas prioritarias del desarrollo nacional delimitadas en una ubicación geográfica estratégica, creadas para impulsar el crecimiento económico sostenible y equilibrado de las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través de incentivos a la inversión, productividad, competitividad y empleo. Las ZEE prevén la participación del sector privado quienes podrán obtener beneficios fiscales (temporales), aduanales y financieros, así como de facilidades administrativas e infraestructura en condiciones especiales.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia lanzada por el ejecutivo federal para impulsar la competitividad y productividad que se debe leer de manera integral con la Ley para Impulsar el Incrementos Sostenido de la Productividad y Competitividad de la Economía Nacional, publicada en el 4 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, y que es reglamentaria de los artículos 25 y 26 de la Constitución.

Es importante señalar que las ZEE no son de reciente creación. Es un mecanismo que han utilizado otros países para impulsar el crecimiento de las regiones más rezagadas de su territorio. La primera ZEE se estableció en Irlanda en 1959, en la ciudad de Shanon, con el objetivo de desarrollar un corredor manufacturero e  industrial. A mediados de los sesenta se empezaron a establecer en Asia y América Latina. A partir de los noventa este esquema se implementó en Europa del este; de tal manera que para 1991 existían alrededor de 3,000 ZEE en 120 países[1]. Actualmente, estas ZEE forman parte de las políticas públicas estatales para combatir el rezago económico regional. Cabe señalar que, aunque ha habido casos importantes de éxito, también hay experiencias negativas. «La clave es que dicha política esté contenida dentro de una estrategia global que articule el desarrollo regional nacional y local, con una estrategia congruente de inserción internacional en el corto, mediano y largo plazos.»[2]

El caso de éxito más notable se da en China, en donde se impulsaron ZEE en cuatro provincias. En una de ellas, Shenzhen[3], se les concedió a los gobiernos locales la autoridad para tomar decisiones sobre inversión pública, infraestructura y planes de financiamiento.[4] En 1980, Shenzhen tenía 30,000 mil habitantes, al día de hoy tiene 10,6 millones de habitantes, su economía ocupa el cuarto lugar entre las ciudades más prosperas de China y su PIB per cápita es de 24,336 dólares.

El éxito de este esquema no fue inmediato, tardaron alrededor de ocho años en despegar; sin embargo, empezó a fluir la inversión extranjera directa y el gobierno chino comenzó a replicar esta política con estrategias diferenciadas por región.

En este sentido, y a partir de las experiencias de países como China, Corea del Sur e India, esta iniciativa busca crear ZEE basadas en el interés público como eje rector y que desde el Estado se aborden las políticas necesarias para ello. La idea es, en un principio,  crear tres ZEE en el sur-sureste del país. Las tres zonas se ubicarían en el puerto Lázaro Cárdenas, abarcando municipios colindantes de Michoacán y Guerrero; otra, en el corredor interoceánico de Tehuantepec, que incluye Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca; y una más, en puerto Chiapas, en Chiapas. Dichas zonas cuentan con infraestructura básica que será uno de los detonadores de la inversión. El proyecto de ley basa su operación en tres ejes importantes.

  1. La creación de una ventanilla única de trámites con el objeto de agilizar y dar certeza a la gestión administrativa y regulatoria para hacer más transparentes los procedimientos, eficientizar los procesos y generar certeza jurídica en la obtención de permisos y en la realización de los trámites. Se emitirá una guía única de trámites y requisitos que estará  disponible en Internet.[5]
  2. El establecimiento del consejo consultivo para cada ZEE, representado por instituciones de educación superior e investigación, organizaciones sociales, cámaras empresariales, administradores regionales e inversionistas con el fin de integrar a los sectores productivo, social y académico[6].
  3. La elaboración de convenios de coordinación con los tres órdenes de gobierno, en donde los estados y municipios se obligan a implementar acciones de mejora regulatoria, a realizar acciones de ordenamiento territorial de conformidad con las facultades concurrentes que correspondan a cada orden de gobierno, a  fomentar la inclusión, entre otras. Una ZEE no puede empezar a operar hasta que no esté firmado dicho convenio.[7]
  4. La constitución de la comisión intersecretarial, quien aprobará, evaluará y dará seguimiento al programa de desarrollo de cada zona y estará integrada por 13 Secretarías de Estado y el IMSS.[8]

LA SHCP será la entidad encargada de establecer los requisitos, procedimientos y criterios conforme a los cuales se otorgarán los permisos.

Involucrar a los municipios es una estrategia fundamental ya que, en muchas ocasiones, es a nivel municipal donde se establecen barreras legales por la opacidad en el otorgamiento de permisos, la falta de transparencia en los requisitos de información para efectuar trámites, etc., y acaban siendo un obstáculo en la implementación de ciertos proyectos. Tomando como referencia las facultades que le otorga el artículo 115 de la constitución, los municipios pueden formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, además de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia; así como, otorgar licencias y permisos para construcciones en los términos de las leyes federales y estatales relativas. Cabe mencionar que la normatividad municipal es asimétrica, debido a que obedece a las prioridades e intereses que cada municipio tiene en lo particular. De ahí la importancia de hacerlos participes en el desarrollo de estas zonas, pues pareciese que no hay otro camino más que obligar a los estados y municipios a ceder autonomía.

Los ejes rectores señalados anteriormente reflejan la complejidad y fragmentación del orden federal, lo cual se traduce en un reto para que el ejecutivo federal pueda implementar este proyecto en las ZEE. En términos generales, existe una distribución competencial que nos ayuda a delimitar el ámbito federal y local y existen también facultades concurrentes en las que ciertas materias se ejercen de forma paralela por la federación, estados, Distrito Federal y municipios como es el caso, por ejemplo de los asentamientos humanos y el medio ambiente. Al momento de definir responsabilidades y de operar esta complejidad se hace mayor, así lo señala el ministro José Ramón Cossío: la manera de asignar competencias entre los órdenes normativos (federación, estados, Distrito Federal y municipios) por sí misma genera confusión, parálisis e ineficiencias.[9]

Finalmente, si se quiere atraer inversión habrá que desarrollar un entorno de negocios competitivo ya que hay poca integración con la economía nacional, son zonas con un deficiente nivel educativo, con índices de pobreza y criminalidad alarmantes y con presencia del crimen organizado. De aquí la necesidad de contar con un enfoque integral de política pública que contenga incentivos de capital y trabajo, y que se establezca una política de seguridad efectiva.

Es evidente que las ZEE representan un desafío en el diseño de las políticas regulatorias, de las relaciones de poder entre los tres órdenes de gobierno, entre las comunidades y la iniciativa privada. Parece que el presidente está apostando por este esquema. Ojalá que tengan éxito y sean un motor de desarrollo regional y tal como señala Stiglitz: sea el desarrollo el que transforme sociedades y mejore la vida de los pobres.

Jimena Moreno. Coordinadora de la licenciatura en derecho del CIDE y profesora asociada de la División de Estudios Jurídicos. Twitter: @jimenacide

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

____________________

[1] (Park, 1997:1) en González García Juan y Meza Lora, José Salvador. Shenzen, zona económica especial: bisagra de la apertura económica y el desarrollo regional Chino. Vol. 40, núm. 156, enero-marzo/2009. Pág. 106

[2] Idem. pág. 107

[3] Situada en la costa sur este de China y con importantes ventajas de recursos naturales, capital humano y financiero.

[4] Idem, pág. 108

[5] Art. 15 del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales

[6] Art. 16 del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales

[7] Art. 10 del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

[8] Art. 35 del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

[9] Cossío, José Ramón. Nuestro Pobre Federalismo. El País Internacional. Es importante señalar que el Ministro también menciona otros órdenes normativos como las de coordinación, en las que la Federación prevé las bases para que esos mismos niveles de gobierno convengan el ejercicio de competencias propias (protección civil, turismo, seguridad o salud) y las competencias que se ejercen con base en lo previsto en las leyes generales emitidas por el Congreso (protección de datos, archivos, elecciones, secuestro o trata de personas, entre otras).

 

La educación jurídica como motor para el desarrollo

Del 6 al 9 de mayo del presente año, bajo el tema general “La investigación y la enseñanza del derecho como herramientas para el desarrollo regional”, se llevaron a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, el 2º Encuentro Internacional de Enseñanza del Derecho y el 3er Encuentro Latinoamericano de Investigadores en Ciencias Jurídicas y Económicas. Ambos eventos académicos, que fueron organizados por la Universidad Maimónides, propiciaron el intercambio y la discusión en torno a preocupaciones compartidas acerca de la educación y la investigación en los países de América Latina. Resultó enriquecedor para todos los presentes haber podido contar con la participación de ponentes no sólo de Argentina, país anfitrión, sino también de otros países de la región tales como Brasil, Colombia, Paraguay y México.

México estuvo representado por el CIDE y, en particular, por quienes escribimos este post. Debido al interés generado por el enfoque con el que el CIDE aborda e implementa la educación jurídica, fuimos invitadas para impartir una conferencia en la mesa inaugural del encuentro sobre enseñanza del derecho.

Bajo el título “Contribución al desarrollo desde la educación jurídica. Un desafío para las facultades de derecho latinoamericanas”, nuestra intervención se concentró en aspectos prácticos de la enseñanza del derecho y en su vinculación con el desarrollo económico, social, humano, de los países de América Latina.

Partiendo de entornos sociales, políticos y económicos similares en los diferentes estados latinoamericanos, observamos que en los últimos años las economías regionales experimentaron tasas de crecimiento relativamente bajas, de entre el 2% y el 2.5% del PIB y tasas de crecimiento estancadas y con pocas perspectivas de un repunte sustancial, según el panorama general para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, 2013. De acuerdo con el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en América Latina son acuciantes la desigualdad y la violencia. Entre 2000 y 2010 la tasa de homicidios de la región creció 11%, en tanto que se estabilizó o incluso descendió en la mayoría de las regiones del mundo. Esta realidad se refleja en el debilitamiento del Estado y del estado de derecho, aumentando las tasas de impunidad.

Observamos que somos sociedades con un incipiente desarrollo democrático, lo que normalmente implica una evolución de las instituciones y de las normas jurídicas que las regulan. En el caso particular de México, los  constantes cambios constitucionales en materia de energía, telecomunicaciones, competencia económica, transparencia, derechos humanos, derecho electoral, entre otros, junto con la creación de organismos constitucionales autónomos y tribunales especializados, además de las modificaciones a la ley de amparo y la implementación del nuevo sistema de justicia penal, del derecho procesal penal en el sistema acusatorio, de las técnicas de litigio oral y de los medios alternativos de solución de controversias, nos han llevado a tener aproximadamente 29 modificaciones constitucionales y 43 leyes nuevas en los últimos cuatro años.

Esta realidad impone a las facultades de derecho latinoamericanas un gran desafío a la hora de enseñar, ya que no sólo se requiere conocer las normas que componen el sistema jurídico. Es necesario desarrollar la suficiente flexibilidad como para actualizarse permanentemente a fin de comprender un marco regulatorio cambiante. Pero no basta con eso. También resulta indispensable comprender y analizar los problemas jurídicos a través del estudio de diversas disciplinas que ayudan a entender el marco regulatorio en su contexto y con su propio dinamismo, y no de manera abstracta ni aislada del contexto (social, económico, político) en el que las normas surgen y que a su vez están destinadas a regular.

Partiendo de este escenario nacional y regional, entendemos que es posible formar abogados capaces de contribuir positivamente al desarrollo de sus países y de la región, modificando la manera en la que se los guía en su introducción en el mundo del derecho. En este sentido, partimos de la concepción del derecho como “derecho en acción”, dinámico, vinculado con los problemas jurídicos que se plantean en la vida real, para proponer el estudio del derecho desde la identificación, el análisis y la solución de casos y problemas.

Mediante la utilización frecuente de casos y otras herramientas pedagógicas que requieren participación activa (como debates, simulaciones, dramatizaciones) antes de y durante la clase, el estudiante de derecho puede ir adquiriendo gradualmente habilidades para su desempeño profesional. Se trata de que el estudiante vaya tomando conciencia desde las aulas de la función social del abogado, de su papel como pacificador y solucionador de conflictos. Así, la capital importancia del ejercicio ético de la profesión y la enorme responsabilidad social que éste lleva siempre consigo, comienzan a apreciarse desde el salón de clase.

Las nuevas generaciones de abogados que son educados de esta manera tienen todo el potencial para convertirse en piezas fundamentales del engranaje de la sociedad favoreciendo la preservación del estado de derecho, previniendo el surgimiento de conflictos jurídicos y –cuando éstos existen– resolviéndolos en el marco de la legalidad. Creemos que éste es el perfil de abogados que nuestras sociedades requieren hoy en día, profesionales del derecho ávidos de contribuir al fortalecimiento de la democracia y sus instituciones y a mejorar las condiciones de vida de la población de sus respectivos países y de América Latina en su conjunto.

Jimena Moreno. Coordinadora de la licenciatura en derecho del CIDE y profesora asociada de la División de Estudios Jurídicos. Twitter: @jimenacide

María Mercedes Albornoz. Profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @mmalborn

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.