Los Derechos humanos y las responsabilidades de las juventudes en el contexto del Covid-19: restricciones arbitrarias de derechos y normalización del Estado de excepción (Parte II)

Sección II. Estados de excepción y derechos humanos de las juventudes en el Covid-19: la normalización de las restricciones arbitrarias

Aun cuando las medidas de excepción o suspensión de garantías se han convertido, por regla general, en un recurso de los Estados para proteger los derechos humanos de las juventudes, debe analizarse si estas medidas son objetivas y democráticas, o irrazonables y arbitrarias (A). Lo anterior posibilitará la identificación de responsabilidades nacionales e internacionales que tienen los Estados para contener la pandemia, y las repercusiones por la violación de los derechos de las juventudes (B).

A) Restricciones legales, legítimas y proporcionales: criterios objetivos para la suspensión de derechos humanos de las juventudes durante la pandemia

Con el fin de contener la pandemia ocasionada por el Covid-19, un gran porcentaje de naciones ha declarado estados de excepción, restringiendo derechos y libertades mediante el aislamiento obligatorio, los toques de queda, la apertura únicamente de negocios esenciales, la suspensión de clases presenciales y el cierre de fronteras. En México, el gobierno federal no ha declarado medidas tan extremas. Una posible explicación a lo anterior puede encontrarse en factores como la desigualdad económica y social, la extensión territorial, la densidad de población y la falta de organización política de los tres niveles de gobierno. Es bajo este panorama que, desde el 23 de marzo del 2020, fecha en la que comenzó oficialmente el confinamiento voluntario en México, hasta el 22 de febrero de 2021, aun no se tiene certeza jurídica sobre los derechos que pueden ser suspendidos o no para las juventudes. (Goal, 2021).

A este respecto, tanto el artículo 29 de la CPEUM como 27 de la CADH autorizan a los Estados a restringir ciertos derechos humanos de las juventudes, siempre y cuando esté prevista en ley, tenga un fin legítimo, sea proporcional y necesaria y, que se informen las medidas de manera inmediata al Secretario General de la OEA. La sanción a esta falta de información a la OEA quedó evidenciada cuando la Corte IDH condenó a Ecuador, ya que, en el marco de operativos contra la delincuencia, el Estado no informó inmediatamente la suspensión de derechos al Secretario General de la OEA (Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. §. 69 y119 (4 de julio 2007). En el caso concreto, México no ha declarado estado de emergencia formalmente, sin embargo, existe una situación extraordinaria que ha impedido el ejercicio de los derechos humanos de las juventudes.

Un ejemplo claro de lo anterior es la restricción adoptada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) del derecho humano a la educación de las y los jóvenes. Mediante Acuerdo 02 de marzo de 2020, la SEP declaró la suspensión las clases, del periodo comprendido del 23 de marzo al 17 de abril de 2020, en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes dicha secretaría con el fin de “prevén[ir] y disminuir el impacto de propagación de la Covid-19 en territorio nacional”.  Posteriormente la SEP amplió la fecha de suspensión de clases para las y los estudiantes por tres periodos consecutivos (09/04/20 (2020) hasta el 30 de mayo de 2020. No obstante, mediante el Acuerdo número 10/05/20 (2020), la secretaría en mención decidió ampliar el plazo “hasta nuevo aviso”.

Por un lado, la SEP utilizó diversas normas que la autorizan para suspender clases en periodos no previstos, por causales extraordinarias; por otro lado, el Presidente no ha declarado un estado de excepción formal. De esta manera, para suspender el derecho a la educación de las juventudes el Ejecutivo Federal debió señalar los fundamentos legales, el fin legítimo (contener al Covid-19) y la proporcionalidad y estricta necesidad, esto es, que dentro de la gama de posibilidades las medidas establecidas sean las menos invasivas (por ejemplo, se podría alternar la presencia de alumnos por semana, como lo han hecho algunos países como Francia). Además, la restricción de derechos debe ser por tiempo limitado (en el caso de la SEP ni siquiera anunció por cuanto tiempo se suspendían las clases en el acuerdo número 10/05/20 (2020). Evidentemente, falta de declaración de estado de excepción ha provocado un incumplimiento a los artículos 29 de la CPEUM y 27 de la CADH, es decir, la obligación de informar la situación de suspensión de derechos al Secretario General de la OEA. Ahora bien, cabe resaltar, que la violación de este derecho humano no se limita al sector público, ya que las escuelas privadas también están obligadas a acatar las decisiones de la SEP.

Ante la crisis sanitaria, se han recolectado y creado bases de datos personales de las juventudes que han contraído Covid-19 o se han realizado la prueba. En este orden de ideas, la protección de datos personales es un derecho humano (CPEUM. Art. 16) en el que los datos de salud son considerados sensibles, de conformidad con el artículo 3, fracción X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y 3, fracción VI, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Hoy en día, las escuelas privadas planean regresar a clases en los próximos meses, en este sentido, en caso de que soliciten exámenes negativos del virus para poder asistir, podrían resultar en violaciones de derechos humanos de las juventudes a la vida privada y a la autodeterminación informativa, pues dichas bases no cubrirían las exigencias de legalidad, legitimidad, proporcionalidad, necesidad, debido a la falta de declaración formal, así como a los poderes arbitrarios y amplios que se auto atribuyen las autoridades.

En síntesis, los Estados pueden restringir los derechos humanos de las juventudes en casos extraordinarios, como el Covid-19, y bajo ciertos criterios de racionalidad que respeten el Estado de Derecho, la democracia y los derechos señalados. En particular, el acceso a la educación y la protección de datos personales de las juventudes se han visto vulnerados de manera arbitraria. A pesar de lo anterior, evitar las violaciones a derechos humanos de las juventudes con o sin pandemia es una obligación para México, por lo que en caso de no respetar los límites legales pueden llevar a la declaración de la responsabilidad internacional del Estado mexicano (B).

B) La responsabilidad nacional e internacional por violaciones a derechos humanos de las juventudes: límites a la soberanía estatal

En esta sección se analizará si el incumplimiento de los derechos humanos de las juventudes pertenece a la buena voluntad de los Estados o se trata de una cuestión más profunda y con responsabilidades que México no puede evadir debido a la ratificación de convenciones de derechos humanos. Por ejemplo, México es parte del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el cual cuenta con el Comité PIDCP que permite interponer peticiones a las víctimas y sancionar a los Estados. En el SIDH, la Corte IDH puede declarar la responsabilidad internacional de México por la violación de los derechos humanos dentro de su territorio (CADH. Art. 1).

Por tanto, los órganos internacionales pueden obligar a México a velar por los derechos humanos de las juventudes. Así en el caso de Rosendo Radilla vs. México (2009), la Corte IDH obligó al Estado mexicano y a las autoridades judiciales a respetar el principio pro-persona. Es decir, en el caso de restringir un derecho para contener la pandemia, México debería adoptar la norma menos limitativa o la interpretación menos restrictiva (SCJN. Primera Sala, 1a./J. 37/2017 (10a.), mayo de 2017). En caso contrario, México podría ser juzgado en el ámbito internacional por la restricción arbitraria de derechos.

Aunado a lo anterior, es preciso hablar de las juventudes invisibles en el contexto del Covid-19, aquellas que intentan adentrase en el territorio mexicano o que ya lo están, pero de manera irregular. Durante los primeros meses del 2021 Guatemala, Estados Unidos y México han establecido una política antinmigrante, argumentando que no “permitirán su paso como prevención por la pandemia de Covid-19” (DW Made for Minds, 2021). Guatemala declaró estado de excepción el 5 de marzo de 2020 para contener la pandemia (Decreto Gubernativo 5-2020, 5 de marzo de 2021), y ha realizado diversas declaraciones de suspensión de garantías ante el Secretario General de la OEA (Declaración, no. NV-OEA-M4-054-2021, 19 de enero de 2021). Por su parte, Estados Unidos ha emitido una serie de declaraciones de estado de excepción para combatir la crisis sanitaria (The Council State Govenrments, 2020). No obstante, a pesar de que México no ha declarado un estado de emergencia, ha aprovechado la crisis sanitaria para justificar la negativa a la entrada de migrantes, el uso de la fuerza en la frontera y su deportación. En este sentido, la política de migración adoptada por las autoridades mexicanas no sólo resulta contraria a los criterios de legalidad, legitimidad, proporcionalidad y estricta necesidad, sino que el actuar del Estado mexicano podría contravenir el artículo 27 de la CADH. Por ello, en estos casos, las cortes nacionales y la Corte IDH deberían adoptar una actitud similar a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Hirsi Jamaa vs. Italia. No. 27765/09, §. 219 (23 de febrero de 2012); y Z.A. vs Rusia, No. 61411/15, §. 207 (21 de noviembre de 2019), en los que se condenó a los Estados por violar los derechos humanos de migrantes irregulares, al impedir que pidieran asilo en sus fronteras. En otras palabras, los derechos humanos son reconocidos a todas las juventudes y constituyen un límite que va más allá de la voluntad estatal.

Conclusión

Los derechos humanos de las juventudes son garantizados por la legislación nacional e internacional adoptada por México. No obstante, su ejercicio es obstaculizado por problemas estructurales de la región que se han exacerbado por la pandemia. De modo que las juventudes deben movilizarse jurídica y políticamente para hacer respetar sus derechos. Ahora bien, los derechos humanos de asociación, libre circulación y expresión no son absolutos, su ejercicio conlleva responsabilidades para proteger a todas las personas de la sociedad. (Lacatus vs. Suiza, No. 14065/15. §. 55 y 59 (19 de enero de 2019).  Por tanto, el abuso de su ejercicio no puede quedar impune.

Para proteger los derechos humanos de las juventudes en el marco del Covid-19, las restricciones adoptadas por los Estados deben obedecer a criterios objetivos y democráticos. Sin embargo, en México la restricción de derechos de facto comienza a normalizarse y con ello un estado de excepción que podría derivar en la incursión de un Estado autoritario. Frente a estas amenazas surge la necesidad de acudir ante los órganos internacionales, pues la violación de derechos humanos de las juventudes en el territorio y las fronteras es inaceptable. A pesar de lo anterior, los mecanismos jurídicos sólo son una opción, los movimientos sociales son otra herramienta que las juventudes tienen a su alcance. Por tanto, si de lo que se trata es de proteger a las juventudes, es prudente comenzar a escucharlas.

 

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.


Bibliografía

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Jurisprudencia nacional

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Jurisprudencia Interamericana y Soft Law

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