Los blogs jurídicos en México, un balance

Entre 1920 y 1922, Franz Kafka compartió a Milena Jesenská, no solo su miedo y preocupación por la impersonalidad que generaban los profundos cambios en las nuevas formas como se comunicaban las personas, sino, y sobre todo, su aversión a esa extraña actividad de escribirse cartas. Kafka dijo:

¿De dónde habrá surgido la idea de que las personas podían comunicarse mediante cartas? Se puede pensar en una persona distante, se puede aferrar a una persona cercana, todo lo demás queda más allá de las fuerzas humanas.

Escribir cartas, significa desnudarse ante los fantasmas que lo esperan ansiosamente. Los besos por escrito no llegan a su destino, se los beben los fantasmas por el camino… La humanidad lo percibe y lucha por evitarlo; y para eliminar lo fantasmal entre las personas y lograr una comunicación natural, que es la paz de las almas, ha inventado el ferrocarril, el automóvil, el aeroplano, pero ya no sirven, son evidentemente descubrimientos hechos en el momento del desastre, el bando opuesto es tanto más calmo y poderoso, después del correo inventó el telégrafo, el teléfono, la telegrafía sin hilos.

…Las personas casi nunca me han traicionado, pero las cartas siempre…

En dichas líneas, el escritor que mejor ha precisado narraciones sobre el abrumador funcionamiento del derecho y la justicia, manifiesta los riesgos de la artificialidad, la falta de seriedad, e incluso la falsedad en la transmisión de palabras para comunicar ideas.

Desde el pasado, el miedo y los riesgos por las novedosas formas de transmitir mensajes y por acceder a la información han estado presentes en nuestro entorno… Ante las vertiginosas transformaciones tecnológicas, el Derecho parecería que siempre llega tarde a su cita con la sociedad, pues cuando más se le necesita para proporcionar certeza, la insuficiencia de sus formas queda en evidencia ante la premura del contexto.

Y es que la globalización ha provocado la fusión de realidades en todos los ámbitos que trastoca el Derecho. Entre algunas de sus diferentes derivaciones, se encuentra la adecuación de las estructuras tradicionales no solo de acceder a las fuentes de información, sino también en lo que respecta a su producción.

Aunado a dicho contexto de interdependencia, el uso de distintas estrategias comunicacionales y simbólicas por parte de los operadores jurídicos ha creado barreras que antes que generar conocimiento y hacerlo accesible, se enfoca en oscurecer un potencial diálogo transversal. Cuando la inmensa cantidad de ordenamientos están redactados con más tecnicismos que palabras llanas, al momento en que las resoluciones judiciales siguen las mínimas reglas de sintaxis (evitando cualquier indicio de brevedad), y la doctrina científica se construye pensando no en el público en general sino en los propios juristas (sin mencionar la cuestión de lo costoso que resulta obtener ciertos recursos bibliográficos), el acceso al Derecho ya no solo resulta poco estimulante desde un plano intelectual, sino también algo poco democrático.

El desarrollo divulgativo del Derecho a través de los blogs, ha encontrado una metodología tan creativa como divergente para su promoción, sirviendo como instrumento de crítica versátil (que permite la construcción de un conocimiento más democrático y accesible para todos), pero, a la vez, conllevando riesgos que perturban esquemas tradicionales y modifican una cierta concepción sobre el trabajo jurídico.

Estos riesgos cobran relevancia en territorio mexicano, ya que si bien es cierto que el fenómeno de los blogs se encuentra globalizado y la existencia de un importante número de blogs jurídicos en Hispanoamérica sirve para afirmar lo dicho, también lo es que en México ha tardado en madurar. Las razones serían varias, sin embargo, la gran cantidad de escuelas de Derecho que existen en el país (con sus profundad desigualdades en cuestiones económicas y cualitativas), a la par de una añeja casta de juristas renuente a facilitar el uso de nuevas tecnologías, podrían dar algunas luces sobre dicho rezago.

A pesar de que cada vez existen más nuevos medios informativos mexicanos encargados de realizar periodismo de investigación en temas jurídicos, o que organizaciones no gubernamentales abren espacios para compartir opiniones legales, el fenómeno de los blogs jurídicos como tal (en comparación con otras latitudes, y teniendo en consideración el número de abogados en el país), no ha terminado de echar raíces en México.

De ahí que, a continuación y de manera descriptiva, se ofrece una lista, sin aspiraciones limitativas, sobre algunos de los principales miedos y riesgos que suelen utilizarse como excusas al momento de abordar el tema de los blogs jurídicos.

  1. Antes de actuar, piénsalo dos veces” – Irreflexividad
    • La hiperdocumentación a la que la sociedad está expuesta, provoca que, de forma casi instantánea, se tenga una rápida opinión sobre lo que ocurre. Así el contenido de los blogs, por aprovechar la coyuntura del momento, contrasta con otros dilatados y reflexivos procesos de escritura, como los artículos académicos.
  1. Lo pasado, pasado” – Cronología inversa
    • A pesar de diferentes funciones y modalidades formales y estéticas en el diseño de un blog, casi de manera irremediable, su formato está articulado a través de un orden cronológico inverso, donde el contenido que se presenta no es el mejor, o el más pertinente, sino el último que se publica.
  1. Más vale pájaro en mano que ciento volando” – Desinformación
    • La anarquía que impera en Internet resulta un arma de doble filo, pues por un lado generaliza las posibilidades de cualquier persona para publicar lo que piensa, mientras que, por el otro, ante tantas opciones la confusión y la sensación de incomprensión puede llegar a saturar.
  1. Los libros electrónicos no huelen a libro” – Desconfianza
  • El simple hecho de que una publicación jurídica se encuentre respaldada por un comité editorial, o por un conocido sello bibliográfico, puede que de entrada otorgue confianza y seriedad en comparación con la individualidad que implica un blog.
  1. A lo hecho, pecho” – Irresponsabilidad
    • No por que los blogs sean espacios alternativos, o exentos de formalidades, significa que gocen de un trato diferenciado al momento de hacer público su contenido. Las opiniones ahí vertidas, al igual que en cualquier otro ámbito, encuentran repercusiones y, por ende, tienen limitaciones y pueden ser materia de la normatividad aplicable.

Ahora bien, resulta pertinente mencionar que esta lista no implica fuertes impedimentos para desarrollar un blog, pues, en gran medida, el buen funcionamiento del mismo dependerá de la prudencia, la creatividad, la constancia, y la continua comunicación del administrador con sus lectores. Así, estos riesgos suelen atenuarse al ponderar algunas de sus mayores potencialidades:

  1. Democratización
  • La retroalimentación de los blogs, y su horizontalidad, a través de las secciones de comentarios y el contacto directo, fomenta espacios de diálogo transversales, donde el autor abandona su trinchera para resolver dudas sobre sus publicaciones e incluso defenderlas.
  1. Paridad socio-comunicativa flexible
  • Los blogs de abogados son un tipo de comunicación especializada en un contexto informal, de ahí que las posibilidades que otorga un contexto como el de los blog jurídicos parece ser uno de los mejores ventajas para fomentar un entendimiento lingüístico igualitario.
  1. Prontitud
  • La naturaleza de los blogs no aspira al tradicional análisis intelectual que exige el campo académico, ni se contrapone con el mismo. En todo caso, lo que se publica en estos espacios contará con posibilidades para, eventualmente, desarrollarse.
  1. Líderes de opinión pública
  • La rápida toma de postura respecto a lo que acontece genera un impacto transversal en sociedad. Así, los vínculos que se pueden generar con otras personas, provoca la identificación de ciertos temas con los autores, posibilitando la utilización de estos como foros de denuncia, como espacios alternativos de organización colectiva.
  1. Sencillez operacional
  • Crear un nuevo blog es un proceso fácil, que no requiere ningún nivel elevado de manejo de las nuevas tecnologías. Lo amigable que pueden ser las distintas plataformas para desarrollar un blog es un aliciente importante que promueve la idea de simplicidad en el campo jurídico.

A pesar de que el tema de los blogs no se puede decir que sea el tema del momento, o quizá uno de los más nuevos dentro del impacto que tiene la tecnología en el campo jurídico, la importancia de su estudio radica en ampliar las posibilidades para fomentar otras maneras de socializar el Derecho más allá de los juristas y en tratar de conciliar a las futuras generaciones de abogados y las condiciones que se despliegan.

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Twitter: @garza_onofre

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

¿Es ético monopolizar la ética jurídica?

Una vez que la Comisión Federal de Competencia Económic[1] ha recomendado descartar la colegiación obligatoria —por las posibles afectaciones a los procesos de competencia y libre concurrencia— y que cada vez es posible distinguir un mayor número de voces críticas sobre este tema,[2] resulta pertinente llamar la atención sobre uno de los aspectos cuya relevancia no ha sido dimensionada en comparación con los temas más llamativos que conlleva el conjunto de propuestas relativas a la profesionalización de los abogados en México.

El control ético en el ejercicio de la abogacía parecería algo de escasa relevancia. Tanto es así que las vías para su regulación, además de focalizarse en la elaboración de “códigos” (o compendios morales de dudosa procedencia normativa), se encuentran desprovistas de algún contenido material para entender lo que se debe entender por ética.

Y es que entender a la deontología del abogado como un conjunto de postulados bienintencionados dirigidos a hacer de estos operadores personas honestas, íntegras y congruentes es una visión falsa y alejada de toda realidad. Bajo esa lógica, escribir sobre ética profesional se convierte en escribir ficción. Y esto no está mal, sino que sencillamente resulta estéril para satisfacer cualquier fin práctico. En todo caso, lo que se podría aducir que está mal es esa visión edulcorada de la abogacía y la ética que comparten muchos de los que escriben sobre el tema, sobre el caso concreto, de aquellas personas que no solo se encargaron de la redacción de la propuesta, sino también de su defensa y difusión.

La deontología jurídica parece erigirse uniformemente y, en términos tradicionales, sin contemplar las actuales transformaciones de la profesión, generando que este tipo de postulados morales, resulten ineficaces ante las necesidades de las personas que requieren los servicios de un abogado.

Como son los propios abogados quienes formulan los códigos respecto a cómo debe ser su desempeño profesional —porque se supone que son los que mejor están preparados para determinar qué son las buenas prácticas y así prestar un mejor servicio—, la lógica plasmada en los mismos proviene exclusivamente desde ellos y para ellos.

Es decir, usualmente personalidades destacadas de la profesión, miembros del gobierno en turno, académicos y demás individuos que tienen que ver con el campo jurídico, son quienes conforman los equipos cuya misión es articular los códigos deontológicos. Si hay temas dentro del derecho, que por su propio nivel técnico implican su estudio particular de forma poco accesible para quienes no han tenido relación con la materia, eso de ninguna manera justifica la segregación a la que son sometidos quienes no ejercen la abogacía, sobre todo en este tema en particular.

Generalmente, la profesión utiliza los códigos éticos para proteger a la propia profesión más que a la sociedad, porque al fin y al cabo quienes deben conocer estos instrumentos son ellos mismos. Como menciona Adela Cortina, parecería no importar que “los usuarios son los que experimentan la calidad del servicio prestado y, aunque no conocen la trama interna de la profesión, resultan indispensables para determinar qué prácticas producen un servicio de calidad y cuáles no”.[3]

Al intentar monopolizar el derecho para regularlo y establecer condiciones para su ejercicio, los abogados han terminado por sitiarlo; haciendo de la separación una virtud, el hermetismo en estas cuestiones en específico no hace más que impedir la difusión de la deontología de quienes paradójicamente no se encuentran vinculados de manera directa con el derecho, pero son el motor del mismo.

Javier de la Torre menciona que, en ocasiones, “la ética promociona la imagen, el status profesional y legitima el monopolio. La calidad de los servicios profesionales rara vez es autocrítica y se establece un muro de silencio tras el que se alberga un feudo de impunidad para las deficiencias y negligencias profesionales”.[4] Y, en ese sentido, a pesar de que los códigos éticos, a diferencia de los reglamentos que regulan los aspectos más superficiales de un trabajo, se ocupan de los aspectos sustanciales del ejercicio profesional; la efusiva eclosión de postulados éticos en el campo jurídico, no ha hecho más que acrecentar la brecha entre abogados y personas que requieren sus servicios.

Al confiar en la autorregulación, como característica distintiva de la ética jurídica, indirectamente se está encomendando al mercado los vaivenes de los abogados.

Dicho de otro modo, cuando gran parte de los grupos de poder del actual sistema contemplan al derecho como el mecanismo idóneo para tutelar sus intereses, los abogados, son visualizados como guardianes de la tradición legal que facilitan a los poderes dominantes reafirmar su autoridad e influencia. Los postulados éticos existentes para regular sus conductas vienen a subrogar al Estado, además de ofrecer una pretendida legitimidad moral al ejercicio de la profesión.

Ante la ausencia de un Estado capaz de proporcionar la dosis de confianza necesaria a distintas actividades de gran influjo social, como es la abogacía, la regulación ética de los abogados que presenta el proyecto en cuestión, se presenta como un esfuerzo insuficiente por adecuar los estándares morales de la profesión frente a las nuevas condiciones que se despliegan, anhelando así subsanar sus carencias estructurales.

La efervescencia que generó la ahora disminuida reforma constitucional en materia de colegiación y certificación obligatorias, a la luz del depreciado tratamiento otorgado a la ética jurídica, devela en este tema en concreto más que un verdadero mecanismo de defensa a problemáticas específicas, una chantajista estrategia publicitaria que ha de servir para acrecentar las desigualdades y los conflictos entre quienes se ven inmersos en nuestro abstruso sistema de justicia.

Juan Jesús Garza Onofre. Investigador de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad Carlos III de Madrid. Twitter: @garza_onofre

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

_______________

[1] Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, Opinión OPN-012-2015, Ciudad de México a 3 de febrero de 2016. Disponible en línea aquí: http://www.cofece.mx:8080/cfcresoluciones/docs/Mercados%20Regulados/V9/1/2415052.pdf

[2] Por citar solo algunas de las diferentes y muy variadas opiniones que recientemente se han pronunciado contra el tema, vid. DE LA TORRE, Fernanda, “¿En qué vamos con la colegiación obligatoria?”, en Milenio, febrero 28 de 2016. REVILA, Eduardo, “El fin del debate de la colegiación obligatoria”, en El Economista, febrero 14 de 2015. CRUZ ANGULO, Javier, “25 errores de la Ley general de abogacía mexicana”, en Derecho en Acción, blog de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, febrero 11 de 2016. LÓPEZ SILVA, Marco, “Fetichismo legal colegiado”, en Animal Político, octubre 16 de 2015. CARPIZO, Enrique, “¿La colegiación obligatoria de abogados es acorde a nuestra realidad social y política?”, en SDPnoticias.com, septiembre 21 de 2015.

[3] CORTINA, Adela, “Profesionalidad”, en CEREZO GALÁN, Pedro (ed.), Democracia y virtudes cívicas, Biblioteca Nueva, Madrid, 2005, p. 376.

[4] DE LA TORRE, Javier, Deontología de abogados, jueces y fiscales. Reflexiones tras una década de docencia, Biblioteca Comillas Derecho, Madrid, 2008, p. 66.

Jueces, privilegios y legitimidad para administrar justicia

¿Son los jueces y demás funcionarios judiciales unos privilegiados dentro de nuestra sociedad? En caso que lo sean, ¿tienen legitimidad moral para administrar justicia sobre aquellos que, en buena medida, son víctimas de la injusticia estructural de la que los jueces se benefician? ¿No podría decirle el excluido: «tú no tienes derecho a juzgarme»?

El punto es que, al menos prima facie, parece haber una profunda contradicción entre ser beneficiario de un sistema social injusto y pretender, desde ese lugar, juzgar y administrar justicia sobre los que están del lado de los perjudicados por ese sistema.

Nuestra intuición es que los jueces son de hecho unos privilegiados y que ello los invalida moralmente para ordenar que se aplique la fuerza pública sobre las víctimas de la injusticia estructural.

Van algunos argumentos a favor de ambas cosas, y algunas objeciones posibles. Aquí nada es concluyente de modo que esto es una invitación a los que les interese a sumarse al debate: igual y entre todos arrojamos un poco de luz sobre el tema.

En primer lugar, está la cuestión de si los jueces y demás funcionarios son unos privilegiados. Definitivamente, no son los que más ganan en nuestra sociedad. Además muchos ganamos muy por arriba del nivel de pobreza. Entonces, ¿cada uno de los que gana por arriba de esa línea es un privilegiado? Sin duda, en un sentido lo somos, al menos desde el punto de vista del que tiene ingresos por debajo de ese nivel. Pero si bien es necesario que la mayoría de nosotros tomemos conciencia de que, desde tal perspectiva, somos privilegiados y nos hagamos cargo de las responsabilidades morales que eso implica; es necesario a su vez establecer un estándar objetivo que excluya de las consecuencias morales que implica ser privilegiado a una buena parte de los que meramente están por encima de la línea de pobreza.

¿Qué significa ser un privilegiado? ¿Qué criterio podríamos construir para decidir a partir de qué nivel de ingresos sé es un privilegiado? Sobre esto hay un vasta literatura. Por el momento, no obstante, nos quedamos con lo que podamos pensar nosotros mismos.

Tal vez podríamos llamar económicamente privilegiados a aquellos que ganan más del promedio de ingresos en la sociedad en cuestión. Este criterio habría que corregirlo usando algo así como el principio de la diferencia de Rawls: las mayores remuneraciones están justificadas en la medida en que tiendan a favorecer a los que están peor en la escala social. Está bueno que un juez o un neurocirujano, por ejemplo, gane un poco más que el promedio, en la medida en que eso va a incentivar a que haya jueces y neurocirujanos, y esto a la vez va a redundar en beneficio de todos y, en particular, de los que menos tienen.

Bien, suponiendo que algo así es un criterio de privilegio, nuestra intuición (y esta afirmación exige una justificación mucho más profunda que rebasa los alcances de este texto) es que los jueces no sólo ganan por arriba del promedio social sino que ganan incluso más que lo que el principio de la diferencia puede justificar.

Un juez de Cámara de Córdoba, Argentina, gana cerca de 100 mil pesos argentinos, es decir, aproximadamente 10 mil dólares al cambio oficial, por mes. En México, por su parte, el presidente de la Suprema Corte tiene ingresos que ascienden a los 25 mil dólares mensuales, y los Magistrados de Circuito cerca de 15 mil dólares al mes.

¿Qué consecuencias morales se siguen de que un juez sea un privilegiado? Es común afirmar que el derecho incluye necesariamente una pretensión de corrección, de justicia. No es que sea justo, pero al menos pretende serlo en las democracias constitucionales. El juez debe aplicar el derecho con una idea de justicia en mente, debe resolver los casos a los que se enfrenta de tal modo que su interpretación del derecho lo muestre en su mejor luz moral. El derecho en su mejor luz moral necesariamente debe ser una herramienta que nos lleve a una sociedad donde reine la justicia distributiva. Pongámoslo en los términos menos exigentes posibles: en tal sociedad al menos no deben prevalecer diferencias distributivas aberrantes.

Pero justamente, las diferencias del salario de nuestros jueces en relación al de la mayoría de los ciudadanos son o parecen ser aberrantes –al menos en ausencia de un argumento muy fuerte en contrario. Se sigue que un juez deudor de una injusticia estructural tal que lo pone en esa situación (acá estamos hablando de cuestiones estructurales, no de si tal o cual juez es una buena o mala persona) no está en condiciones de interpretar el derecho como debe ser interpretado, como una herramienta que nos permita acercarnos cada día un poco más a una sociedad justa. Simplemente sus intereses de clase le impondrán unas anteojeras que resultan en que la neutralidad le sea inaccesible.

Además pareciera que el usuario típico del sistema de justicia, sobre todo el imputado en una causa penal, siempre estaría en condiciones de interpelar al juez privilegiado: “yo estoy en la posición desaventajada en la que estoy, con todas las consecuencias que eso conlleva (violencia, desnutrición, falta de acceso a la cultura, etc.) justamente porque usted, señor juez, y gente como usted, está en la posición en la que está. Si cometí un delito, ello en parte tiene que ver con ese contexto. Sí, soy un sujeto libre y nadie me torció la mano, pero lo que hice, lo hice en un contexto que se explica en parte por el suyo. Yo cometí una injusticia puntual, un acto injusto. Pero usted, señor juez, sostiene con sus prácticas un sistema estructuralmente injusto. ¿Quién merece mayor reproche?”

Argumentos en contra: una concepción positivista del derecho. Si el derecho es un conjunto de normas y nada más que de normas, entonces, al menos en los casos claros, los jueces cumplen acabadamente su rol aplicando esas normas. No se requiere que sean sujetos moralmente solventes.

El problema es que hay casos difíciles. Y si bien es cierto, como afirma Guastini, que “cuando se habla de razonamiento jurídico, casi siempre se hace referencia al razonamiento del juez, que se presenta, por tanto, como razonamiento jurídico por antonomasia”, o incluso que “entre los diferentes operadores jurídicos, los jueces son ciertamente quienes han desarrollado unos hábitos argumentativos más depurados”, también lo es que nuestros juzgadores siguen anclados a una concepción formalista y fundamentalmente legalista y apolítica del derecho. Al abrazar la idea de que existe un modo especial de razonamiento en el que es posible distinguir tajantemente entre derecho y moral y política, se sigue utilizando al derecho como una herramienta que cumple, básica aunque encubiertamente, una función persuasiva y hegemónica. De tal manera que los jueces y funcionarios judiciales se convierten en los encargados de conservar y reproducir los beneficios que reporta a toda la clase privilegiada la existencia de una estructura social injusta. Así, los jueces evitan comprometerse con la transformación de su realidad social, perpetuando arcaicos modelos de adjudicación donde la ley, el código o la norma, tienen la última palabra. Esto les permite inmunizarse frente a cualquier crítica moral: su tarea es meramente aplicar la ley al caso concreto. Pero el caso es que esta estrategia les impide ser congruentes y sinceros consigo mismos, y con el rol que deben cumplir dentro del sistema: interpretar el derecho en su mejor luz moral.

Algo más: parece que los mismos jueces deberían estar interesados y luchar por dejar de ser unos privilegiados. Salir de ese estatus moral tan incómodo en que los pone la injusticia estructural de la cual son deudores, es algo que va en su propio interés como sujetos morales.

Juan Iosa. Profesor de filosofía del derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, investigador de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad Empresarial Siglo 21.

Juan J. Garza Onofre. Profesor e investigador de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, becario doctoral en el extranjero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

El reto de colegiar a los abogados

Desde hace un par de semanas el tema de la colegiación y certificación profesional en México ha vuelto a tomar impulso. En efecto, si bien es cierto que desde el año pasado se presentó en el Senado de la República la Iniciativa de reforma constitucional en materia de colegiación y certificación obligatorias, con su respectiva ley secundaria, también lo es que estas modificaciones, a pesar de los diversos foros y debates realizados para su estudio, al final fueron olvidadas, y quedaron detenidas en la Comisión de Puntos Constitucionales, Educación y Estudios Legislativos.

Ante la premura por posicionar de nueva cuenta el tema, aunado a la unanimidad de actores e instituciones que apoyan estos mecanismos, resulta pertinente recordar que toda propuesta es perfectible y que el análisis crítico tanto de los procesos de creación de las normas, como de las mismas normas propuestas, son indispensables como paso previo para su eventual legitimidad y eficacia social.

No cabe duda de que son más las voces que están a favor de la reforma en materia de colegiación y certificación obligatorias en México, que aquellas que la cuestionan. Mientras algunos de sus críticos aducen más bien a argumentos de tipo sociológico, evocando problemáticas de índole estructural en nuestro país, por otro lado, quienes promueven estos procesos expresan contraargumentos de carácter histórico, filosófico y ético. Los cuales, de buenas a primeras, resultan mucho más atractivos para tomar partido a favor del control profesional.

Sin embargo, vislumbrar a la colegiación y certificación obligatorias como fin y no como medio, e incluso, para el caso concreto del ejercicio de la abogacía, proponer al primero de estos mecanismos como la panacea del sistema jurídico; al tiempo que intenta neutralizar otras propuestas alternativas, también manifiesta la efusiva difusión de un discurso de tintes imperiosos que evita cualquier crítica que lo ponga en riesgo.

No por estar a favor de la colegiación y certificación profesional, se tiene que estar al mismo tiempo a favor de la reforma que las hace obligatorias. Tampoco por el hecho de ser conscientes de la grave desregulación del ejercicio profesional en México, se debe vislumbrar a estos mecanismos como el único remedio posible.

Llama la atención, y mucho, que la ley secundaria que regulaba a distintas profesiones más allá de las de índole jurídica, y que desarrollaba por completo el contenido de la reforma del año pasado, ahora, de manera intempestiva, haya sido substituida por una exclusiva para el ejercicio de la abogacía.

La denominada “Ley general de la abogacía mexicana” antes que marcar los lineamientos generales y flexibles que puedan adecuarse a los múltiples y divergentes tipos de abogados que existen, encuadra y limita, a través de esquemas prototípicos, un determinado ejercicio profesional. Es cierto: esta Ley general está pensada bajo criterios uniformes. Bajo una óptica unidimensional que no considera las experiencias tanto de usuarios y clientes y, al mismo tiempo, evita regular la pluralidad de otro tipo de profesionales que prestan sus servicios.

La tendencia de los abogados por querer monopolizar cualquier tema que implique regulación, al tiempo que configura elementos de identificación técnica en la profesión, también construye una barrera que en ocasiones los incomunica de la sociedad.

Así, sin realizar una diferenciación entre las polifacéticas funciones que puede ejercer un abogado, se cree que su ejercicio profesional sigue, invariablemente, un determinado patrón y modelo. Y es que, a diferencia de las altas cortes, de sus jueces, o incluso de los legisladores, para el caso de los abogados resulta difícil distinguir un mínimo común denominador que pueda agrupar sus actividades, ya sea porque cada uno de estos las erigirá conjugando, entre muchos otros elementos, atributos propios de su formación y cultura jurídica, factores consecuencialistas para el caso concreto que se les presente, componentes relacionados con la ideología profesional y, sobre todo, razones estratégicas dependientes de sus funciones y de la consecución de objetivos particulares. Resulta claro que la profesión de abogado es todo menos homogénea, por ende, resulta difícil creer que una Ley como la que ahora se proyecta tenga un anclaje realista.

El diagnostico sobre este tema es que estamos diagnosticados en exceso. Y por tanto, ávidos de soluciones y propuestas. De ahí que pronunciarse en contra de la colegiación de los abogados en México, de entrada, sea mal visto. Ante un panorama tan lúgubre respecto al ejercicio de distintas actividades profesionales, y tan árido de soluciones, parecería que no queda otra opción más que pronunciarse a favor de estos cambios. Pero no, esto no necesariamente debe ser así, pues en ocasiones el consenso se revela como anomalía y la unicidad como defecto. Valdría, pues, discutir y reflexionar más sobre este tema no menor: ¿cómo colegiar a los abogados para mejorar su calidad y ética profesional?

Juan Jesús Garza Onofre. Investigador de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad Carlos III de Madrid. Twitter: @garza_onofre

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.