Los blogs jurídicos en México, un balance

Entre 1920 y 1922, Franz Kafka compartió a Milena Jesenská, no solo su miedo y preocupación por la impersonalidad que generaban los profundos cambios en las nuevas formas como se comunicaban las personas, sino, y sobre todo, su aversión a esa extraña actividad de escribirse cartas. Kafka dijo:

¿De dónde habrá surgido la idea de que las personas podían comunicarse mediante cartas? Se puede pensar en una persona distante, se puede aferrar a una persona cercana, todo lo demás queda más allá de las fuerzas humanas.

Escribir cartas, significa desnudarse ante los fantasmas que lo esperan ansiosamente. Los besos por escrito no llegan a su destino, se los beben los fantasmas por el camino… La humanidad lo percibe y lucha por evitarlo; y para eliminar lo fantasmal entre las personas y lograr una comunicación natural, que es la paz de las almas, ha inventado el ferrocarril, el automóvil, el aeroplano, pero ya no sirven, son evidentemente descubrimientos hechos en el momento del desastre, el bando opuesto es tanto más calmo y poderoso, después del correo inventó el telégrafo, el teléfono, la telegrafía sin hilos.

…Las personas casi nunca me han traicionado, pero las cartas siempre…

En dichas líneas, el escritor que mejor ha precisado narraciones sobre el abrumador funcionamiento del derecho y la justicia, manifiesta los riesgos de la artificialidad, la falta de seriedad, e incluso la falsedad en la transmisión de palabras para comunicar ideas.

Desde el pasado, el miedo y los riesgos por las novedosas formas de transmitir mensajes y por acceder a la información han estado presentes en nuestro entorno… Ante las vertiginosas transformaciones tecnológicas, el Derecho parecería que siempre llega tarde a su cita con la sociedad, pues cuando más se le necesita para proporcionar certeza, la insuficiencia de sus formas queda en evidencia ante la premura del contexto.

Y es que la globalización ha provocado la fusión de realidades en todos los ámbitos que trastoca el Derecho. Entre algunas de sus diferentes derivaciones, se encuentra la adecuación de las estructuras tradicionales no solo de acceder a las fuentes de información, sino también en lo que respecta a su producción.

Aunado a dicho contexto de interdependencia, el uso de distintas estrategias comunicacionales y simbólicas por parte de los operadores jurídicos ha creado barreras que antes que generar conocimiento y hacerlo accesible, se enfoca en oscurecer un potencial diálogo transversal. Cuando la inmensa cantidad de ordenamientos están redactados con más tecnicismos que palabras llanas, al momento en que las resoluciones judiciales siguen las mínimas reglas de sintaxis (evitando cualquier indicio de brevedad), y la doctrina científica se construye pensando no en el público en general sino en los propios juristas (sin mencionar la cuestión de lo costoso que resulta obtener ciertos recursos bibliográficos), el acceso al Derecho ya no solo resulta poco estimulante desde un plano intelectual, sino también algo poco democrático.

El desarrollo divulgativo del Derecho a través de los blogs, ha encontrado una metodología tan creativa como divergente para su promoción, sirviendo como instrumento de crítica versátil (que permite la construcción de un conocimiento más democrático y accesible para todos), pero, a la vez, conllevando riesgos que perturban esquemas tradicionales y modifican una cierta concepción sobre el trabajo jurídico.

Estos riesgos cobran relevancia en territorio mexicano, ya que si bien es cierto que el fenómeno de los blogs se encuentra globalizado y la existencia de un importante número de blogs jurídicos en Hispanoamérica sirve para afirmar lo dicho, también lo es que en México ha tardado en madurar. Las razones serían varias, sin embargo, la gran cantidad de escuelas de Derecho que existen en el país (con sus profundad desigualdades en cuestiones económicas y cualitativas), a la par de una añeja casta de juristas renuente a facilitar el uso de nuevas tecnologías, podrían dar algunas luces sobre dicho rezago.

A pesar de que cada vez existen más nuevos medios informativos mexicanos encargados de realizar periodismo de investigación en temas jurídicos, o que organizaciones no gubernamentales abren espacios para compartir opiniones legales, el fenómeno de los blogs jurídicos como tal (en comparación con otras latitudes, y teniendo en consideración el número de abogados en el país), no ha terminado de echar raíces en México.

De ahí que, a continuación y de manera descriptiva, se ofrece una lista, sin aspiraciones limitativas, sobre algunos de los principales miedos y riesgos que suelen utilizarse como excusas al momento de abordar el tema de los blogs jurídicos.

  1. Antes de actuar, piénsalo dos veces” – Irreflexividad
    • La hiperdocumentación a la que la sociedad está expuesta, provoca que, de forma casi instantánea, se tenga una rápida opinión sobre lo que ocurre. Así el contenido de los blogs, por aprovechar la coyuntura del momento, contrasta con otros dilatados y reflexivos procesos de escritura, como los artículos académicos.
  1. Lo pasado, pasado” – Cronología inversa
    • A pesar de diferentes funciones y modalidades formales y estéticas en el diseño de un blog, casi de manera irremediable, su formato está articulado a través de un orden cronológico inverso, donde el contenido que se presenta no es el mejor, o el más pertinente, sino el último que se publica.
  1. Más vale pájaro en mano que ciento volando” – Desinformación
    • La anarquía que impera en Internet resulta un arma de doble filo, pues por un lado generaliza las posibilidades de cualquier persona para publicar lo que piensa, mientras que, por el otro, ante tantas opciones la confusión y la sensación de incomprensión puede llegar a saturar.
  1. Los libros electrónicos no huelen a libro” – Desconfianza
  • El simple hecho de que una publicación jurídica se encuentre respaldada por un comité editorial, o por un conocido sello bibliográfico, puede que de entrada otorgue confianza y seriedad en comparación con la individualidad que implica un blog.
  1. A lo hecho, pecho” – Irresponsabilidad
    • No por que los blogs sean espacios alternativos, o exentos de formalidades, significa que gocen de un trato diferenciado al momento de hacer público su contenido. Las opiniones ahí vertidas, al igual que en cualquier otro ámbito, encuentran repercusiones y, por ende, tienen limitaciones y pueden ser materia de la normatividad aplicable.

Ahora bien, resulta pertinente mencionar que esta lista no implica fuertes impedimentos para desarrollar un blog, pues, en gran medida, el buen funcionamiento del mismo dependerá de la prudencia, la creatividad, la constancia, y la continua comunicación del administrador con sus lectores. Así, estos riesgos suelen atenuarse al ponderar algunas de sus mayores potencialidades:

  1. Democratización
  • La retroalimentación de los blogs, y su horizontalidad, a través de las secciones de comentarios y el contacto directo, fomenta espacios de diálogo transversales, donde el autor abandona su trinchera para resolver dudas sobre sus publicaciones e incluso defenderlas.
  1. Paridad socio-comunicativa flexible
  • Los blogs de abogados son un tipo de comunicación especializada en un contexto informal, de ahí que las posibilidades que otorga un contexto como el de los blog jurídicos parece ser uno de los mejores ventajas para fomentar un entendimiento lingüístico igualitario.
  1. Prontitud
  • La naturaleza de los blogs no aspira al tradicional análisis intelectual que exige el campo académico, ni se contrapone con el mismo. En todo caso, lo que se publica en estos espacios contará con posibilidades para, eventualmente, desarrollarse.
  1. Líderes de opinión pública
  • La rápida toma de postura respecto a lo que acontece genera un impacto transversal en sociedad. Así, los vínculos que se pueden generar con otras personas, provoca la identificación de ciertos temas con los autores, posibilitando la utilización de estos como foros de denuncia, como espacios alternativos de organización colectiva.
  1. Sencillez operacional
  • Crear un nuevo blog es un proceso fácil, que no requiere ningún nivel elevado de manejo de las nuevas tecnologías. Lo amigable que pueden ser las distintas plataformas para desarrollar un blog es un aliciente importante que promueve la idea de simplicidad en el campo jurídico.

A pesar de que el tema de los blogs no se puede decir que sea el tema del momento, o quizá uno de los más nuevos dentro del impacto que tiene la tecnología en el campo jurídico, la importancia de su estudio radica en ampliar las posibilidades para fomentar otras maneras de socializar el Derecho más allá de los juristas y en tratar de conciliar a las futuras generaciones de abogados y las condiciones que se despliegan.

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Twitter: @garza_onofre

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

¿Cómo mejorar los servicios de los abogados?

En primer lugar agradezco al Senado de la República, en particular a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, su amable invitación a participar en estas audiencias públicas, que nos convocan a reflexionar sobre un tema de la mayor importancia para la construcción de un mejor Estado de derecho en nuestro país. Presento esta ponencia en mi calidad de Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, centro público de investigación del sistema Conacyt. Las ideas que presento retoman en buena medida las reflexiones que la facultad de la División de Estudios Jurídicos de esta institución ha hecho respecto del tema que nos ocupa. Asumo personalmente la responsabilidad por las ideas que expondré a continuación.

Durante los primeros meses de este año, el CIDE condujo, junto con otras 18 prestigiadas instituciones y a petición del presidente de la República, una consulta en materia de justicia cotidiana. Buscamos identificar los factores que inciden en el acceso a la justicia en nuestro país. Una de las principales conclusiones del estudio señala que: “en México, la mayor parte de la población carece de las condiciones y los medios para solicitar y obtener del Estado el acceso a la justicia”.

Esta dramática situación obedece a muy diversas razones y por ello no existen soluciones mágicas e inmediatas. Modificar este estado de cosas requiere de un conjunto de políticas públicas de todo el Estado mexicano, de todos los poderes y órdenes de gobierno, articuladas entre sí y de largo plazo. Conviene subrayar, como señala el informe de justicia cotidiana, “que no existen soluciones perfectas, sino mejoras graduales que tienen que ser evaluadas y modificadas periódicamente”.

En este contexto quiero destacar, por ser la materia de estas audiencias públicas, que uno de los problemas más recurrentes y graves que se identificaron durante los foros de justicia cotidiana fue la mala calidad de los servicios jurídicos profesionales. Por ello, una de las principales recomendaciones del informe fue revisar los programas de formación de abogados y regular el ejercicio de la profesión jurídica. El informe reconoce que, aunque existen diversas iniciativas en esta dirección, subsisten diferencias importantes respecto de cómo regular la profesión. Por ello sugiere establecer un diálogo inclusivo para llegar a un acuerdo que permita avanzar en la materia. Confío este foro, junto con otros que se han organizado recientemente, permitan construir ese acuerdo para modificar la crítica situación en las que nos encontramos.

En realidad, las conclusiones de los foros de justicia cotidiana sólo confirmaron una realidad que es bien conocida en el foro y en los círculos académicos desde hace muchos años. Los datos son elocuentes. En 1991, había en todo el país 118 escuelas de derecho. Para 2013, según cifras del Centro de Estudios sobre la Enseñanza del Derecho dirigido por el Dr. Luis Pérez Hurtado, existían 1609 campus (92 % privados) que ofrecían licenciatura en derecho. Si las tendencias se mantuvieran, en los últimos dos años podrían haberse creado otros 300 nuevos campus. Uno de cada tres universitarios del país cursa estudios de derecho o contaduría, y en muchos casos el graduado llega al mercado laboral con paupérrimos niveles de habilidades y conocimientos. Carecemos en absoluto de mecanismos eficaces de control de calidad de la enseñanza del derecho y, por consecuencia, del ejercicio profesional. No debemos por ello sorprendernos que este sea uno de los talones de Aquiles del sistema de justicia del país. Sin buenos abogados, con conocimientos sólidos, capaces de innovar y con una robusta ética profesional, nunca tendremos un adecuado acceso a la justicia en este país.

Por estas razones, y muchas otras que en obvio del tiempo omito en esta presentación, reitero la convicción de la facultad de la División de Estudios Jurídicos del CIDE que resulta necesario regular la prestación de servicios jurídicos, especialmente cuando impliquen la representación de intereses de terceros para salvaguardar la libertad y un adecuado ejercicio de los derechos de las personas.

Ahora bien, esta regulación debe inscribirse en el marco de una política pública más amplia que considere las diferentes dimensiones del ejercicio profesional, incluyendo la formación, la certificación, el ejercicio y la responsabilidad profesional, así como más y mejor información para los usuarios de los servicios jurídicos y condiciones que impidan un libre acceso al mercado de estos servicios.

Dicho de otro modo, la colegiación (hago notar que omito el calificativo de “obligatoria” pues en este momento tengo serias dudas que estemos en condiciones de establecerla y que constituye más bien un horizonte) es uno de los instrumentos que pueden servir para mejorar la calidad de los servicios jurídicos, pero no el único. De hecho, consideramos que por sí mismo resulta insuficiente y debe ser acompañado por otras medidas complementarias. En todo caso, la colegiación debe ser el resultado de un esfuerzo de largo aliento que asegure la  generación de capacidades institucionales en las barras y asociaciones de abogados así como de las instituciones de educación superior. Además, el diseño de una buena colegiación debe evitar que se generen condiciones monopólicas y, por el contrario, asegurar acceso a servicios jurídicos competitivos y con información de calidad para los usuarios

Reitero, junto con la colegiación, deben considerarse otros elementos, muy particularmente asegurar que la educación jurídica en México responda a estándares mínimos de calidad (y no meros formalismos burocráticos), valorar el diseño de mecanismos de certificación para quienes pretendan ejercer profesionalmente como representantes de terceros, y establecer procedimientos expeditos que permitan que los usuarios afectados por malas prácticas profesionales tengan mecanismos de reparación y sanción.

El proceso de transición para conseguir servicios jurídicos de calidad obliga a diseñar, implementar y evaluar una política pública amplia, comprensiva e incluyente que debe ser el resultado del diálogo. Para ello proponemos crear una instancia que orientar el diseño de esta política en donde tengan cabida todas las voces interesadas y que sea capaz de orientar las decisiones de las autoridades responsables.

Bajo este marco, me permito ahora hacer algunas reflexiones puntuales respecto del documento de trabajo en materia de ejercicio de actividades profesionales que fue sometido a nuestra consideración para estas audiencias públicas.  En general coincido con el espíritu del documento, pero me parece indispensable hacer algunas precisiones sobre su contenido.

Me parece que una adecuada técnica constitucional obligaría a reformar lo estrictamente indispensable. Desde esta perspectiva, para establecer las bases necesarias para la regulación de algunas profesiones, creo que resulta suficiente reformar los artículos 5 y 73 constitucionales. En mi opinión basta que el artículo 5 faculte al Congreso de la Unión para establecer mediante ley general las bases y criterios para normar el ejercicio de las actividades profesionales cuyo ejercicio pueda afectar (el verbo entrañar –que significa contener, llevar dentro de sí- me parece poco afortunado) la vida, salud, libertad o patrimonio de las personas.  Admito que esta redacción puede leerse como una facultad demasiado amplia, pero su interpretación restrictiva como una limitación a la libertad de trabajo obligaría a que la ley general respetara la justificación o finalidad constitucional (es decir la protección de la vida, salud, libertad o patrimonio de las personas), que las restricciones fueran razonables, necesarias y proporcionales, así como que asegurara el respeto al principio de igualdad y no discriminación.

En la misma lógica, expreso mi más amplia reserva a la propuesta de modificar el artículo 28  para establecer que los colegios profesionales no constituyen monopolios. Me parece, como he señalado previamente, que un buen diseño de colegiación debe permitir la competencia y mejorar la información de los usuarios. Más aún, creo que en la autoridad constitucional de competencia debe opinar con carácter vinculatorio en la integración de colegios profesionales para evitar efectos indeseables en el mercado de servicios profesionales.

Finalmente considero innecesaria (por redundante) la propuesta de reformas al artículo 17 Constitucional. En todo caso, convendría establecer en el artículo 5 que la ley preverá los mecanismos de responsabilidades para los profesionales.

Concluyo. Sin duda necesitamos avanzar para mejorar la calidad de los servicios profesionales, muy particularmente los servicios jurídicos. Pero no basta una regulación, se requiere de una política pública integral en la cual la regulación es sólo uno de sus elementos. La colegiación es cierto un instrumento útil y necesario, pero para que sea efectiva debe ser uno de los elementos de un conjunto de medidas que de manera gradual deben generar las capacidades institucionales para que puedan cumplir cabalmente su función.

Nota: ponencia presentada en las audiencias públicas convocadas por el Senado de la República sobre el “Fomento a la calidad de los servicios profesionales del derecho”, el 9 de septiembre de 2015.

Sergio López Ayllón. Director general del CIDE. Twitter: @slayllon