Justicia cotidiana, la reforma que viene

En uno de los momentos más delicados que ha enfrentado la actual administración del gobierno federal, debido al caso Iguala, el presidente Enrique Peña Nieto anunció, a finales de 2014, un paquete de 10 acciones para apuntalar la justicia, seguridad y Estado de derecho del país. Entre éstas, Peña Nieto subrayó la necesidad de una agenda legislativa para fortalecer la justicia cotidiana —ésa que vivimos los ciudadanos de a pie, que en principio debe resolver varios de nuestros problemas diarios, pero que se caracteriza por su lentitud, complejidad, costo e inoperancia.

El proceso para armar esta agenda legislativa no fue sencillo: el primer paso consistió en la elaboración, a petición del propio presidente Peña, de un diagnóstico bastante minucioso por parte del CIDE. Luego, con este documento como sustrato, el gobierno federal organizó un conjunto de mesas temáticas, integradas por académicos y funcionarios públicos, con el propósito de perfilar soluciones al abanico de problemas hallados. El resultado de estos trabajos es un ambicioso paquete legislativo que recién envió el Ejecutivo al Congreso. Se trata de un conjunto, bien cimentado, de iniciativas de reformas constitucionales, legales y un decreto presidencial que plantean soluciones para no pocos de los obstáculos que enfrentan millones de mexicanos al intentar resolver algunos de sus conflictos cotidianos. Cierto: varios de los aspectos técnicos de estas propuestas son perfectibles, pero sin duda tienen el tino de enfocarse en asignaturas pendientes medulares.

Una iniciativa de ley, por ejemplo, busca responder a la necesidad de proteger mejor los servicios médicos creando, por un lado, la Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica, cuya tarea consistiría en garantizar la calidad de la atención médica, asegurar estándares mínimos de la práctica médica, así como ofrecer seguridad a los usuarios frente a los servicios médicos, y por el otro, se sugiere fortalecer el arsenal de facultades de la Comisión Nacional de Arbitraje para que sea capaz de proteger de manera efectiva y ágil el derecho a la salud de la población, mediante procedimientos de mediación, conciliación y arbitraje, además de tener la posibilidad de intervenir —sin que nadie presente una queja o denuncia— en asuntos médicos de interés general.

En cuanto a los juicios mercantiles, se plantea una serie de ajustes encaminados a reducir los altos costos de transacción que tradicionalmente conllevan estos litigios y, de esta manera, incentivar el desarrollo económico del sector empresarial. Para ello se propone extender los juicios orales mercantiles a todo el país, sin importar la cuantía que esté en juego en el conflicto, agilizar los procesos para aclarar y ejecutar las sentencias, establecer candados para que los juicios no se alarguen demasiado tiempo de manera innecesaria, así como rediseñar varias de las etapas de este proceso judicial de acuerdo a una lógica ejecutiva.

Otra trinchera de este paquete legislativo tiene que ver con la mejora regulatoria y, en concreto, con dos fallas que urge superar: la complicada coordinación en este rubro entre las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y el hecho de que si bien ha habido avances en la implementación de mejores prácticas regulatorias, éstos se han circunscrito a tan sólo una parte de la administración pública federal dejando fuera al resto de las instituciones del Estado mexicano. En respuesta, se sugiere reformar el texto constitucional para otorgarle al Congreso la facultad de diseñar una ley de mejora regulatoria que establezca un piso normativo común entre todas autoridades para emitir normas en esta materia, a partir de una misma metodología y criterios de evaluación. En este sentido, se propone a su vez crear un Catálogo Nacional de Trámites y Servicios, donde se incluyan cada uno de los trámites y servicios federales, estatales y municipales. De tal manera que, a través de las tecnologías de la información, este Catálogo limite la discrecionalidad de la autoridad y evite que agregue trámites innecesarios para cierto servicio o, en su caso, los aplique de manera distinta.

Una dificultad no menor que ataca este abanico legislativo es la condición de marginación jurídica en la que viven miles de mexicanos. Esto es, personas que carecen de documentos oficiales básicos para acreditar su identidad, estado civil y propiedades, situación que se traduce a su vez en una barrera para gozar de manera satisfactoria del acceso a la justicia, la seguridad jurídica y del derecho a la propiedad privada. Vale subrayar que esta marginación es resultado, en buena medida, de las disímiles regulaciones de los registros civiles en las entidades federativas, las dificultades geográficas para acceder físicamente a estas oficinas, así como los costos económicos de estos trámites. Se sugiere, entonces, reformar el texto constitucional para otorgarle a los legisladores la facultad de expedir una legislación con miras a armonizar la organización y funcionamiento de los registros civiles en las entidades federativas.

El resto del texto aquí, en el número de este mes de la revista Nexos.

Saúl López Noriega. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @slopeznoriega

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