INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO: UNA DICOTOMÍA CASI FICTICIA

A diez años de la Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos, el tópico sobre el interés legítimo no ha quedado completamente saldado, a veces por reducciones teóricas descuidadas durante la praxis jurídica, y otras por el entramado de requisitos -en ocasiones enorme y complejo- para acreditar la viabilidad de este tipo de interés. Ciertamente durante la vigencia de la Décima Época Jurisprudencial, los Tribunales de la Federación y la Suprema Corte se preocuparon bastante por intentar definir al interés legítimo para deducir los efectos que tendría tanto para su procedencia, como para su resultado en el Juicio de Amparo.

Para definir el interés legítimo los precedentes y la jurisprudencia han partido, por supuesto, desde la clasificación bipartita clásica que derivada del marco normativo del Artículo 107 de la Constitución Federal y el 5° de la Ley de Amparo vigente: me refiero a la división del interés en dos tipos -y a veces en tres- a saber, el Jurídico, el Legítimo (y el Simple). Con esta clasificación, usualmente se ha dicho que la diferencia toral entre el Jurídico y el Legítimo reboza en cómo se originan, pues mientras el primero requiere necesariamente un derecho subjetivo reconocido en las normas, el segundo no lo pretende, sino que busca la “especial situación frente a la norma”.

Partiendo de esta primera apreciación, se ha coincidido en que los elementos del interés legítimo son los siguientes: a) un interés individual o colectivo, b) violación a Derechos Humanos objetivos, c) afectación real y actual a la esfera jurídica, d) especial situación frente al orden jurídico [1]. Sobre esto, los Tribunales han estudiado y dado una especial importancia al último elemento respecto de quien aduce encontrarse en una especial situación frente al orden jurídico virtud de un interés individual o colectivo. Sin embargo, estimo que esta visión y focalización ha sido en suma inadecuada.

Antes es necesario aclarar la palabra “colectivo”; usualmente relacionada al interés legítimo, y que todavía hoy sigue confundiendo a algunos operadores jurídicos al punto de exigir requisitos innecesarios -y hasta desproporcionados- al insistir en la demostración de un contrato social o vínculo jurídico entre las personas agrupadas que acuden a juicio para demostrar su interés en éste. Conviene recordar y usar las consideraciones de la Contradicción de Tesis 111/2013 donde se estudió los elementos de este primer aspecto. En esa resolución, se propuso una clasificación del interés atendiendo al número de personas y que puede dividirse de la siguiente manera: Interés Colectivo en estricto sentido e Interés Colectivo difuso [2].

Baste decir que por Interés colectivo en sentido estricto nos referimos a todas las personas que forman parte de un grupo y que se encuentran unidas por un vínculo jurídico (sindicatos, asociaciones, contratos). Por su parte, en el difuso no existe un vínculo jurídico que los una, se trata de un vínculo de facto; verbigracia, los pobladores de una región, los trabajadores de una industria. Esta distinción, tratándose de colectivos, suele usarse para tratar de identificar con ello la especial situación frente al orden jurídico de quienes acuden al juicio de amparo virtud de interés legítimo. Pero centrarse en esto exclusivamente es un grave error, porque ello implica muchas veces un estudio desmesurado y poco preciso para resolver si se está en presencia, o no, de una especial situación que realmente no resuelve la incógnita.

El énfasis que se ha hecho para distinguir el Interés Legítimo del Jurídico se ha desbocado específicamente en identificar esa especial situación del quejoso, a veces acudiendo solo a si su naturaleza es individual o colectiva [3]. Sin embargo, este análisis -a veces complejo- ha llevado, ocasionalmente, a tener por no acreditado el interés legítimo de ciertos grupos afectados por no demostrar estar constituidos jurídicamente en sociedades dedicadas a cierta actividad; y así probar su especial situación frente al orden.

No hay razonamiento más impreciso que aquel, pues con ello podría exigírsele requisitos extraordinarios a grupos que, por su situación social, económica o jurídica, simplemente no puedan -ni necesiten- hacerlo. Por ello estimo que resulta más relevante avocarse al daño, al perjuicio o afectación que sufre el quejoso en su esfera y no así en el origen o calidad de su situación para identificar el Interés Legítimo.

El Amparo en Revisión 704/2014, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte, es un precedente bastante ilustrativo para repensar e identificar lo que es realmente relevante del Interés Legítimo. En aquel asunto una persona que adujo ser homosexual reclamó del Congreso del Estado de Colima la inconstitucionalidad de las reformas realizadas al Código Civil y de Procedimientos Civiles al insertar la figura del “enlace conyugal”, distinta del matrimonio y orientado a las personas del mismo sexo [4]. El quejoso en Amparo alegó que la simple entrada en vigor, sin requerir acto de aplicación, era por si misma contraria al orden constitucional, por lo que adujo ser titular de un Interés Legítimo dada su especial situación frente a la norma.

La Primera Sala concibe una línea argumentativa trascendente y especial sobre la distinción tradicional entre las normas autoaplicativas y las heteroaplicativas, pero lo importante aquí es destacar que las normas entrañan un aspecto valorativo y otro dispositivo, siendo normalmente este último lo relacionado con la aplicación de la norma. Sin embargo, explica que el legislador concurre a ciertas tesis para la formación de normas y que a su vez construye un significado social a la comunidad; mismo que lo añaden valorativamente a la norma [5]. En ese sentido, se dijo que es la parte valorativa la que en efecto puede causar un daño y perjuicio a la esfera jurídica del quejoso dada su situación especial al considerarse homosexual.

Entonces, parece ser que lo verdaderamente importante en el Interés Legítimo es determinar el posible daño o afectación a la esfera jurídica, pero que, de concederse el Amparo, se traduciría en un beneficio al quejoso. Sobre esto último, la doctrina de la Suprema Corte ha prestado atención en identificar en qué consistiría ese beneficio posible de obtenerse la protección de Amparo. Este beneficio es lo que particularmente distingue el Interés Simple tanto del Legítimo como del Jurídico, pues en caso del primero, de concederse, no se reportaría ningún beneficio personal para quien lo enarbola; por eso se le ha denominado “jurídicamente irrelevante”.

Sabemos que tradicionalmente el Interés Jurídico es aquel por el cual una persona se ve afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad real y actual, pero que tiene a su favor tanto un derecho objetivo como uno subjetivo para combatir ese acto. De manera lógica, el reconocimiento que hacen las leyes de un derecho subjetivo implica claramente que la persona pueda acudir a los tribunales y verse beneficiada con la eventual concesión del Amparo, pues implica una violación directa susceptible de reparar. Entonces ¿no es acaso el Interés Legítimo una aproximación más clara hacia el Interés Jurídico? Véase que ambos comparten el elemento esencial de afectación a la esfera jurídica y el posible beneficio de concederse el Amparo; y esto último no es más que la simple posibilidad de producir consecuencias jurídicas propias de toda sentencia.

Quizá más relevante sea definir y delimitar lo que debe entenderse por “esfera jurídica”, pues es esta la que reciente el efecto o consecuencia del interés, y no así el origen de este. Resulta mejor definir precisamente el elemento susceptible de menoscabo, perjuicio, daño o afectación, tanto para el Interés Legítimo como el Jurídico, a fin de poder visualizar la utilidad del Amparo y producir consecuencias de derecho. Por ello propongo mejor usar las aportaciones y aproximaciones sustantivas del derecho civil tendientes a clarificar aquel concepto para efectos del Juicio Constitucional.

Así, el derecho civil usualmente ha identificado la esfera jurídica de la persona clasificándola en tres grandes ramas: 1) la esfera corporal, 2) la esfera patrimonial y, 3) la esfera espiritual o valorativa. La primera es la relacionada con los derechos de la personalidad, como el nombre, nacionalidad o el domicilio; la segunda los relacionados con los bienes, posesiones y propiedades; y la tercera relacionada con el honor, la reputación y la identidad personal. Todos ellos susceptibles de afectarse por actos de autoridad y posibles de repararse en Amparo; ya por un Interés Jurídico, ya por uno Legítimo. Entonces vemos que independientemente del tipo de interés, en ambos se es susceptible de conseguir un beneficio jurídico actual y real -no ilusorio, imaginario ni meramente especulativo- de obtenerse sentencia favorable.

Desde mi perspectiva, resulta mucho más ilustrativo repensar y analizar el Interés Legítimo no en función de su “fuente generadora” (su calidad, numero de intervinientes, ni de la especial situación), sino desde la aptitud de producir consecuencias jurídicas reales -tal como sucede con el Interés Jurídico- en atención a una posible afectación a la esfera jurídica del quejoso que efectivamente se traduzca en un beneficio en caso de concesión.

En el ejemplo del Amparo en Revisión 704/2014, donde la persona adujo ser homosexual, observamos que su esfera jurídica fue minada al impedírsele acceder a la institución jurídica del matrimonio derivado de una reforma legislativa. La norma que disponía esto, en sí misma, ya restringía su esfera jurídica, pero como persona, no como un hipotético o real aspirante a contraer nupcias.

Esto es así porque en aquel asunto la persona vio afectada su capacidad y personalidad en sí misma, el daño fue resentido en su identidad personal y sexual por el valor que impone la norma aún sin aplicarla. Nada importa si esta persona desea o no casarse, sino que la sola vigencia de la norma ya trastoca la esfera protegida por los Artículos 1° y 4° Constitucionales.

Entonces, si lo esencial del Interés Legítimo es la posibilidad de que con la sentencia se modifique la esfera jurídica del quejoso, reparando o evitándole una afectación, y en el Interés Jurídico se busca exactamente lo mismo, cabe entonces cuestionarse si resulta necesario destinar decenas de párrafos para tratar de distinguir el Interés Legítimo del Jurídico si al final lo que interesa no es la fuente, el origen ni calidad formadora de ese interés, sino la aptitud de producir efectos jurídicos reales que se traduzcan en un auténtico beneficio al quejoso. Vemos que en realidad el Legítimo no está en función fundamental de esa especial situación frente al orden -esto no es más que un elemento para la formación del interés- sino más bien debido al perjuicio o afectación del derecho que una persona estima violado en su esfera de derechos.

A manera de conclusión, hay que decir que tanto el Interés Jurídico como el Legítimo se concentran en el perjuicio o afectación a la esfera jurídica, y por eso, puede afirmarse que ambos operan en función primordial al daño susceptible de ser tutelado por el derecho. Lo importante no es señalar las distinciones sutiles que ambos tipos de interés revisten – y que muchas veces llevan a equívocos- sino centrarse en los efectos benéficos que pudiera acaecer al solicitante de Amparo para proteger su círculo corporal, patrimonial o espiritual; ya por un derecho subjetivo reconocido, o por su especial situación frente al orden jurídico. Esta posibilidad tutelar y protectora la relación idéntica que realmente debería primar en la defensa de los Derechos Humanos.

 

Joaquín Carreón Limón es Licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución


Referencias

[1][3] Tesis 1a./J. 44/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Julio de 2013, p. 311. Reg. digital 2004007

[2] Sentencia recaída a la Contradicción de Tesis 111/2013, suscitada entre la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 4 y 5 de junio de 2014, páginas 34 y 35.

[4][5] Sentencia recaída al Amparo en Revisión 704/2014, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 18 de marzo de 2015, páginas 30 y 31.

[6] Tesis 2a./J. 57/2017 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 43, Tomo II, Junio de 2017, p. 1078. Reg. digital 2014433

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Un comentario en “INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO: UNA DICOTOMÍA CASI FICTICIA

  1. Me llama la atención el uso de los vocablos «reboza» y desbocado utilizados por el autor en el sgundo y sexto párrafos de su documento. Para clarificación de quien lee, podría saberse ¿qué quiere decir?

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