Ninguna persona es anormal: lenguaje, discapacidad y acceso a la justicia

El lenguaje no es una construcción arbitraria de la mente humana, sino un producto social e histórico que condiciona nuestro pensamiento y determina la visión del mundo. Rige los imaginarios individuales y sociales, y otorga a las situaciones sus significados. Cuando una persona juzgadora hace un uso irresponsable del lenguaje, es particularmente grave porque tiene implicaciones en el acceso a la justicia. En la interpretación y aplicación de las normas es importante que prestemos atención al lenguaje que se utiliza porque cualquier forma de nombrar o clasificar responde ideológicamente a una forma concreta de explicar la realidad.

El enfoque de derechos humanos, a través de sus distintas perspectivas de análisis (de género, interculturalidad, infancia, discapacidad y otras) evidencia que el uso del lenguaje puede fomentar estereotipos y discriminar. Por ejemplo, para hablar sobre personas con discapacidad[1] anteriormente se usaban términos cómo incapaces, personas retrasadas mentales, subnormales, etcétera.  Hoy no se considera correcto su uso porque, desde el marco de los derechos humanos, la concepción de discapacidad ha evolucionado y el uso de estos términos atenta contra la dignidad y el respeto de las personas. Sin embargo, seguimos encontrándolos en numerosos procesos judiciales, acompañados de miradas paternalistas, estereotipadas y marginales hacía este sector de la población.

En Equis: Justicia para las Mujeres A.C. y APIS Sureste Fundación para la Equidad tramitamos un caso para la defensa de una víctima de violación en Yucatán. Ella es una mujer indígena, con discapacidad psico-social, madre de dos niños y en situación de pobreza extrema. El juez que conoció su caso se refirió a ella como una persona “retrasada mental”. Esto no fue un error casual, en todo el expediente encontramos expresiones discriminatorias constantes en relación a la “incapacidad” de la víctima, de hecho y de derecho. No se están cuestionando en estas líneas las resoluciones judiciales aludidas, sino el lenguaje del que se sirve el juez para referirse a la persona durante el proceso; así como, el tratamiento discriminatorio que anula la personalidad jurídica y autonomía personal de la víctima.

Literalmente señala “ausencia de autonomía de la voluntad” y que “presenta retraso mental moderado, siendo evidente que tal estado de salud constituye un alteración psicológica que necesariamente se traduce en anormalidad de la conducta de la persona que se encuentra privada de sus facultades mentales” y que “carecía de un libre discernimiento sobre la conveniencia o inconveniencia del concúbito carnal“, “que no tiene la capacidad mínima de comprender hechos tipificados como punibles (…)”.

El lenguaje utilizado por el juez tiene graves implicaciones porque sugiere que la diversidad funcional de la víctima fue causal para la consumación de los hechos, y hace distintas conjeturas sobre su capacidad de pensar y su vida sexual: “(…) ya que esta enfermedad se trata exclusivamente de una disminución del coeficiente intelectual, que le impide tomar decisiones en razón de que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto o lo opuesto, por lo que carece de capacidad para decidir sobre su sexualidad (…)”.

Estas sentencias podrían poner en duda incluso que hubiera tenido lugar la violación, considerando, por un lado, que una persona con discapacidad no tiene voluntad, no puede darse cuenta de lo que hace y tampoco de si lo desea o no, y que la víctima tal vez sí quería, pero no entendía. Y, por otro lado, a lo largo del expediente reitera el viejo y ya en desuso criterio de la resistencia de la víctima, aunque finalmente, jurídicamente no lo usa. Los estándares internacionales que obligan al juez son precisos cuando afirman que por ningún motivo se debe pedir a una víctima de violación que demuestre que intentó resistir el acto.

Dado que, cómo concebimos a las personas es como las tratamos, el lenguaje utilizado, en este caso particular, además de ser ofensivo, promueve la perpetuación de estigmas y estereotipos negativos en contra de las personas con discapacidad. Cuando un juez considera a una mujer con discapacidad psicosocial “retrasada mental”, esta consideración tiene repercusiones en el acceso a la justicia. Con el concepto de “retraso mental”, jurídicamente se asume la presunción de incapacidad o presunto insano, dando un tratamiento de enfermedad que impide que la persona pueda representarse por sí misma ante cualquier autoridad. De esta forma se está violando la presunción de capacidad jurídica y exigiendo cargas procesales innecesarias como la comprobación de la discapacidad a través de periciales psiquiátricas re-victimizantes; es decir, obstaculiza el ejercicio de sus derechos en un tribunal y por tanto su acceso real a la justicia.

Los tratados internacionales sobre la materia son muy claros, señalan que los juzgadores deben reconocer a todas las personas con discapacidad, sin distinción alguna entre los tipos y grados de discapacidad, su personalidad jurídica, así como la capacidad jurídica para ser titulares de derechos y obligaciones, y su aptitud para ejercer los primeros y contraer las segundas. Se debe respetar también su derecho a ser escuchadas en todo asunto y a tomar debidamente en cuenta sus decisiones.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de la cual México es parte, reafirma el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad, es decir, su derecho a ser reconocidas como personas ante la ley; y establecer la presunción de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, eliminando la presunción de incapacidad. Asimismo, la Convención señala la importancia de eliminar las interpretaciones y percepciones judiciales que valoran a la discapacidad como una enfermedad y obliga al juzgador a tomar ajustes razonables en el proceso según la condición especifica de la persona,  para lograr la igualdad procesal de todas las personas.

La condición de discapacidad a la que hacen referencia las leyes tiene que ser entendida como parte de la diversidad humana, no como una disminución a la dignidad de las personas. Es por eso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial[2].

Equis Justicia para las Mujeres. Organización feminista que contribuye al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres mediante estrategias de acceso a la justicia, incidencia en propuestas de políticas públicas y el fortalecimiento de liderazgos para alcanzar la justicia social (http://equis.org.mx/).

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su autor y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Denominación establecida por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

[2] Caso Ximenes Lopes Vs Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006.Serie C No. 149, Párr. 105.

El mundo de Sofía o el abuso del derecho penal para abordar problemas sociales

Sofía, una joven mexicana, vive en prisión con su hijo, quién padece parálisis cerebral. Está cumpliendo una condena de 10 años por transportar marihuana. Según su testimonio, era la primera vez que Sofía transportaba drogas, necesitaba dinero y no dimensionó las consecuencias que implicaba ese viaje.

Sofía es un caso entre muchos. En México, las mujeres representan un 53% de las personas procesadas y sentenciadas por el fuero federal, y los delitos relacionados con drogas son la primera causa de encarcelamiento de mujeres a nivel federal[1]. Esta situación está lejos de mejorar, pues el encarcelamiento femenino por delitos de drogas no ha hecho más que aumentar en las últimas décadas[2], en México y en el resto del continente.

¿Por qué es urgente una revisión de la política de drogas?

La llamada “Guerra contra las drogas”, a través de una estrategia militar, punitiva y de persecución, ha estado causando violaciones graves a derechos humanos como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales o el desplazamiento forzado a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe. Situación que se agrava especialmente con los grupos en situación de vulnerabilidad de la población, asentados en las zonas productoras y de tránsito de las rutas del narcotráfico, y a menudo presas de la necesidad económica.

En 2012, México, junto con Guatemala y Colombia, promovieron un adelanto para que se celebrara este próximo abril la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas[3] (UNGASS, por sus siglas en inglés), sobre el problema mundial de las drogas, la cual estaba prevista para 2019. En los foros internacionales, México ha reconocido el fracaso de la política de drogas –que tienen su origen en el establecimiento de la fiscalización de las drogas a través de las Convenciones Internacionales[4]– admitiendo la necesidad de apertura y progreso hacia un nuevo debate, así como también los “enormes costos sociales y económicos”[5].

Durante 2015 han tenido lugar varios acontecimientos[6] y debates e México sobre el uso de la marihuana medicinal y recreativa. Este debate impulsó un avance en el ejercicio de los derechos, y favoreció la discusión sobre la necesidad de una política de drogas que ponga en el centro el respeto a los derechos humanos.

¿Es necesaria una óptica de género en la política de drogas?

¿Por qué prestamos especial atención a la situación de las mujeres? ¿Por qué hablar de las mujeres como un grupo en situación de vulnerabilidad? Porque la realidad está lejos de la imagen de la mujer vinculada al poder del narcotráfico. El patrón, que se repite en las cárceles mexicanas y del continente, son mujeres con bajos recursos económicos, escaso nivel de escolarización, situación de necesidad económica, pobreza y/o exclusión social, jefas de hogar que mantienen a sus hijos u otros dependientes. Una vez dentro del sistema de justicia, estas mujeres son sentenciadas con un claro marco de estereotipos de género, juzgadas como malas madres y con penas desproporcionadas. A menudo cumplen con largos periodos de prisión preventiva, sin contacto con sus familias, sin juicio y sin sentencias.

El uso excesivo del derecho penal es la fórmula que rige y estructura los casos de mujeres encarceladas por delitos de drogas. Pero es necesario profundizar más, hacer un análisis del contexto y del grado de participación en el delito, pues estas mujeres mayoritariamente actúan como los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico y en delitos no violentos, como las llamadas mulas. Viendo los patrones y perfiles de las mujeres que están presas por casos de drogas, es imposible no relacionar esta situación con la feminización de la pobreza.

Durante su proceso judicial, Sofía insistió y escribió al juez para solicitar otra forma de pagar por delito. Alguna forma que no fuera estar en prisión y obligar a su hijo, completamente dependiente, a cumplir condena con ella. “Le pedí otra manera de sanción o arresto domiciliario o venir días… Pero me dijo por notificación que eso lo debí pensar antes de hacer cualquier delito, así que mi delito sea como sea lo tengo que pagar”.

Profundizando en el análisis, vemos que las causas del involucramiento de las mujeres en los delitos de drogas responden muchas veces a una falta de oportunidades y de desigualdad social. Como Sofía, muchas mujeres enfrentan una triple condena: la penal, condenadas hasta 10 años en prisión, aunque sean primodelincuentes. Con la situación agravada que viven en el interior de las cárceles, en prisiones mixtas sin adecuadas condiciones –viviendo con sus hijos- ni separación entre hombres y mujeres. Y por último la condena social, juzgadas como malas cuidadoras, malas mujeres, que deriva en abandono familiar y con mayores dificultades de reinserción laboral y social por el estigma tras el paso por la prisión.

No se trata de dejar delitos contra la salud impunes, sino de no abusar del derecho penal para abordar problemas sociales. Por eso es imprescindible fomentar las medidas alternativas a la prisión y diseñar políticas de integración social para hacer frente a las causas estructurales que acaben con la violencia contra las mujeres. Sin duda, en México, ahora es el momento para un cambio de rumbo hacia una política de drogas más humana,  que proteja los derechos humanos y enfrente la desigualdad de género.

Isabel Blas. Área de Políticas Públicas en Equis Justicia para las Mujeres.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1]  INEGI, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales 2014

[2]  GIACOMELLO, Corina. “Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina”, International Drug Policy Consortium (IDPC), octubre de 2013.

[3] Existen, entre los tipos de reuniones que lleva a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas, las sesiones extraordinarias sobre cuestiones que exigen una atención especial. Es el caso de la futura sesión extraordinaria sobre el problema mundial de las drogas, la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará en abril de 2016. Hasta la fecha, la Asamblea General (AG) ha celebrado dos períodos extraordinarios de sesiones sobre este tema. El 17° Período extraordinario de sesiones sobre el uso indebido de drogas (1990) y el 20° Período extraordinario de sesiones sobre el problema mundial de las drogas (1998).

[4] Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Convenio de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas; Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Disponible en: www.unodc.org/unodc/en/treaties/index.html#Drugrelated.

[5] ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, “Por una política integral frente al problema mundial de drogas en las Américas”, 46° Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos dedicada al seguimiento de la Declaración de Antigua Guatemala, Ciudad de Guatemala, 19 de septiembre de 2014. Discurso del Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña. Disponible en: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/discursos/4857-version-estenografica-del-mensaje-del-canciller-jose-antonio-meade-en-el-46-periodo-extraordinario-de-sesiones-de-la-asamblea-general-de-la-oea

[6] 1) El caso Grace, donde el juez federal autoriza[6] para el tratamiento de la niña que padece un tipo de epilepsia grave con crisis, la importación y el uso del CBD (cannabidiol) que disminuye los dolores causados por la enfermedad. 2) El fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se concedía a los cuatro quejosos de amparo[6], las actividades de cultivo y consumo de cannabis para uso personal. 3) Iniciativa de reforma de dos de los artículos de la Ley General de Salud (LGS) por parte del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. 4) Audiencias Públicas del Senado de la República que se están celebrando para debatir las alternativas de regulación de la marihuana y el Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana organizado por la Secretaria de Gobernación y la Secretaria de Salud.

Entre techos y laberintos: la participación de las mujeres en el poder judicial

El panorama actual del poder judicial en México parece acercarnos a la paridad: más del 40% del personal son mujeres. Sin embargo, cuanto más se sube en la pirámide de la estructura judicial y cuanto más poder tienen los cargos, más difícil es encontrar mujeres.

Al día de hoy, sólo hay una mujer en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).  Sólo 14% de los magistrados en México son mujeres. De los 11 ministros en la Suprema Corte de Justicia, sólo dos son mujeres y es muy probable que dentro de un mes nos quedemos con únicamente una. De hecho, la presidencia de nuestra máxima autoridad judicial, jamás ha sido encabezada por una mujer.

¿Qué está ocurriendo? Todavía en estos días, ¿cuál es la justificación para la ausencia de mujeres en puestos de alto rango? ¿Es tan difícil encontrar mujeres altamente calificadas? ¿Todo se debe a una estructura judicial que excluye a las mujeres? En cualquiera de los casos, la respuesta es preocupante.

Particularmente, si consideramos que, a diferencia de los poderes ejecutivo y legislativo, el poder judicial incluye en su ley orgánica los principios de igualdad y no discriminación. Pero, curiosamente, es el ámbito que registra los mayores obstáculos en materia de igualdad sustantiva, tanto dentro de su estructura como en su función de impartir justicia.

Recientes diagnósticos demuestran que dentro del poder judicial, los hombres perciben mejores salarios y prestaciones, y detentan posiciones con mayor capacidad de decisión. No son pocos los que opinan que esta diferencia salarial se debe a las “limitaciones físicas” de las mujeres, pues en el imaginario colectivo sigue vigente el paradigma del “profesional ideal” como aquella persona que dedica la mayor parte de su tiempo al trabajo, a costo de su vida privada y familiar. Desde esta perspectiva, las tareas del cuidado del hogar, tradicionalmente realizadas por mujeres afectan directamente sus posibilidades para llegar y ascender en el poder judicial.

Lo interesante es que la segregación de las mujeres en el poder judicial no es sólo “vertical”, sino también “horizontal”. Las juezas son más numerosas en ciertas ramas del derecho, como el ámbito familiar, civil o laboral. Mientras que son escasas las juezas en el ámbito penal, por ser tradicionalmente consideradas como “sensibles” y carentes de frialdad y racionalidad requeridas por el derecho penal. Es difícil y poco realista esperar que un sistema jurídico que opera a base de este tipo de prejuicios y prácticas discriminatorias, pueda impulsar la impartición de justicia con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

Así, para las mujeres no sólo es difícil escalar la pirámide en los puestos del poder judicial, también enfrentan dificultades para entrar y moverse dentro del mismo. Ya no se habla sólo de “techos de cristal”, sino de verdaderos “laberintos de cristal”. La igualdad de género está ausente de los procesos de selección y nombramiento de jueces, y dentro de los tribunales se registra un rechazo notable a las acciones afirmativas. Los últimos diagnósticos sobre la capacitación de nuestros jueces, señalan que su formación académica también ha sido alejada de los conceptos de igualdad y no discriminación.

Ante esta situación, y dentro de un contexto de creciente violencia contra las mujeres, el poder judicial enfrenta una fuerte presión para tomar acciones. En 2013, la Suprema Corte impulsó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, una herramienta que busca apoyar a las y los juzgadores en la tarea de impartir justicia con perspectiva de género, adecuándose a los más altos estándares nacionales e internacionales. Paralelamente,  el Pacto para la introducción de la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México, promovido desde la Asociación Mexicana e Impartidores de Justicia (AMIJ), incluye la decisión de crear Unidades de Género en  los tribunales del país, como mecanismos que impulsen estrategias para promover la igualdad de género dentro del sistema judicial.

Estas Unidades de Género pueden tener un rol clave, no sólo para eliminar la discriminación actual dentro del poder judicial, sino también para impartir una justicia más justa. Por eso, desde EQUIS Justicia para las Mujeres, hemos iniciado un monitoreo nacional de la situación que guardan las Unidades de Género al interior de los Tribunales Superiores de Justicia en los 32 estados. A través de solicitudes de acceso a la información y herramientas de transparencia, hemos indagado aspectos como la existencia de este tipo de mecanismos, su lugar específico en la jerarquía judicial, su personal y presupuesto asignado, entre otras cosas. Tras dos años de que se impulsó esta iniciativa, los resultados son desalentadores.

  • Únicamente ocho tribunales cuentan con una Unidad de Género; la mayoría reporta la existencia de algún otro tipo de mecanismo, comisión o comité que atiende temas de género pero sin la autonomía y capacidad requerida.
  • Muchos mecanismos están enterrados dentro de la compleja estructura judicial, lo que limita su capacidad para impulsar acciones innovadoras y eficientes.
  • Tampoco ayuda el hecho de que estén a cargo de personal que cuenta con un año o menos de experiencia en temas de género.
  • Sólo siete mecanismos cuentan con un plan de trabajo, y ninguno ha desarrollado herramientas para monitorear y evaluar el impacto de su trabajo.
  • Existen mecanismos que no cuentan con presupuesto propio, por lo que no están en posición de impulsar ningún tipo de acciones.

Si no se toman medidas para modificar estas tendencias, difícilmente se puede esperar que las Unidades de Género provoquen algún cambio significativo en nuestros tribunales. La mera voluntad política no basta. Necesitamos poner en marcha nuestras leyes, programas y políticas. Aún más importante, necesitamos desarrollar mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de los esfuerzos institucionales.

Es urgente una reflexión más profunda alrededor de la participación de las mujeres en el poder judicial.  ¿Hay machismo en la elección de la cúpula judicial? ¿Nos auto limitamos las mujeres? ¿Los laberintos tienen salida?

Lo seguro es que los números en sí mismos no significan mucho, son únicamente el punto de partida. El reto es mucho mayor. La paridad no lleva automáticamente a la igualdad sustantiva. La experiencia del poder legislativo nos ofrece muchas lecciones en este sentido. La presencia de más mujeres en el Congreso no se ha traducido necesariamente en propuestas con perspectiva de género y derechos humanos.  Se requieren programas y políticas para eliminar las condiciones que afectan el desarrollo y desempeño de las mujeres, poniéndolas en una situación de desventaja con los hombres.

Pensemos en cómo el acceso de las mujeres al poder judicial puede cambiar las reglas del juego. Michelle Bachelet nos otorga una interesante reflexión sobre el acceso de las mujeres al poder político: “Si una mujer entra a la política, cambia la mujer, si muchas mujeres entran a la política, cambia la política”.

Urge cambiar “las reglas del juego” y exigir condiciones para que las mujeres accedan las mismas oportunidades que sus contrapartes masculinas. Hasta ese momento, la justicia seguirá siendo un “club masculino” al que las mujeres no tienen posibilidad a asomarse.

Ana Pecova. EQUIS Justicia para las Mujeres.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.