Reflexiones sobre el proceso de militarización de la seguridad pública en México

La tendencia a la militarización de la seguridad pública se presenta en México en dos dimensiones. Por una parte, bajo el uso de las fuerzas armadas en misiones y funciones de naturaleza policial, particularmente en aquellos estados y municipios rebasados por la delincuencia organizada, ya sea a solicitud de la propia autoridad política local o por decisión directa del presidente de la República, en su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas. Y, por la otra, bajo la modalidad del mal llamado “modelo de mando policial único”, que el gobierno central impone a las entidades federativas y cuyo principal efecto es optar por el modelo de policía militarizada –antítesis del modelo de policía civil– en la mayoría de los estados de la República.

Tratándose de la primera dimensión, el lector se encuentra ante una constante histórica ya que incluso durante la gestión de Porfirio Díaz, la creación del cuerpo de rurales lejos estuvo de resolver el problema endémico de inseguridad en las vías generales de comunicación de mano de los denominados salteadores de caminos (para quienes la Constitución reservaba la pena capital), de ahí que Díaz se viese obligado a recurrir de manera sistemática a la institución militar.

De la misma época procede la figura del estado mayor presidencial, que logra sobrevivir a los trabajos del Constituyente de 1917 y, como caso inédito en el mundo, siendo un grupo de militares, se le confía la protección de la vida e integridad física del presidente de la República y de su familia.

Los sucesivos gobiernos de la República han cedido a la tentación de “disponer de la fuerza armada permanente de la nación”, facultad que la Constitución reserva al presidente en virtud del artículo 89, fracción VI. El problema, en todo caso, estriba en que la misma se destina para preservar la seguridad interior y la defensa exterior de la federación, y no para garantizar la seguridad pública. A lo que se suma una laguna jurídica, puesto que ante la ausencia de una ley reglamentaria, la categoría seguridad interior carece de definición y, por ende, se desconocen sus contenidos y alcances.

En este contexto, de jure México vive bajo el amparo del Estado de Derecho; pero, de facto, el estado de excepción domina el escenario político nacional, ahí donde los militares y marinos son comprometidos en misiones y funciones que corresponden con la seguridad pública.

Probablemente, esta situación responda a la interpretación que del artículo 129 constitucional y de la integración de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) al Consejo de Seguridad Pública –de acuerdo a la entonces Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública– hizo en abril de 1996 la Suprema Corte de Justicia; y a la propia aplicación o ejecución de cinco tesis en el mismo sentido (que sientan jurisprudencia) cuatro años después, que dejan expedita la participación de ambas secretarías de despacho en el ámbito de la seguridad pública, sin necesidad de que sea declarado el estado de excepción y con efectos perniciosos sobre los derechos humanos, incluyendo el del propio personal castrense comprometido. Cabe recordar que tal artículo 129 constitucional dice:

En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

Conviene insistir en que el máximo órgano jurisdiccional mexicano no lo interpreta así e, incluso, allana el camino para que las fuerzas armadas participen en el ámbito de la seguridad pública: en cinco tesis del Pleno de la Suprema Corte se establece que las tres fuerzas “pueden participar en acciones civiles a favor de la seguridad pública, en auxilio de las autoridades civiles” (SCJN, 2000: Tomo XI, 556 y 557).

Las dos condiciones o reservas establecidas en estas tesis por la propia Corte son: a) que la participación de los militares responda a una solicitud fundada y motivada de la autoridad política (por ejemplo, un gobernador o presidente municipal) y b) que durante la intervención de las fuerzas armadas, las mismas se encuentren subordinadas a la autoridad política.

Sin embargo, cabe señalar que, hasta el momento, el instrumento militar interviene a requerimiento de la autoridad política, pero en la práctica no se subordinan a la misma. Por el contrario, la experiencia demuestra que las fuerzas armadas se caracterizan por la autonomía en el ejercicio del comando y de sus actuaciones.

Dado que se impone la cadena de mando y que durante su accionar los militares suelen quebrantar los derechos humanos de la población, vale la pena preguntarse si no sería recomendable declarar el estado de excepción, de conformidad con el artículo 29 constitucional, cuyo texto es el siguiente:

En casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo […]

La interpretación de la Suprema Corte que permite a los militares y marinos actuar como policías sin necesidad de declarar el estado de excepción, responde a la propia confusión entre los niveles de seguridad y, tal como se pone de relieve, a la ausencia de una definición clara de la categoría seguridad interior. El programa sectorial en materia de seguridad nacional vigente intenta dar cuenta de este vacío legal de la siguiente forma: (Poder Ejecutivo de la Federación, 2014: 5. Seguridad Interior y Defensa)

La Seguridad Interior y la Seguridad Pública se encuentran ampliamente interrelacionadas y exigen un uso diferenciado del poder del Estado. En el primer caso, para hacer frente a riesgos y amenazas que vulneran el orden constitucional y sus instituciones fundamentales; en el segundo, para velar por la observancia del Estado de Derecho y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes.

En otras palabras, se concibe a la seguridad interior como una función política que, al garantizar el orden constitucional y la gobernabilidad democrática, sienta las bases para el desarrollo económico, social y cultural del país, permitiendo así el mejoramiento de las condiciones de vida de su población. Concepción que se superpone con la de seguridad nacional y genera confusión pero que, a la vez, justifica la injerencia de las fuerzas armadas en el marco de la seguridad pública.

Además, frente a esta laguna jurídica y a la ausencia de la declaratoria del estado de excepción, las fuerzas armadas se ven compelidas a actuar sin un manto de protección legal.

Jorge Carrillo Olea, director-fundador del CISEN y general (retirado), reflexiona sobre la reciente solicitud del Secretario de Defensa de contar con un marco legal para evitar, en el futuro, un escenario de rendición de cuentas de sus actuaciones al margen de la ley:

A raíz de tantos hechos trágicos en que las fuerzas armadas se han visto involucradas, con toda razón surge con insistencia un tema de parte del secretario de la Defensa. Está en lo justo: no cuentan con las bases legales para su actuación en tareas de seguridad pública.

Legislar sin resolver antes la ambigüedad conceptual en que operan las fuerzas armadas puede ser nacionalmente peligroso, al no saberse a ciencia cierta qué tipo de tropas demanda el país ni cuál sería el alcance de su misión en el ámbito de la seguridad interior. El riesgo es hacer más rígido, irrevocable, su carácter actual de policía suplente. Ya no habría paso atrás; la función policiaca como responsabilidad civil se habría extinguido. Los gobernadores aplaudirían. Hacer leyes sin saber hacia dónde nos conducen al final sería un paso peligroso. La ambigüedad sobre las fuerzas armadas debe erradicarse. En el pasado esa indeterminación ha sido cómoda para los presidentes. Las han empleado en todo aquello que el poder civil es impotente o insuficiente: actividades de protección civil, perseguir guerrillas, reprimir violencia social, enfrentar al narco y ahora someter a la criminalidad general que nos ahoga. Los costos para ellas han sido enormes y seguirán creciendo.

[…] Es importante clarificar en la ley para qué necesita el país a sus fuerzas armadas. Hay que precisarlo en la Constitución, documento esencial donde aparecen de manera indeterminante. Sólo se las menciona; carecen de personalidad constitucional. Se dice en ella quién nombra a sus mandos, quién dispone de ella para la seguridad interior (artículo 89); en un extremo, lo que no pueden hacer (artículo 129); qué jurisdicción rige en sus cuarteles (artículo 132); quién declara la guerra o quién las levanta (artículo 73). Para más, existen tres fuerzas armadas y la Constitución no lo reconoce. Para ordenarles actuar se usa como muleta una jurisprudencia de la Suprema Corte.

Frente a esta “muleta” de la Suprema Corte a la que hace referencia Carrillo Olea, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, 2015: 25) recomienda que:

El estado de excepción debe ser declarado oficialmente por el organismo nacional competente. Ello permite a la población conocer exactamente el ámbito de aplicación material, territorial y temporal de las medidas de excepción y previene las suspensiones de facto, así como las posteriores tentativas de justificar violaciones de los derechos humanos.

De esta manera, en América Latina (y en México) existe un debate en torno a si las fuerzas armadas deben o no desempeñar misiones y funciones de naturaleza policial, incluyendo el combate al narcotráfico: por un lado, se encuentra una posición extrema de rechazo absoluto, que limita a la institución castrense a la tradicional y restringida misión de la defensa nacional; en especial, entre los políticos y académicos de la región del Cono Sur y probablemente debido a la irrupción extra-constitucional –léase, golpes de Estado– de las fuerzas armadas y el establecimiento de gobiernos de facto responsables de crímenes de lesa humanidad a lo largo de su devenir histórico. Por otro, la propia realidad que obliga, cada vez más, a recurrir a la institución de mayor confianza ciudadana, como respuesta estatal ante amenazas y riesgos que ninguna otra dependencia del Estado está en condiciones de afrontar. Incluso, el propio CICR (2015: 6) se adhiere a esta segunda vertiente, al aceptar que ante situaciones excepcionales, las fuerzas armadas pueden ser requeridas en apoyo a las autoridades civiles. Se trata de la aplicación del sentido común: si el estadista cuenta con el instrumento militar y las circunstancias recomiendan su uso, ¿por qué no habría de hacerlo? Piénsese, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas que, sin la presencia permanente de las fuerzas armadas en calidad de policías, sería un estado fallido ante la inoperancia del gobierno estatal. En todo caso, habría que preguntarse cómo hacer uso del mismo en el marco de un Estado de Derecho con una doble finalidad: dotar de certidumbre jurídica a la población en la que actuarán las fuerzas armadas y tender un manto de protección legal a los propios uniformados que, como escalón de ejecución, se limitan a cumplir las órdenes y directivas emanadas del poder político.

Finalmente, en lo que respecta a la segunda vertiente del proceso de militarización de la seguridad pública, el lector se encuentra frente a un legado de la administración encabezada por Felipe Calderón (2006-2012), a la que ha dado continuidad la administración de Peña Nieto, a saber: el “modelo de mando policial único” (en rigor, mando policial único significa sistema policial centralizado, que en el marco del pacto federal y de la figura del municipio libre es inviable en México), que no tiene otro significado que adoptar el modelo de policía militarizada en las entidades federativas, quebrantando así la voluntad del constituyente permanente plasmada en el artículo 21 constitucional que establece que la institución policial será profesional, disciplinada y civil.

Así, a contracorriente de las tendencias de los países de mayor grado de desarrollo relativo, el gobierno central mexicano apuesta por la centralización policial y cuerpos de seguridad pública militarizados, dotados de sistemas de armas de alto poder de fuego y letalidad, alejados de la población a la que se deben.

Por el contrario, las experiencias policiales más exitosas se basan en la descentralización y en la desmilitarización. Por ejemplo, recientemente los propios integrantes de la Guardia Civil Española (fuerza intermedia no deliberante creada por decreto real en diciembre de 1844) salieron a las calles para demandar su homologación con el resto de las fuerzas de seguridad del Estado español, cuyo significado no es otro que su desmilitarización.

Miles de guardias civiles y familiares han protagonizado hoy «una marea de tricornios» por las calles de Madrid para exigir la equiparación de sus condiciones laborales con las de los policías, en una manifestación que ha estado marcada por los atentados terroristas de la pasada noche en París.

Recapitulando, una vez más en México nos encontramos frente a una tensión entre la legalidad y la realidad; si aspiramos a un Estado democrático de Derecho debería imponerse la legalidad. Pero si ni el marco normativo ni las instituciones policiales responden a los retos actuales, entonces, debiese ser sometido a un proceso de actualización. El cual, vale subrayar, no debe soslayar la categoría seguridad interior ni a las propias fuerzas armadas. Lo peor que nos podría pasar sería dar continuidad a la estrategia de seguridad del entonces presidente Calderón, con el agravante de asumirse como “el gobierno del cambio”.

Marcos Pablo Moloeznik. Profesor-Investigador Titular de la Universidad de Guadalajara e Investigador Nacional del Sistema Nacional de Investigadores.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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Para mayores detalles, se recomienda ver:

* Carrrillo Olea, Jorge (2015). “La legislación militar reclamada” en La Jornada, Opinión, México, viernes 31 de julio de 2015.

* Comité Internacional de la Cruz Roja (2015). Violencia y Uso de la Fuerza. Disponible aquí.

* EFE (2015), La «marea de tricornios» toma la calle para exigir más derechos laborales, Madrid, sábado 14 de noviembre de 2015.

* Moloeznik, Marcos Pablo y Suárez de Garay, María Eugenia, “El proceso de militarización de la seguridad pública en México (2006-2010)”. En Frontera Norte, Vol. 24, Número 48, Julio-Diciembre 2012, pp. 121-144. Disponible aquí.

* Poder Ejecutivo de la Federación (2014), Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018. Disponible aquí.

La estrategia en contra del crimen organizado o el complejo del superhéroe

En las preguntas que nos plantea el día a día de la seguridad pública en nuestro país, hay una relacionada con establecer cuál es el protagonista —la Marina o el Ejército— en el combate al tráfico de drogas y al crimen organizado, y si esto puede significar alguna disputa entre las dos instituciones o el descrédito de su imagen. En esta pregunta hay, sin embargo, una premisa implícita que, a mi juicio, merece más nuestra atención. Prefiramos lo esencial a lo accesorio, como ha de ser cuando se discute sobre las cosas públicas.

La premisa que está detrás de ese debate es que hay razones que justifican que tanto uno —el Ejército— como la otra —la Marina— participen en la detención de algunos de los más poderosos líderes criminales y de otros delincuentes. Esto sí que merece análisis.

No abordaré aquí algunas razones de orden pragmático (que ambas instituciones permanecen incorruptas, comparadas con las fuerzas policíacas; que tienen un mejor entrenamiento y mejor equipo; que son de la confianza de la DEA y otras agencias estadunidenses…). Aunque existen y parecen estimables, cualquiera de ellas topa con un valladar infranqueable (al menos conceptualmente): el jurídico.

“Seguridad pública” alude al mantenimiento de la paz social y el orden público, y en especial respecto del asedio de la delincuencia. Es una de las razones que justifican y explican la estructura a la que denominamos “Estado”. Vista así, la seguridad es un bien colectivo que existe allí donde su antípoda sea la excepción y no la regla, y en esto seguimos a Robert Alexy: “Un bien es un bien colectivo de una clase de individuos cuando conceptualmente, fáctica o jurídicamente, es imposible dividirlo en partes y otorgárselas a los individuos” y su obtención y conservación están estipulados normativamente. Lo opuesto es un “mal colectivo”, y para explicarlo acudimos de nuevo a Alexy: “una alta tasa de criminalidad, la fealdad de una ciudad o un clima de intolerancia”, estados de cosas cuya erradicación o prohibición están implícita o explícitamente establecidos por el orden jurídico.

Desde otra perspectiva, “seguridad pública” es una tarea y una atribución y ello deriva del artículo 21 constitucional, párrafo noveno, que con claridad dispone que es una función a cargo de la federación, de las entidades federativas y de los municipios “que comprende la prevención de los delitos; la investigación y la persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas”, y que ha de realizarse en forma concurrente.

La Constitución es enfática al establecer quiénes son sus protagonistas: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”, dice el primer párrafo del artículo 21, y lo corrobora el segundo del apartado A del artículo 102: “Incumbe al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal, y por lo mismo, a él le corresponderá […] buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de [los inculpados]”.

Tiene que distinguirse, pues, entre “seguridad pública” como bien colectivo, como tarea y como régimen competencial. Este último rasgo tiene importancia capital dentro de la estructura de un Estado de Derecho. La Constitución protege a los habitantes del territorio nacional en contra de intromisiones arbitrarias (el primer párrafo del artículo 16 es terminante: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, pero hay normas aún más específicas, como las que protegen la inviolabilidad del domicilio o la de las comunicaciones privadas). Es claro que la persecución de los delitos, por fuerza, supone la realización de actos de molestia hacia los individuos. Esos actos, consecuentemente, deberán estar fundados y motivados, constar por escrito y provenir de autoridad competente.

A las fuerzas armadas corresponde la “seguridad interior” y la “defensa exterior” del país, en términos del artículo 89 constitucional, fracción VI. La estructura del enunciado normativo es interesante: corresponde la presidente de la República “Preservar la seguridad nacional, en términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente … para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Dejemos de lado la defensa exterior, que no viene a cuento en lo que nos ocupa, y quedémonos con lo que resta. Al emplearse normativamente estas dos expresiones, “seguridad nacional” y “seguridad interior”, el intérprete está autorizado a efectuar su diferenciación: si bien existe el apotegma de que donde el legislador no distingue el intérprete no debe distinguir, su contrario también forma parte del canon interpretativo. Así, sobre la base hermenéutica de que cada disposición legal y cada expresión empleada por el autor de la ley “debe tener una incidencia autónoma, un particular significado, y no constituir una mera repetición”, el argumento de la no redundancia previene que entre dos o más posibles significados de un enunciado legal “sea rechazado aquél o aquellos que supongan una mera repetición de lo establecido por otra disposición del ordenamiento”. Sobre esta regla, es claro que “seguridad nacional” no es ni debe confundirse con “seguridad interior”.

El argumento anterior es igualmente aplicable a los binomios conformados por las expresiones “seguridad pública” y “seguridad interior”, por un lado, y “seguridad pública” y “seguridad nacional”, por otro. Así, “seguridad pública” no es “seguridad nacional” ni “seguridad interior”; ni la segunda puede desvanecerse en las otras dos ni la tercera ser un sinónimo de las dos primeras. En la delimitación del concepto de “seguridad interior”, pues, ha de quedar fuera aquello a lo que se refieran las otras dos expresiones. El problema está en que, salvo la pública, la seguridades a las que alude el 89, fracción VI, tampoco están delineadas en sede constitucional.

Esta falta de definición, quizás, sea la que propicia la participación de los militares y marinos en el combate a la delincuencia organizada. Con base en que su tarea es la seguridad interior, entran al campo que, naturalmente, en términos de las normas vigentes, es de la égida de los Ministerios Públicos y las policías. De este modo, “seguridad interior”, una noción más bien referida a tareas y acciones, a lo operativo propiamente hablando, sirve al Ejército y a la Armada actuar en contra de la delincuencia organizada e incursionar en una tarea, una función, que la Constitución no le asigna.

Los problemas que devienen de este proceder son variopintos: desde los de inconstitucionalidad por quebranto de la regla competencial hasta los de confusión de tareas. Ninguno es menor, pero hay uno en especial que da al traste con la finalidad manifiesta de que se permita la actuación militar en operaciones de combate a la delincuencia organizada, y que llamaré “el complejo del superhéroe” (sin ninguna intención peyorativa, sino más bien heurística: a veces las metáforas enseñan más que la lección directa). Me explico: en las historias de los cómics, los vigilantes con superpoderes y disfraz siempre derrotan al villano. Después de varias peripecias donde muestran su inteligencia y sus habilidades especiales, luego de episodios en los que se destruyen edificios y vehículos, posterior al rescate de bellas víctimas y dejando al mundo fuera de peligro, el adalid de la justicia atrapa a su malévolo antagonista, lo envuelve en su telaraña o lo deja inconciente frente a la cárcel de la ciudad… y se va. En las historias de los cómics nunca se ve la secuela; el héroe levita a las alturas o trepa las paredes de un rascacielos y abajo quedan el malo vencido y policías boquiabiertos que miran como se aleja el captor. Pero, ¿acaso sabemos si sus esfuerzos fueron fructíferos? ¿El villano fue consignado a las autoridades ministeriales? ¿Resultó consignado ante un juez? ¿Se le siguió un juicio? ¿Hubo pruebas? ¿Fue condenado? ¿Compurga su pena?

La Suprema Corte ha establecido en forma definitiva y con carácter obligatorio el criterio jurisprudencial de que las Fuerzas Armadas están constitucionalmente facultadas para participar en auxilio de las autoridades civiles en tareas de seguridad pública, pero “de ningún modo […] ‘por sí y ante sí’, sino que es imprescindible que lo realicen a solicitud expresa, fundada y motivada, de las autoridades civiles y de que en sus deberes de apoyo se encuentren subordinados a ellos y, de modo fundamental, al orden jurídico”. Subordinados al orden jurídico, al juego limpio.

El Ejército y la Armada actúan, muchas veces, como los superhéroes de los cómics. Luego de episodios de persecución, atrapan al líder de una organización criminal y lo dejan en manos de la autoridad ministerial (por ejemplo: las noticias periodísticas refieren que a principios de 2014, el Ejército detuvo en promedio a 18 presuntos criminales cada 24 horas). Pero sin pruebas o con pruebas viciadas. Con desacato al juego limpio que ha de ser la norma del Estado en su actuación contra la delincuencia. Sin respeto a ciertos derechos que la Constitución llama “fundamentales”. Y se van.

Lo que ocurre después, en muchas ocasiones, no es una historia con final feliz para la seguridad pública (como ese estado del cosas valioso del que hablé al inicio). La secuela suele ser esta: cuando el Ministerio Público pide el cateo respecto de un inmueble sobre la base de los informes de los militares o marinos, en sede judicial se niega la petición por falta de elementos de prueba o porque las pruebas son ilegales o porque no hubo respeto de derechos fundamentales, aspectos que no fueron cuidados por los miembros de las fuerzas castrenses. Cuando el Ministerio Público solicita la intervención de comunicaciones privadas sobre la base de los informes militares o de los oficios de puesta a disposición, el juez la niega por las mismas razones. Cuando el Ministerio Público pide el libramiento de orden de aprehensión contra el sujeto que fue aprehendido por la Armada o el Ejército, resulta que no hubo flagrancia y la detención se reputa ilegal. Cuando se pide el dictado del auto de formal prisión, se niega sobre consideraciones análogas, consideraciones que se repiten una y otra vez en los tantos juzgados del país: “No ha lugar a dictar auto de formal prisión en contra de fulano; en cambio, se impone dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar. Esta decisión descansa en cuatro elementos:

  1. la falta de acreditación de peticiones de apoyo para el combate a la delincuencia realizadas por la autoridad civil en forma fundada y motivada a las fuerzas armadas, que justificara que los militares captores abandonaran su puesto de control militar y hubiesen iniciado una persecución que culminara en la captura de un ciudadano;
  2. la ausencia de delito flagrante previo a la detención del inculpado que justificara la persecución de que fue objeto por parte de los miembros del Ejército y que culminó con su captura dentro de un fundo de propiedad particular;
  3. la intromisión en un domicilio particular para lograr la captura, sin que mediara orden de cateo, y
  4. la falta de validez de las pruebas obtenidas a raíz de la detención verificada dentro de una propiedad particular sin orden de cateo y sin que existieran flagrancia ni solicitud fundada y motivada de la autoridad civil a la castrense para el auxilio en la investigación y persecución de delitos”.

El 21 de abril de 2014, en la ceremonia conmemorativa del Centenario de la Gesta Heroica de Veracruz, el presidente de la República dijo que “las instituciones militares siempre están listas para defender y proteger a la Nación” y en especial, sobre la Armada de México, sostuvo que es un factor de paz y seguridad: “Como Presidente de la República me enorgullece ser el Comandante Supremo de instituciones leales, íntegras y profesionales”. En el mismo acto, el Secretario de Marina manifestó que “frente a delincuentes que se sentían intocables se ha ejercido todo el poder del Estado”.

Lo anterior está muy bien. Estamos contentos de tener superhéroes (lo digo sin doble intención). Tanto el Ejército como la Armada son instituciones con prestigio. Pero su trabajo, si van a tomar como tarea ordinaria, regular, formal, el combate a la delincuencia, no se agota con la captura del capo. Hay que atrapar al villano a la vez que se produce prueba pertinente y válida jugando limpio, esto es, conforme a Derecho.

Miguel Bonilla López. Juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

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Los costos constitucionales de la guerra contra las drogas

En un reciente artículo publicado en el periódico El Financiero, Salvador Camarena reporta que el General Cienfuegos, Secretario de la Defensa, comenzó un discurso ante el Consejo Coordinador Empresarial de la siguiente manera: “los saluda el jefe de la Policía Municipal de Poza Ricar, Veracruz, el director de la Estatal de Seguridad de Durango, el encargado de la seguridad pública de Saltillo, el jefe de la operación de seguridad en la frontera…” y continúa diciendo que “El general leyó puestos de una veintena de localidades…”.

La cita ilustra dos costos constitucionales –esto es, el menoscabo de compromisos constitucionales básicos- que los mexicanos hemos pagado gracias a la “guerra contra las drogas”: la centralización del régimen federal y la creciente militarización de la vida pública. La idea de “costos constitucionales” se inspira en el creciente esfuerzo por cuantificar los “costos” de la guerra contra las drogas a nivel mundial. Un costo constitucional se presenta cuando afirmamos un compromiso constitucional -esto es, un valor, principio, institución o derecho fundamental- y simultáneamente lo socavamos con alguna política o medida que, en teoría, es coyuntural (sobre los costos constitucionales, ver este estudio que forma parte de los trabajos realizados por el Programa de Política de Drogas del CIDE).

Cuando el Secretario de la Defensa se presenta, con razón, como jefe de la policía municipal de tal o cual municipio o como director de la seguridad estatal de tal o cual estado, debemos alarmarnos no sólo por lo evidente -que ese municipio o ese estado tienen graves problemas de seguridad-, sino porque el arreglo institucional del que veladamente se queja el Secretario de la Defensa está abiertamente violentando un principio medular de nuestro sistema constitucional. El que el gobierno federal centralice las funciones que constitucionalmente les corresponden a los gobiernos estatal o municipal apunta a que nuestro federalismo está naufragando. Si nuestro General Secretario es el responsable de la seguridad pública en nuestras ciudades y comunidades -y no sólo de la seguridad nacional en nuestras fronteras- el carácter “civil” de nuestro gobierno está a disposición del mando militar.

La Constitución mexicana –que pronto cumplirá 100 años de vigencia- consagra al federalismo como uno de los principios fundacionales de nuestra República (artículo 40) y ordena que las “instituciones de seguridad pública serán de carácter civil”, por oposición a militar (art. 21). Señala, además, que en “tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.” (artículo 129). El gobierno actual como el anterior -así como los gobiernos estatales y municipales involucrados- no respetan ni uno ni otro mandato constitucional: la seguridad pública está cada vez más militarizada, y las funciones municipales y estatales en materia de seguridad pública son asumidas más y más por el gobierno federal.

Habrá quien me diga que esto está bien, que los gobiernos municipales y estatales no pueden con ni con su alma, que son demasiado vulnerables ante la delincuencia organizada, que el Ejército es más confiable que la policía y que el arreglo es sólo temporal. Tengo mis dudas -porque llevamos casi una década recetando y tragando más militarización y más centralización para enfrentar los males de la inseguridad, y todo indica que lo que consistentemente hemos logrado es más muerte y más inseguridad-, pero ese no es el punto. Si queremos un régimen centralista y un gobierno militarizado, deberíamos decirlo tal cual y consagrarlo en nuestra Constitución. De otra forma, seguiremos ante un régimen travesti: se viste de federal, pero es centralista; se viste de civil, pero el mando militar es quien realmente manda. Mientras la Constitución diga “federalismo” y “gobierno civil” pero las autoridades hagan “centralismo” y “militarización”, el gobierno está mermando el régimen constitucional del que abreva la autoridad. ¿Con qué cara nos hablan nuestros altos gobernantes de “Estado de derecho” y “hacer cumplir la ley”; mejorar la justicia y combatir la corrupción, cuando son los primeros en hacer de lado la Constitución? Que no nos sorprenda la crisis de legitimidad y de credibilidad de nuestra clase política, hoy en plena metástasis. La seguridad pública no se puede construir sobre la tumba de la seguridad jurídica de la ciudadanía; la justicia no puede ser un juicio sumario a cargo del mando policíaco o militar en tal o cual “enfrentamiento”. Si hemos de construir confianza entre ciudadanía y autoridades, tenemos que al menos buscar que lo hecho por las autoridades no vaya en dirección opuesta a lo dicho en la norma.

La guerra contra las drogas nos está costando miles de muertes y millones de pesos en impuestos e inversión, cosas de las que se habla diariamente. Pero también nos está costando la democracia y violentando el federalismo; nos está costando nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de tránsito y nuestra seguridad jurídica; nos está costando la credibilidad del gobierno, el proyecto mismo de autogobierno, pues las autoridades locales electas gobiernan cada vez menos. Nos está costando, en suma, gran parte de lo que hasta hace poco había constituido el corazón de ese proyecto político que llamamos México. Las medidas que hemos tomado “para que las drogas no lleguen a tus hijos” nos han deformado como país y como proyecto político colectivo. Es preciso preguntarnos: ¿Qué hemos perdido de nuestro proyecto colectivo, de nuestra anhelada democracia y de nuestra endeble seguridad jurídica en ese esfuerzo por lograr “un mundo sin drogas”? Sobre todo, es preciso preguntarnos, ¿qué tanto más estamos dispuestos a perder con tal de seguir intentando obligar a nuestros compatriotas, pero sobre todo a los habitantes de nuestro país vecino, a decirle “no a las drogas”. Los costos constitucionales se acumulan y todo indica que han llegado para quedarse. Cuando -más pronto que tarde- el gobierno acepte que es insensato pretender suprimir los mercados de las drogas y comience la tarea de pensar cómo regularlos, los costos constitucionales habrán echado raíz y nuestro proyecto político colectivo -ese que propone federalismo, autogobierno y autoridades civiles- habrá quedado irreconocible.

Mi pronóstico es lúgubre: pronto abandonaremos la “guerra contra las drogas” y la prohibición penal como política de salud, pero el aparato represivo y el estado policíaco-militarizado que hemos construido en estos años sobrevivirá. Desde finales del sexenio anterior, el gobierno abandonaba “las drogas” como el mal cuyo combate lo justificaba todo: construido el aparato represivo en nombre la guerra contra las drogas, lo de menos es transitar a un nuevo “coco” para justificar su permanencia.

Después de Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán, es cada vez más difícil tapar el sol con un dedo: nuestras autoridades están violando las leyes y asesinando con una frecuencia preocupante y, en ocasiones, con los mismos métodos que los criminales a quienes pretenden combatir (basta recordar, por ejemplo, el caso de Beltrán Leyva) sin que eso se traduzca en mayor seguridad para los ciudadanos. Hoy es innegable que resulta más fácil sacar a “los federales” -sean militares o policías militarizados- a la calle, que controlarlos o regresarlos al cuartel. Además, parece que se nos está olvidando nuestra historia reciente: nadie parece reparar en lo difícil que fue arrancar prerrogativas arbitrarias a nuestras autoridades durante el último tercio del siglo pasado. Fue mucho más difícil acotar y distribuir el poder político para atenuar el abuso en su ejercicio, de lo que está siendo concentrarlo nuevamente en torno al presidente de la República. Si seguimos como vamos, lloraremos mañana lo que no estamos queriendo o sabiendo defender hoy.

Alejandro Madrazo Lajous. Investigador y profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @BuenMadrazo

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