Aeropuertos, taxis y prácticas monopólicas relativas

El tema de taxis en los aeropuertos es un reto de competencia recurrente. En 2013, la Autoridad Investigadora (AI) de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) inició una investigación por probables actos dañinos a la competencia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en el acceso a la zona federal y de estacionamientos para la prestación del servicio público de autotransporte federal de pasajeros (taxis) que tienen como origen en el AICM.

El 1 de septiembre, el Pleno de Comisionados de la COFECE determinó que el AICM cometió prácticas monopólicas relativas, sancionándolo con más de 63 millones de pesos por la comisión de dicha práctica. Las prácticas cometidas por el AICM consistieron en establecer cláusulas discriminatorias en los contratos celebrados con los prestadores del servicio de taxi desde el aeropuerto. Estas cláusulas relacionadas con el acceso y estacionamiento en el AICM tuvieron como objeto y efecto impedir la entrada de nuevos prestadores de servicio de taxi.

Además de la sanción monetaria, en este caso el Pleno ordenó que el AICM debe cesar la conducta anticompetitiva y corregir los problemas causados por la misma. En este sentido, deberá suprimir la totalidad de las cláusulas anticompetitivas incluidas en los contratos y convenios que el AICM ha celebrado con las agrupaciones de taxis y con los permisionarios para prestar el servicio. Además, el otorgamiento de nuevos contratos para el acceso al aeropuerto, así como el incremento de unidades para el servicio de taxi, deberá llevarse a cabo a través de licitación o concurso con la opinión de la COFECE. El AICM debe garantizar que las condiciones y los términos en los que otorga el acceso a taxistas al aeropuerto situados en igualdad de condiciones se realicen de forma no discriminatoria.

El servicio de autotransporte de pasajeros desde o hacia el aeropuerto es una modalidad de transporte terrestre de pasajeros sujeta a ciertos requisitos para su prestación. Primero, dado que la prestación del servicio puede implicar el acceso a zonas federales, es necesario contar con un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poder brindar el servicio[1]. Además de esto, para la prestación de ese servicio se requiere de un contrato entre el administrador del aeropuerto que sirva de origen o destino y el prestador del servicio[2].

El mercado de transporte terrestre de pasajeros desde o hacia un aeropuerto no es un mercado menor. Hasta el año 2015 existían 6,690 vehículos con permiso para prestar el servicio de transporte terrestre de y hacia puertos y aeropuertos. Asimismo, en ese mismo año dichos permisionarios de transporte atendieron a 29, 851,000[3] de pasajeros. Por lo que hace a la demanda que satisface desde el AICM, es importante mencionar que su ubicación en la Zona Metropolitana del Valle de México, la cual concentra el 17% de población a nivel nacional lo han convertido en el punto de mayor demanda de transporte aéreo de pasajeros en el país. Para darse una idea, en el año 2014, poco más de la mitad de los pasajeros en el país, tuvieron como origen o destino el AICM.

Ahora bien, las prácticas monopólicas relativas se dan cuando una empresa abusa de su poder de mercado para desplazar indebidamente a otros, impedirles su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas. De acuerdo con la Ley, se pueden considerar prácticas monopólicas relativas la segmentación de mercados a través de exclusividades, la restricción vertical de precios, las compras o ventas atadas, las exclusividades, la negativa de trato, el boicot, la depredación de precios, los descuentos por lealtad o transacciones condicionadas, los subsidios cruzados, la discriminación de precios, la elevación de los costos de un rival, la negativa de trato o discriminación en el otorgamiento de un insumo esencial, y el estrechamiento de márgenes de insumos esenciales.

Al evaluar este tipo de prácticas, la COFECE lleva a cabo un análisis respecto de los efectos netos sobre el mercado, es decir las eficiencias que se pudieran generar con estas conductas son evaluadas buscando proteger la eficiencia. Lo anterior, ya que este tipo de conductas pueden presentarse de manera normal en el curso de los negocios y sólo en situaciones muy específicas podrían tener como objetivo o resultado dañar el proceso de competencia. Es más, en muchas ocasiones estas prácticas pudieran beneficiar al consumidor y generar mejores condiciones que las que podrían darse si estas no existieran. Por esta razón, las prácticas monopólicas relativas deben evaluarse bajo un criterio de razonabilidad y caso por caso.

La resolución del caso de los taxis sienta un importante precedente en la investigación de este tipo de prácticas pues se estudia por primera vez en los análisis de competencia lo que se llama el “problema del compromiso” que sirvió para analizar la razonabilidad en el actuar del AICM al establecer cláusulas discriminatorias que representaban una preferencia a aquellas agrupaciones que ya se encontraban prestando el servicio de taxi ante algún aumento de taxis frente a una nueva empresa que pudiera entrar al mercado; pues, con ello, el AICM garantizaba la permanencia de las agrupaciones de taxistas tradicionales sin que las mismas tuvieran que competir por mantenerse en el mercado.

Para determinar el daño al proceso de competencia, en el análisis de prácticas monopólicas relativas no es necesario que el agente económico que realice una conducta de las mencionadas participe directamente en el mercado afectado para ser responsable de la práctica, lo que amplia de forma importante el alcance de la determinación de la existencia de un daño al proceso de competencia y libre concurrencia respecto de conductas que pudieran ser sancionadas. Asimismo, para que se actualicen este tipo de prácticas el agente económico que la realice debe contar con poder sustancial en el mercado que corresponda. En este caso, se consideró que el AICM tenía poder sustancial ya que conforme a su título de concesión, éste puede administrar, operar y explotar los servicios aeroportuarios, dentro de los cuales se encuentran el estacionamiento para transporte terrestre al público y el derecho de acceso.

Cabe aclarar que este no es el primer caso en el que la Comisión haya investigado una práctica monopólica relacionada con el transporte de pasajeros desde o hacia un aeropuerto. La extinta Comisión Federal de Competencia sancionó en marzo de 2009[4] sancionó a diversas agrupaciones de taxistas por la comisión de prácticas monopólicas absolutas, es decir por celebrar un convenio para segmentar el mercado de servicios de transporte terrestre de turistas en la Ciudad de Mazatlán. Si bien en este caso, el mercado investigado consistió en la transportación terrestre de turistas sin haberse especificado como destino u origen el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mazatlán; el objeto de dicho acuerdo fue asignar el número de servicios diarios que sería prestado por las agrupaciones desde lo hoteles en Mazatlán hacia dicho Aeropuerto.

Adicionalmente, actualmente existen dos investigaciones de la COFECE relacionadas con el transporte terrestre de pasajeros en aeropuertos. La primera de ellos se relaciona con una probable colusión o práctica monopólica absoluta entre los prestadores del servicio de taxi con origen o destino el AICM. Dicha investigación actualmente se encuentra en la etapa de procedimiento seguido en forma de juicio, en la cual quienes hayan sido emplazados como probables responsables pueden manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas relacionadas con las imputaciones presuntivas hechas en su contra.

Respecto a la segunda investigación, al igual que en el caso recientemente sancionado, ésta también versa sobre probables prácticas monopólicas relativas en el servicio de autotransporte federal de pasajeros pero en este caso, la investigación se enfoca en el servicio de transporte con origen en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Esta investigación inició el 31 de marzo de 2016. La AI cuenta con un plazo de 120 días hábiles prorrogables hasta por cuatro ocasiones para realizar la investigación y determinar si existen elementos para presumir que se cometieron prácticas monopólicas relativas o no.

Como puede observarse, los mercados de prestación del servicio terrestre de transporte desde o hacia un aeropuerto son relevantes y deben estar en la mira de la autoridad de competencia. Ello considerando que un problema de competencia en estos mercados afecta directamente a los consumidores de los servicios de transporte aéreo y, que por los diversos intereses que convergen en los mismos (taxistas y aeropuertos) los problemas de competencia en dichos mercados son recurrentes.

Carlos Mena Labarthe. Autoridad Investigadora COFECE y Andrea Marván Saltiel. Directora General Adjunta en COFECE. Comentarios a título personal.

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[1] Artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

[2] Claudia Quintero Jaramillo, Servicio Público de Autotransporte Federal de Pasajeros con Origen y Destino a un Aeropuerto (Taxis), en Actualidad de los Servicios Públicos en México, David Cienfuegos Salgado y Luis Gerardo Rodríguez Lozano coord., Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 318, disponible en http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/6/2654/13.pdf.

[3] Estadística Básica del Autotransporte Federal 2015, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, disponible en http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/EST_BASICA/EST_BASICA_2015/Estadistica_Basica_del_Autotransporte_Federal_2015.pdf.

[4] Resolución emitida el 1 de marzo de 2012 en el expediente DE-005-2009 disponible en: