El nuevo papel del derecho internacional en el quehacer jurídico mexicano

Mucho se ha discutido sobre el cambio de paradigma que significó la reforma acontecida en 2011 al artículo 1º constitucional, el cual estableció las bases de un nuevo escenario en que el derecho privilegiaría en mayor medida la protección a los derechos humanos en nuestra legislación. Sin embargo, poco se ha reflexionado sobre el nuevo protagonismo que ha adquirido el derecho internacional dentro del derecho mexicano a partir de este nuevo modelo de justicia.

El cambio de la palabra otorgar a reconocer revolucionó en gran medida el modo en que se estructuraría el quehacer de la justicia mexicana así como la configuración del papel de abogados o jueces en este nuevo panorama. El efecto de cambiar una “simple” palabra significó una gran diferencia en la intención del legislador que alberga la redacción de nuestra norma constitucional.

Previo a la reforma, la Constitución en el artículo 1º rezaba que “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución…”; una redacción que daba entender que era el Estado quien concedía aquellos derechos que en realidad son inherentes a cualquier ser humano por el simple hecho de existir.

Posterior a la reforma de 2011, el texto constitucional enuncia que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte…”. De entrada, se hace evidente el cambio del término garantías por el de derechos humanos, la palabra individuo se sustituye por personas y con la palabra reconocer se determina que el Estado está aceptando que los derechos fundamentales le pertenecen a cualquier persona, sin que éste tenga la facultad de otorgarlos o negarlos.

Aunque es oportuno hacer énfasis en la importancia que han adquirido los derechos humanos a partir de este cambio, es relevante hacer un análisis sobre el papel que juega ahora el derecho internacional como una indispensable herramienta de nuestra legislación a partir de que se  incorpora en reconocimiento del goce de los derechos humanos recogidos en tratados internacionales, así como el hecho de que se  indica que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de acuerdo a lo que establece la  Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte.

Es importante aclarar que el derecho internacional no es una herramienta nueva, que apenas se esté insertando en el ejercicio del derecho mexicano, pero dicha disciplina ha adquirido hoy en día una dimensión mayor de la que no gozaba hace algunos años. La República mexicana como miembro activo dentro de la comunidad internacional ha celebrado tratados de distinta índole con una gran cantidad de países, por lo que México repercute en responsabilidad internacional cuando viola alguno de esos acuerdos teniendo que rendir cuentas ante la comunidad internacional.

Asimismo, hay que mencionar que gran parte de la esencia del derecho internacional consiste en regular las relaciones diplomáticas entre los Estados, así como cuestiones de territorio y acuerdos de economía o comercio. En sus orígenes, únicamente se contemplaba a los Estados como sujetos del derecho; sin embargo, con el tiempo se ha llegado a la conclusión que los individuos que habitan estos espacios son sujetos pasivos del derecho internacional público.

A pesar de la presencia del derecho internacional desde la configuración de la legislación mexicana, esta rama del derecho nunca había tenido la importancia que tiene hoy en día. Esto porque en primer lugar, la Constitución ahora obliga a abogados a no sólo utilizar las normas mexicanas al momento de llevar un caso, sino a también conocer los tratados y normas de índole internacional en materia de derechos humanos.

Del mismo modo, a partir de 2011 se apela al derecho internacional con el fin de ampliar la protección a las personas puesto que las normas relativas a derechos humanos no sólo se interpretarán conforme a lo que indican las leyes mexicanas, sino también sujeto a lo que establezcan los tratados internacionales de que México sea parte, teniendo éstos la misma jerarquía que las leyes mexicanas salvo cuando se contrapongan con una norma constitucional (que en caso de ser así, se tomará en cuenta lo que indica la Constitución mexicana).

Cobra mucho sentido lo anteriormente expuesto si traemos a colación el principio pro personae  que se encuentra garantizado en el mismo artículo 1º de la Constitución, el cual consiste en brindar la protección  más amplia al individuo en cuestión. Por ende, si un tratado internacional protege en mayor medida a la persona que la ley mexicana, se deberá aplicar lo que contempla el tratado salvo en el caso de que se contraponga a la Constitución (de ahí la polémica del arraigo que sigue siendo válido a pesar de que los tratados internacionales no lo avalen).

Las herramientas internacionales se vuelven entonces derecho nacional vigente de origen extranjero a partir del control de convencionalidad, procedimiento indispensable para controlar que las normas procedentes de derecho internacional no se contrapongan a la Constitución antes de ser adaptados a la legislación mexicana.

El nuevo papel que adquiere el derecho internacional en México a partir de estos cambios no es poca cosa, ya que no solo implica una apertura mayor por parte del país hacia la comunidad internacional, sino que además se busca proteger a los ciudadanos no sólo haciendo uso de las herramientas del derecho mexicano que a veces pueden ser deficientes en cuanto a derechos humanos y de ese modo se amplía ese resguardo valiéndose de jurisprudencias o tratados internacionales de modo que los derechos fundamentales se protejan hasta la última instancia, aunque existan factores que no fueron previamente contemplados en la legislación mexicana.

Así pues, el derecho internacional público en lo que respecta a derechos humanos se vuelve derecho mexicano al volverse un elemento indispensables para salvaguardar aquellos derechos que nuestra misma ley suprema establece como fundamentales y así lograr el estado de derecho armónico al que aspira cualquier nación.

Víctor López Velarde Santibanéz. Estudiante de la licenciatura en derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

La decisión judicial y el deber de preservar derechos. Un ejemplo

El artículo 1º constitucional, primer párrafo, impone un cambio a la forma ordinaria de entender los derechos fundamentales, y en el caso particular de la fundamentación y motivación de los actos de autoridad ello es evidente: si se tiene el deber de preservar derechos de rango máximo (de fuente constitucional y de fuente convencional), “es innegable que no sólo puede reconocerse una dimensión adjetiva o formal en el derecho a la debida fundamentación y en su caso también a la debida motivación, sino también una dimensión sustantiva que implica obligaciones adicionales más allá del mero cumplimiento de la formalidad”.[1]

Retomo aquí la clásica fórmula de Beccaria sobre el silogismo judicial: “Pondráse como mayor la ley general, por menor la acción conforme o no con la ley, de que se inferirá por consecuencia la libertad o la pena”. Es útil para explicar la relación de la sentencia con lo sustantivo: el órgano jurisdiccional escoge la norma con la que construirá su solución; considera probados algunos hechos a los que debe dar tratamiento jurídico, y emite un enunciado para adjudicar derechos y obligaciones, y en cualquiera de estas fases existe el deber de preservar derechos de rango máximo. Me referiré al tercer momento.

La solución de un caso significa al final enunciar si una conducta está ordenada o prohibida o si un cierto estado de cosas es posible o no. En esta parte del trabajo judicial cabe hacer un juicio de valor sobre si la solución, en sí misma considerada, es compatible con normas de rango máximo de las que derivan derechos humanos.

Permítanme retomar aquí una sugerencia que planteé en otro sitio: derechos humanos son los estados de cosas ideales que derivan de las normas constitucionales o convencionales aplicables dentro del territorio nacional, creadas para la protección de intereses especialmente relevantes de los individuos o de las colectividades que éstos conforman (relevantes por su conexión con valores tales como dignidad individual, libertad personal, igualdad interpersonal, solidaridad social, ciudadanía política y justa administración de justicia de acuerdo al derecho).

Dentro de estos estados de cosas que devienen de tales entramados normativos, los seres humanos somos capaces de producir acciones (disfrutar, crear cambios institucionales, exigir prestaciones debidas, impugnar los actos que interfieren con el disfrute) o de vernos favorecidos por las de otros (como la protección debida a cargo de terceros) —acciones conceptualmente unidas a aquellos intereses—; constituyen límites tales para el Estado que los actos que éste cometa trastocándolos (al imponernos indebidamente cargas, bien sea obstaculizando o impidiendo que produzcamos dichas acciones o que nos veamos favorecidos por las de otros) se reputan inválidos y dan lugar a la restitución de su goce.

La solución que ofrecen los tribunales a los casos que son sometidos a su conocimiento, entonces, ha de ser compatible con los derechos humanos. Si la solución dada a un caso por parte de un juez local impone una carga (y siempre lo hace, porque es propio de las resoluciones judiciales imponer una conducta o la sujeción a un estado de cosas), esta carga debe ser conforme a derecho y no ha de impedir ni obstaculizar que esos estados de cosas benéficos se realicen en las partes.

Robert Alexy[2] sostiene que lo primero ocurre cuando el Estado, contra derecho, crea circunstancias que hacen fácticamente imposible al derecho-habiente realizar la acción que constituye la esencia del derecho (o, agrego, ser receptor de la acción de otro); lo segundo, cuando el Estado crea circunstancias que dificultan al derecho-habiente realizar o recibir dicha acción, incluso al grado de impedírselo jurídicamente (a mi modo de ver, estas circunstancias pueden perfectamente ser llamadas “cargas”: carga como la obligación de asumir una determinada conducta impuesta por una autoridad que actúa, al menos prima facie, amparada por una potestad pública, y que el individuo puede repudiar al considerarla contraria a derecho, esto es, que lo agravia).[3] Impide la realización del derecho de libertad el agente del ministerio público que detiene a una persona sin que medie flagrancia ni se actualicen las condiciones del caso urgente; obstaculiza el derecho de defensa si, además, no le da a conocer las causas de la detención.

Quiero ejemplificar lo anterior con un caso concreto, actual y real. No con una sentencia y ni siquiera con un auto interlocutorio. Haré uso de un acuerdo de trámite: el que ordena el archivo del expediente (esto muestra, además, que la satisfacción de los derechos que devienen de los ordenamientos supremos puede darse en todos los productos de la actividad judicial).

En la clase de juzgado a la que estoy adscrito (uno especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones), cuando se libra una orden de allanamiento y ha sido ya ejecutada por el ministerio público, lo que se espera es que éste remita el acta con todas las formalidades, el material fotográfico del que se desprenda el desarrollo de la diligencia y las certificaciones correspondientes. Con esta información, el juzgado no tiene ya más actuaciones para desahogar y se ordena el archivo. Cesa su actividad jurisdiccional y lo que sigue es del ámbito netamente administrativo. El cuaderno se deposita en unas bodegas que sirven como archivo dentro del inmueble donde se ubica el órgano. Pasados tres años, el expediente se transfiere a un diverso archivo de concentración general para todos los tribunales y juzgados federales, en donde el cuaderno ya no está sujeto a la guarda y custodia del órgano que lo remite. Lo mismo ocurre con las intervenciones de comunicaciones que concluyen. En la generalidad de los casos esto no significa ningún problema y no hay reparo que hacer: ¿qué puede haber más monótono, rutinario y simple que mandar al archivo un expediente?

Al poco tiempo de haber tomado posesión del juzgado, sin embargo, se presentaron varias solicitudes de cateo y de intervención de comunicaciones vinculadas con la creación, almacenamiento y distribución de imágenes y videos de pornografía infantil a través de redes informáticas. En estas peticiones, entre el material probatorio exhibido por el ministerio público, necesariamente, se encontraban las fotografías o videograbaciones interceptadas, en las que, por supuesto, aparecían las víctimas.

Una vez desahogado el cateo o concluida la intervención, sin más trámite pendiente, ¿era conducente enviar al archivo los cuadernos, en los que, entre sus fojas, obraban las imágenes de menores de dieciocho años sufriendo actos de pornografía? Consideré que sí, pero sin constancia de las imágenes. Concluí que de remitir los cuadernos con las fotografías se podía poner en riesgo un derecho fundamental de fuente internacional de los menores de edad, esto es, que podía ser trastocado en su perjuicio uno de esos valiosos estados de cosas que llamamos “derechos humanos”. La solución que adopté es esta: una vez resuelto el asunto y ejecutada la orden de cateo por la autoridad ministerial, las imágenes dejan de tener utilidad procesal. Sobre esta base y en apego al deber de atender al interés superior del niño (que no significa sino realizar en los casos concretos los derechos que para las personas menores de dieciochos años prevén la Convención de los Derechos del Niño y los ordenamientos del derecho interno de cada Estado o del Derecho Internacional aplicable en dicho Estado), a efecto de no vulnerar derechos fundamentales, antes del envío del cuaderno al archivo, deben desglosarse las fojas donde obran las imágenes mencionadas y ser destruidas ante la presencia del Secretario, previa foja de sustitución y certificación que se deje en autos.

La base normativa de esto es el conjunto conformado por los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero; 4°, párrafo octavo, de la Constitución; 2.1, 3.1 y 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño; y 8.1 inciso e), y 8.3 del Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niño, relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía (instrumentos internacionales de aplicación plena y obligatoria para todas las autoridades del país), de los que se desprende el deber jurídico para cualquier órgano del Estado de proteger la intimidad o identidad de los niños víctimas de pornografía infantil y de tomar medidas que tiendan a evitar la divulgación de información que pudiera llevar a su identificación.

Alguien podría objetar que este proceder contravendría los artículos 18, primer párrafo, y 19 del Código Federal de Procedimientos Penales, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 18. Inmediatamente después de que se hayan asentado las actuaciones del día o agregado los documentos recibidos, el secretario foliará y rubricará las hojas respectivas y pondrá el sello del tribunal en el fondo del cuaderno de manera que abrace las dos caras.

Artículo 19. Las actuaciones se asentarán en los expedientes en forma continua, sin dejar hojas ni espacios en blanco; y cuando haya que agregar documentos, se hará constar cuáles son las fojas que les corresponden.

Si en efecto estas dos disposiciones contravinieran a las normas de fuente internacional, habría que preferir éstas: dejar de satisfacer el contenido de normas de rango máximo por dejar satisfecho el contenido de normas secundarias no es proceder adecuadamente. A quienes actuaran así se le tildaría con justa razón de “formalistas”. Sin embargo, creo que no estamos frente a un caso de ver cuál es el contenido normativo que debe prevalecer y ni siquiera ante uno de ponderación.

La ratio legis que anima a las dos disposiciones adjetivas es la de evitar que los expedientes sean alterados, sustrayendo o adicionando actuaciones que no hayan sido previamente puestas a disposición del juez para su acuerdo, y conservar en forma indubitable el desarrollo del procedimiento a través de los documentos sobre los que se desenvuelve. Estas finalidades, empero, se han visto colmadas en los asuntos que refiero, desde su inicio y hasta su culminación, y como ya no subsiste la necesidad de tener a la vista dentro del procedimiento las imágenes mencionadas, al haberse agotado en definitiva su objeto, conservarlas en un expediente que será remitido al archivo deja de tener sentido y más si hacerlo podría poner en riesgo los derechos a los menores que derivan de las normas transcritas.

Así decidí. Atendí a preceptos de fuente internacional de los que derivan derechos a favor de los niños. Di solución a un caso: ofrecí un enunciado que estimo compatible con esos estados benéficos a los que se llama derechos fundamentales.

Miguel Bonilla López.  Juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Pérez Johnston, Raúl, “Artículo 16. Actos de molestia”, en Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo, José Luis Caballero Ochoa y Christian Steiner, Derechos humanos en la Constitución: comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana, México, SCJN-UNAM-Konrad Adenauer Stiftung, 2013, tomo II, p. 1546.

[2] Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, pp. 166 a 168.

[3] Bonilla López, Miguel, Tribunales, normas y derechos. Los derechos de rango máximo y la inconstitucionalidad de la ley en la jurisprudencia mexicana, México, Tirant lo Blanch, 2015, pp. 15 a 35.

Constitución y escuela judicial

En la Constitución se prevé en el orden federal una institución y un sistema para el nombramiento de los juzgadores. Desde 1995, en el artículo 97 se dispone que los magistrados de circuito y los jueces de distrito “serán nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo con los requisitos y procedimientos que establezca la ley”. En el 100, se dice que “La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia”.

Ahora bien, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación —el ordenamiento al que se refieren los dos preceptos constitucionales— establece desde su inicio de vigencia, también en 1995, un sistema de oposiciones dirigido más bien a controlar si los aspirantes al cargo poseen ciertos conocimientos técnico-jurídicos, si saben cuál es el derecho vigente en tal o cual materia y si han repasado a conciencia los repertorios jurisprudenciales.

La idea subyacente a la Ley Orgánica está claramente anclada en esa parte de la tradición jurídica romano-canónica que ve en el juez al funcionario estatal que domina la técnica de la aplicación del derecho en la solución de controversias jurídicas, gracias a los conocimientos acumulados mediante la práctica en las diversas jerarquías del aparato de justicia. En ese sentido, se dice que el juez, para llegar a serlo, tiene que seguir una “carrera” dentro de la judicatura después de concluidos sus estudios universitarios. La función de juzgar es percibida como el resultado del entrenamiento en juzgados y tribunales, y se estima que es la meta de la carrera. Dentro de tal visión, ese conjunto de conocimientos constituye la esencia de la acción de juzgar y, por tanto, quien los tiene, el juez, es propiamente un “profesor”, un “profesional”, alguien que ejerce una profesión.

En este sentido, los concursos de los que habla la Ley parecieran estar hechos para certificar ese conocimiento: un cuestionario (preguntas de opción múltiple sobre temas legales y jurisprudenciales), la solución de casos prácticos (propiamente, redactar un par de proyectos de sentencia) y un examen oral (a mi modo de ver con preguntas sobre temas más propios de la licenciatura: qué son las excepciones procesales, cuáles son las que permite la legislación mercantil, qué requisitos debe colmar cada una para prosperar, etcétera).

Los resultados de estas evaluaciones más la suma de otros aspectos a los que se llama “factores de desempeño” o “méritos” —antigüedad, cursos, categorías del escalafón, ausencia de notas desfavorables en el expediente personal— constituyen dicha certificación y quien alcanza el puntaje asciende a juez (nótese que quedan fuera del examen dos rasgos importantísimos del perfil de un juez: no se mide su capacidad gerencial como jefe de oficina ni se constatan al menos dos rasgos de carácter necesarios: 1) la templanza, como la disposición de ánimo para usar con moderación el extraordinario poder del que será investido, a la vez que la certeza de que las leyes de responsabilidad no son los únicos y ni siquiera los más importantes límites de sus poderes, y 2) la prudencia como la aptitud de deliberar —incluso y sobre todo consigo mismo— “cuando ninguna demostración es posible o suficiente”, “cuando es necesario desear no sólo el buen fin, sino los buenos medios que llevan a él” (André Comté-Sponville, Pequeño tratado de las grandes virtudes).

Pero hoy en día, a diferencia de 1995, la Constitución, en el primero de sus artículos, también habla del deber de toda autoridad —y los jueces eso son— de conocer el derecho de los derechos, si cabe la frase, y de ejercer sus poderes con base en principios y valores —jurídicamente hablando— en temas que exceden los que tradicionalmente llegaban al ámbito judicial y que afectan a menores de edad, personas con orientación sexual distinta, personas con discapacidad, migrantes, minorías étnicas, consumidores. Esto supone, como bien lo han hecho ver muchos, un desafío permanente a las competencias argumentativas de los juzgadores.

Sí, han de saber derecho y contar con experiencia en los tribunales y juzgados, pero ahora, precisamente por el mandato del artículo 1º constitucional, también deben ser filósofos y políticos —permítanseme estos adjetivos a falta de una mejor palabra, pero quiero decir hombres y mujeres capaces de debatir en la vida pública asuntos morales y políticos desde la perspectiva del jurista. Y parece que un sistema de oposiciones como el que establece y regula la Ley Orgánica no sirve a ese propósito.

La Ley, sin embargo, podría ser vista con imaginación y altura de miras, y desde esa perspectiva, interpretarse en un sentido mejor, acorde con el artículo primero constitucional. Incluso sin necesidad de acudir al expediente de la reforma legislativa, pienso, es posible construir un buen argumento para dar cauce nuevo al sistema de oposiciones, y ese es el de la escuela judicial como formadora de jueces, en la que en cursos más o menos prolongados, se constate en quien aspira a ser designado juez la capacidad técnico-jurídica, al tiempo que se le dan herramientas para interpretar el mundo, se promueve la discusión ética y se le prepara gerencialmente para hacerse cargo de una oficina judicial.

No obstante, el intérprete natural del sistema de normas que regulan la carrera judicial y los concursos de oposición no ha logrado consensuar una idea semejante. Esto es grave.

Aunque al Consejo de la Judicatura Federal se atribuyen otras muchas competencias (la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, exceptuando a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral), ninguna es tan importante, ninguna puede ser tan importante como la de designación de magistrados de circuito y jueces de distrito. Si el Poder Judicial significa el poder de juzgar, de resolver litigios, y éste es propio de los jueces, ¿qué más valioso puede haber para el Consejo que cuidar que la designación de éstos se dé en condiciones idóneas?

Con base en las dos disposiciones constitucionales a que ya me referí, el Consejo, en 20 años de existencia, ha designado a un número sumamente amplio de magistrados y jueces y al hacerlo, con desigual fortuna, ha ensayado múltiples procedimientos. Este año lleva abiertas ya un sinnúmero de convocatorias para aspirar al cargo de juez federal.

¿Se ha hecho bien, institucionalmente hablando, en esta materia? No, no se ha hecho bien.

Primero, porque en estos 20 años el Consejo sigue sin encontrar el método adecuado para hacerse de nuevos juzgadores, a grado tal que ha llegado a declarar desiertos varios concursos. Y lo ha intentado todo en un número de convocatorias del que ya hasta perdimos la cuenta: evaluar méritos (aunque sin un baremo claro), practicar exámenes psicométricos (sumamente cuestionados, hasta por quienes los diseñaron), fijar requisitos adicionales a los de ley (pero inconsistentemente, pues a veces fija unos que luego quita para poner otros o para mezclarlos), establecer modalidades cambiantes de un concurso a otro en el tipo y la forma de los exámenes (con desconcierto para todos), imponer cursos previos a la designación (pero no ajustados a los tiempos pedidos por los especialistas en formación), restringir el acceso a la inscripción al concurso sobre bases no claramente justificadas (lo que inconforma a muchos, que deciden pelear en sede judicial), aumentar o disminuir el mínimo de calificación aprobatoria… ¿Qué ha producido lo anterior?

Si bien nos fijamos y si somos sinceros, pese a tantos virajes, los jueces que tenemos son los mismos que se hubieran tenido con una examen psicológico más o menos, con un requisito de antigüedad de cinco años o de tres, con un examen de 50 reactivos o de 100, con preguntar jurisprudencias en materia común o de todas las materias, con un caso práctico de veinte hojas, con una examen oral con preguntas abiertas o con temarios previos. Se ha desperdiciado tiempo en minucias, en problemas menores, no fundamentales.

Nada. Ningún cambio. Hoy por hoy la única certidumbre que nos acompaña es que tenemos el mismo tipo de juez desde hace 20 años: se ha constatado que los códigos y el Semanario son parte de sus lecturas, que es capaz de hacer proyectos de sentencia con rapidez y cierto grado de argumentación y que no enmudece ante un auditorio de tres sinodales. No se ha resuelto, sin embargo, cómo encontrar evidencia de sus adornos morales ni se sabe qué piensa acerca del amplio debate público de las sociedades democráticas. Tampoco se ve si tiene para sí la capacidad de gobernar un juzgado.

Segundo, el Consejo de la Judicatura ha entendido que la escuela judicial puede servir para la capacitación de puestos secundarios (actuarios, secretarios) y para la actualización permanente; tal vez para el perfeccionamiento de algunas habilidades para mejor diligenciar en la práctica judicial. Últimamente, a mi entender, ha cometido un despropósito, al dar al Instituto la función de capacitación técnico-administrativa, propia del Consejo y de sus órganos auxiliares (cursos de capacitación en cómputo, por ejemplo) Pero hasta allí ha querido que llegue el Instituto de la Judicatura Federal. O hasta allí ha visto sus posibilidades.

Y yo veo este Instituto y sé que lo que hace lo hace bien. No puede dejar de convocarnos a lo que constituye su tarea actual. Pero intuyo, con tantos otros colegas, que es capaz de hacer más y que para ello sólo es necesario que un grupo de siete mujeres y hombres —un grupo aún nuevo— se convenzan, como estamos convencidos muchos, de que la escuela judicial formadora de jueces es la vía para hacer la Constitución en lo que atañe a nuestro tema; que es la herramienta sin usar.

Por último, no hay que olvidar que los grupos y los colectivos tienen un tiempo, en el cual o cumplen su cometido a cabalidad o de pronto ven que los años han pasado sin demostrar que se aplicaron diligentemente a conseguir los fines para cuya consecución fueron creados. En lo que hace al nombramiento de los jueces, no permitamos que el futuro nos condene por la inacción o por la veleidad de nuestros designios o por nuestra incapacidad de trabajar, y duro, en lo esencial y no en lo superfluo. Es tiempo de la escuela judicial.

Miguel Bonilla López. Juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

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