¿Y por qué queremos casarnos? Matrimonio igualitario e igualdad de derechos

En México, los movimientos por los derechos del colectivo LGBTTTI[1] han logrado visibilizar la diversidad existente sobre identidad y orientación sexual y, sobre todo, lograron poner el foco público sobre las diferentes formas de discriminación que sufren, incluso las violaciones a sus derechos que provienen de las propias leyes.

El matrimonio es sólo una de las tantas formas de discriminación formal sobre las que se ha exigido una revisión legislativa y una adecuación para garantizar el ejercicio de este derecho en condiciones de igualdad y no discriminación.

El matrimonio como instrumento legal otorga derechos y prestaciones a la pareja y a la familia.  Algunos derechos civiles que reconoce el matrimonio no están presentes en otro tipo de relaciones jurídicas, como concubinato o sociedad de convivencia. Entre ellos están el derecho a la reproducción asistida como pareja, los derechos alimentarios sin condicionamientos (que incluye la pensión alimenticia en caso de separación), seguridad sobre los bienes familiares y, lo más importante, incluye prestaciones de seguridad social, derechos hereditarios directos (sin condicionamientos).

La “sociedad de convivencia”[2] en la Ciudad de México sí aclara que es un acto jurídico entre dos personas físicas de diferente o del mismo sexo”. Sin embargo, no contempla los mismos derechos que el matrimonio. Si por tu orientación sexual no puedes ejercer el derecho del matrimonio, ni los derechos como pareja que esta institución otorga, estas sufriendo discriminación por parte de las autoridades del Estado.

Para superar estos actos de discriminación, en 2009 se reformó el código civil del Distrito Federal para redefinir al matrimonio como “…la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida…”. Dejábamos atrás la retrógrada idea del matrimonio como unión de un hombre y una mujer. Al año siguiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló la inexistencia de un argumento jurídico y constitucional que pudiera sustentar negarle este derecho a las parejas del mismo sexo[3]. Y, en 2015, declaró mediante una tesis de jurisprudencia que los ordenamientos legales locales o federales que contengan la procreación como finalidad del matrimonio, o definan a éste como la unión entre un hombre y una mujer, vulneran los principios de igualdad y no discriminación.

Por su parte, durante este arco de tiempo, en 2011 se incorporó en la Constitución federal (con la reforma de derechos humanos) por vez primera las “preferencias sexuales” como categoría prohibida de discriminación, protegiendo así los derechos de todas las personas, independientemente de cuál sea su orientación o identidad sexual. Se esperaba que esta reforma generara cambios en todos ordenamientos jurídicos de los estados de la República, para que las parejas del mismo sexo pudieran ejercer su derecho al matrimonio. Así, según la SCJN, la Constitución protege a la familia en todas sus formas[4] y sostiene que no existe razón constitucional para no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo[5].

Pero las reformas que se esperaban en los ordenamientos jurídicos de los estados no se produjeron.  Contrario a los criterios interpretativos de la SCJN y de estándares internacionales, aún estamos en presencia de ordenamientos jurídicos que contemplan esta retrógrada idea del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer cuyo fin es la reproducción humana, la procreación o preservación de la especie.

Una revisión a las legislaciones de norte a sur del país nos muestra varios ejemplos de normas que están vulnerando directa y explícitamente  los principios de igualdad y no discriminación[6] :

  • Yucatán: “…unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer, (…) generar la reproducción humana”[7]
  • Morelos: “…unión voluntaria y libre de un hombre y una mujer (…) procreación de hijos (…) Cualquier condición contraria a estas finalidades se tendrá por no puesta.”[8]
  • Sonora: “…unión legítima de un hombre y una mujer, con el propósito expreso de integrar una familia”[9]
  • San Luis Potosí: “…es la unión legal entre un hombre y una mujer, (…) con la finalidad de proporcionarse ayuda mutua, fidelidad y perpetuar la especie, formando una familia[10]
  • Puebla: “… es un contrato civil por el cual un solo hombre y una sola mujer, se unen en sociedad para perpetuar la especie (…)”[11]
  • Jalisco: “ …un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia”[12]
  • Hidalgo: “…una institución social y permanente por la cual se establece la unión jurídica de un solo hombre y una sola mujer, (…) que originan el nacimiento y estabilidad de una familia”[13]

En este contexto, el pasado 17 de mayo, el Ejecutivo Federal firmó una serie de iniciativas, para hacer frente a estas manifestaciones tan explicitas de discriminación y para garantizar en todo el país el respeto a un matrimonio sin discriminación. Las iniciativas incluyen reformar el artículo 4 constitucional, reformar el código civil federal y derogar o modificar todas las normas que tengan contenido discriminatorio.

Aún nos queda un largo camino, pues, a pesar de los avances normativos, la discriminación contra los colectivos LGBTTTI, como causa de procesos culturales, históricos y sociales, sigue presente.

Luis Fernando Villanueva Ayala. Área Legal de Equis Justicia para las Mujeres.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, trans-género, travestis e intersexuales. El colectivo LGBTTTI inició conformado por lesbianas y homosexuales, posteriormente se sumaron personas bisexuales y trans-género, y después se incluyeron transexuales, travestis e intersexuales.

[2] Art. 2 Ley de Sociedad de Convivencia para el DF

[3] SCJN. Acción de Inconstitucionalidad 2/2010. Promovente: Procurador General de la República. Matrimonios entre personas del mismo sexo. Consultable aquí. (Última consulta 17 de julio de 2014).

[4] Tesis jurisprudencial 1ª./J.85/2015[4].

[5] SCJN. Tesis: 1ª./J. 46/2015 (10a.)

[6] La normativa en cuestión vulnera los artículos 1, 2, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 12 de la Constitución Política del Estado de Yucatán;[6] 1.1, 2, 17, 24, y 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

[7] Código de Familia para el Estado de Yucatán

[8] Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.

[9] Código de Familia para el Estado de Sonora

[10] Código Familiar (art. 15) del Estado San Luis de Potosí.

[11] Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla (art. 294).

[12] Código Civil para el Estado de Jalisco ( art. 258)

[13] Código Familiar para el Estado de Hidalgo ( art. 11)

La Suprema Corte y la adopción por parejas del mismo sexo

El pasado 11 de agosto de 2015, el pleno de la Suprema Corte se pronunció respecto a la acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del estado de Campeche[1].

La acción contra dicha norma fue promovida por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche. En la correspondiente demanda se arguyó que el artículo impugnado era contrario a los artículos 1° y 4° de la Constitución federal, así como a los artículos 1°, 17° y 24° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al prohibir de manera tajante la adopción a las personas que se encuentran unidas en sociedad civil de convivencia.[2] En este sentido, la Comisión señaló que la norma impugnada discriminaba –sin tener una razón justificada para ello– a los convivientes de la sociedad, al limitar su derecho a adoptar en menoscabo de la dignidad y derechos reconocidos de los que se encuentran en una sociedad civil de convivencia. De la misma forma, la Comisión sostuvo que si bien, tratándose de adopción, los derechos de los menores de edad sujetos a adopción se encuentran en posición prevalente frente al interés del adoptante, ello no significa que la orientación sexual de una persona o de una pareja lo degrade a considerarlo, por sólo ese hecho, como nocivo para el desarrollo de un menor de edad y, por ello, no permitirle adoptar. Aunado a esto, la Comisión abonó a su argumentación que el artículo sometido a escrutinio vulneraba el derecho a la protección, organización y desarrollo de la familia, negando a quienes se encuentran dentro de esta figura jurídica la posibilidad de tener hijos por adopción.

En respuesta a estos argumentos, la Consejería Jurídica del estado de Campeche respondió lo siguiente: (i) el concepto de convivientes no es discriminatorio, ya que hace alusión a dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena que establecen un domicilio en común con voluntad de permanencia y ayuda mutua para organizar su vida en común; (ii) la sociedad de convivencia es un contrato, el cual no modifica el estado civil de las personas, pues siguen permaneciendo solteras y, por lo tanto, pueden terminar dicho contrato cuando así convengan los intereses de uno o de ambos, y (iii) la norma impugnada no vulnera el principio de no discriminación ni el derecho a la protección y organización de la familia, ya que se encuentra apegado a las leyes que regulan la organización de dicha institución y garantizan su protección.

En la misma línea, el Congreso local respondió con esta batería de argumentos: (i) el artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del Estado de Campeche es constitucional, pues la prohibición que impone el mismo no hace distinciones en cuanto al género o preferencia sexual de las personas; (ii) las sociedades de convivencia muestran el interés del estado de Campeche en tutelar un mayor número de bienes jurídicos, ya que se trata de una figura que no estaba prevista en el marco jurídico del Estado; (iii) el derecho de adopción ha sido previsto por el Estado para otras figuras jurídicas –como el matrimonio o el concubinato– y esta nueva figura no pretende modificar la institución de la adopción; (iv) la sociedades de convivencia persiguen fines distintos al matrimonio o al concubinato, por lo que no puede ser interpretado jurídicamente de forma análoga con estas otras instituciones, y (v) debido a que la figura de la sociedad en convivencia tiene como característica que puede ser disuelta fácilmente por cualquiera de las partes, el legislador pretendió proteger los derechos de la niñez imponiendo barreras que no fueran fácilmente superadas por la disolución de la sociedad. De esta forma se actuó con apego a derecho y se buscó una mayor protección para un segmento de personas vulnerables.

Una vez expuesto lo anterior, la Corte prosiguió a analizar y resolver posteriormente el presente caso. En primer lugar, es importante destacar que la Corte sostiene que, a pesar de lo expuesto por la Consejería Jurídica del estado de Campeche, la sociedad de convivencia genera un estado civil debido a que, por un lado, tiene una finalidad, obligaciones y derechos similares al concubinato y al matrimonio y, por el otro, para acceder a ésta es necesario no encontrarse en ninguno de los otros supuestos. Así pues, la sociedad civil de convivencia es un estado civil en Campeche en la que los convivientes de conformidad con el artículo impugnado les está prohibido expresamente tanto adoptar de forma individual o conjunta, como compartir o encomendar la patria potestad o guarda y custodia de los hijos menores de edad del otro conviviente.

Una vez aclarado este aspecto no menor, los ministros consideraron que había dos formas de acercarse al estudio del artículo impugnado. El primero, desde el interés superior del menor, así como del concepto constitucional de la familia y, el segundo, desde el principio de igualdad y no discriminación.

Respecto el primer punto, los derechos de los menores de edad sujetos a adopción se encuentran en posición prevalente frente al interés del adoptante u adoptantes, dada precisamente la protección constitucional especial de los niños. En este sentido, la adopción es una institución que busca la protección y garantía de los derechos de los niños y adolescentes, con el afán de incorporarlos a una familia donde puedan proporcionarles afecto, cuidados, educación y condiciones adecuadas para su desarrollo. Partiendo de esto, el tipo de familia al que el menor va a ser integrado es irrelevante, lo único que de verdad tiene relevancia es la idoneidad de el o los adoptantes para proporcionarle afecto, cuidados, educación y condiciones adecuadas para su desarrollo. Estos ingredientes, y no el tipo de familia en abstracto, es lo que permite que el niño o adolescente se desarrolle plenamente.

De ahí que la Corte consideró que la prohibición absoluta a adoptar por el simple hecho de encontrarse en un tipo de unión civil no encuentra ninguna justificación constitucional válida y, por tanto, los argumentos de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche eran fundados.

Sin embargo, fue en la segunda forma de abordar este asunto en que la Corte mostró su genialidad. En efecto, los ministros bien pudieron haber limitado su análisis al punto anterior, ya que en principio parecía que el tema de fondo no era la adopción por personas del mismo sexo, sino la figura de la sociedad en convivencia. Desde esta perspectiva no parecía haber un problema de discriminación. Incluso la sentencia pudo haber tenido efectos muy similares, pues al otorgar a las sociedades de convivencia el derecho a adoptar, y al ser las sociedades de convivencia la unión de dos personas –ya sean del mismo o de diferente sexo–, las parejas del mismo sexo también se hubieran beneficiado.

Pero la Corte no rehuyó al tema más peliagudo de este caso y considerando que si bien la sociedad de convivencia está dirigida tanto a parejas del mismo sexo como de distinto sexo, el problema de la prohibición a adoptar se torna mucho más complicado al percatarnos que la sociedad en convivencia es la única forma de unión disponible para las parejas del mismo sexo en la legislación local de Campeche. Con lo cual, se vuelve evidente que la prohibición a adoptar va encaminada a un sector específico como lo son las parejas homosexuales, violando de esta forma el principio de igualdad y de no discriminación.

En este contexto, la Corte consideró que la distinción contenida en el artículo 19 de la Ley de Sociedades Civiles de Convivencia de Campeche no tiene concordancia con el mandato constitucional de protección de la familia, ni con la protección del interés superior del menor de edad. Esto porque la distinción no sólo discrimina por igual a las parejas del mismo o distinto sexo que entren en una sociedad de convivencia en función de su estado civil, sino que también las discrimina al no proteger de igual manera a la familia formada por esa pareja.

Así, aunque la sentencia al final pudo haber tenido el mismo efecto –si se tomaba en cuenta el segundo aspecto de la Corte o no– las repercusiones sociales y pedagógicas de la misma son completamente distintas. Sin duda, esta es una sentencia que hay que aplaudir.

Nota al calce

Por último, vale comentar las aportaciones de los ministros disientes. En primer lugar, el ministro Medina Mora sostiene que no se trata de un problema de acceso a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, sino a un cuestionamiento relativo a si resulta posible dar o no el mismo tratamiento a figuras asociativas del orden civil con naturaleza y finalidades distintas, para de esta forma otorgarle a figuras como las sociedades de convivencia los beneficios del matrimonio, tales como la adopción. Afirma que la prohibición de adoptar que establece la norma impugnada se hace en función del tipo de asociación civil, su objeto y su naturaleza, sin que sea posible considerar que la sociedad de convivencia se encuentre reservada a las personas con una determinada preferencia sexual.

El ministro considera que la invalidez de la norma impugnada excluye ex ante la posibilidad de que el Estado defina los mecanismos idóneos para la formación de familia dentro de parámetros de razonabilidad constitucional, ya que el Estado tiene la responsabilidad de establecer condiciones mínimas que se deben cumplir para poder llevar a cabo la adopción de un menor. Explica que las limitaciones a la posibilidad de adoptar es una condición permitida constitucional y convencionalmente que se encuentran dentro del ámbito configurativo de las legislaturas locales, por lo que en el caso planteado se debería haber declarado la validez de la norma impugnada. Lo anterior, ya que la norma impugnada se trata de una mera limitación a la posibilidad de adopción a una figura asociativa del estado civil, sin que se advierta la existencia de una discriminación en contra de algún grupo en específico.

Por su parte, y aunque compartió el sentido de la decisión más no su argumentación, es importante señalar el pronunciamiento del ministro Cossío Díaz, ya que –contrario a lo que muchos aplauden– él afirma que la Corte sobrepasó el análisis de la presente demanda de inconstitucionalidad en el aspecto de la discriminación por razón de orientación sexual. De ahí que Cossío considere que las declaraciones de la Corte resultan meramente declarativas e innecesarias.

Amelia Cañas Salinas, Manuel A. Frappé Silis y Cinthia I. Moreno. Estudiantes de la licenciatura en Derecho del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Art. 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del Estado de Campeche: Los convivientes (sic) no podrán realizar adopciones en forma conjunta o individual. No podrán compartir o encomendar la patria potestad o guarda y custodia de los hijos menores del otro. Es nulo de pleno derecho cualquier pacto que contravenga esta disposición

[2] Artículo 2 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del Estado de Campeche:   La Sociedad Civil de Convivencia es un contrato que se constituye cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un domicilio común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua, para organizar su vida en común. Los conviventes (sic) que la constituyan tendrán el carácter de compañeros civiles.