El registro nacional de detenciones: implicaciones y retos

La justicia penal es un barco que ha transitado por el afluente permanente de la vida en sociedad ante todo tipo de adversidades, cambios de ruta, inundaciones precipitadas y reparaciones necesarias e innecesarias. La consolidación de la reforma del 2008 es un proceso donde se requiere un compromiso permanente y cirugías legislativas constantes que pueden permitir que los objetivos de ese bote sean cumplidos en ese eterno viaje.

Con la nueva administración pública a nivel federal, esto no ha sido la excepción, puesto que el cambio político no tendría razón justificada para nublar el progreso en la procuración e impartición de justicia en materia penal. Tan solo durante el último año, ha habido diversas reformas constitucionales, así como a diversas normas generales para dar herramientas a las nuevas políticas públicas en la materia.

Una de estas reformas, es la que aconteció apenas el 26 de marzo de este año, en donde se incorporó formalmente en la Constitución a la Guardia Nacional y se incrementaron las facultades del Congreso de la Unión, ahora para que se expidiera una Ley Nacional del Registro de Detenciones y una Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Mandamiento que fuera cumplido en sus términos a lo largo de este mismo año.

En este sentido, resalta para el presente texto de la primera de las normas a las que se ha hecho referencia, cuya aplicación está próxima a iniciar de forma obligatoria y la cual trae un sinfín de beneficios para el ciudadano común, e incluso, para las propias instituciones y operadores del sistema.

En esencia, la existencia de este registro, de acuerdo con el artículo tercero de la ley en mención: consiste en una base de datos que concentra la información a nivel nacional sobre las personas detenidas, conforme a las facultades de las autoridades durante las etapas del proceso penal o del procedimiento administrativo sancionador ante juez municipal o cívico, respectivamente”.

Así también, el cumplimiento o no de las disposiciones que enmarca serán de consideración necesaria, incluso en el ámbito judicial cuando se generen debates en las audiencias iniciales de los procesos penales.1 De esta manera, conviene destacar diez tópicos que serán de consideración obligatoria para las instituciones y sus operadores:

1) El Registro Nacional de Detenciones se incorpora al Sistema Nacional de Información, previsto por los artículos 109 y 109 bis de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; por tanto, su operación le corresponde al Centro Nacional de Información que forma parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de acuerdo con los artículos 17 y 19 de la misma ley en mención.

Esto no se trata de una mera formalidad legal, sino que con ello, podrá el Centro Nacional de Información en coadyuvancia con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la sociedad civil, generar documentos de alto valor académico y científico, con la finalidad de pulir las estrategias en los distintos ordenes de gobierno, así como su organización y atención en los distintos rubros que corresponden en el área de la seguridad pública.

2) La operación del sistema le corresponderá a todas las autoridades que forman parte del sistema nacional de seguridad pública, comprendido el orden municipal, estatal y federal tanto en la vertiente de seguridad pública y prevención del delito, así como los órganos ministeriales; esta norma entró en vigor desde el 28 de mayo del presente año, sin embargo, la integración del Registro Nacional de Detenciones y la instalación del sistema de consulta, así como el registro de toda detención que marca dicha ley, nacerá bajo la siguiente dinámica:

  • A más tardar el 23 de noviembre del 2019 (180 días a partir de la entrada en vigor del decreto) debe iniciar el registro de la información de detenciones en materia de delitos federales, así como la integración del registro y la instalación del sistema de consulta;
  • A más tardar el 01 de abril del 2020, debe iniciar el registro de la información de detenciones en materia de delitos del fuero común; y
  • A más tardar el 01 de abril del 2021, debe iniciar el registro de la información de detenciones de carácter administrativo.

No obstante, las autoridades deberán tener cuidado con esta disposición, puesto que en un caso hipotético, si a una persona se le detuviera y existe concurso de delitos (orden federal y local) tendría que atenderse a la primera de las fechas, bajo una interpretación conforme de dicha norma y en una máxima protección de los derechos de los detenidos.2

Los datos e información que conforman el registro administrativo de detenciones, previsto anteriormente en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública continúa en funcionamiento hasta en tanto no esté en plena operación este registro nacional, además de que los datos generados en el primero de ellos, deberán pasar a este nuevo. Por lo cual, se genera continuidad, pero con un enfoque más progresivo.

3) La aplicación de la presente ley, esencialmente se puede sintetizar en que se debe generar el registro momentos después a que la persona haya sido detenida materialmente, teniendo como elementos:

  1. Nombre, edad, sexo y nacionalidad;
  2. Fecha y entidad federativa de nacimiento;
  3. Descripción de la persona;
  4. Lugar, fecha y hora en que se practico la detención, sus motivos y si esta se debe a orden de aprehensión, detención por flagrancia, urgencia o arresto administrativo;
  5. Nombre de quien o quienes intervinieron en la misma, así como institución, cargo, rango o grado y área de adscripción;
  6. Autoridad a la que será puesto a disposición;
  7. Nombre de familiar o persona de confianza, si accede a proporcionarlo;
  8. Señalamiento de si esta cuenta con lesiones apreciables a simple vista;
  9. La indicación sobre si la persona se identifica como miembro de delincuencia organizada; y
  10. Señalamiento en caso de que se niegue a proporcionar datos.

Posteriormente, una vez que es puesto a disposición del agente del ministerio público o de la autoridad administrativa (en caso de infracciones de esa naturaleza), deberá de actualizarse la información con lo siguiente:

  1. Datos que no se hubiesen proporcionado y que se requieran de acuerdo a los primeros requisitos, así como la corrección o actualización de aquellos que resulten inexactos;
  2. Nombre y cargo del servidor público que actualiza el registro, así como su área de adscripción;
  3. Autoridad que recibe a la persona detenida, así como el día y hora de la recepción; y
  4. El domicilio de la autoridad que tiene a su disposición a la persona detenida o arrestada.

Durante el transcurso de esa retención, en el caso del ministerio público en un lapso de 48 horas y autoridad administrativa de 36 horas, deberá también añadir lo siguiente:

  1. Clave única de registro de población, domicilio y estado civil;
  2. Lengua nativa, grupo étnico y/o situación migratoria;
  3. Ocupación o profesión;
  4. Descripción del estado físico de la persona detenida y nombre del médico que certificó o, en su caso, copia del certificado médico;
  5. Huellas dactilares bajo estándares internacionales;
  6. Fotografías de la persona detenida de frente y perfil utilizando estándares internacionales;
  7. Cualquier otro medio que permita la identificación plena de la persona;
  8. Delito o infracción administrativa motivo de la detención;
  9. Número de carpeta de investigación o expediente administrativo, así como datos de reincidencia;
  10. Adicciones, estado general de salud, enfermedades o padecimientos crónicos o degenerativos;
  11. Día y hora de la liberación de la persona detenida o del traslado a otro lugar de retención;
  12. Descripción mínima de la ruta de traslado y la autoridad encargada de esto; y
  13. En caso de fallecimiento, los datos relativos al deceso y destino final de la persona fallecida.

4) El Centro Nacional de Información debe emitir disposiciones jurídicas que regulen la operación, funcionamiento y acceso al Registro Nacional de Detenciones, situación que ya aconteció y fueron publicados hace algunos días los Lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de Detenciones, documento del cual destacan las siguientes novedades:

  1. Su aplicación corresponde desde que una persona es detenida, hasta su liberación o ingreso al Sistema Penitenciario, situación última en la cual, se observará lo que establecen la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
  2. Incorpora mayores elementos informativos que deberán formar parte del Registro de Detención;
  3. La captura de la información deberá realizarse dentro del plazo máximo de cinco horas a partir de que la persona haya sido detenida materialmente y una vez que es puesta a disposición del Ministerio Público o autoridad administrativa, esta deberá de actualizar la información dentro de las dos horas siguientes; si la primera de las autoridades no hubiese hecho el registro, la obligación de hacerlo recaerá ahora en quien lo tiene a disposición, dentro del plazo también de dos horas;
  4. Para tener acceso al Sistema de Consulta solo se requerirá nombre completo de la persona, fecha de nacimiento y entidad federativa de nacimiento;
  5. En casos de delincuencia organizada, habrá diferentes matices como el que la información pública solo se limite a señalar el nombre de la persona, la fecha de detención y si esta se encuentra detenida aun; y
  6. Deberán observarse los lineamientos, incluso por autoridades del orden común, cuando tengan contacto con detenidos por posibles delitos del orden federal.

5) Dentro de las obligaciones que nacen con motivo de esta Ley, es el que se tenga que justificar por las autoridades el traslado que se tenga de personas detenidas de un punto a otro, sea cual sea el motivo de dicha detención; de manera más concreta, la Ley establece como una buena práctica la utilización de dispositivos de geolocalización que permitan registrar la ruta de traslado, sin embargo, el uso de estos se limita por la propia norma a la medida de sus posibilidades y disponibilidad presupuestaria de la institución.

No obstante, aun situándonos en el supuesto de que la Institución no tenga recursos económicos para la operación de estos dispositivos, de acuerdo con el artículo 23, fracción VI, por lo menos deberá de constar la descripción mínima de la ruta sobre el traslado y las autoridades que se hubiesen encargado de efectuar el mismo.

Eventualmente, la información que se produzca con motivo de esta ley, formará parte de las carpetas de investigación, por lo cual, las instituciones ni los operadores pueden tomarse a la ligera semejante disposición, puesto que cualquier aspecto de imprecisión o falsedad podría tener consecuencias del orden administrativo, o incluso, del orden penal.

Para muestra de esto, debe hacerse hincapié en que, aunque dicho precepto habla de una descripción mínima, en la especie también debería considerarse el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que hace referencia a que todo registro deberá contar con información completa, íntegra y exacta.

6) Otro aspecto trascendente es que, cuando una persona es liberada por la autoridad correspondiente, deberá de cancelarse la información en el Sistema de Consulta dentro de los cinco días siguientes, quedando el Registro de manera permanente (el que no es público); así también, si no es liberada, dentro del plazo de quince días, también habrá de cancelarse el registro en el Sistema de Consulta.

En esa tesitura, algo que la propia ley y lineamientos reconocen es que, en la especie deberá de observarse lo que señala la legislación en materia de protección de datos personales, rubro en el cual, el Derecho de Cancelación pudiera ejercerse cuando la autoridad no haga lo propio en acatamiento a este precepto legal.3

7) Al ser la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la encargada de la administración y operación del Registro Nacional de Detenciones, tendría que ser esta, la cual cuente con un Aviso de Privacidad, en donde se ocupe de este Registro Nacional de Detenciones, cumpliendo con los distintos requisitos que se prevén los artículos 22, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados.

Así también, esta norma obliga a establecer medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para la protección de los datos personales,4 caso en el cual, estas medidas abarcarían a todo aquel que tenga acceso al Registro, lo cual de acuerdo al artículo 16 de la Ley Nacional del Registro de Detenciones serían quienes tengan perfil o acceso como administrador, supervisor, consulta, capturista y enlace estatal o institucional.

8) Al tratarse de información que se genera con motivo de la intervención de las autoridades, la misma sería objeto de solicitud por parte de la persona detenida y/o su defensor, por lo cual, si se trata de un proceso penal, podría traducirse en que forme parte de la Carpeta de Investigación y sea susceptible de ser considerada la misma como registro de investigación para efectos de su enunciación en audiencia y posteriores planteamientos que devengan necesarios.5

No obstante, con independencia de lo anterior, al menos la autoridad debe de contar con el certificado digital que habrá de generarse al momento que se realice el registro respectivo, lo anterior, tal y como se encuentra establecido en el artículo 29 de esta ley materia de análisis.

9) El artículo octavo transitorio, obliga al propio Congreso de la Unión para que en un plazo límite de 180 días a que haya entrado en vigor dicho decreto, se realicen reformas a la Ley de Migración para el objeto de que se genere un registro de personas migrantes detenidas en donde se sigan lineamientos similares a los previstos en esta norma; sin embargo, a la fecha de elaboración de este documento, no se tiene noticia alguna de que el legislador se haya encaminado en cumplir con este mandato.

No obstante, respecto a este punto, bien cabría hacer la petición de que el artículo 23 de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, exige que una vez que se proceda a la fase de actualización de la información del Registro, ante una institución de procuración de justicia o administrativa, se deberá de establecer como dato de la persona detenida tanto la nacionalidad como su lengua nativa, situación que permite, bajo los propios sistemas informáticos, posteriormente generar una clasificación de personas de acuerdo a su condición de extranjeros o mexicanos.6

10) Finalmente, en cuanto a los aspectos meta jurídicos que podrían ocurrir con motivo de la implementación de esta Ley, si bien en todos los casos el acceso público irá eliminando registros con periodicidad, para evitar cierta estigmatización o el acceso público permanente a bases de datos del orden penal, así también, la propia Ley recita y define que no se tratará como tal de un antecedente penal; ciertamente, en su aplicación existen peligros de uso ilegítimo como en el ámbito laboral o educativo, en donde por las propia cantidad de datos que se almacenarán podría ser factible que personas con fines ilegítimos lleguen a acceder a esta información y hacer un uso ilícito de la misma.

Este último aspecto, tendrá que buscar los matices o restricciones necesarias que permitan que solo el uso legítimo prevalezca sobre la información que se genere en este registro, o por lo menos, solo aquellos fines previstos por la legislación en materia de protección de datos personales.

Bajo este nuevo paradigma de las detenciones, estemos en espera de que a medida que avance la implementación y respeto de esta norma jurídica, las violaciones a derechos fundamentales sean cada vez más reducidas cuando se trata de la detención y retención de una persona y que, incluso, se logren disminuir fenómenos delictivos como la desaparición forzada y la tortura.

Joseph Irwing Olid Aranda. Abogado por la Benemérita Universidad de Guadalajara. Es agente del ministerio público de la fiscalía del estado de Jalisco, fue defensor público en el estado de Jalisco y profesor de derecho procesal penal.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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  1. Sobre este punto, el propio artículo 22 de la ley materia de este texto refiere lo siguiente: «Cuando exista demora o resulte imposible generar el registro, la autoridad aprehensora, bajo su más estricta responsabilidad, deberá motivar dicha circunstancia. El Juez de control o la autoridad que corresponda, deberán considerar dicha situación al momento de resolver sobre el particular». Por tanto, no sería descabellado su análisis a la luz del artículo 16 constitucional y el 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
  2. En armonía con lo expuesto, el artículo primero, párrafo segundo constitucional exige lo siguiente: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
  3. Sobre este punto, debe armonizarse con lo que señala el Artículo 46 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, rubro en el cual señala: «El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último». De esta manera, la cancelación que aplica en este caso es del Sistema de Consulta pero no del Registro como tal, puesto que este segundo, se requiere para los fines y propósitos establecidos a favor del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
  4. La ley en mención establece los parámetros que pudieran tener cada una de estas medidas, por lo que se recomienda consultar los artículos 3, 31, 32 y 33 que describen las obligaciones que persisten bajo el esquema de protección de los datos personales que se generan.
  5. Así también tiene que considerarse que no puede negarse de manera alguna la información que se genere, en atención a que debería de formar parte de los registros a los cuales se debe de dar acceso desde la Audiencia Inicial, en términos de los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
  6. En su caso, tendrá que analizarse la finalidad de dicha clasificación o registro especializado, puesto que debe recordarse que este tipo de aspectos, deben analizarse a la luz de lo establecido por el artículo primero constitucional, en lo concerniente a la prohibición de discriminación con motivo de la nacionalidad de una persona.
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