Detenciones ilegales y retenes, algunas reflexiones

En los Estados democráticos, las autoridades tienen bien delimitadas sus facultades en las constituciones, así como en las leyes que de ella emanan. En este aspecto, México no es la excepción. En efecto, en nuestro país, al menos teóricamente, los detentadores del poder público sólo pueden hacer lo que las normas les permiten. Lo anterior cobra especial relevancia cuando entran en juego los derechos de los gobernados; es decir, resulta de particular trascendencia que las autoridades únicamente puedan afectar las prerrogativas constitucionales y/o legales de los ciudadanos cuando así lo dispongan expresamente las normas aplicables.

Ahora bien, dentro del cúmulo de derechos que gozan los particulares se encuentra la libertad personal. Ésta proscribe cualquier tipo de detención o encarcelamiento arbitrario. Además, dicha libertad entraña la prohibición de ser privado de la libertad física, salvo por las causas establecidas de antemano por las constituciones o por las leyes dictadas conforme a ellas. Lo anterior se traduce en que las autoridades solamente pueden afectar la libertad personal cuando así esté expresamente establecido en las normas respectivas.

Dicho esto, vale recordar que en México la constitución y el código nacional de procedimientos penales establecen taxativamente los supuestos en que, en materia penal, una persona puede ser detenida.[i] Básicamente, los referidos ordenamientos autorizan que una persona puede ver afectada su libertad personal en tres hipótesis, a saber: flagrancia, caso urgente o en virtud de una orden de aprehensión.[ii]

Lo anterior resulta de gran relevancia ya que acota las facultades de las autoridades; en particular, las de los cuerpos de seguridad pública a los mencionados supuestos. En este sentido, cualquier detención que se dé fuera de esas hipótesis se podría considerar arbitraria, pues se apartaría de las causas y condiciones fijadas de antemano por las normas correspondientes. Sin embargo, hay que señalar que la Suprema Corte ha venido ensanchando vía jurisprudencia esos supuestos; lo anterior, en vista de la preponderancia que ha adquirido en nuestro país el combate a la delincuencia.

En efecto, en el amparo directo en revisión 3463/2012, la Suprema Corte “creó” el llamado “control provisional preventivo”; mismo que tendría como finalidad evitar la comisión de algún delito, salvaguardar la integridad y la vida de los agentes policíacos, o corroborar la identidad de alguna persona con base en información de delitos previamente denunciados ante la policía o alguna autoridad.

Este “control”, que es una verdadera detención, aunque sea provisional, expande los supuestos en que una persona puede ver afectada su libertad física, ya que permite que cualquier individuo sea molestado en su persona siempre y cuando medie una sospecha razonable. En este punto, hay que decir que, como en varios otros casos, la Suprema Corte toma prestadas figuras de la jurisprudencia de la Corte Suprema estadunidense. En efecto, en el caso Terry v. Ohio (1968), la Corte norteamericana determinó, en pocas palabras, que las detenciones de las autoridades policiacas basadas en una sospecha razonable (reasonable suspicion) no vulneran la cuarta enmienda de la Constitución estadunidense. En este sentido, este precedente creó lo que en el derecho norteamericano se denomina la “Terry stop”; misma que es una detención provisional basada en una sospecha razonable de que una persona cometió un delito, lo está cometiendo o lo cometerá.

En México, la Suprema Corte hizo la traslación de dicha figura dotándola de ciertos matices propios de nuestro sistema jurídico, aunque sin apartarse de lo esencial de dicha institución jurídica. En principio, la Suprema Corte señaló que los controles provisionales preventivos excluyen la posibilidad de que la autoridad pueda detener a una persona sin causa mínima que lo justifique; es decir, prohibió que por alguna circunstancia abstracta (apariencia física de las personas, su forma de vestir, hablar o comportarse), pueda justificarse una detención y revisión física cuando es evidente que no existen circunstancias que permitan explicar la sospecha de que se está cometiendo un delito.

En estos términos, la Suprema Corte prohibió que se pueda detener a una persona por una simple sospecha. En este sentido, precisó que las condiciones en las cuales la policía estará en posibilidad de llevar a cabo un control provisional preventivo, se actualizan cuando la persona tenga un comportamiento inusual, así como conductas evasivas y/o desafiantes frente a los agentes de la policía. Asimismo, estableció que si las circunstancias objetivas y particulares del delito y el sujeto corresponden ampliamente con las descritas en una denuncia previa, será procedente el mencionado control provisional preventivo.

Como vemos, las detenciones por una simple sospecha, o las que se apartan de los supuestos establecidos en las normas correspondientes, se podrían considerar arbitrarias. Es decir, no siendo causa justificada para afectar la libertad personal, ya que esto no encuentra sustento en nuestro marco jurídico ni en la interpretación que del mismo ha hecho la Suprema Corte. Además de que es la propia Constitución la que establece, en su artículo 21, párrafo noveno, que la prevención del delito tiene que darse en un marco de respeto a los derechos humanos, siendo la libertad personal uno de ellos.

Por tanto, no existe justificación para que los agentes de seguridad pública detengan a una persona bajo el argumento de realizar actos de prevención y combate al delito, salvo que exista una sospecha razonable de que dicha persona cometió un delito, lo está cometiendo o lo cometerá, o que se actualice la flagrancia, el caso urgente o en virtud de una orden de aprehensión. Fuera de estos supuestos, los cuerpos de seguridad pública no pueden afectar la libertad física de los ciudadanos.

Ahora bien, es claro que las autoridades tienen que contar con herramientas útiles que les permitan prevenir, investigar y sancionar los delitos. Una de ellas, que ha generado ciertas tensiones con los derechos humanos, es la aplicación de los denominados “retenes”. Estos han sido utilizados como el instrumento que ha permitido ciertamente combatir a la delincuencia; sin embargo, dicha herramienta ha sido utilizada de manera indiscriminada, trayendo como consecuencia mayores perjuicios que los beneficios que se pretenden obtener.

Con relación a la constitucionalidad o convencionalidad de los mencionados retenes, la Suprema Corte no se ha pronunciado categóricamente al respecto. En efecto, uno de los pocos casos en que se analizó dicho tópico fue en el amparo directo en revisión 498/2006, en el que el ministro Cossío Díaz formuló un voto particular del que se entiende que los retenes no son inconstitucionales per se, pero que sí deben desplegarse al amparo de un mandamiento escrito; lo anterior, en términos del artículo 16 constitucional.

Como sucedió con el control provisional preventivo, tomado de la jurisprudencia estadunidense, las problemáticas relativas a los retenes también podrían ser resueltas teniendo en cuenta los precedentes de la Corte Suprema norteamericana, siempre y cuando se haga con las debidas modificaciones, atendiendo a nuestro sistema jurídico e idiosincrasia.

En efecto, la Corte Suprema estadunidense ya analizó lo relativo a los retenes (checkpoints) en múltiples ocasiones. En City of Indianapolis et al. v. Edmond et al. (2000) determinó que los retenes vehiculares implementados para combatir el trasiego de drogas en la ciudad de Indianápolis vulneraban la cuarta enmienda. Al respecto, la Corte estableció que si bien existen supuestos en que los retenes están justificados, esto no se podría entender en el combate al tráfico de drogas o al crimen de manera abstracta, ya que generaría que por cualquier motivo, en cualquier lugar y a cualquier hora, se implementaran dichos retenes. Lo cual vulneraría la prohibición de registros y detenciones arbitrarias a que alude la cuarta enmienda.

Dicho esto, también es de resaltar que la Corte estadunidense ha justificado, en diversos certioraris, el establecimiento de retenes. En United States v. Martinez-Fuerte (1976) definió que los retenes migratorios implementados cerca de la frontera con México están justificados. Por otro lado, en Michigan Dept. of State Police v. Sitz (1990) resolvió que los retenes de sobriedad en las vialidades también son proporcionales. En Delaware v. Prouse (1979), por su parte, sostuvo que los retenes vehiculares para revisar las licencias de conducir no vulneran la cuarta enmienda.

Como se ve, la Corte estadunidense establece de manera general la prohibición de los retenes, máxime cuando son usados como una forma general de combate a la delincuencia; sin embargo, como se ha señalado, dicha Corte ha establecido excepciones al respecto. Lo anterior podría servir a la Suprema Corte de nuestro país para ir apuntalando un criterio al respecto, ya que no ha habido un pronunciamiento categórico de parte del máximo tribunal.

Finalmente, se señala que efectivamente las autoridades se encuentran obligadas a prevenir, investigar y sancionar los delitos; sin embargo, estas obligaciones tienen que desplegarse en un marco de respeto a los derechos humanos. En este sentido, como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Velásquez Rodríguez Vs. Honduras (1988), “por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral”.

Héctor Ivar Hidalgo Flores. Licenciado en Derecho. Twitter: @_hector_hidalgo

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

___________________

[i] Es claro que las autoridades pueden detener a una persona en supuestos distintos a los relacionados con la materia penal, como serían las violaciones a las leyes de cultura cívica o a los reglamentos de tránsito; sin embargo, este texto no abordará tales problemáticas, ya que excedería del alcance pretendido.

[ii] El Código Nacional de Procedimientos Penales establece, en el artículo 141, la existencia de una orden de comparecencia en virtud de la cual una persona podría ser detenida; sin embargo, los tres supuestos que se mencionan son los principales y más utilizados.

(Visitado 9.008 veces, 1 visitas hoy)

4 comentarios en “Detenciones ilegales y retenes, algunas reflexiones

  1. Excelente información, por desgracia el policía desconoce estos criterios y por esa razón duda mucho en aplicar los necesarios niveles del uso legitimo de la fuerza, hace falta capacitación de calidad para ellos.

    1. Efectivamente, el policía desconoce todos estos criterios. Es necesario que se les capacite en este aspecto, ya que, en muchos casos, las detenciones que practican se apartan de los supuestos establecidos en la constitución y en el código nacional.

    2. no es que se desconozca sino que modifiquen ciertos reglamentos que se basan en el articulo 115 constitucional donde dice que los estados pueden realizar sus propias normas reglas y de ahí proviene la prevención, pero también en flagrancia por señalamiento de un ciudadano, reporte de robo se realiza la persecución

  2. En atención a los bajos niveles de gobernabilidad y la aplicación desproporcionada de los derechos humanos y del gobernado en general, mal interpretados hasta por los Jueces de Control que actúan sin criterio propio ni sentido común al aplicar los principios del sistema acusatorio lo mas cómodo y para no llegar a las audiencias de juicio, vulneran los derechos de las víctimas y la seguridad del ciudadano dejándolos a merced de la delincuencia e incrementando la impunidad, ello se manifiesta solo en una vertiente, que el ciudadano evita denunciar un hecho ilícito por temor a represalias del delincuente o no acude a las audiencias por lo mismo; luego entonces, mas que beneficios los extremos controles de constitucionalidad a la sociedad, sin entender que esta reforma aplica para países con cultura de la legalidad, con autoridades verticales y mucho capital para cumplir con las reglas de control de medidas cautelares, si no hay jueces suficientes y capacitados cómo el inconsciente legislador aprobó las reformas PRIMERO y DESPUÉS empezó a capacitar a los actores del sistema penal . . . lástima reconocerlo, seguimos haciendo las cosas al revez y al capricho del gobernante y su capricho en turno.

Comentarios cerrados.