El control constitucional en México

Introducción

Las disposiciones constitucionales no son simples declaraciones, sino mandamientos que al surgir de un órgano popular constituyen normas obligatorias que deben ser observadas. Para ello, desde el surgimiento de las constituciones escritas se ha ido evolucionando en las formas para que las normas establecidas en ellas sean cumplidas, lo cual se ha denominado como control constitucional[1].

Hoy en día el control constitucional constituye la principal herramienta del control del poder estatal, un presupuesto básico para el equilibro de poderes, así como una garantía de la supremacía constitucional. En la actualidad nos resulta imposible imaginar sentencias dictadas por los Jueces que no se rijan bajo este principio.

Pero el control constitucional no fue creado de la espontaneidad; sus antecedentes surgen de dos fuentes históricas importantes, por una parte, en el control centralizado que imperó por el hartazgo social en Europa de un sistema parlamentario represor y arbitrario con la complacencia de un poder judicial corrupto y, por la otra, el control difuso a raíz de una voluntad de independencia que comenzó con de las trece colonias en América y se definió con la sentencia de John Marshall en el famoso caso Marbury versus Madison.

El control constitucional no surgió de la letra de la Constitución, pero fue bajo ese cobijo de ideas y circunstancias que, a partir de Estados fallidos y crueles, nacieron los principios sobre el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes.

Antecedentes históricos del control constitucional

La diferencia entre los modelos institucionales se debe a las distintas circunstancias históricas y a las diferentes filosofías políticas que imperaron en los Estados Unidos y en Europa en los momentos en que éstos fueron diseñados y que evidenciaban una distinta organización del Estado y, muy especialmente, un distinto órgano en quien depositar la confianza o desconfianza.[2]

Para entender está forma de actuación, resulta de particular relevancia diferenciar dos modalidades de aplicación del parámetro de constitucionalidad: el concentrado y el difuso. El primero, con antecedentes en Europa particularmente en Austria y, el segundo, en Estados Unidos.

No obstante, con ambas categorías se pone de manifiesto el tipo de proceso y el modo que dentro de él, los órganos jurisdiccionales aplican el parámetro de constitucionalidad. Es decir, dichos modelos presentan diferencias sustanciales en cuanto al órgano encargado de ejercer el citado control.

El modelo centralizado nació especialmente en Francia y no precisamente de una opresión del parlamento sino en la tiranía de la monarquía absoluta con la complicidad de los jueces que no desempeñaban el papel de luchadores contra dicha monarquía, sino que, en lugar de coincidir con el pueblo, fueron partidarios del régimen. Contrario a lo acontecido en Estados Unidos, los jueces franceses carecían de valores igualitarios lo cual paralizaban las reformas modernistas que se pretendía en dicha época.

La constitucionalidad se fundaba en la creencia de que el parlamento era soberano porque había sido elegido por el pueblo y, por tanto, representaba a la nación; lo cual debería concluir en la voluntad de los ciudadanos, que se traducía en la legalidad de las leyes. Es decir, la ley era resultado de la voluntad del pueblo y por ello no podía ser anulada o inaplicarse por los jueces. El juez debía someterse a la ley y limitarse únicamente a su aplicación.

Fue por ello que hasta la Segunda Guerra Mundial no existió el pensamiento de que el poder legislativo debía ser limitado por el poder Judicial. Dada las experiencias negativas de los regímenes totalitarios imperantes hasta la postguerra generó un importante cambio de idealismo, entre el los que se encuentra, la aceptación de que el parlamento podía cometer excesos en sus funciones. Con ello, surgió la limitación del poder legislativo y el control constitucional centralista mediante la creación de tribunales con la tarea de llevar dicho control.

Europa comenzó a centralizar el ejercicio del control de constitucionalidad en un único órgano, que se denomina tribunal constitucional.[3] A diferencia de Europa, en los Estados Unidos había desconfianza en el parlamento conquistador que había dictado las leyes con que eran juzgados antes de la independencia de las trece colonias. Por ello, los ciudadanos estadounidenses depositaron su confianza en los jueces lo que a la postre llevó a atribuirles el ejercicio del control de constitucionalidad como mecanismo para cuidar y defender la supremacía de la Constitución. Este modelo se vería influenciado por el derecho británico.[4]

Con la necesidad de limitar el poder de las legislaturas que sólo representaban los intereses de mayorías irracionales en perjuicio de las minorías, surgió la judicial review (revisión judicial), la cual no es otra cosa más que la doctrina en la cual la actividad de los poderes legislativo y ejecutivo está sujeta a la indagación judicial. Es decir, los jueces pueden invalidar actos del Estado que son incompatibles con la Constitución.

Los colonos americanos comenzaron a utilizar la Constitución como un derecho que ni siquiera el parlamento podría contradecir. Con ello pretendieron justificar los límites del poder legislativo del Estado opresor y ante su incumplimiento, su lucha por su independencia. Tocqueville dijo:

“…los americanos han establecido el Poder Judicial como contrapeso y barrera al poder legislativo; lo han hecho un poder legislativo de primer orden (…) El juez americano se parece, por tanto, perfectamente a los magistrados de otras naciones. Sin embargo, está revestido de un inmenso poder político que éstos no tienen. Su poder forma la más terrible barrera contra los excesos de la legislatura (…) La causa está en este solo hecho: los americanos han reconocido a los jueces el derecho a fundar sus decisiones sobre la Constitución más que en las leyes. En otros términos, le han permitido no aplicar las leyes que le parezcan inconstitucionales”.[5]

Por otro lado, un parteaguas importante del control constitucional lo fue la sentencia dictada por John Marshall en 1803 y la teoría de la supremacía de las constituciones, misma que se encuentra adoptada y reconocida en los órdenes jurídicos modernos en el mundo, la mayor parte de dichos textos fundamentales contemplan diversas vías para garantizar y defender su superioridad ante los demás ordenamientos normativos[6]. Es un hecho que a pesar de todas y cada una de las contradicciones con las que John Marshall fundó la sentencia de Marbury versus Madison, dicha resolución constituye el antecedente más importante del control de constitucional (al menos así lo es en el control difuso).

El control constitucional

A partir de los antecedentes históricos de Estados Unidos, la defensa del texto constitucional implica dos aspectos fundamentales: en primer lugar, que se prevean mecanismos que impliquen una dificultad considerable para modificarlos, es decir, su rigidez y, en segundo lugar, los medios procesales establecidos en la propia Constitución que tienen como principal persecución, la limitación de los poderes del Estado para que actúen únicamente bajo su esfera normativa.[7]

Mediante diversos procesos ciertos órganos del Estado, de carácter jurisdiccional, son competentes para determinar si una norma es contraria o no a la Constitución y, a fin de mantener la supremacía mencionada, precisar qué consecuencia acarrea tal consideración. Un tribunal o corte constitucional es aquel órgano encargado principalmente de hacer efectiva la supremacía de la Constitución. Lo que de cualquier manera es importante destacar es que el parámetro de control será exclusivamente constitucional.

Sistema concentrado

Una vez sentadas las bases en los países europeos, se comenzó a institucionalizar el control constitucional hasta el grado de evolucionar a nuestros días. Así, hoy el sistema centralizado del modelo europeo centraliza el ejercicio del control constitucional en un único órgano.

Es decir, el control concentrado alude a los procedimientos en los que la norma considerada contraria a la Constitución de manera expresa se impugna, precisamente, por considerarse específicamente contraria al texto constitucional.

Lo que se busca del órgano jurisdiccional es una declaración de inconstitucionalidad de la norma impugnada, de ahí que la norma, sea el objeto central de la impugnación. En otras palabras, se le cuestiona al juzgador si cierta norma es contraria al texto constitucional. Como señala José Ramón Cossío Díaz: “la sentencia deberá ocuparse, expresa y destacadamente, de la norma impugnada de inconstitucional a fin de determinar su calidad normativa”[8]. En este sentido, Kelsen sostenía que la función del tribunal constitucional no es una función política sino judicial, como la de cualquier otro tribunal, aunque con matices que los distinguen.

Sistema difuso

El control difuso es la competencia que permite a los juzgadores considerar en un proceso no dirigido expresamente hacia tal fin, si una norma es o no contraria a la Constitución. Este sistema denominado confiere a todos los jueces la tarea del control constitucional. Es decir, todos los jueces son jueces de legalidad y de constitucionalidad.[9]

El trabajo del juzgador en el control difuso no es, en principio, determinar la validez de las normas generales invocadas o aplicables en el juicio, sino resolver la lucha de “intereses” de las partes. Sin embargo, dada la supremacía constitucional y la obligación de acatarla y mantenerla, el propio juzgador asume la tarea de enfrentar las normas contrarias al texto constitucional, para “hacer algo con ellas” dentro del proceso y, específicamente, al resolver la contienda.[10]

El juzgador ordinario es aquél que no tiene como competencia directa el control (concentrado) de constitucionalidad, puede encontrar, motu proprio o a instancia de parte, que una de las normas mediante las cuales debe resolver el litigio es, evidentemente a su juicio, contraria a la Constitución. Por lo mismo, que procede desaplicarla al caso concreto, es decir, a hacer como si la misma no formara parte del ordenamiento y, con base en ello, resolver lo que corresponda.

Desde el punto de vista teórico, la diferencia entre un tribunal constitucional y uno ordinario consiste en que si bien ambos generan y aplican derecho, el segundo sólo origina actos individuales. Mientras que el primero, al aplicar la Constitución a un acto de producción legislativa y al proceder a la anulación de la norma constitucional, no elabora, sino que anula una norma general, realiza un acto contrario a la producción jurídica.

Los sistemas judiciales de control concentrado o difuso preservan el principio de supremacía constitucional y analizan los actos, las normas y las omisiones a la luz de lo dispuesto en la Constitución federal.[11]

El control constitucional en México

México ha logrado dar un gran salto en materia de control constitucional en los últimos años; sin embargo, aún falta dar el paso final a un verdadero respeto a los derechos humanos: que la supremacía de nuestra Constitución no sea letra muerta.

Derivado de la reforma en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, resulta claro que todas las autoridades del país se encuentran obligadas a velar por el cumplimiento de los derechos humanos, bien sean de fuente nacional (constitucional) o internacional (convencional); que en lo tocante a los jueces, el mandato del artículo 1º constitucional debe leerse conjuntamente con el del 133 a fin de determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad, “lo cual claramente será distinto al control que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico”.

Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada.

Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas.

Es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional.

Finalmente, todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad.[12]

Lo relevante consiste en saber que aquello contra lo que se contrasta la norma jurídica impugnada es sólo el texto constitucional. Dependiendo del tipo de proceso de que se trate, en algunos casos podrá ser cualquier norma constitucional, mientras que en otros (primordialmente mediante el amparo), solo será posible respecto de un tipo específico (derechos humanos).

Conclusiones

Con la reforma en materia de derechos humanos de 2011 se sembró la semilla de una protección más amplia de los derechos humanos y como muestra para ello, esta, el principio pro homine. Hoy en día nos resulta imposible imaginar sentencias que no se rijan bajo éste y demás principios engendros de la interpretación Constitucional de John Marshall.

Propone Jorge Carpizo “una simple actividad protectora de los derechos humanos” que no esté limitada únicamente a los juzgadores sino también a los ciudadanos, es decir, que dicha protección no sea un monopolio de ninguna autoridad o institución del país, sigue diciendo Carpizo, que aceptar lo contrario implicaría sostener una visión restringida donde el reconocimiento de derechos y su salvaguarda únicamente competa a ciertas autoridades del Estado.[13]

Sin embargo; en el supuesto que propone Carpizo, ¿se les podría exigir de igual manera a ciudadanos y autoridades el respeto de los derechos humanos? Y ¿quién vigilaría a los “vigilantes” de los derechos humanos?

De cualquier manera, el control constitucional ha llegado a nuestro país y es una obligación que se quede para siempre. Hemos dado el primer paso, pero aún falta aprender a dar el más importante, el paso de una protección real, pronta y expedita, y no sujeta a tecnicismos jurídicos que se llevan años en resolver en tribunales. De nada sirve un sistema de control constitucional si al final el ciudadano no percibe un respeto real a sus derechos humanos.

Se deben dejar de lado las resoluciones judiciales que desprotegen derechos por “falta de argumentación en los amparos” y se debe comenzar a exigir experiencia y expedites a los encargados de impartir justicia. La sociedad es la única que gana cuando la maquinaria del control constitucional se dirige correctamente.

Se requiere preparación, pero aún más, se requiere compromiso para la aplicación del control constitucional y la protección de la dignidad humana y con ello, evitar los intereses más obscuros de la ambición del poder.

Arturo Gómez Camacho. Licenciado en derecho por la Universidad Tecnológica de México; actualmente, cursa la maestría en amparo en el Centro de estudios jurídicos Carbonell.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1]Cárdenas Gracia, Jaime Fernando, Procedencia del juicio de amparo para impugnar una reforma a la Constitución Federal, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2011, página 13.

[2]Highton Elena I., “Sistemas concentrado y difuso de control de constitucionalidad”, Bogdandy, Armin von et al. (coords.), La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un Ius ConstitutionaleCommune en Amé- rica Latina?, t. l, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-MaxPlank-InstitutfürausländischesöffentlichesRecht and Völkerrecht-Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2011, páginas 111-112.

[3] Highton Elena I., “Sistemas concentrado y difuso de control de constitucionalidad”, Bogdandy, Armin von et al. (coords.), La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un Ius ConstitutionaleCommune en Amé- rica Latina?, t. l, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-MaxPlank-InstitutfürausländischesöffentlichesRecht and Völkerrecht-Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2011, páginas 110-111.

[4] La actuación de Edgar Coke que en el caso Bonham afirmó la idea de que cuando un acto del Parlamento es contrario a derecho y a la razón, repugnante o imposible de ser ejecutado, el commonlawlo controlará, declarando nulo tal acto. Las ideas de Coke no tuvieron éxito en Inglaterra.

[5] Tocqueville, Alejandro de, De la democracia en América, Madrid, Daniel Jorro, 1911, páginas 71-74.

[6] Cossío Díaz, José Ramón, Sistemas y modelos de control constitucional en México, 2da edición, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, página 170.

[7] Cárdenas Gracia, Jaime Fernando, Procedencia del juicio de amparo para impugnar una reforma a la Constitución Federal, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2011, página 14.

[8] Cossío Díaz, José Ramón, Sistemas y modelos de control constitucional en México, 2da edición, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, páginas 172 – 174.

[9] Highton Elena I., “Sistemas concentrado y difuso de control de constitucionalidad”, Bogdandy, Armin von et al. (coords.), La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un Ius ConstitutionaleCommune en Amé- rica Latina?, t. l, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-MaxPlank-InstitutfürausländischesöffentlichesRecht and Völkerrecht-Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2011, página 106.

[10] Cossío Díaz, José Ramón, Sistemas y modelos de control constitucional en México, 2da edición, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, páginas 175-176.

[11] Carpizo, Enrique, “Algunas reflexiones sobre el control de convencionalidad y su relación con el control de constitucionalidad difuso en México”, Vázquez Ramos, Homero, Cátedra nacional de derecho Jorge Carpizo. Reflexiones constitucionales, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014, páginas 125-126.

[12] Tesis: P. LXX/2011 (9a.), Décima Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, Libro III, Diciembre de 2011, p. 557, Aislada, Constitucional. IUS: 160480.

[13] Carpizo, Enrique, “Algunas reflexiones sobre el control de convencionalidad y su relación con el control de constitucionalidad difuso en México”, Vázquez Ramos, Homero, Cátedra nacional de derecho Jorge Carpizo. Reflexiones constitucionales, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014, páginas 125-137.

Fuentes de consulta

Cárdenas Gracia, Jaime Fernando, Procedencia del juicio de amparo para impugnar una reforma a la Constitución Federal, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2011, 159 páginas.

Highton Elena I., “Sistemas concentrado y difuso de control de constitucionalidad”, Bogdandy, Armin von et al. (coords.), La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un Ius ConstitutionaleCommune en Amé- rica Latina?, t. l, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-MaxPlank-InstitutfürausländischesöffentlichesRecht and Völkerrecht-Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2011, 878 páginas.

Tocqueville, Alejandro de, De la democracia en América, Madrid, Daniel Jorro, 1911, 292 páginas.

Cossío Díaz, José Ramón, Sistemas y modelos de control constitucional en México, 2da edición, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, 296 página.

Carpizo, Enrique, “Algunas reflexiones sobre el control de convencionalidad y su relación con el control de constitucionalidad difuso en México”, Vázquez Ramos, Homero, Cátedra nacional de derecho Jorge Carpizo. Reflexiones constitucionales, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014, 470 páginas.

Tesis: P. LXX/2011 (9a.), Décima Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, Libro III, Diciembre de 2011, p. 557, Aislada, Constitucional. IUS: 160480.

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