Argumentos contra la oposición al “matrimonio gay”

Los enemigos mexicanos de lo que comúnmente se llama “matrimonio gay” –que van de los arzobispados católicos al supuestamente progresista Andrés Manuel López Obrador- viven en el desierto de los argumentos. Argüir lógica y empíricamente no es lo suyo. Ni les interesa. Su oposición no resiste el análisis y sus precisiones:

  1. La propuesta de matrimonio gay, o entre personas del mismo sexo (con lo que se incluye a los bisexuales), es una propuesta civilista: de matrimonio civil. No religioso.
  2. Ningún liberal/progresista está proponiendo algo como el “matrimonio gay religioso”. Nadie. No estamos proponiendo que el Estado legisle para introducir el matrimonio gay en las religiones.
  3. La propuesta como tal no ataca ni deslegitima ni amenaza de muerte al matrimonio “tradicional” (salvo que este tipo de matrimonio sea visto per se como lo que no es, el monopolio absoluto y legítimo de todo matrimonio posible). Quienes de otro modo lo atacan, lo deslegitiman constantemente y amenazan su existencia, en sus propios términos, son quienes lo practican, por la manera como lo practican.
  4. Tampoco se propone la prohibición por ley de los matrimonios religiosos. ¿Dónde está nuestra propuesta de prohibición del matrimonio católico? No existe. No confundimos los ámbitos. El matrimonio católico sigue y seguirá existiendo siempre que exista el catolicismo. Pero, por supuesto, en su propio contexto religioso. ¿Seguirán confundiendo y manipulando otros la idea de la libertad religiosa?
  5. Nadie del lado liberal o progresista pretende imponer ilegítimamente nada a las religiones y los religiosos. Son ellos quienes pretenden imponer ilegítimamente sus normas religiosas en las normas públicas no religiosas.
  6. Hay que repetir e insistir: evidentemente, no intentamos que el Estado dicte las reglas y procedimientos de la vida interna de una religión (el matrimonio civil igualitario no es ni puede ser tal cosa). Por el contrario, la religión, y sobre todo la jerarquía católica, sí intenta que el Estado –fuera de la religión- dicte para los ciudadanos no heterosexuales normas de conducta de inspiración e implicación religiosas. Nosotros no buscamos el gobierno interno de la Iglesia. Y la Iglesia desea y busca gobernarnos a todos. Su virulenta oposición al matrimonio civil igualitario del siglo XXI es muestra de los excesos clericales.
  7. ¿Cuántos matrimonios gay se han celebrado y sancionado religiosamente como consecuencia de la legalización civil del matrimonio entre personas del mismo sexo? Ninguno. Ni uno solo. Porque la aprobación legal del “matrimonio gay” no se refiere al ámbito religioso ni obliga a nadie en él. Ninguna religión queda ni quedará obligada a casar por su rito a ninguna pareja del mismo sexo. Si a algunos católicos homosexuales (que los hay) les gustaría casarse por su Iglesia, y lo pidieran, sería otra cosa, una muy diferente, no nuestra propuesta –ni asunto nuestro, al no ser un asunto público.
  8. Por todo lo anterior, la resistencia católica al matrimonio civil en cuestión no es más que victimismo tramposo, un autoritarismo simulador tan antiindividualista como antisocial. Su homofobia no es argumento válido contra la propuesta. No es un argumento; sólo es homofobia. Y conservadurismo social irracional.
  9. Esta propuesta legalizadora es igualitaria. Es legislación civil que iguala, en la ley y ante la ley, y frente a los ciudadanos heterosexuales, a los ciudadanos homosexuales, eliminando un (sub)tipo de discriminación. Los que se oponen en México suelen “ver” un derecho especial regalado anticatólicamente a la “gente gay”. Es una fantasía, su ilusión óptica. En la realidad objetiva se ve otra cosa: quitar lo que en los hechos es un ilegítimo derecho especial de los heterosexuales. Si sólo éstos cuentan con la posibilidad de un matrimonio legal ante el Estado, y esta posibilidad se sustenta sólo en la inercia de una tradición cultural prejuiciosa, ¿cómo no sería un derecho especial de la heterosexualidad? ¿Cómo no sería un derecho especial que debemos democráticamente remover?
  10. ¿Cuál es la justificación de que una pareja del mismo sexo no pueda establecer relaciones jurídicas de herencia? ¿Por qué sus relaciones personales no deberían crear efectos jurídicos de sucesión de bienes y transmisión de derechos? No hay respuesta prohibicionista que sea racional. Ni verdaderamente decente.

Y ése es el punto final de mayor importancia: una sociedad verdaderamente decente no se opone al trato decente del Estado a cualquiera de sus ciudadanos. La prohibición estatal de todo matrimonio igualitario –entre personas del mismo sexo, de la misma raza, incluso de la misma religión, etcétera- es públicamente indecente.

Cabe sumar, por último, dos precisiones relacionadas: defender o proponer el matrimonio igualitario no implica ninguna indicación de obligación (individual): los hombres y mujeres homosexuales no quedan obligados, de ninguna forma, a casarse ante el Estado. Ni se dice que necesariamente deban hacerlo. No es que “queramos” que todos se casen sino que legalmente puedan hacerlo si ellos quieren y, en su caso, cuando quieran. Por otro lado, el argumento aquí presentado, con sus términos antiprohibicionistas, no supone ni necesita ni demanda la suspensión de la crítica –racional y empírica- al matrimonio llamado tradicional. Ni el criticar es necesariamente prohibir ni el no prohibir es necesariamente no criticar. Nadie podría demostrar que a lo largo de su historia ese matrimonio “normal” no ha sido también una fachada legitimadora para transacciones comerciales, transferencias de propiedad, alianzas y jugadas políticas, “pecados” como el embarazo sin matrimonio de por medio, y variados actos de prostitución tampoco tradicional.

José Ramón López Rubí C. Colaborador de la División de Administración Pública del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

La Suprema Corte y la adopción por parejas del mismo sexo

El pasado 11 de agosto de 2015, el pleno de la Suprema Corte se pronunció respecto a la acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del estado de Campeche[1].

La acción contra dicha norma fue promovida por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche. En la correspondiente demanda se arguyó que el artículo impugnado era contrario a los artículos 1° y 4° de la Constitución federal, así como a los artículos 1°, 17° y 24° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al prohibir de manera tajante la adopción a las personas que se encuentran unidas en sociedad civil de convivencia.[2] En este sentido, la Comisión señaló que la norma impugnada discriminaba –sin tener una razón justificada para ello– a los convivientes de la sociedad, al limitar su derecho a adoptar en menoscabo de la dignidad y derechos reconocidos de los que se encuentran en una sociedad civil de convivencia. De la misma forma, la Comisión sostuvo que si bien, tratándose de adopción, los derechos de los menores de edad sujetos a adopción se encuentran en posición prevalente frente al interés del adoptante, ello no significa que la orientación sexual de una persona o de una pareja lo degrade a considerarlo, por sólo ese hecho, como nocivo para el desarrollo de un menor de edad y, por ello, no permitirle adoptar. Aunado a esto, la Comisión abonó a su argumentación que el artículo sometido a escrutinio vulneraba el derecho a la protección, organización y desarrollo de la familia, negando a quienes se encuentran dentro de esta figura jurídica la posibilidad de tener hijos por adopción.

En respuesta a estos argumentos, la Consejería Jurídica del estado de Campeche respondió lo siguiente: (i) el concepto de convivientes no es discriminatorio, ya que hace alusión a dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena que establecen un domicilio en común con voluntad de permanencia y ayuda mutua para organizar su vida en común; (ii) la sociedad de convivencia es un contrato, el cual no modifica el estado civil de las personas, pues siguen permaneciendo solteras y, por lo tanto, pueden terminar dicho contrato cuando así convengan los intereses de uno o de ambos, y (iii) la norma impugnada no vulnera el principio de no discriminación ni el derecho a la protección y organización de la familia, ya que se encuentra apegado a las leyes que regulan la organización de dicha institución y garantizan su protección.

En la misma línea, el Congreso local respondió con esta batería de argumentos: (i) el artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del Estado de Campeche es constitucional, pues la prohibición que impone el mismo no hace distinciones en cuanto al género o preferencia sexual de las personas; (ii) las sociedades de convivencia muestran el interés del estado de Campeche en tutelar un mayor número de bienes jurídicos, ya que se trata de una figura que no estaba prevista en el marco jurídico del Estado; (iii) el derecho de adopción ha sido previsto por el Estado para otras figuras jurídicas –como el matrimonio o el concubinato– y esta nueva figura no pretende modificar la institución de la adopción; (iv) la sociedades de convivencia persiguen fines distintos al matrimonio o al concubinato, por lo que no puede ser interpretado jurídicamente de forma análoga con estas otras instituciones, y (v) debido a que la figura de la sociedad en convivencia tiene como característica que puede ser disuelta fácilmente por cualquiera de las partes, el legislador pretendió proteger los derechos de la niñez imponiendo barreras que no fueran fácilmente superadas por la disolución de la sociedad. De esta forma se actuó con apego a derecho y se buscó una mayor protección para un segmento de personas vulnerables.

Una vez expuesto lo anterior, la Corte prosiguió a analizar y resolver posteriormente el presente caso. En primer lugar, es importante destacar que la Corte sostiene que, a pesar de lo expuesto por la Consejería Jurídica del estado de Campeche, la sociedad de convivencia genera un estado civil debido a que, por un lado, tiene una finalidad, obligaciones y derechos similares al concubinato y al matrimonio y, por el otro, para acceder a ésta es necesario no encontrarse en ninguno de los otros supuestos. Así pues, la sociedad civil de convivencia es un estado civil en Campeche en la que los convivientes de conformidad con el artículo impugnado les está prohibido expresamente tanto adoptar de forma individual o conjunta, como compartir o encomendar la patria potestad o guarda y custodia de los hijos menores de edad del otro conviviente.

Una vez aclarado este aspecto no menor, los ministros consideraron que había dos formas de acercarse al estudio del artículo impugnado. El primero, desde el interés superior del menor, así como del concepto constitucional de la familia y, el segundo, desde el principio de igualdad y no discriminación.

Respecto el primer punto, los derechos de los menores de edad sujetos a adopción se encuentran en posición prevalente frente al interés del adoptante u adoptantes, dada precisamente la protección constitucional especial de los niños. En este sentido, la adopción es una institución que busca la protección y garantía de los derechos de los niños y adolescentes, con el afán de incorporarlos a una familia donde puedan proporcionarles afecto, cuidados, educación y condiciones adecuadas para su desarrollo. Partiendo de esto, el tipo de familia al que el menor va a ser integrado es irrelevante, lo único que de verdad tiene relevancia es la idoneidad de el o los adoptantes para proporcionarle afecto, cuidados, educación y condiciones adecuadas para su desarrollo. Estos ingredientes, y no el tipo de familia en abstracto, es lo que permite que el niño o adolescente se desarrolle plenamente.

De ahí que la Corte consideró que la prohibición absoluta a adoptar por el simple hecho de encontrarse en un tipo de unión civil no encuentra ninguna justificación constitucional válida y, por tanto, los argumentos de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche eran fundados.

Sin embargo, fue en la segunda forma de abordar este asunto en que la Corte mostró su genialidad. En efecto, los ministros bien pudieron haber limitado su análisis al punto anterior, ya que en principio parecía que el tema de fondo no era la adopción por personas del mismo sexo, sino la figura de la sociedad en convivencia. Desde esta perspectiva no parecía haber un problema de discriminación. Incluso la sentencia pudo haber tenido efectos muy similares, pues al otorgar a las sociedades de convivencia el derecho a adoptar, y al ser las sociedades de convivencia la unión de dos personas –ya sean del mismo o de diferente sexo–, las parejas del mismo sexo también se hubieran beneficiado.

Pero la Corte no rehuyó al tema más peliagudo de este caso y considerando que si bien la sociedad de convivencia está dirigida tanto a parejas del mismo sexo como de distinto sexo, el problema de la prohibición a adoptar se torna mucho más complicado al percatarnos que la sociedad en convivencia es la única forma de unión disponible para las parejas del mismo sexo en la legislación local de Campeche. Con lo cual, se vuelve evidente que la prohibición a adoptar va encaminada a un sector específico como lo son las parejas homosexuales, violando de esta forma el principio de igualdad y de no discriminación.

En este contexto, la Corte consideró que la distinción contenida en el artículo 19 de la Ley de Sociedades Civiles de Convivencia de Campeche no tiene concordancia con el mandato constitucional de protección de la familia, ni con la protección del interés superior del menor de edad. Esto porque la distinción no sólo discrimina por igual a las parejas del mismo o distinto sexo que entren en una sociedad de convivencia en función de su estado civil, sino que también las discrimina al no proteger de igual manera a la familia formada por esa pareja.

Así, aunque la sentencia al final pudo haber tenido el mismo efecto –si se tomaba en cuenta el segundo aspecto de la Corte o no– las repercusiones sociales y pedagógicas de la misma son completamente distintas. Sin duda, esta es una sentencia que hay que aplaudir.

Nota al calce

Por último, vale comentar las aportaciones de los ministros disientes. En primer lugar, el ministro Medina Mora sostiene que no se trata de un problema de acceso a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, sino a un cuestionamiento relativo a si resulta posible dar o no el mismo tratamiento a figuras asociativas del orden civil con naturaleza y finalidades distintas, para de esta forma otorgarle a figuras como las sociedades de convivencia los beneficios del matrimonio, tales como la adopción. Afirma que la prohibición de adoptar que establece la norma impugnada se hace en función del tipo de asociación civil, su objeto y su naturaleza, sin que sea posible considerar que la sociedad de convivencia se encuentre reservada a las personas con una determinada preferencia sexual.

El ministro considera que la invalidez de la norma impugnada excluye ex ante la posibilidad de que el Estado defina los mecanismos idóneos para la formación de familia dentro de parámetros de razonabilidad constitucional, ya que el Estado tiene la responsabilidad de establecer condiciones mínimas que se deben cumplir para poder llevar a cabo la adopción de un menor. Explica que las limitaciones a la posibilidad de adoptar es una condición permitida constitucional y convencionalmente que se encuentran dentro del ámbito configurativo de las legislaturas locales, por lo que en el caso planteado se debería haber declarado la validez de la norma impugnada. Lo anterior, ya que la norma impugnada se trata de una mera limitación a la posibilidad de adopción a una figura asociativa del estado civil, sin que se advierta la existencia de una discriminación en contra de algún grupo en específico.

Por su parte, y aunque compartió el sentido de la decisión más no su argumentación, es importante señalar el pronunciamiento del ministro Cossío Díaz, ya que –contrario a lo que muchos aplauden– él afirma que la Corte sobrepasó el análisis de la presente demanda de inconstitucionalidad en el aspecto de la discriminación por razón de orientación sexual. De ahí que Cossío considere que las declaraciones de la Corte resultan meramente declarativas e innecesarias.

Amelia Cañas Salinas, Manuel A. Frappé Silis y Cinthia I. Moreno. Estudiantes de la licenciatura en Derecho del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Art. 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del Estado de Campeche: Los convivientes (sic) no podrán realizar adopciones en forma conjunta o individual. No podrán compartir o encomendar la patria potestad o guarda y custodia de los hijos menores del otro. Es nulo de pleno derecho cualquier pacto que contravenga esta disposición

[2] Artículo 2 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del Estado de Campeche:   La Sociedad Civil de Convivencia es un contrato que se constituye cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un domicilio común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua, para organizar su vida en común. Los conviventes (sic) que la constituyan tendrán el carácter de compañeros civiles.