Peña Nieto y el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo México

De manera un tanto sorpresiva, la semana pasada, el presidente de la República envío al Congreso de la Unión un paquete de reformas legales y una iniciativa de reforma a la Constitución para que el matrimonio igualitario sea una realidad en todo el país.

Si prosperan estas iniciativas, México se convertirá en uno de los primeros países del mundo en reconocer, en su texto constitucional, al matrimonio como una figura que puede celebrarse entre personas mayores de edad sin discriminación alguna en cualquier parte de su territorio. De tal manera que en el artículo 4º constitucional se adicionaría el siguiente texto: “Toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”.

La reforma, en principio, pudiese parecer innecesaria pues se limita a enfatizar el contenido del artículo 1°, párrafo quinto, de la Constitución, que establece el principio de no discriminación –el cual, vale señalar, es un eje rector y transversal para la interpretación y aplicación de cada uno de los derechos humanos, además de tutelar la dignidad de las personas sin distinciones arbitrarias. Sin embargo, la propuesta de Peña Nieto sí tiene el valor de diferenciar que la institución del matrimonio en México debe entenderse ya no sólo como una institución clásica y decimonónica del derecho civil, sino como un auténtico derecho humano autónomo.

En este sentido, algunos críticos de la iniciativa sostienen que el presidente Peña podría violentar el pacto federal, toda vez que el Congreso de la Unión no tiene competencia exclusiva para regular la materia civil y familiar, pues el artículo 124 de la Constitución establece que todas aquellas materias que no se encuentran reservadas a la federación son competencia de las entidades federativas. De ahí que los estados a través de sus congresos estatales puedan definir, en sus respectivas constituciones locales o código civiles, que el matrimonio sólo se celebrará entre un hombre y una mujer.  Por ello, para algunos, si el presidente busca que el matrimonio tenga un contenido diferente para su celebración, estaría violentando las competencias de los estados para legislar en la materia.

No obstante, esta interpretación no es correcta, pues, se trata de una iniciativa de reforma constitucional y no una ley en sentido estricto. Además, como ya se mencionó líneas arriba, el matrimonio ya no es sólo una figura propia del derecho civil. Se trata, más bien, de un derecho humano con fuentes de derecho internacional, reconocido en el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 cuya redacción no protege de forma exclusiva al matrimonio heterosexual sino que se limita a señalar que mujeres y hombres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna a casarse.

Entonces, si el derecho al matrimonio es un derecho humano desde 1948, su regulación debe cambiar y verse impregnada del principio de no discriminación. Y justo la iniciativa del presidente de la República busca convertirse en un dique para proteger este este derecho de restricciones discriminatorias para su celebración –inclusive por la propia Suprema Corte, en caso de que haya en el futuro una jurisprudencia regresiva al respecto.

La iniciativa presidencial se apoya en algunas tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte en las que se ha establecido que las leyes de cualquier entidad federativa que consideren que el fin del matrimonio es la procreación y/o que lo definan como el que se celebra entre un hombre y una mujer son inconstitucionales, precisamente porque no se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación o preferencia sexual[2]. Recientemente, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Duque Vs. Colombia, reafirmó su sentencia del caso Atala Riffo Vs Chile y sostuvo que la falta de un consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno de los derechos de las minorías sexuales no puede ser considerado como un argumento para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas minorías han sufrido[3].

Ahora bien, el temor de algunos sectores sociales gira en torno a si, en caso de aprobarse, el alcance de esta reforma a nuestra Constitución federal afectará a las constituciones locales y códigos civiles que establezcan la limitación para celebrar el matrimonio entre un hombre y una mujer. Con independencia del simbolismo de que el jefe de Estado se sume a esta causa, lo cierto es que de manera inmediata o causal no, pero una vez que la reforma se apruebe se generará una situación técnica conocida como “inconstitucionalidad sobre-venida o actualizada”, pues la Constitución federal y los tratados internacionales habrán superado cualquier restricción que se encuentre vigente en una ley, código o constitución local.

Así, cualquier persona interesada podrá pedir la invalidez de los artículos discriminatorios que limiten el matrimonio a través de un juicio de amparo, mientras que las entidades federativas no podrían cuestionar la reforma al artículo 4° de la Constitución federal[4]; tampoco es correcto alegar violación al federalismo para sostener exclusión de derechos entre todas las personas de un país, más cuando el principio de no discriminación trasciende todo tipo de regulaciones. Es decir, no puede haber habitantes de primera en la Ciudad de México y personas que enfrenten discriminación estatal en otras partes.

Más allá del mundo jurídico, en ocasiones pasamos por alto que los derechos humanos se deben vivir día a día; por tanto, ya no debe escandalizarnos encontrar en los parques, en la calle, en un bar o en cualquier otro espacio público a una pareja LGBTTI que se tome de la mano, se ofrezcan un beso y puedan hacerlo sin miedo a ser humillados, sin ocultarse o bien decidan compartir un proyecto de vida a través del matrimonio. La suerte de la iniciativa de esta reforma a la Constitución del presidente Peña nos compete a todos, avanzar en la igualdad de derechos también, no hay temas más importantes cuando está en juego la dignidad de todas las personas. En hora buena por la iniciativa y ojalá que no tarde su aprobación y publicación.

Miguel Ángel Antemate Mendoza. Defensor de Derechos Humanos por la UNAM.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Amparo administrativo en revisión 1848/29. Wong Sun Carlos. 6 de diciembre de 1932, tesis: “MATRIMONIO EN SONORA, PROHIBICIONES PARA CONTRAERLO”.

[2] Véanse por ejemplo las tesis jurisprudenciales: 1a. /J. 86/2015 (10a.), 1a. /J. 85/2015 (10a.), 1a. /J. 84/2015 (10a.), 1a. /J. 46/2015 (10a.) y 1a. /J. 43/2015 (10a.) de rubro: “MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL.”

[3] Corte IDH. Caso Duque Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de febrero de 2016. Serie C No. 310, párrafo 123.

[4] Véase: Recurso de Reclamación 8/2016-AI fallado el 28 de abril de 2016.

Breve historia del matrimonio gay y sus batallas judiciales en México

En semanas pasadas, el matrimonio gay ha sido objeto de artículos, editoriales, porras y condenas. La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos respecto al derecho de las parejas gay de contraer matrimonio, así como la publicación de tres jurisprudencias de nuestra Corte en el mismo sentido, han iniciado un nuevo proceso de enfrentamiento ideológico y un intercambio de puntos de vista jurídicos. Sin embargo, al menos en nuestro país, el matrimonio igualitario no es cosa nueva. Por ello, me interesa relatar brevemente cuál ha sido el camino que éste ha transitado en nuestro Tribunal constitucional.

Todo empezó en agosto de 2010, cuando el Pleno de la Suprema Corte estudió la constitucionalidad de las reformas legislativas al código civil del Distrito Federal que expandieron el derecho a contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo. Aquella sentencia, correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 2/2010, fue favorable a los intereses del movimiento LGBTTIQ, ya que la Corte, de forma inteligente y progresista, sostuvo que el matrimonio gay era perfectamente respetuoso del artículo 4º constitucional, mismo que prevé la obligación del Estado de proteger a las familias.

Sin embargo, en el caso del Distrito Federal, sólo se analizó una medida legislativa progresista, quedando pendiente por estudiar la constitucionalidad de las medidas restrictivas, contenidas en las constituciones y los códigos civiles locales.

Los primeros asuntos, relativos al código civil del estado de Oaxaca, fueron resueltos por la Primera Sala de la Suprema Corte en 2012.[1] En los tres asuntos de los cuales conoció la Corte, los quejosos (parejas gay) presentaron solicitud de matrimonio ante el registro civil, el cual les negó tal posibilidad al estar aquél configurado normativamente como la unión de “un hombre y una mujer” y para la “perpetuación de la especie”.

Dichos asuntos constituyen piezas fundamentales para entender la doctrina constitucional que la Suprema Corte ha venido tejiendo en relación con el matrimonio igualitario. En esas decisiones, la Sala dio la razón a las parejas, afirmando que el artículo 143 del código civil local constituía una medida legislativa discriminatoria. Con base en la preferencia sexual de las personas, dijo la Sala, la norma lograba la exclusión arbitraria de las parejas gay del acceso a la institución matrimonial. Para ello, la Corte consideró adecuado realizar un análisis de escrutinio estricto de la medida (strict scrutiny). Adicionalmente, la Corte reconoció que el límite impuesto al matrimonio gay era consecuencia de una larga historia de acoso y discriminación.[2]

En esos casos, la Primera Sala decidió hacer una “interpretación conforme” del artículo del código civil de Oaxaca. Sin embargo, al revisitar el caso en 2014, la Sala prefirió hacer a un lado dicha técnica para calificar, de forma lisa y llana, “inconstitucional” a la norma excluyente.[3] En un mensaje particularmente fuerte, la Primera Sala sostuvo que la respuesta del Poder Judicial de la Federación frente a la discriminación, era la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma, buscando así disuadir al legislador a cambiarla y generar un cambio de conducta en la sociedad.

También en 2014, la Primera Sala conoció de los primeros amparos promovidos por personas que, sin haber solicitado formalmente contraer matrimonio ante el registro civil, consideraban que el matrimonio exclusivamente heterosexual les perjudicaba al discriminarles en tanto se asumían homosexuales;[4] aducían, pues, tener interés legítimo para acudir ante la justicia constitucional mexicana. La Sala les dio la razón, considerando que las leyes “contribuyen a la construcción del significado social en una comunidad” y el mensaje homofóbico de la norma que define el matrimonio como la unión entre “un hombre y una mujer” generaba un mensaje de exclusión y estigmatización.

A partir de los casos anteriores, la Primera Sala de la Suprema Corte estuvo en aptitud de analizar las normas civiles “tradicionales” de los estados de Baja California, [5] Sinaloa[6] y el Estado de México.[7] Dichos amparos en revisión permitieron a la Primera Sala publicar, el pasado viernes 19 de junio, tres tesis jurisprudenciales, obligatorias para todos los órganos del Poder Judicial federal. La primera de dichas jurisprudencias dispone que son inconstitucionales las leyes de cualquier entidad federativa que establezcan que: (i) la finalidad de matrimonio es la procreación; o (ii) lo definan como la unión de un hombre y una mujer.[8] La segunda tesis establece que la libertad configurativa del legislador para regular el estado civil de las personas está limitado por las normas constitucionales.[9] Finalmente, la tercera, dispone que no hay razón constitucional válida para excluir a las parejas gay del matrimonio.[10]

¿Qué significan las jurisprudencias publicadas? A mi juicio la publicación de las mismas implica que el matrimonio igualitario ha sido suficientemente analizado en la Suprema Corte, sin que ésta estime necesario volver al debate. Además, las jurisprudencias implican que, gracias a la doctrina constitucional desarrollada por la Sala, todos los juicios de amparo promovidos en contra de normas que definen el matrimonio de forma tradicional serán resueltos de forma favorable al matrimonio igualitario.

Julio Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Amparos en revisión 581/2012, 457/2012 y 567/2012, todos resueltos el cinco de diciembre de dos mil doce.

[2] Incluso, dijo la Sala, dicha discriminación guarda una analogía a la que en otro momento sufrieron las parejas interraciales. Muy similares consideraciones sostuvo la Suprema Corte estadounidense en Obergefell v. Hodges. Aquí un texto de mi autoría que analiza esta sentencia: La Corte Suprema estadounidense y el matrimonio gay. Análisis de sentencia, publicada el 30 de junio de 2015.

[3] Amparo en revisión 152/2013 (Oaxaca), resuelto el veintitrés de abril de dos mil catorce.

[4] Amparo en revisión 152/2013 (Oaxaca), resuelto el veintitrés de abril de dos mil catorce; amparo en revisión 615/2014 (Colima), resuelto el cuatro de junio de dos mil catorce;  amparo en revisión 704/2014 (Colima), resuelto el dieciocho de marzo de dos mil quince; amparo en revisión 735/2014 (Colima), resuelto el dieciocho de marzo de dos mil quince.

[5] Amparo en revisión 122/2014.

[6] Amparos en revisión 263/2014 y 483/2014.

[7] Amparo en revisión 591/2014.

[8] 1a./J. 43/2015 (10a.) Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 19 de junio de 2015 09:30 h.

[9] 1a./J. 45/2015 (10a.) Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 19 de junio de 2015 09:30 h

[10] 1a./J. 46/2015 (10a.) Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 19 de junio de 2015 09:30 h