¿Es ético monopolizar la ética jurídica?

Una vez que la Comisión Federal de Competencia Económic[1] ha recomendado descartar la colegiación obligatoria —por las posibles afectaciones a los procesos de competencia y libre concurrencia— y que cada vez es posible distinguir un mayor número de voces críticas sobre este tema,[2] resulta pertinente llamar la atención sobre uno de los aspectos cuya relevancia no ha sido dimensionada en comparación con los temas más llamativos que conlleva el conjunto de propuestas relativas a la profesionalización de los abogados en México.

El control ético en el ejercicio de la abogacía parecería algo de escasa relevancia. Tanto es así que las vías para su regulación, además de focalizarse en la elaboración de “códigos” (o compendios morales de dudosa procedencia normativa), se encuentran desprovistas de algún contenido material para entender lo que se debe entender por ética.

Y es que entender a la deontología del abogado como un conjunto de postulados bienintencionados dirigidos a hacer de estos operadores personas honestas, íntegras y congruentes es una visión falsa y alejada de toda realidad. Bajo esa lógica, escribir sobre ética profesional se convierte en escribir ficción. Y esto no está mal, sino que sencillamente resulta estéril para satisfacer cualquier fin práctico. En todo caso, lo que se podría aducir que está mal es esa visión edulcorada de la abogacía y la ética que comparten muchos de los que escriben sobre el tema, sobre el caso concreto, de aquellas personas que no solo se encargaron de la redacción de la propuesta, sino también de su defensa y difusión.

La deontología jurídica parece erigirse uniformemente y, en términos tradicionales, sin contemplar las actuales transformaciones de la profesión, generando que este tipo de postulados morales, resulten ineficaces ante las necesidades de las personas que requieren los servicios de un abogado.

Como son los propios abogados quienes formulan los códigos respecto a cómo debe ser su desempeño profesional —porque se supone que son los que mejor están preparados para determinar qué son las buenas prácticas y así prestar un mejor servicio—, la lógica plasmada en los mismos proviene exclusivamente desde ellos y para ellos.

Es decir, usualmente personalidades destacadas de la profesión, miembros del gobierno en turno, académicos y demás individuos que tienen que ver con el campo jurídico, son quienes conforman los equipos cuya misión es articular los códigos deontológicos. Si hay temas dentro del derecho, que por su propio nivel técnico implican su estudio particular de forma poco accesible para quienes no han tenido relación con la materia, eso de ninguna manera justifica la segregación a la que son sometidos quienes no ejercen la abogacía, sobre todo en este tema en particular.

Generalmente, la profesión utiliza los códigos éticos para proteger a la propia profesión más que a la sociedad, porque al fin y al cabo quienes deben conocer estos instrumentos son ellos mismos. Como menciona Adela Cortina, parecería no importar que “los usuarios son los que experimentan la calidad del servicio prestado y, aunque no conocen la trama interna de la profesión, resultan indispensables para determinar qué prácticas producen un servicio de calidad y cuáles no”.[3]

Al intentar monopolizar el derecho para regularlo y establecer condiciones para su ejercicio, los abogados han terminado por sitiarlo; haciendo de la separación una virtud, el hermetismo en estas cuestiones en específico no hace más que impedir la difusión de la deontología de quienes paradójicamente no se encuentran vinculados de manera directa con el derecho, pero son el motor del mismo.

Javier de la Torre menciona que, en ocasiones, “la ética promociona la imagen, el status profesional y legitima el monopolio. La calidad de los servicios profesionales rara vez es autocrítica y se establece un muro de silencio tras el que se alberga un feudo de impunidad para las deficiencias y negligencias profesionales”.[4] Y, en ese sentido, a pesar de que los códigos éticos, a diferencia de los reglamentos que regulan los aspectos más superficiales de un trabajo, se ocupan de los aspectos sustanciales del ejercicio profesional; la efusiva eclosión de postulados éticos en el campo jurídico, no ha hecho más que acrecentar la brecha entre abogados y personas que requieren sus servicios.

Al confiar en la autorregulación, como característica distintiva de la ética jurídica, indirectamente se está encomendando al mercado los vaivenes de los abogados.

Dicho de otro modo, cuando gran parte de los grupos de poder del actual sistema contemplan al derecho como el mecanismo idóneo para tutelar sus intereses, los abogados, son visualizados como guardianes de la tradición legal que facilitan a los poderes dominantes reafirmar su autoridad e influencia. Los postulados éticos existentes para regular sus conductas vienen a subrogar al Estado, además de ofrecer una pretendida legitimidad moral al ejercicio de la profesión.

Ante la ausencia de un Estado capaz de proporcionar la dosis de confianza necesaria a distintas actividades de gran influjo social, como es la abogacía, la regulación ética de los abogados que presenta el proyecto en cuestión, se presenta como un esfuerzo insuficiente por adecuar los estándares morales de la profesión frente a las nuevas condiciones que se despliegan, anhelando así subsanar sus carencias estructurales.

La efervescencia que generó la ahora disminuida reforma constitucional en materia de colegiación y certificación obligatorias, a la luz del depreciado tratamiento otorgado a la ética jurídica, devela en este tema en concreto más que un verdadero mecanismo de defensa a problemáticas específicas, una chantajista estrategia publicitaria que ha de servir para acrecentar las desigualdades y los conflictos entre quienes se ven inmersos en nuestro abstruso sistema de justicia.

Juan Jesús Garza Onofre. Investigador de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad Carlos III de Madrid. Twitter: @garza_onofre

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, Opinión OPN-012-2015, Ciudad de México a 3 de febrero de 2016. Disponible en línea aquí: http://www.cofece.mx:8080/cfcresoluciones/docs/Mercados%20Regulados/V9/1/2415052.pdf

[2] Por citar solo algunas de las diferentes y muy variadas opiniones que recientemente se han pronunciado contra el tema, vid. DE LA TORRE, Fernanda, “¿En qué vamos con la colegiación obligatoria?”, en Milenio, febrero 28 de 2016. REVILA, Eduardo, “El fin del debate de la colegiación obligatoria”, en El Economista, febrero 14 de 2015. CRUZ ANGULO, Javier, “25 errores de la Ley general de abogacía mexicana”, en Derecho en Acción, blog de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, febrero 11 de 2016. LÓPEZ SILVA, Marco, “Fetichismo legal colegiado”, en Animal Político, octubre 16 de 2015. CARPIZO, Enrique, “¿La colegiación obligatoria de abogados es acorde a nuestra realidad social y política?”, en SDPnoticias.com, septiembre 21 de 2015.

[3] CORTINA, Adela, “Profesionalidad”, en CEREZO GALÁN, Pedro (ed.), Democracia y virtudes cívicas, Biblioteca Nueva, Madrid, 2005, p. 376.

[4] DE LA TORRE, Javier, Deontología de abogados, jueces y fiscales. Reflexiones tras una década de docencia, Biblioteca Comillas Derecho, Madrid, 2008, p. 66.

25 errores de la Ley general de abogacía mexicana

El ejercicio de la abogacía se debe llevar conforme a los más altos estándares de instrucción y comportamiento de los practicantes. Una legislación que incentive estandarizar la educación jurídica y describa modelos ideales de conducta sería en mérito para toda la sociedad. El proyecto de la Ley General de Abogacía es un ejemplo de estas medidas; sin embargo, contiene diversos errores que le impiden cumplir con los propósitos mencionados. Veamos:

1.- El título: el nombre de este cuerpo normativo debería ser: Ley General de Abogacía. Darle nacionalidad a la ley es un error, veamos: ¿Código Nacional de Procedimientos Penales Mexicano? ¿Ley General de Salud Mexicana? El hecho de tener un carácter general y de ser expedida por el Congreso de la Unión resulta suficiente para entender que la aplicación será dentro del territorio nacional, lo cual hace redundante al adjetivo en mención.

2.- Abogacía (artículo 7°).  La definición no es la óptima para los objetivos que busca la Ley. Una mejor estructura y con un referente de derecho comprado nos diría: la abogacía es la representación en cualquier controversia judicial o procedimiento administrativo en materia familiar, civil, administrativa, laboral o penal. Esto puede abarcar desde la elaboración de una demanda, su contestación, la solicitud de una decisión, la determinación sobre un contrato, controversia, investigación, imputación, o hasta el arbitraje o incluso la mediación. En general, puede significar cualquier representación jurídica que involucre partes específicas con un interés jurídico cualificado para acudir ante una autoridad. [1] Más adelante se debería definir asistencia, consultoría, arbitraje y medios alternativos a la solución de conflictos. Asimismo, se debe señalar porqué los defensores públicos no están obligados por esta propuesta de ley; la discriminación hacía la defensoría pública se tiene que explicitar y justificar.

3.- Competencia en persecución de los delitos. El artículo 10 de este proyecto nos dice que debe ser PGR y los jueces federales quienes perseguirán los delitos. En este caso, lo correcto es una propuesta de reforma al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en donde de manera general y especial se señalan los delitos que son de competencia federal.

4.- Obligar a la creación de tipos penales (artículo 10). La Corte ha señalado que cada órgano legislativo tiene un ámbito de libre configuración normativa, y resulta muy delicado que desde una legislación regulatoria se mandaten tipos penales. Es decir, no se puede obligar a los estados a tipificar conductas desde una Ley General sin una motivación reforzada[2].

5.- Una decena de artículos mencionan la palabra ética sin un contenido mínimo. Si bien la ética y el derecho no se encuentran divorciados[3], existen distinciones entre los dos conceptos. La expectativa sería que la propuesta de ley nos diera una serie de notas distintivas de la ética de la abogacía. Lo anterior, con el objetivo reducir el riesgo en la interpretación, ya que conforme a la ley cada colegio establecerá su propio código de ética y, en este sentido, podría haber tantos matices en la ética del abogado como colegios existan.

6.- Colegios de abogados en las entidades federativas. El artículo 39, fracción IV, nos refiere que cada colegio no podrá tener más de 300 agremiados. El artículo 41 señala que cada entidad federativa solo podrá tener cinco colegios ¿es violatorio del derecho de asociación?  Es decir, solo podrían existir 1500 litigantes certificados por cada estado. Con una población nacional de más de 300 mil abogados[4], la propuesta nos resulta ilógica.

7.- Colegios de Abogados Nacionales. El artículo 46 nos señala que un colegio nacional deberá tener un mínimo de quinientos agremiados. Más adelante la ley indica que existirán hasta cinco colegios nacionales. Dada la restricción numérica a los colegios estatales, es fácil predecir que los abogados de las entidades estarían obligados a colegiarse en los nacionales. Lo anterior, sin que exista una razón constitucionalmente válida para ello. Por tanto, se insiste en la posible violación al derecho de asociación.[5]

8.- De la abogacía. Los artículos 52 a 55 regulan de la abogacía, lo cual podría parecer el corazón de la ley. Sin embargo, dichos numerales sólo regulan el trámite de ingreso a los colegios. Aquí hay una omisión importante, sobre todo en contenidos del examen. No existen criterios establecidos sobre cómo se evaluará, una puntuación mínima requerida, o el método por el medio del cual se determine quién cumple o no los requisitos para ejercer la abogacía.

9.- El servicio social profesional. El artículo 63 -entre otrosseñala la necesidad de un servicio social profesional. Sin embargo, no marcan el número de horas, días o cuestiones que permitan tener un indicador fiable de dicha obligación. Sin un piso y techo normativo de la expectativa de conducta, ésta solo es una buena intención.

10.- Obligaciones difusas de los abogados. El artículo 63, fracción XIX, señala que el colegio puede aprobar e imponer obligaciones, no definidas en la ley, para sus agremiados. Dado que el cuerpo normativo es muy amplio y tiene 5 leyes supletorias, el número de hipótesis de cargas extraordinarias es infinito, en agravio de la seguridad jurídica de los abogados colegiados.

11.- Pago de cuotas. En esta hipótesis debe existir una regla de equidad para abogados sin recursos económicos, organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos. La colegiación no puede ser un negocio y, en este sentido, deben existir normas que faciliten el acceso de todas y todos los practicantes a la certificación. La práctica del derecho no puede vincularse a un criterio de poder adquisitivo, debido a que existiría una segregación en agravio de abogados en circunstancias socioeconómicas bajas. Por lo tanto, si un abogado recién egresado no tiene dinero para pagar su cuota ¿no podrá ofrecer sus servicios en el mercado laboral?

12.- Incompatibilidades.- El artículo 68, fracción I, señala que el ejercicio de la profesión es incompatible con el desempeño de cualquier cargo público. La propuesta de norma no tiene lógica constitucional ¿Qué valor protege en ese mandato tan general? Por ejemplo, un secretario de acuerdos de un juzgado penal local ¿está impedido para llevar la defensa de su hermano en un delito federal? El encargado de la unidad de acceso a la información de la delegación Milpa Alta ¿está impedido para defender un asunto de propiedad intelectual? ¿La lógica del artículo es evitar un conflicto de intereses? La incompatibilidad se debería dirigir a un universo delimitado de servidores públicos o ex servidores públicos para impedir el conflicto de intereses o el tráfico de influencias. [6]

13.- Prohibición de compartir locales o actividades. El artículo 69 nos ordena no compartir un local o servicios con profesionistas cuya actividad sea incompatible, y el bien jurídico tutelado es el secreto profesional. Éste último se viola a través de un acto de habla o escritura. Por tanto, el domicilio u otras actividades no están estrictamente vinculadas con una comunicación irregular. Por ejemplo, un abogado es consultado por dos imputados en la misma causa penal ¿cómo viola el secreto profesional? ¿Por recibir a ambos en la misma ofician? ¿O por otorgar información, obtenida bajo secreto profesional, a uno de ellos?

14.- La autorización de prácticas decimonónicas. El artículo 70, fracción II, menciona que en ningún caso un abogado podrá autorizar la firma como si fuera propia de un documento realizado por quien no esté autorizado para ejercer, si no hay antes un análisis y evaluación de éste. Los estudiantes de derecho deben desarrollar habilidades de análisis, razonamiento legal, investigación jurídica, resolución de problemas y escritura legal.[7] Aquí no basta un análisis y evaluación del documento, es necesaria la retroalimentación, guía, crítica y diálogo del cómo se crea un texto jurídico. En contraste, se cae en la vieja práctica del papel del pasante en derecho cuya labor se reduce a la visita de tribunales.

15.- Del proceso de certificación. El capítulo II de la ley no menciona aprobar un examen como parte del proceso de certificación. La ley lo menciona en otros apartados, pero en este punto es fundamental mandatar sobre éste y establecer bases claras sobre los contenidos que trate, con el objetivo de mantener un estándar claro y equitativo en todos los ámbitos de aplicación.

16.- La libertad de cada colegio para instrumentar los procesos de educación continua y especialización. El artículo 85 faculta a los colegios para instrumentar la actualización y especialización de manera libre. Es necesario que la ley señale los contenidos mínimos de estos procedimientos para homogeneizar, en cierta medida, el ejercicio de la abogacía. Por ejemplo: un colegio podría decidir que tomar una clase de tres horas al semestre es suficiente, y otro colegio podría ordenar un mínimo de 50 horas al semestre. Así las cosas, no se lograría estandarizar el ejercicio de la abogacía en los términos planteados en la propuesta.

17.- El ejercicio unipersonal de la abogacía. El artículo 92, fracción V, nos dice que el abogado constituirá una asociación unipersonal para el ejercicio de la abogacía. La asociación unipersonal es una figura jurídica que no está reconocida por el derecho mexicano, como se desprende de los artículos 25, 2670 del Código Civil Federal, et. al. de la Ley General de Sociedad Mercantiles. En todos los ámbitos, es conocido en el derecho mexicano que para formar una persona moral o una “asociación”, es una condición necesaria la presencia de dos o más individuos. Como su nombre hace referencia, una asociación implica que dos o más personas se conviertan en socios para cumplir un mismo objetivo, y por reglas de la lógica acuñadas por el derecho mexicano, no puedes asociarte contigo mismo. En otras latitudes, sí se ha permitido generar esta ficción jurídica (la asociación unipersonal) por cuestiones fiscales en apoyo a empresas emergentes o pequeñas; no obstante, éste no es el caso en México.

18.- El despacho colectivo y la práctica individual. El artículo 99 ordena que el abogado que pertenezca a un despacho colectivo no puede ejercer la abogacía por cuenta propia. Lo anterior no tiene un propósito o un fin constitucionalmente válido, sino que por el contrario limita las libertades de ejercicio de la profesión.

19.- Relación cliente abogado. El artículo 110 nos indica que el abogado es libre e independiente de sus clientes. Lo anterior  rompe con el núcleo del ejercicio de la abogacía. El abogado siempre debe obrar en el mejor beneficio del cliente y con lealtad al tribunal.[8]  Asimismo, el abogado siempre debe consultar al cliente y está vinculado por las decisiones de éste.[9] Es indubitable que el cliente o usuario será el beneficiado o agraviado por la decisión jurisdiccional o administrativa, por ello la deferencia a su decisión es inevitable.

20.- Secreto profesional con relación a otros abogados. El artículo 120 indica que el abogado tiene un deber de secreto profesional respecto de las comunicaciones con abogados que representen intereses opuestos. Esta idea rompe con el principio de lealtad al cliente y presupone un modelo ideal de abogado que jamás caerá en la tentación de mala praxis. Por ejemplo, hay un caso público de propuestas presuntamente ilícitas que se hicieron por dos abogados a los abogados de María Asunción Aramburuzabala[10]. En este caso real, las propuestas estarían resguardadas por el proyecto de ley. Aquí la realidad da cuenta de lo desafortunado del articulado.

21.- Protección de datos personales.  Los artículos 131 y 132 no se ajustan a la Ley General de Transparencia y a los lineamientos del INAI en la especificidad. Por otro lado, la divulgación de ciertos datos podría ser perjudicial respecto de despachos colectivos (velo corporativo).

22.- Representación de la abogacía mexicana. El artículo 138 faculta a una persona como representante de la abogacía mexicana, incluso en el extranjero ¿Qué relación guarda esto con los objetivos de la ley? Más adelante se observa que el Consejo General de la Abogacía puede proponer reformas legislativas ¿a nivel federal?, ¿a nivel local? Y qué artículo constitucional facultaría esto.

23.- Las faltas administrativas. El artículo 160 sanciona a las instituciones educativas que no se registren. Ahora bien, conforme al artículo 20 de la propuesta, toda escuela de derecho privada o pública debe estar registrada. Tomando en consideración que las escuelas de derecho ya están registradas ante la SEP ¿cuál es el propósito de esto? Se sanciona de manera administrativa la presentación de documentación falsa, cuando en realidad esto es un delito, y nada se dice de la vista al ministerio público.

24.- De los delitos. La única conducta típica remite al Código Penal Federal, en el cual no existe el delito. Sin embargo, en el apartado correspondiente se ordena a las entidades a tipificar la conducta. Este problema competencial no tiene sentido. Asimismo, los márgenes de punibilidad no guardan proporcionalidad ni congruencia con los criterios de la Primera Sala de la Corte.[11]

25.- Cánones estandarizados. No se estandariza el examen, la educación, ni se habla de revisar la calidad de las miles de escuelas de derecho que existen. Por último, solo la autoridad jurisdiccional puede vedar el ejercicio de la profesión y no un grupo de particulares.

Conclusiones generales:

  1. Los temas más importantes para ejercer la abogacía deberían ser tres: el examen, los mínimos de la educación continua y las definiciones de ética del abogado. Estos no son atendidos de manera debida
  2. Los temas clásicos del ejercicio de la abogacía como secreto profesional y relación cliente abogado son mal abordados.
  3. La propuesta de ley se centra en la creación de órganos con amplias facultades regulativas, docentes, académicas y vigilantes.
  4. La propuesta de ley debe responder a la realidad mexicana, por ejemplo: no existen asociaciones unipersonales, el pago de cuotas con reglas y atender los criterios de la Corte en diversos aspectos.

Javier Cruz Angulo. Profesor e investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Véase en http://www.nycourts.gov/rules/jointappellate/ny-rules-prof-conduct-1200.pdf (consultado el 15 de octubre de 2016) el siguiente concepto: “..includes any litigation, judicial or administrative proceeding, case, claim, application, request for a ruling or other determination, contract, controversy, investigation, charge, accusation, arrest, negotiation, arbitration, mediation or any other representation involving a specific party or parties..”  (Traducción y adaptación libre del autor)

[2] Visible en SCJN, Pleno, Acción de inconstitucionalidad 146/ 2007 y su acumulada, p. 179. “…Lo anterior no significa que legislador sea absolutamente libre para despenalizar conductas, existen claros límites constitucionales, como el establecimiento de una descriminalización discriminatoria en términos del artículo 1º de la Constitución Federal o que la o criminalización de la conducta se haga mediante ley privativa; además debe satisfacer los requisitos procedimentales y orgánicos y obedeciendo a un facultamiento previo…”

[3]Cf.  Kaufmann, Arthur. Filosofía del Derecho. Universidad del Externado, Bogotá, 1999, p 387. Ética y moral se pueden entender como sinonimias con excepción explícita en el pensamiento de Hegel.

[4] https://canaljudicial.wordpress.com/tag/inegi/page/4/ Consultada el 14 de octubre de 2015)

[5] Época: Novena Época, Registro: 189779, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 2001 , Materia(s):, Constitucional, Laboral, Tesis: 2a. LIX/2001, Página: 443 CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN POR SEPARACIÓN. LOS ARTÍCULOS 395 Y 413 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE AUTORIZAN, RESPECTIVAMENTE, SU INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS, COLECTIVOS DE TRABAJO Y EN LOS CONTRATOS-LEY, SON VIOLATORIOS DE LOS ARTÍCULOS 5o.,9o. Y 123, APARTADO A, FRACCIÓN XVI, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Se podría contener una exclusión implícita o una incorporación forzosa a los colegios nacionales.

[6] Se debe generar una regla de tiempo, por ejemplo dos años después de dejar el encargo público.

[7] Roy Stuckey and Others, Best Practices for Legal Education, First Edition, 2007, University of Souht Carolina, p. 77. (traducción libre del autor)

[8] Cf. Steven I. Friedland, Evidence Law and Practice, Third Edition, 2007, Lexis Nexis, p. 37.

[9]  Regla 1.2 visible en http://www.nycourts.gov/rules/jointappellate/ny-rules-prof-conduct-1200.pdf (consultado el 16 de octubre de 2015) traducción libre del autor.

[10] http://www.animalpolitico.com/2015/08/empresaria-aramburuzabala-denuncia-por-extorsion-a-esposa-de-lopez-doriga-el-niega-la-acusacion/ (consultado el 16 de octubre de 2015)

[11] Época: Décima Época, Registro: 2005042, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 80/2013 (10a.), Página: 353 INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. LOS ANTECEDENTES PENALES DEL SENTENCIADO QUE LLEVEN A CONSIDERARLO COMO REINCIDENTE, DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA FIJAR LA PUNIBILIDAD.

Colegiación y certificación obligatoria de los abogados. Una defensa

En México, la admisión a la práctica de la abogacía es automática, solamente requiere de la presentación de un título universitario válido que compruebe la terminación de estudios universitarios que, a su vez, permite obtener mediante un simple registro, la patente que habilita para el ejercicio profesional. No se requiere, a diferencia de la judicatura, del notariado, de la correduría pública o de la academia, de la presentación de un examen de acceso a la profesión que, en el caso de la abogacía, debería establecerse por los colegios de abogados.

En México no se cuenta con un código de ética profesional de carácter obligatorio para el ejercicio de la abogacía. La violación a los poquísimos códigos de ética profesional que existen en unos cuantos colegios de abogados es difícilmente sancionable y perseguible por el carácter voluntario de la pertenencia a dichos colegios, si bien, los colegios de abogados serios han sancionado la mala praxis y publicado sus resoluciones en los medios colegiales correspondientes. Ahí están a la vista de todos.

Existen cerca de quinientos colegios de abogados en todo el país. La gran mayoría de ellos carecen de una representación efectiva de la profesión, carecen de un código de ética profesional para sus integrantes y difícilmente cumplen con la regulación profesional vigente.

Si bien se tiene el número total de cédulas expedidas en el Distrito Federal para el ejercicio profesional, no sabemos cuántas están en uso, quiénes de los profesionistas han fallecido o se dedican a otra actividad, etcétera, lo que hace imposible el control ético profesional de quienes las detentan.

No se cuenta con ningún requisito que obligue a los abogados a la educación jurídica continua ni a la certificación de conocimientos. Una vez obtenida la cédula profesional, no hay condición alguna para su mantenimiento por el profesionista.

Si bien los abogados deben contar con la libertad e independencia necesaria para el ejercicio profesional, algunos sufren intimidación, indiferencia y hostigamiento por el Estado, la contraparte e incluso los mismos clientes, sin poder acudir a un colegio profesional que los ampare y proteja, garantizando con ello el correcto ejercicio del derecho de defensa en favor de los clientes.

Hay pues, una urgente necesidad social: más y mejores servicios profesionales por parte de los abogados. Un ejercicio profesional reglado y éticamente controlado en beneficio de la sociedad.

Papel del abogado en el Estado de Derecho y en el ejercicio del derecho de Defensa

La defensa de la persona en juicio y de sus derechos se concibe solamente a través de la intervención del abogado. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad y conforme al artículo 20 de la Constitución a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención.

El derecho de defensa tiene una íntima relación con la independencia y libertad del abogado, así como con la salvaguardia del secreto profesional. El ejercicio pleno de la abogacía garantiza una defensa eficaz de la persona y de los derechos inherentes a la misma.

El abogado es un elemento esencial para que la administración de justicia pueda cumplir con los objetivos que la Constitución y la legislación secundaria señalan. Por más reformas que se hagan a la impartición de justicia, estas no serán suficientes si no incluyen una reforma a la educación jurídica y al ejercicio profesional de la abogacía.

Claramente los colegios de abogados deben contribuir a la protección de las funciones del abogado en el ejercicio efectivo de la defensa. Un abogado libre, independiente y digno es competencia de los colegios de abogados.

El abogado defensor requiere que el colegio de abogados proteja su pleno ejercicio profesional y con ello se logre la tutela a los que carecen de representación, están privados ilegítimamente de su libertad, son perseguidos o discriminados.

El efecto de la no obligatoriedad en la colegiación es claro: hace imposible asegurar un ejercicio ético del profesional y una preparación adecuada y actualizada del mismo. Para muestra el estado actual del ejercicio profesional en México.

Por una colegiación obligatoria y la certificación de conocimientos

Conforme a la experiencia internacional y la experiencia histórica de México, la colegiación obligatoria de la abogacía constituye la mejor garantía de libertad e independencia de los abogados, imperativo del servicio que se debe prestar a la sociedad.

Toca a los colegios de abogados asegurar, además, el mantenimiento del honor, la dignidad, la integridad, la competencia, la deontología y la disciplina profesional.

La colegiación obligatoria de la abogacía, conforme a la vasta experiencia internacional, es siempre en beneficio del público que acude a los servicios profesionales del abogado, garantiza una mejor prestación y defensa de los particulares y colectivos en desventaja social y promueve la paz social.

El beneficio social derivado del correcto ejercicio de la abogacía requiere de controles o reglas que permitan garantizar a la sociedad demandante de los servicios profesionales correspondientes, que los mismos serán prestados en condiciones adecuadas.

Una de las vías que históricamente se ha utilizado en nuestro país y a nivel internacional para lograr la seguridad y certidumbre que se pretende respecto de la correcta prestación de los servicios profesionales, es la colegiación obligatoria de los abogados, la cual ha existido en México desde la segunda mitad del siglo XVIII.  La colegiación profesional asegura que el ejercicio de la profesión se haga con los mismos criterios de control y de ética profesional.

La colegiación necesaria, legal, universal y obligatoria cierra el círculo virtuoso de la adecuada prestación de un servicio profesional. En este sentido, los colegios de profesionistas se convierten en un instrumento para el mejor desarrollo de la persona y del orden social en general.

La colegiación obligatoria debe restablecerse en México dada la urgente necesidad de proteger, en primer lugar y de manera principal, el interés social y colectivo sobre el interés particular, ya que resulta indiscutible que se requieren profesionistas adecuadamente formados, sujetos a una normatividad que regule claramente su actividad profesional y a una entidad que supervise el correcto desarrollo de su actividad profesional.

La colegiación obligatoria constituye una garantía ciudadana que se justifica no en atención a los derechos de los profesionistas, sino como una forma de beneficiar los intereses de los destinatarios de sus servicios, que tendrán la posibilidad de defenderse ante eventuales abusos y de exigir que los servicios profesionales se presten de manera ética y eficaz. Sin embargo, no sería posible garantizar una ética profesional uniforme, una formación continua adecuada y una respuesta profesional eficiente, sin la colegiación profesional.

Cabe destacar que una gran parte de los Estados que integran la comunidad internacional ya contemplan la colegiación obligatoria, todos ellos socios comerciales de México, como son, a título de ejemplo, España, Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos de América, Canadá, Guatemala, Honduras, Panamá, Brasil, Argentina, Perú y otros más.

En el derecho existen diversas “profesiones jurídicas”, que si bien requieren del estudio del derecho, en su ejercicio se diferencian de manera importante y en un momento dado los requisitos para su práctica varían sustancialmente. El título de licenciado en derecho faculta a quien lo ostenta para el posible ejercicio de las diversas profesiones jurídicas (independientemente de que el título diga “Abogado” o “Licenciado en Derecho”), así, se estudia derecho pero profesionalmente se ejerce la abogacía, la judicatura, el notariado, la correduría o la academia en su aspecto tanto de investigación científica como de docencia jurídica.*

La regulación debe especializarse dependiendo de la profesión jurídica de que se trate, siendo hoy en día indispensable contar con una Ley General de la Abogacía que haga referencia a los aspectos particulares de su ejercicio.

La abogacía es la actividad dirigida a la defensa de los intereses de otras personas ante terceros, autoridades y tribunales. El abogar consiste en la presentación y el apoyo de las razones a favor de una persona ante quien ha de juzgar o decidir sobre ellas, sea autoridad o no.

Las profesiones jurídicas por su importancia social exigen de mayores requisitos que el contar con título y cédula profesional para su ejercicio: si se quiere ser juez, se debe presentar un examen para ello, si se quiere ser notario, al menos en el Distrito Federal, se debe presentar un examen para ello, si se quiere ser investigador, se debe presentar un examen de oposición para ello, si se quiere ser corredor público, se debe presentar un examen para ello… Sin embargo, si se quiere ser abogado, de quien dependerán en su trabajo profesional el patrimonio, la libertad, la vida y otros derechos de las personas, de manera absurda, hoy en día no se requiere de examen alguno para el acceso a la profesión.

Oscar Cruz Barney. Abogado. Comercio Exterior, Arbitraje Comercial, Antidumping, Abogacía, Colegiación, Historia del Derecho. Twitter: @ocbarney

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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* Cruz Barney, Oscar, Aspectos de la regulación del ejercicio profesional del Derecho en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Tirant Lo Blanch, 2013.